Tras el derrumbe del edificio de Lamparilla 362, el pasado 4 de octubre, muchos cubanos de dentro y fuera de la isla se preguntaron, indignados, cómo es posible que el Estado destine tantos recursos a la construcción de hoteles de lujo mientras La Habana se cae a pedazos. Apenas dos semanas antes, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, alabó en televisión nacional la rapidez con que se estaba terminando un considerable número de habitaciones para el sector turístico. Inmediatamente después dijo que «el plan de construcción en los barrios» no había podido completarse y que esto, por supuesto, se debía al «bloqueo norteamericano». El rescate de estas declaraciones en la esfera pública, en la estela de la desgracia, no hizo más que aumentar el descontento y las críticas en redes sociales. 

Me llamó entonces la atención que muchos cubanos que viven fuera de la isla y aspiran a que Cuba sea un país «normal» —lo que sea que esto signifique—, reclamaran al Estado no haber reparado antes aquel edificio, sobre todo cuando los Estados de los países que hoy habitan, y que algunos consideran modelos para una Cuba futura, tampoco asumen ese tipo de funciones. No creo, por supuesto, que esto deslegitime los reclamos, especialmente porque en este caso el Estado cubano se comporta como el perro del hortelano: ni repara los edificios ni ofrece la oportunidad de prosperar honradamente para que alguien más lo haga. Sin embargo, considero que las críticas deberían atravesar la epidermis del asunto y que haríamos bien en pensar por qué le pedimos al Estado cubano que haga lo que tampoco hacen tantos otros. Y no, no se trata aquí de una defensa del modelo neoliberal. 

El castrismo impuso, casi desde sus inicios, una suerte de contrato social según el cual la falta de libertades políticas y económicas de los ciudadanos —justificada discursivamente mediante el diferendo con Estados Unidos y la consecuente mentalidad de plaza sitiada— sería compensada, en el mejor caso, con un extremo paternalismo estatal. 

Hubo una primera generación que firmó ese pacto, y luego otras que aceptaron su continuidad. Incluso podría decirse que muchos de los cubanos más jóvenes lo han asimilado; no es raro encontrar quienes se quejan de la falta de libertades políticas y económicas y, a la vez, del abandono de dinámicas paternalistas por parte del Estado. Y con razón. En términos jurídicos, si una parte elude sus deberes, la otra tendría potestad para exigirle cumplir… o para anular el contrato. 

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A veces no basta con intuir la existencia de dicho contrato. Hay que cuestionarlo, de lo contrario, corremos el riesgo de caer bajo su efecto alienante. 

Hace unos años conocí a M. —la llamaré así—, que vivía en La Habana Vieja, en un edificio muy cercano al que se derrumbó parcialmente el pasado 4 de octubre, y tanto o más deteriorado que este. Con el paso del tiempo aprendió a esquivar —con un poco de suerte también, hay que decir— los trozos de techo que cada tanto se desplomaban, a subir y bajar escaleras rotas, amenazantes, a resistir la humedad y a convivir con las enredaderas que nacían en las grietas de las paredes. Aquel lugar parecía un templo antiquísimo sacado de las películas de Indiana Jones y, como siempre sucede en esa saga, estaba próximo a la destrucción más estrepitosa. 

M., que ganaba en CUC, ligeramente por encima de la media en Cuba, sospechaba que en cualquier momento quedaría sepultada bajo los escombros de su hogar; sin embargo, guardaba la esperanza de que, un buen día, el Estado le otorgaría una nueva vivienda. Cuando alguien le aconsejaba buscar una renta o exigir directamente aquel regalo que tanto esperaba, respondía cosas como «un día de estos nos dan alguito, ya verás», «estoy esperando, pero de que eso se me da, se me da», «llevo una semana soñando con el apartamento nuevo, así que segurito que está al llegar».

Cuando buena parte de la edificación ya se había caído a pedazos, y el derrumbe total era inminente, las familias que allí vivían sacaron sus pertenencias a la calle. El espectáculo fue tal que movilizó a las autoridades. Fueron evacuadas. A M. y sus hijos los ubicaron entonces en una oficina de la administración pública local dispuesta a manera de albergue. Pasado un tiempo, le ofrecieron irse a un albergue real, pero ella se negó. Sabía que, si aceptaba, podrían pasar décadas antes de que pudiera salir de allí. Pero, aun en esa situación, decía invariablemente: «Ahorita me van a dar algo. Como que lo siento cerca, ya verás que sí».

Las ruinas del viejo edificio en que alguna vez vivió ocupan hoy un pequeño espacio en una zona donde abundan los hoteles de lujo, como una mancha en la postal castrista de esa parte de La Habana. 

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Si muchos cubanos —incluyendo a algunos obcecados defensores del régimen— han comenzado a exigirle continuamente al Estado que cumpla con su parte del contrato es porque, por primera vez, han percibido que la precariedad de la vida en el país no se debe solo a una crisis económica, sino también a la intención del propio Estado de desentenderse de sus responsabilidades sociales. 

El castrismo busca imponer un nuevo pacto en el cual se otorguen restringidas libertades económicas, se mantenga la falta de libertades políticas y, principalmente, el Estado se quite de encima gran parte de sus obligaciones de «padre proveedor» para quedar, ante todo, como una institución de control y represión. Sin embargo, el poder sabe que, de momento, eso resulta imposible; calcula que no cuenta con capital político suficiente para hacerlo. Esto lo ha llevado, durante al menos la última década, a apostar por una regimentación gradual de esos deseos. 

Lo progresivo y lo silencioso de este nuevo derrotero son aspectos contra los que atenta la grave crisis económica que atraviesa el país. Cualquier cambio demasiado brusco en la cotidianidad de la miseria puede revelar las reales dimensiones del plan de la élite castrista y provocar una grave situación de inestabilidad política. Las protestas del 11 y el 12 de julio de 2021, que coincidieron con el momento más crítico de la pandemia, ofrecieron un adelanto de lo que podría suceder. 

Entonces se sentían más que nunca los efectos de la falta de medicamentos y de oxígeno para los pacientes con enfermedades respiratorias, de la paralización del parque automotriz (ambulancias, etc.), de la escasez de comida, de los apagones continuos… Recuerdo por entonces varias denuncias ciudadanas sobre gente que velaba a sus muertos en la sala o el patio de su casa por no haber gasolina para los coches funerarios, y también de casos en que las familias no sabían qué hacer con los cadáveres de sus seres queridos, pues no había madera ni para los féretros. 

En sus primerísimos momentos, cada una de las protestas que se dieron en distintos puntos de la isla enarbolaron frases que aludían a la indignación de los cubanos ante la escasez. Se trataba de reclamos por la falta de corriente eléctrica, de alimentos y de medicina, principalmente. El pueblo pedía al Estado que cumpliera con su parte del trato. La torpeza del régimen para responder de manera inmediata a estas demandas hizo que los gritos pasaran a ser de «libertad». Parecía como si, en el fondo, los manifestantes hubiesen entendido que el acuerdo fue roto por el Estado hace mucho, de manera que no había nada que les impidiera pedir libertades políticas. 

Posiblemente ninguno de los participantes en las protestas fuera ajeno al hecho de que, mientras ellos intentaban sobrevivir a la pandemia y la miseria, el Ejército, dominado por un pequeño grupo de familias, usaba fondos públicos para construir hoteles de lujo cuyas ganancias, debido a la opacidad del gobierno, nadie sabe a ciencia cierta dónde van a parar. Y tampoco lo eran respecto a aquellos videos filtrados, y muy pronto virales, en que el hijo o el nieto de algún capitoste de la cúpula disfruta de sus privilegios, como aquel que en febrero de 2021 mostraba a Sandro Castro —nieto de Fidel Castro— presumiendo de ir a toda velocidad en un Mercedes Benz. 

Decía Hanna Arendt en Los orígenes del totalitarismo que «ni la opresión ni la explotación como tales han sido nunca la causa principal del resentimiento; la riqueza sin función visible es mucho más intolerable, porque nadie puede comprender por qué debería tolerarse».

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El pasado 27 de septiembre, Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, reconoció que el gobierno no contaba con las divisas suficientes para importar los productos que los cubanos obtienen a precios subvencionados mediante la libreta de racionamiento. Y muchos nos volvimos a preguntar: ¿cómo puede ser que no haya dinero para importar alimentos —o para impulsar su producción—, pero sí para invertir en un sector turístico que está muy lejos de ser rentable, y no precisamente por la falta de infraestructura hotelera?

Cuando escuché la noticia, decidí otorgarle al régimen el beneficio de la duda y considerar que quizás esa desesperación por construir hoteles de lujo forma parte, en verdad, de una estrategia para salir de la crisis. Pero aun si se trata de apostar a que el turismo logrará el milagro económico, pensé también, es muy probable que ese tiro salga por la culata. Entonces pudiéramos estar ante un escenario en que, como tras las profecías en los mitos griegos, queriendo evitar un escenario trágico, el gobierno cubano no esté haciendo otra cosa que acelerar su llegada. 

El conjunto de estadísticas ofrecidas por el informe «Cuba: crisis de gobernanza y futuro incierto», publicado en 2023 por el Real Instituto Elcano (un centro que se considera a sí mismo como un «think-tank español líder en estudios internacionales y estratégicos»), ilustra con mucha claridad las dimensiones de la crisis económica en la isla y permite especular un poco sobre su muy probable agravamiento en el futuro próximo. 

La emigración rumbo a Estados Unidos en los últimos años, que alcanzó cifras sin precedentes, ha servido al gobierno como válvula de escape que, acaso, destensa la posibilidad de otro 11J —y su consecuente ola represiva. Sin embargo, también representaron una considerable fuga de divisas. Según el informe del Elcano, cada migrante cubano que se aventura a la ruta La Habana-Nicaragua-México-Estados Unidos gasta en su viaje una media de entre 12 mil y 15 mil dólares. Aunque muchos de los viajes son costeados por los familiares de los migrantes (generalmente desde Estados Unidos), este fenómeno ha supuesto igualmente un considerable escape de divisas para el gobierno cubano. A esto se suma el hecho de que, mientras vivían en Cuba, no pocos de los que abandonaron el país recibían con cierta frecuencia remesas desde el exterior. Mientras tanto, la inflación no ha parado: en tan solo dos años creció un 400 por ciento, lo que impacta negativamente en el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

La situación de la deuda externa cubana es también crítica, con todo y que en 2015 los acreedores extranjeros le condonaron al país unos 42 mil millones de dólares. El Estado cubano reconoce mantener una deuda de 20 mil millones de dólares; sin embargo, el informe citado considera que este número no representa ni la mitad de la cifra real, que actualmente alcanza los 46 mil millones de dólares. Más allá del embargo estadounidense, lo que realmente impide la importación de productos de primera necesidad, como los alimentos, es el hecho de que a Cuba se le reducen cada vez más las posibilidades de recibir créditos internacionales. 

Por su parte, la inversión extranjera parece haber tocado fondo. Durante los últimos cinco años, sus normativas han sufrido varias modificaciones que, no obstante, siguen estableciendo demasiados límites —e inseguridades— a los potenciales inversores. Ni siquiera la joya de la corona, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, ha podido rendir frutos, pues en siete años solo ha podido atraer poco más del 13 por ciento de las inversiones que el gobierno cubano esperaba. Las cifras ofrecidas por el Instituto Elcano demuestran también que el sector turístico continúa sin recuperarse y que sus ingresos actuales parecen todavía lejos de los gastos en inversión. En 2022, por ejemplo, la ocupación hotelera apenas alcanzó el 15.6 por ciento, y el gasto per cápita de los turistas ni siquiera alcanzó los 500 dólares. No obstante, el régimen y sus socios siguen inyectando dinero a este sector, que ese mismo año ocupó el 45 por ciento de las inversiones estatales, muy por encima del gasto en otros como la salud o la educación.

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Por esta ruta, cabe la posibilidad de que la jerarquía isleña termine limitando los «logros de la Revolución», que tanto presume, a solo un sistema de salud gratuito pero cada vez más precario y un sistema de educación universal pero también más deficiente. En todo caso, ha de hacerlo «sin prisa, pero sin pausa» —frase de Raúl Castro que ilustra muy bien la referida gradualidad— para evitar el tan temido estallido social.

