Es 25 de mayo y el presidente de la Mesa de Unidad Cubana, José Pimentel, llama desde el exilio a asumir un boicot «silencioso y malintencionado contra la dictadura». 

Es 30 de mayo y grupos de emigrados arman un «cordón humano» entre Miami y Madrid en rechazo a los juicios contra los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. 

Es 3 de junio y un activista se rapa la cabeza frente al Consulado de Cuba en Barcelona en señal de acompañamiento a los cerca de mil presos políticos en la isla.

Es 7 de junio y una emigrada convoca a recolectar medicamentos en Madrid para entregarlos en Cuba de forma semiclandestina, sin interferencia del Estado.   

Es 8 de junio y tres activistas denuncian la represión del régimen frente a organizaciones internacionales reunidas en la Cumbre de Las Américas.

Durante mucho tiempo, el gobierno cubano tuvo pocos problemas para mantener una buena reputación internacional. A lo largo y ancho del mundo, diversos grupos —sobre todo de izquierda— replicaban la imagen de justicia social que la cúpula castrista vende sobre Cuba. Y aunque del otro lado siempre hubo emigrados que denunciaban la situación política de la isla, pocas veces encontraban eco más allá de la comunidad cubana de Miami. 

Sin embargo, eso ha ido cambiando, en especial durante el año transcurrido desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11-J). Desde entonces, una nueva generación de emigrados, muchos de ellos jóvenes que salieron del país en las últimas décadas, se ha sumado a la denuncia activa del régimen. Dondequiera que se mire, se los ve cada vez más decididos a emplear su poder político en favor «la causa».

Así, muchos de estos jóvenes se han volcado a las calles de sus países adoptivos para llamar la atención sobre la realidad cubana. Otros han empezado a promover boicots contra los principales negocios estatales o a organizar envíos clandestinos de ayuda humanitaria para socorrer a presos políticos y otras personas necesitadas 

Cristian Álvarez, un joven cienfueguero muy activo entre la comunidad de emigrados cubanos en España, lo resume a la perfección: «Todos nosotros salimos huyendo de un problema político», dice. «Hay gente que cree que salió por una cuestión económica, pero no, porque el que la economía cubana no sirva es en sí un problema político. Por eso yo creo que quienes tuvimos el privilegio de salir debemos usarlo para ayudar a los que todavía están allá». 

Cansados de esperar por el régimen  

La diáspora cubana es un conjunto vasto y heterogéneo. Según Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, en 2020 había casi 1.5 millones de personas nacidas en Cuba residiendo en 124 países. Esto significa que, hasta ese año, uno de cada diez cubanos residía fuera de la isla. 

La inmensa mayoría vive en Estados Unidos. De acuerdo con el último censo de ese país, en 2020 allí residían 1.3 millones de personas nacidas en Cuba. Sin dudas, esta cifra ha crecido desde entonces. En el último par de años, decenas de miles han llegado a Estados Unidos y otros países escapando de la crisis económica y el aumento de la represión.  

Dada su dimensión, no es sencillo saber qué piensa la emigración cubana en su totalidad. Pero sí, con bastante precisión, qué piensa su mayor comunidad: la del condado estadounidense de Miami Dade, que ha sido encuestada desde hace años por la Florida International University (FIU).  

Según la última edición de la encuesta que realiza FIU, el 73 por ciento de la comunidad cubanoamericana de Miami Dade apoyaba en 2020 que Estados Unidos aplicara una política de máxima presión sobre Cuba para forzar un cambio de régimen. 

La cifra general no sorprendía. Durante décadas, muchos cubanoamericanos de Miami se han mantenido firmes en su apuesta por la estrategia de mano dura para derribar al régimen. Pero la encuesta sí reflejaba un cambio notorio: la posición de los menores de 40 años y quienes emigraron más recientemente. 

«En los últimos quince años, los recién llegados tendían a ser más “liberales”, más abiertos al intercambio con Cuba», dice Jorge Duany, director del Cuban Research Institute de la FIU. «Sin embargo, en esta última encuesta encontramos algo distinto, particularmente entre la gente joven llegada en la última década». 

Desde la década de 1990, la FIU ha documentado cómo las nuevas generaciones de emigrados de Miami Dade constituían uno de los grupos más proclives al acercamiento entre Washington y La Habana. Esto se hizo más evidente que nunca luego de que Obama iniciara su política de «deshielo» en diciembre de 2014. En 2016, el 91 por ciento de quienes emigraron a Estados Unidos a partir de 1995 apoyaba esta estrategia. 

Sin embargo, en 2020, tan solo cuatro años después, los emigrados más jóvenes mostraron una cara muy diferente. La inmensa mayoría continuó a favor de medidas que benefician al pueblo cubano (como la venta de alimentos, medicinas y el envío de remesas), pero su postura hacia el Gobierno se había endurecido. Ese año, el 74 por ciento de ellos apoyaba las políticas de máxima presión para promover un cambio de régimen, un porcentaje muy similar al del exilio histórico. 

