La represión de voces y organizaciones disidentes tiene una larga y sombría tradición dentro del totalitarismo cubano. En los últimos meses, opositores políticos, artistas y periodistas independientes y muchos otros integrantes de la sociedad civil en la isla han denunciado una escalada en los niveles de acoso policial y, de hecho, parapolicial, por parte de agentes de la Seguridad de Estado.

Esa otra epidemia –en aviesa comorbilidad con el virus de la COVID-19 y sus saldos de muerte, depresión y aislamiento social, y con la agudización de la incesante crisis económica– es diseminada, y ejercitada rigurosamente, por el mismo Estado que debería proteger y garantizar sus plenos derechos a la ciudadanía.