En 2017, en plena «transformación del modelo económico», el gobierno dispuso que cada cubano, luego de atenderse en un centro médico, se llevara consigo una factura simbólica. «Los servicios de salud en Cuba son gratuitos, pero cuestan»: era el nombre de aquella campaña que, según la prensa oficial, buscaba crear conciencia sobre los esfuerzos que hacía el Estado para mantener el sistema de salud pública. La iniciativa fue rechazada por la ciudadanía y, durante algunas semanas, fue motivo de quejas que se expresaron en varios medios independientes cubanos. Finalmente, para evitar que el descontento de la población se manifestara aún más explícitamente, las autoridades decidieron abandonar aquella cruzada. 

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La dictadura cubana no puede migrar sin más a un capitalismo tercermundista convencional y mantener intactas sus prácticas represivas y el unipartidismo, pues sería insostenible para la población. Tampoco se arriesgaría a otorgar las libertades económicas que ello implica. El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el gran conglomerado del Ejército cubano, no está dispuesta a competir en igualdad de condiciones con otros empresarios cubanos que, además, podrían desarrollar aspiraciones políticas. «Poder económico es poder político», me dijo en una entrevista a fines del deshielo obamista, Elier Ramírez Cañedo, actual miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). 

Aquellos entusiasmados con la promesa del libre mercado que pudiera facilitar la aceptación de las MIPYMESen Cuba deberían tener en cuenta lo anterior. 

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Hace 13 años estaba muy de moda la frase «cambio de mentalidad», usada continuamente por Raúl Castro desde que propuso los «Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución», aprobados, finalmente, en 2011. Por entonces yo, que cursaba estudios preuniversitarios, sentía que aquel era el tema más importante del momento de tanto que lo escuchaba en los medios y los actos oficiales en la escuela. Durante los siguientes dos años, la frase se volvió todavía más presente. Incluso un reconocido psicólogo, que contaba con un espacio televisivo para hablar lo mismo de traumas infantiles que de las frustraciones que pueden surgir en una interminable fila para comprar alimentos, apareció en horario estelar hablando del «cambio de mentalidad», y hasta se filtró un video —que circulaba en USB— de una conferencia en que parecía enseñarle qué era aquello a un alumnado compuesto por militares y funcionarios.

En diciembre de 2010, Raúl Castro, en un discurso televisado, pidió «transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo, muy enraizados en amplios sectores de la población durante años como consecuencia del excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia social». Poco después, en varios centros laborales y educativos se organizaron «consultas populares» para debatir sobre los «Lineamientos». Los maestros y alumnos presentes en la consulta realizada en mi escuela, que fue hecha a manera de asamblea, centraron la mayoría de sus intervenciones en la posibilidad de que, en su afán de acabar con el paternalismo estatal, el general presidente pusiera fin a la libreta de racionamiento. El miedo a perder un puñado de productos de primera necesidad a precios subsidiados los consumía. En ellos comenzaba entonces a operar realmente el «cambio de mentalidad», es decir, la idea de que quedarían desamparados por el Estado. 

Aquellos temores se esparcieron por el país poco a poco, sobre todo en los sectores más vulnerables y marginados de la población. Pero fue durante el deshielo obamista y el boom del emprendimiento en Cuba que parecieron más próximos a volverse realidad. En esa época se hablaba de paladares, nuevos negocios, turismo, parques wifi. Y también de que muy pocos podían acceder a esas paladares o contar con capital para abrir un negocio, y de nuevos ricos y de siempre pobres, y de que una hora de conexión a Internet costaba más del 15 por ciento del salario mensual promedio de los cubanos. 

En la clausura del VII Congreso del PCC, en 2016, Raúl Castro intentó apagar aquellos fuegos, que eran vox populi. Dijo:

Una Revolución […] jamás encontrará solución a sus problemas de espaldas al pueblo, ni con la restauración del capitalismo, que conllevaría a la aplicación de terapias de choque a las capas de la población con menos recursos y destruiría la unidad y la confianza de la mayoría de nuestros ciudadanos en torno a la Revolución y al Partido. En Cuba, reitero una vez más, nadie quedará desamparado.

