La reforma más radical de la revolución, o un cambio superficial, son las dos lecturas contrapuestas que admiten las 176 medidas anunciadas por el castrismo. Pero ambas lecturas se hacen la pregunta equivocada: «¿qué tipo jurídico de propiedad domina?»
En cambio, la pregunta correcta es por qué un régimen como el cubano estaría dispuesto a permitir la entrada de franquicias extranjeras y locales (estas últimas ya existen), empresas privadas de más de cien trabajadores (que ya existen) y quitar intermediarios de la importación sin dejar de ser una dictadura. A juzgar por el anuncio de las medidas, al menos parecen estar dispuestos a estos cambios. No obstante, la respuesta no está en la economía, sino en el poder. Estas medidas son, ante todo, un reparto: un nuevo pacto social, la continuación de la partición del país hacia la propiedad privada nacional.
La primera partición, en la era de Raúl Castro, tuvo dos momentos claves e inició en 2021, a la vista de todos, mientras seguíamos hablando de GAESA como si fuera 2019. Hace siete años el aceite y el pollo estaban en tiendas militares —CIMEX, TRD, Cubalse—; las remesas las controlaba Fincimex; la importación la hacían unas pocas docenas de empresas estatales y militares y el dinero para importar lo daba básicamente la banca de GAESA. Hoy todo eso lo hace, en buena medida, el sector privado. GAESA se replegó formalmente: primero cedió el comercio minorista (primer momento) y luego la importación, las remesas y la banca de comercio exterior (segundo momento). La culminación del proyecto hotelero y el exceso de enfoques ideologizados impedían ver cómo se desmantelaba, en silencio, a GAESA.
Hace una década conocíamos por nombre a los directivos de CIMEX y de GAESA. Hoy un puñado de empresas privadas mueve en importación más de 2 mil millones de dólares —cerca de un quinto de lo que importa el país y casi la mitad de los bienes de consumo—. Ese núcleo arrastra también las remesas y algo que funciona como banca de comercio exterior privada. Las figuras claves de la economía han ido cambiando, y nadie sabe quiénes son. Cuba, de pronto, parece Delaware: un paraíso fiscal que protege el anonimato de los empresarios.
Ante esa realidad, las 176 medidas vienen a formalizar y sellar el segundo momento de esa primera partición —importación, remesas y banca de comercio exterior— y a extender el reparto a la empresa estatal socialista. Esta es la segunda partición, el turno de los sectores castristas que no llegaron a la primera fiesta. Si una primera línea de élites ya se quedó con lo liquidable de GAESA entre 2021 y 2026, ahora toca abrir espacio para los que siguen en la jerarquía (el sistema también necesita de ellos para sobrevivir). Además, quitan lo que sobra, como en su momento hicieron con el CUC.
Ahora bien, los grandes ganadores de este proceso serán los que ejercen el poder y los enchufados, pero el pueblo también tiene su cuota de beneficio. Para este, el mensaje fue, en el 97, «abran un paladar»; en 2011, «pongan una cafetería»; en el 21, «háganse una empresa»; ahora, quizás, «júntense diez y quédense con la panadería municipal». (El primo de Miami manda el dinero, diez personas se ponen de acuerdo para operar, y el pacto social se actualiza.) Y funciona, porque muchos cubanos sin grandes conexiones también lograron prosperar en las aperturas pasadas.
Todo ello deja una pregunta de fondo: ¿cómo puede un régimen entregar la propiedad y seguir mandando? El error que impide verlo viene del marxismo, y lo consumen hasta sus críticos: la relación de propiedad determina las relaciones de poder; en su versión teóricamente vulgar, para dicho enfoque la propiedad jurídica manda (que es lo que conduce a la pregunta equivocada que se mencionaba al principio). Pero en la práctica puede ocurrir lo contrario, y en Cuba viene sucediendo así desde hace quince años.
Y es que por encima de la propiedad económica están las relaciones políticas de poder. Así, el dueño de la cafetería que vende croqueta en la esquina es el dueño; pero por encima de él hay una relación de poder que decide si lo sigue siendo, y en qué condiciones. En Cuba el derecho de propiedad funciona como una concesión más que como un derecho en sentido liberal. El Estado la otorga, la administra y la revoca: decide quién tiene empresa y quién no, quién importa bienes de consumo y de producción, quién accede al mercado privilegiado y quién sobra. Mientras el aparato represivo conserve ese control, da igual que la propiedad privada avance, porque esta es reversible y controlable. Como ayer el poder político removía a un director estatal, hoy cierra una pyme.
¿Por qué, entonces, tardaron tanto en «reformar»? Porque todo esto el castrismo lo ha aprendido despacio; de hecho, solo una parte de él —la más preparada y beneficiada con tales cambios— lo ha aprendido, y esa diferencia de aprendizaje (e intereses) marcará la velocidad y el alcance de las 176 medidas. No se debe olvidar que desde los noventa la continuidad en el poder viene dando pasitos —el paladar donde solo trabajaba el primo; el cuentapropismo en 2011; la pyme en el 21— y, a falta de teoría, la práctica les fue enseñando que se puede tener propiedad privada capitalista de jure, siempre que el régimen siga siendo la fuente de ese derecho y tenga la capacidad de vigilar y castigar. Y aun con todo el terreno que cedieron en materia de propiedad, el control no se debilitó, ni emergió una clase económica políticamente activa; más bien el sistema político se especializó en lo que sabe hacer y necesita para sostenerse.
Por ejemplo: en la época de Obama, cuando académicos respetables hablaban de indicadores de consumo de clase media porque había muchos celulares (hay países africanos con más celulares por habitante, por cierto), Cuba seguía entre los cinco países más pobres de la región. Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con esa misma pobreza, expulsan migrantes en masa; Cuba, entonces, no tenía éxodos. Con eso bastaba para administrar el país.
Ese nuevo reparto implícito en las 176 medidas es todo lo que el castrismo necesita. No le hace falta un país de primer nivel ni reconstruirlo para seguir en el poder; le basta con subir un poco el acceso a determinados recursos para administrar la crisis de gobernabilidad. Eso es lo que buscan. Al menos, eso es lo que les ha enseñado el pasado reciente.
Lo más revelador de las 176 medidas no es ningún punto concreto, sino lo que el régimen demuestra haber descubierto al combinarlas. Si bien antes se guiaban por Lenin —que no sabía mucho de economía—, y el poder político exigía controlar los costos, los salarios y la ganancia, ya una parte del castrismo encontró el atajo que lo regresa a algo del liberalismo: el sistema político cobra el impuesto y se queda una tajada, sin tener que producir nada, mientras la clase económica castrista domina la generación de la riqueza.
Liberalismo a la castrista: que el mercado controlado y autorizado produzca la riqueza, que una clase económica continuista la acapare, que el poder siga decidiendo quién juega. Especialización de las élites —ya no más ser político, militar, cuadro del partido y empresario a la vez. Separación del poder, entre ellos. Por eso en el fondo no es una reforma, sino el castrismo más preparado, aplicando lo que le conviene de un estado liberal para no tener que irse.
Queda ver si se ponen de acuerdo entre ellos.
