Hay personas en Cuba que conocen con exactitud dónde queda un pueblo de Canarias donde nació un bisabuelo a quien nunca vieron. Otras han aprendido a descifrar mediante fotos libros parroquiales y caligrafías de más de un siglo de antigüedad. Se han rastreado partidas de nacimiento antiquísimas en archivos españoles y fes de bautismo de muchas maneras. Los más cercanos a su fecha se pasan las noches revisando grupos de Facebook y WhatsApp donde desconocidos intercambian consejos sobre credenciales, citas y expedientes. Ninguno es historiador y mucho menos genealogista. Son miles y miles de cubanos intentando reconstruir el pasado para encontrar una salida al presente.
La causa tiene nombre: Ley de Memoria Democrática (LMD). Conocida también como Ley de Nietos, y aprobada en España en 2022, esta Ley vino a derogar la anterior y similar Ley de Memoria Histórica del 2007 —ambas leyes establecidas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— con el propósito de reparar una deuda histórica con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y además ampliar el acceso a la nacionalidad para determinados descendientes de españoles. Se reactivó con esta norma un proceso detenido por parte del gobierno derechista de Mariano Rajoy.
Pero dicho estatuto ha adquirido en Cuba un significado distinto. Mientras en España suele discutirse en términos de memoria, reparación o derechos, en la isla terminó convirtiéndose en una de las pocas vías legales para emigrar.
En un país atravesado por la peor crisis de las últimas décadas, con salarios incapaces de sostener una familia, apagones prolongados, escasez de alimentos, la posibilidad de obtener un pasaporte español dejó de ser únicamente el reconocimiento de una hipotética historia familiar. Para muchos cubanos pasó a representar la oportunidad de empezar de nuevo.
Desde la entrada en vigor de la ley, el Consulado General de España en La Habana ha recibido decenas de miles de solicitudes de nacionalización, una de las mayores concentraciones de expedientes del mundo, solo detrás de Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo. En todo el mundo más de 3.2 millones de personas solicitaron la nacionalidad española hasta el cierre del periodo de peticiones, el 21 de octubre de 2025. La demanda en La Habana fue tan elevada —se estima que unos 350 mil cubanos iniciaron algún tipo de trámite— que el sistema de citas, las credenciales de acceso y la capacidad administrativa del Consulado pronto quedaron desbordados.
En mayo de 2025 cambió el formato de solicitud de credenciales para citas en el Consulado. Desde el inicio de la LMD hasta abril de 2025, para solicitar las credenciales se debía enviar un correo electrónico con toda la documentación pertinente: esta documentación era la sumatoria de papeleos burocráticos donde se enlazaba al ancestro con quien iba a realizar el trámite, y por consiguiente toda la descendencia del solicitante también podría ampararse en la ley. El correo debía tener todo en regla, desde la Fe de Bautismo o Certificación Literal legalizada, hasta el acta de nacimiento del tataranieto con cuño oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. En mayo del año pasado, se modificó la cantidad de documentos y la oficialidad de ese correo: el trámite comenzaba solo con el acta de nacimiento del ancestro, el formulario anexo lleno y una foto del solicitante con su carné en la mano.
Este nuevo formato atrajo una gran cantidad de personas quienes se apuraron a buscar los datos necesarios ahora que era menos complejo mandar la solicitud, para luego, a sabiendas de la demora del proceso, buscar, legalizar y conformar todo el expediente que llevarían el día de su cita. Asimismo, el Ministerio de Justicia, desde el propio 2025, se encarga de la legalidad de dichos trámites consulares. La cantidad de solicitudes en 2025 sobrepasó holgadamente las 100 mil.
La Ley de Memoria Democrática no solo está produciendo nuevos ciudadanos españoles. En Cuba está modificando conversaciones familiares, planes personales y expectativas de futuro a corto y mediano plazo. Más allá de la conexión con los antepasados, en un momento de crisis como el actual, la posibilidad de emigrar con todas las facilidades que otorga un pasaporte de la Unión Europea es invaluable. Salir de Cuba, por ejemplo, hacia España, siendo ciudadano español otorga una ventaja importante para el migrante. Hay jóvenes que posponen decisiones profesionales convencidos de que pronto emigrarán y tendrán otros formatos laborales. Padres que realizan el proceso pensando en transmitir la nacionalidad a sus hijos, aunque ellos nunca emigren. Adultos mayores que nunca imaginaron abandonar Cuba, pero hacen el trámite para abrirse una puerta. Muchas personas que venden todas sus pertenencias y su casa para emigrar y empezar completamente desde cero en un país con mejores oportunidades. La espera, que en muchos casos se prolonga durante meses o años, ha terminado convirtiéndose en una especie de tortura para aquellos cuyo futuro depende de esto.
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Con el aumento de las solicitudes aparecieron nuevas palabras en el argot cotidiano de muchísimos cubanos. Términos como credencial, anexo 1, 3 o 7, expediente, registro civil, literal de nacimiento o cita consular ya son parte del ecosistema mental de muchas personas. En las redes sociales surgieron grupos dedicados exclusivamente a compartir cualquier información sobre la Ley de Memoria Democrática. Muchos de estos reúnen a millares de miembros que dialogan e intercambian sus experiencias. Se celebran entre todos cada expediente aprobado y muchas veces se postean las fotos de los «nuevos españoles» con su pasaporte vinotinto. También en estos grupos tratan de descifrar el ritmo y las fechas posibles de cada gestión que avanza en el Consulado de España en La Habana que, entre rumores y escasa información oficial, no mantiene una comunicación frecuente con los tramitantes.
La incertidumbre y el deseo de emigrar también creó un mercado. Gestores sin ninguna oficialidad que ofrecen revisar expedientes o simplemente inscribirte en el sistema —así se le conoce a solicitar las credenciales para la cita—, personas especializadas en localizar documentos en registros civiles españoles que se mueven de parroquia en parroquia, abogados, familiares y conocidos residentes en España que ayudan a obtener certificaciones. No todos cobran grandes sumas ni todos actúan de manera irregular. Muchos simplemente están cubriendo una necesidad surgida de un proceso puntual que duró solo tres años, y el cubano, poco versado en tecnologías o en trámites fuera de la isla, paga el precio que le digan. Y muchas estafas han sucedido, y muchos casos han sido denegados por no subsanar a tiempo un apellido. En todo este proceso hay una parte de azar.
Una ley aprobada a más de siete mil kilómetros de distancia terminó generando una pequeña economía propia dentro de Cuba. Actualmente hay un solo Consulado activo, amén de que hace varios meses se rumoreó que España iba a habilitar un segundo en Camagüey; pero como esto no ha sucedido, la crisis de combustible incide en cualquier planificación, y se han creado variantes. En las mismas redes sociales donde se comparte información sobre los procesos, también se promocionan contactos de guaguas o camiones de alquiler para viajar hasta La Habana desde cualquier punto de Cuba. Asimismo, se muestran alquileres de viviendas o habitaciones por días, las cuales se encuentran relativamente cerca de la Embajada para que así el tramitante pueda resolver todo su papeleo y hacer las gestiones que considere necesarias.
La lentitud del proceso alimentó la ansiedad de todos quienes aún están esperando por la resolución o el avance del trámite. Los primeros dos años, de 2022 a 2024, el proceso tomaba, en dependencia del caso y los errores o no que este pudiese tener, aproximadamente un año. Hoy, en agosto de 2026, la simple espera de las credenciales para acceder al sistema de citas puede tomar entre 16 y 24 meses. Según muchas páginas de Facebook, la fecha para la llegada del correo es entre el 10 y el 15 de noviembre de 2024… Prácticamente un año de atraso en solo el primer paso. Después llega la entrevista consular para, más tarde, la revisión del expediente. Finalmente, la resolución, igualmente con más de un año de atraso. Es cierto que cada etapa depende de una maquinaria administrativa que ha debido enfrentar un volumen de solicitudes muy superior al previsto y asimismo desafiar cortes constantes de electricidad, desconexiones variadas del Sistema Eléctrico Nacional y pésima calidad de Internet; pero también es cierto que la Embajada española debió prever todo esto y organizarse mejor. Para quienes esperan, la vida se organizar alrededor de un expediente cuyo estado apenas cambia o de un correo que todavía demorará mucho en llegar.
Por supuesto, la acumulación de casos terminó convirtiéndose también en un problema para España. No solo en La Habana, sino en otros consulados con una alta demanda el número de expedientes superó la capacidad de respuesta del personal disponible. En Cuba, la saturación llevó al gobierno español a contratar personal de apoyo mediante un acuerdo con el Grupo Empresarial Palco, una empresa estatal cubana encargada de prestar servicios al Consulado. El contrato traía consigo la implementación de más de 1.5 millones de euros para la contratación de más de cien trabajadores para la Embajada en labores administrativas y sobre todo para gestionar el gran volumen de solicitudes. Dicho contrato generó una polémica política en España. Para el gobierno se trata de una medida necesaria para acelerar todos los trámites pendientes. Para la oposición, es otra muestra de la relación del gobierno de Pedro Sánchez con las autoridades cubanas, y, asimismo, sería una estrategia exprés para ganar votantes luego de que el PSOE haya perdido popularidad.
Más allá del debate político español, este contrato afirma la realidad de un sistema consular en La Habana totalmente desbordado. Cada retraso significa miles de personas aplazando decisiones personales, familiares y económicas mientras esperan una respuesta. En Cuba, donde la emigración se ha convertido para muchos en el único plan para sobrevivir, cada día es una lucha sin descanso. Reducir el fenómeno a una disputa partidista sería ignorar su verdadera dimensión. La saturación de los consulados no comenzó con el contrato de Palco ni es exclusiva de Cuba. La avalancha de solicitudes se ha repetido en distintos países de Latinoamérica.
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Resulta imposible entender el peso de la Ley de Memoria Democrática en Cuba sin mirar la crisis que atraviesa la isla. Si cientos de miles de personas dedicaron tiempo y recursos a reconstruir árboles genealógicos de más de un siglo, no es porque se haya despertado de forma espontánea el interés por la historia familiar. Es la paradoja del asunto.
Una ley concebida inicialmente para reconocer derechos derivados de la memoria histórica terminó funcionando, para una parte importante de los cubanos, como una política migratoria de hecho. Y, desde luego, a ella se ha acogido no solo los nietos de los exiliados del franquismo, sino incluso descendientes de españoles nacidos en el siglo XIX.
El que ha podido, en tiempo y forma, solicitó sus credenciales. Solo queda para ellos… esperar. En el camino se ha gastado, para muchos, una cantidad ingente de dinero e. Y un sinnúmero lo ha conseguido, y muchísimos la obtendrán. Luego de Estados Unidos, España es el segundo país con más cubanos emigrados. Cuando se completen todos los casos pendientes, más los que ya viven allá de manera legal o ilegal, la cifra se acercaría al medio millón.
Los cubanos, desde hace mucho tiempo, se concentran en buscar alguna vía de salir del país de forma definitiva. El éxodo masivo es el correlato de la crisis económica y humanitaria que vive la nación. En el pasado quinquenio, la cifra de migrantes cubanos se acerca a los dos millones. España ha fungido como una posibilidad justa y legal para que muchos sigan siendo cubanos en otra parte del mundo. El pasado familiar se convirtió en un recurso para imaginar el futuro.