Entonces parecía que el plan de Raúl Castro consistía en los siguientes puntos: desarrollar los emprendimientos privados en la isla, reducir el paternalismo estatal y, sobre todo, empoderar a GAESA. El primer apartado avanzó lenta y más bien deformemente. Entre 2016 y 2021, el cuentapropismo era una especie de «papa caliente», y daba la impresión de que el gobierno no sabía muy bien qué hacer con él. Muchas licencias, incluso, fueron congeladas durante años, mientras se mantenían otras tan extrañas como la de «desmochador de palma». Por su parte, la inversión social del Estado, al menos en la práctica, disminuyó, aunque no queda muy claro si de manera intencional o debido a la crisis económica que siguió a los tiempos del deshielo. Lo cierto es que aumentó considerablemente la inversión en el sector turístico, propiedad casi exclusiva de GAESA. El conglomerado empresarial militar comenzó entonces a gozar de muy buena salud: de 2016 a 2022 —según el Elcano—, pasó de controlar el 22.6 por ciento de los sectores estratégicos de la economía a manejar el 70 por ciento; en igual periodo, pasó de controlar el ocho por ciento de las finanzas en el país a controlar el 95 por ciento. 

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Mucho se ha especulado sobre las aspiraciones de la élite del castrismo de convertirse en una oligarquía política y corporativa consolidada. Y en algún momento se habló, incluso, de la posibilidad de una «Cuba a la China», en parte por el mote más popular de Raúl Castro, pero, sobre todo, en referencia a la importación del modelo económico y político chino, asumido simplistamente como la convivencia entre un Estado represivo y controlador, un sistema de partido único y el otorgamiento de libertades económicas.

Cuenta el periodista Jon Lee Anderson, en una de las crónicas recogidas en su libro Los años de la espiral (Sexto Piso, 2020), que el expresidente Barack Obama, durante su visita a la isla en 2016, se reunió con un selecto grupo de emprendedores cubanos y estadounidenses en un bar ubicado en las orillas de la Bahía de La Habana. Les dijo: «Cuba debería tomar ideas, robar ideas que funcionen donde quiera que las vea. Ahora bien, mi consejo sería: no roben ideas de lugares donde no están funcionando».

Más tarde, Obama narró al periodista una conversación que había tenido con Raúl Castro: «[Le dije] tienen que encontrar asesores para pensar un plan de desarrollo controlado y consciente. Quien quiera que ustedes consideren que tenga una economía de mercado con el equilibrio correcto y algún tipo de planeación». Según Obama, durante aquella plática con el general presidente recomendó la asesoría de Singapur o de algún país escandinavo. «Pero sospecho que el modelo que les atrae es un giro del estilo de China o Vietnam», le confesó a Anderson. 

Si alguna vez el régimen pensó en reproducir el modelo chino o el vietnamita, se encaminaba a cometer un grave error, pues Cuba no cuenta con los recursos naturales de estos países, ni los cubanos poseen la cultura de trabajo estoico y colectivo de sus poblaciones. 

En todo caso, el gobierno cubano parece haber encontrado recientemente un paradigma más ajustable a sus intereses: Rusia. 

La jerarquía isleña ha vuelto sus ojos hacia Rusia en un momento en que el Kremlin, en medio de la invasión a Ucrania y afectado por las sanciones de Occidente, no está en las mejores condiciones de rechazar ni siquiera un apoyo tan insignificante como el cubano —que se mantiene bastante neutro de cara al mundo—, aunque eso signifique soltar alguna que otra migaja petrolera. Por su parte, el régimen de La Habana no solo va a por estas ayudas que le permiten mantenerse a flote y evitar el colapso económico absoluto, sino que también intenta aprender a gestionar un auténtico modelo del «sálvese quien pueda» que mantenga al Estado como una engrasada institución represiva —controlada por una casta de funcionarios/empresarios— pero no como benefactor. 

Mientras todo apunta a esa dirección, la crisis económica se agudiza y no hace las cosas más fáciles para el castrismo. Difícilmente Cuba podría reproducir el «modelo Putin», como tampoco cuajó una imitación exacta durante los años del Campo Socialista. Tampoco creo que para ver cuál será el contexto de la isla a mediano o largo plazo debamos mirar muy lejos, como los astrónomos que observan estrellas distantes, en verdad ya muertas, para figurarse cómo serán los últimos momentos de nuestro Sol. Quizás basta mirar hacia nuestros vecinos de Centroamérica y el Caribe, en toda su heterogeneidad, para hacernos una idea relativamente cercana del porvenir.