Después de tres días en estado crítico, el preso político Yosandri Mulet Almarales falleció en el hospital «Julio Trigo» de La Habana. El jueves 22 de agosto había sido ingresado de urgencia tras su segundo intento de suicidio desde que fuera condenado a diez años de cárcel por manifestarse pacíficamente en julio de 2021 en el barrio capitalino de La Güinera.

Mulet Almarales se lanzó del puente de Calabazar cuando iba de regreso «de su pase» al campamento correccional, dijeron familiares. 

En junio de 2022, también había intentado quitarse la vida en el Combinado del Este, donde estaba recluido. Tras esa tentativa fue enviado a cumplir el resto de su condena en el Campamento de Trabajo Correccional Toledo, en el municipio habanero de Marianao. Allí tenía derecho a breves estancias en su hogar, señaló el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).

Mulet Almarales, nacido el 11 de mayo de 1987 en Santiago de Cuba, fue sentenciado el 24 de enero de 2023 a diez años de privación de libertad por el Tribunal Popular Municipal de Diez de Octubre. La Fiscalía había pedido inicialmente 13 años de cárcel por el presunto delito de «sedición». Para cuando se realizó el juicio ya había purgado más de un año en prisión provisional. En julio último, era uno de los más de 650 manifestantes que permanecían recluidos en Cuba por participar en diferentes episodios de protesta desde el 11J.

Desde el primer intento de suicidio, Justicia 11J —enfocada en las detenciones por motivos políticos en Cuba— lo incluyó en su listado de personas bajo condición de vulnerabilidad en prisión. Esa plataforma y el CDPC subrayaron en un comunicado que la muerte de Mulet Almarales confirma la necesidad de que sean atendidas las alertas «sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos».

El CDPC registró al menos otro caso de un prisionero político del 11J que ha atentado contra su vida. Se trata de Abel Lázaro Machado Conde (Prisión de Quivicán, Mayabeque), quien habría sufrido además «la eliminación arbitraria de visitas, celda de aislamiento y agresiones físicas, incluyendo una golpiza en marzo de 2024».

Las citadas organizaciones recordaron que Mulet Almarales es el segundo condenado por el 11J que fallece mientras cumplía su pena. En noviembre de 2023 también murió el preso político Luis Barrios Díaz, de 37 años, por complicaciones derivadas de una «bronconeumonía avanzada». 

De acuerdo con Cubalex, familiares de Barrios Díaz manifestaron que el deceso «podría haberse evitado» y responsabilizaron «a las autoridades penitenciarias y médicas por no proporcionarle atención médica oportuna y adecuada».

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El 12 de julio de 2021, Mulet Almarales —como decenas de otros residentes en La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, un sitio entre los más pobres y marginados de la capital cubana— salió a las calles para expresar su inconformidad con el estado de cosas en la isla. El barrio fue escenario de uno de los mayores operativos represivos durante las jornadas del estallido social del 11J.

Poco después trascendió que se había abierto expediente de investigación contra 161 manifestantes de La Güinera. Algunos recibieron sanciones administrativas, pero alrededor de cien fueron encarcelados bajo el cargo de «sedición».

La represión también dejó allí un muerto y otros tres civiles heridos por armas de fuego. El deceso de Diubis Laurencio Tejeda fue confirmado oficialmente el 13 de julio de 2021 por el Ministerio del Interior (MININT). Tenía 36 años cuando recibió un balazo por la espalda que disparó el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, jefe del sector de la PNR en Mantilla.

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Tras conocerse la muerte de Mulet Almarales, la iniciativa política Cuba Decide se sumó a las denuncias de que «los prisioneros del 11J están siendo sometidos a tratos inhumanos y degradantes, se les niegan completamente los beneficios penitenciarios y muchos de ellos ni siquiera cuentan con el apoyo de sus familias».

«La desesperación y el sufrimiento de los prisioneros políticos cubanos, quienes han sido juzgados de manera arbitraria y condenados a largas penas de prisión, los está llevando a tomar decisiones desesperadas como el único recurso ante la violación constante de sus derechos humanos», insistió esa plataforma.

En tanto, el CDPC reportó en su último informe, que abarca de marzo de 2023 a junio de 2024, al menos siete suicidios en cárceles cubanas. En todos los casos fueron hombres confinados en diferentes penales a lo largo de la isla, con excepción de un recluso que se quitó la vida «tras asesinar a su pareja durante un pase de visita». 

Durante ese periodo, el CDPC señala que hubo denuncias en 94 prisiones y centros de detención cubanos. Asimismo, registró un total de 696 víctimas de violaciones de derechos humanos; la gran mayoría, hombres (636). De la cifra global, 357 habrían sufrido agresiones más de una vez; la mayoría (469) estarían en prisión por razones políticas.

Tales actos violentos se reportaron con más frecuencia en el Combinado del Este en La Habana (315 denuncias), la prisión de Kilo 8 en Camagüey (92) y la prisión 1580, también en La Habana (82). 

Los centros penitenciarios ubicados en las provincias de La Habana y Camagüey presentaron los mayores números de denuncias totales, con 655 y 291, respectivamente; les siguieron los de Mayabeque, con 266. 

El CDPC también señala que en esos 15 meses se produjeron en las prisiones cubanas 796 denuncias relacionadas con malos cuidados de salud y condiciones sanitarias deficientes; por ejemplo, falta de dietas especiales, brotes de enfermedades, carencia de medicamentos y desatención médica intencionada como forma de tortura, etc. 

Según el reporte, alrededor de 50 presos fallecieron durante el periodo, y de ellos al menos 32 murieron por enfermedades prevenibles. La diabetes y la hipertensión son dos causas de muerte entre reclusos cubanos, indica el CDPC, que además denuncia la propagación de enfermedades infecciosas debido a las condiciones insalubres y a la carencia de medicamentos básicos. También se ofrecerían alimentos en mal estado y raciones insuficientes en centros penitenciarios donde, a menudo, escasea el agua potable. 

Por su parte, Cubalex advirtió también la semana pasada que en Cuba «la situación en las prisiones es alarmante», y, todavía más, que esas malas condiciones constituyen «una forma de tortura y reflejan situaciones inhumanas».

«La falta de medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales que vemos cada día en Cuba es aún peor dentro de las prisiones. La escasez de alimentos y productos básicos, junto con la falta de personal capacitado en derechos humanos (guardias, médicos, fiscales y jueces), la deficiente supervisión judicial y la ausencia de un mecanismo independiente que realice visitas periódicas, agravan la situación. Todo esto facilita la corrupción y el abuso de autoridad dentro de los centros penitenciarios», sostiene Cubalex, que describe cómo en las cárceles cubanas se violan los derechos fundamentales contemplados en las llamadas «Reglas Mandela», o sea, las recomendaciones que Naciones Unidas hace a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles.