En la dramática de política norteamericana se le da una importancia extrema a la rama ejecutiva, dominada por la figura del presidente de turno, y en segundo lugar a la rama legislativa, compuesta por la Cámara de Representantes y el Senado, los cuales entran en conflicto con el presidente o lo apoyan según estén controlados por un partido u otro. Estas batallas ocupan titulares y dominan la interacción popular con la política, sobre todo durante los períodos de elecciones congresionales y presidenciales. En este marco, muchas veces pasa desapercibido el impacto de la que, ciertamente, es la rama más influyente en la vida política del país: la judicial, y particularmente la Corte Suprema. Este no era el diseño original del sistema político norteamericano, donde las decisiones judiciales se preveían como un contrapeso para evitar abusos de las otras ramas o para dirimir interrogantes constitucionales que surgieran del proceso de implementación de leyes (lo que se llama «el sueño noble» de la democracia constitucional). Pero con el surgimiento del partidismo polarizado (que no es un fenómeno nuevo, aunque así lo parezca), y un Congreso que cada vez pasa menos leyes, las cortes han asumido, forzosamente o por voluntad propia, un rol cuasi legislativo al interpretar leyes vagas u obsoletas y al convertirse en instrumento de freno político para una rama ejecutiva cada vez más sedienta de poder.
Esta perversión del diseño original ha llevado a las denominadas «cortes activistas», que transitan del rol pasivo de interpretación objetiva de la ley a uno más activo en que los magistrados ponen su sello político o ideológico a los procesos. Parte de la culpa radica en la inercia legislativa de Estados Unidos, donde las leyes a menudo se hacen obsoletas y los legisladores son reacios a pasar nuevas legislaciones que se ocupen decisivamente de los problemas del país. Véase por ejemplo la falta (a pesar de varios intentos malogrados) de una reforma general de emigración en un país donde coexisten millones de trabajadores indocumentados y la necesidad demográfica y económica de regularizar esa emigración indocumentada. Quizá la ley más obsoleta de todas sea la propia Constitución, escueta en su lenguaje y ratificada hace 237 años, y sobre cuya base se pide a las cortes modernas que fallen en torno a asuntos no vigentes en marzo del 1789, como el aborto, el matrimonio gay o la tenencia de armas automáticas. Se cita a menudo como el origen de estas cortes activistas la decisión de Marbury v. Madison (1803), donde la Corte Suprema presidida por John Marshall estableció el principio de que podía declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso, algo que la Constitución no dice explícitamente, dándole a jueces no electos (y, en los casos de la Corte Suprema y las federales, con posiciones vitalicias) un enorme poder para invalidar decisiones tomadas por los representantes elegidos democráticamente.
En la historia política moderna destacan dos Cortes Supremas por su activismo en la interpretación de leyes; una que lanzó la era moderna de derechos civiles y otra que los ha venido erosionando. En términos generales se puede decir que estas dos cortes representan el enfrentamiento entre dos filosofías jurídicas: la liberal/progresista (también conocida como «Constitución viva»), cuyo principio sería proteger los derechos de las minorías contra las mayorías políticas, justamente porque los padres fundadores concibieron el sistema de checks and balances como un muro de contención contra la tiranía del número, y la conservadora/originalista, que busca interpretar la Constitución tal como fue escrita sin importar cambios contextuales a lo largo de dos siglos.
La primera es la Corte Warren (1953–1969), de composición mayormente liberal, la cual decidió casos tan importantes como Brown v. Board of Education (1954), que prohibió la segregación escolar; Miranda v. Arizona (1966), que estableció los derechos «Miranda», incluido el famoso «tiene derecho a guardar silencio»; Loving v. Virginia (1967), que anuló leyes estatales que prohibían matrimonios interraciales; Reynolds v. Sims (1964), que estableció el principio «una persona, un voto» y exigió distritos legislativos con poblaciones aproximadamente equivalentes, y Heart of Atlanta Motel v. United States (1964), que confirmó la constitucionalidad de la ley de Derechos Civiles de 1964 al dictaminar que un establecimiento abierto al público no puede discriminar racialmente, aun cuando fuera legal bajo las leyes racistas que aún existían en varios estados.
La segunda gran corte activista es la actual, la Corte Roberts, que ha llevado el péndulo hacia el otro lado con sus decisiones en casos como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022), que anuló el derecho constitucional federal al aborto establecido más de 50 años atrás en Roe v Wade; Citizens United v. Federal Election Commission (2010), que amplió enormemente la protección constitucional del gasto político bajo la Primera Enmienda, creando una avalancha de donaciones corporativas a cambio de influencia; Trump v. United States (2020), según la cual el presidente tiene inmunidad casi absoluta, y, sobre todo, la tríada de decisiones correspondientes a Shelby County v. Holder (2013), que invalidó partes importantes de la ley de Derecho al Voto que mantenían bajo control estados con historial de discriminación electoral; Rucho v. Common Cause (2019), que legitimó el gerrymandering (la práctica de dividir los distritos electorales para favorecer a un partido político), y Louisiana v. Callais (2026), que erosionó aún más la ley de Derecho al Voto al dictaminar que este gerrymandering solo sería ilegal si se demostraba que tenía no solo un resultado, sino una intención discriminatoria (un estándar de prueba casi imposible de cumplir, pues tendría que haber documentos u otras declaraciones que digan que los distritos se crean para diluir el voto minoritario).
La combinación de estas últimas tres decisiones ha resultado ya en una carrera (demandada además por el presidente Trump ante la perspectiva de perder las elecciones congresionales de este año) entre estados conservadores y liberales para redistribuir sus distritos y favorecer así al partido en el poder. En Texas, por ejemplo, los nuevos mapas buscan añadir hasta cinco distritos favorables al Partido Republicano, fragmentando grandes áreas metropolitanas como Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Los demócratas han reaccionado más tarde, pero amenazan con obtener aún más escaños al redibujar los mapas electorales en California, Nueva York e Illinois. Los mayores efectos de esas decisiones prometen ser la polarización política y la marginación de los grupos minoritarios; una nación aún más dividida entre estados completamente rojos y completamente azules. En un país integrado por comunidades cada vez más diversas, este proceso amenaza con suprimir el voto y disminuir la representación de las minorías, lo que haría colapsar un andamiaje de derechos civiles que llevó décadas construir.
En la era moderna, tras la posguerra, la identidad política y social de Estados Unidos ha sido tan definida por nueve jueces (no elegidos y con posiciones vitalicias) como por los 14 presidentes que han sido elegidos, y en temas de derechos civiles, religión, voto y cultura, probablemente, aún más. Los presidentes sin duda han dejado marca con transformaciones políticas importantes (, por ejemplo, Franklin Roosevelt y el New Deal, Lyndon Johnson y la Great Society y la transformación de la política fiscal y regulatoria hacia el conservadurismo de Ronald Reagan), pero las decisiones de la Corte Suprema consolidan el rumbo del país por generaciones. Dada esta combinación de polarización y activismo, los cambios de composición de la Corte son tan influyentes y deberían tener tanta atención de la ciudadanía como las elecciones presidenciales, sobre todo porque una elección puede cambiar el rumbo de la historia judicial: Barack Obama solamente nombró a dos magistrados en ocho años, pero Donald Trump nombró a tres en cuatro (ayudado por Mitch McConnell, quien bloqueó un nombramiento que le correspondía a Obama). El resultado es una Corte Suprema de extremo sesgo conservador en que las decisiones de seis contra tres son comunes. Y, puesto que tres de los conservadores (Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch) son relativamente jóvenes, un cambio de rumbo podría llevar décadas. La estela de decisiones conservadoras de los tres magistrados nombrados por Trump (y quizá un cuarto, si Sonia Sotomayor, de 72 años y diabética, tiene que retirarse) podrían terminar siendo su legado más importante.