Y no solo eso: para 2020, los emigrados cubanos recientes se habían convertido en una de las bases más sólidas de apoyo las políticas de mano dura de Donald Trump, según el economista cubano Ricardo Torres.  

Existen diversas explicaciones de por qué uno de los grupos más pro-engagement se convirtió de repente en su reverso. No obstante, entre los expertos hay consenso sobre el factor clave que provocó este cambio de postura: la decepción que siguió al fracaso de la política de «deshielo».

En 2014, durante su segundo mandato, Barack Obama tomó la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con La Habana tras más de medio siglo de hostilidad. No podía levantar el embargo, pero sí lo alivió. También acabó, en enero de 2017, con la política de «pies secos, pies mojados», que favorecía a los migrantes cubanos que llegaran a Estados Unidos.  

Algunas de estas medidas atendían viejas exigencias de la cúpula castrista; de ahí que buena parte de los cubanos dentro y fuera del país esperara que el régimen correspondiera con una apertura política y económica a la altura. Sin embargo, esta nunca llegó. 

Durante esos años, La Habana no introdujo grandes reformas económicas ni políticas. Al contrario: el crecimiento del sector privado se estancó y aumentó la represión contra opositores y defensores de derechos humanos. 

La falta de disposición del régimen a hacer concesiones reales provocó la frustración de una parte considerable de la comunidad cubana de Miami Dade, sobre todo entre quienes llegaron en los últimos años. Los expertos creen que fue justamente esta frustración la que impulsó a las nuevas generaciones de emigrados a acercarse a Trump y apoyar el giro radical que este le imprimió a la política estadounidense hacia Cuba.  

«Al ver caer sus esperanzas y emigrar a Estados Unidos, muchos [de estos emigrados jóvenes] decidieron cambiar de signo [político]», dice Duany. «No estoy seguro de que sea la única explicación, pero sí una muy interesante». 

La generación de la frustración

Es probable que esta hostilidad se haya replicado —incluso aumentado— en toda la diáspora.  

Desde el fracaso del «deshielo», la situación en Cuba solo ha empeorado. El país se ha adentrado en su peor crisis económica tras la sobrevenida con el colapso de la Unión Soviética. La agudización del embargo por parte de Trump, la llegada de la pandemia —que congeló el turismo, principal industria del país— y la incapacidad del Gobierno para reformar la economía, han llevado a un desabastecimiento de productos básicos del que no se ve salida. 

Para junio de 2021, según una encuesta realizada a dos mil 600 cubanos que viven en la isla, alrededor del 70 por ciento desconfiaba del Partido Comunista y estaba insatisfecho con el manejo de la economía. 

Entonces llegó el 11-J. Desde ese día, el país vive inmerso en una ola represiva que mantiene encarceladas a 729 personas con penas ejemplarizantes de hasta 30 años. Además, el régimen ha reforzado las potestades en el nuevo Código Penal para castigar aún más a quienes disienten. 

Como resultado, el país atraviesa hoy la mayor crisis migratoria de su historia. Solo desde octubre de 2021, unos 140 mil cubanos han llegado a Estados Unidos por la frontera sur, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. Más de diez mil solicitaron refugio en México entre enero de 2021 y febrero de 2022, según datos oficiales. Y España alcanzó en 2020 su pico histórico de cubanos residentes: casi 65 mil, según el Instituto Nacional de Estadística. 

Muchos de estos emigrados son jóvenes. Las investigaciones sobre el tema muestran que quienes están entre 20 y 40 años tienen mayor tendencia a marcharse del país.  

Si quienes emigraron antes de 2020 estaban frustrados y ya no confiaban en una apertura del régimen, es muy probable que quienes lo han hecho en el último año no tengan una opinión más optimista. La falta de entusiasmo general ante las recientes medidas de «apertura» del presidente estadounidense Joe Biden parece dar fe de ello. 

La Habana, por supuesto, ha tratado de hacer control de daños. El propio Miguel Díaz-Canel ha aprovechado sus viajes más recientes al extranjero para reunirse con grupos de emigrados y pregonar una nueva edición de la Conferencia La Nación y la Emigración. Pero mientras el Gobierno se esfuerza por mostrar que cuenta con apoyo en el exterior, una multitud de emigrados insiste en demostrar lo contrario. 

Muchos de ellos pertenecen a esa generación de jóvenes frustrada por el fracaso del «deshielo» y por la visión de un país cada día más pobre y represivo. Y aunque muchos viven en Miami, cada vez son más los que se han establecido en países con crecientes comunidades cubanas, como España, México y Canadá, desde donde parecen dispuestos a no dar tregua.

Las manifestaciones

Una emigrada de unos 50 años lee los nombres de los presos políticos cubanos. Tras la mención de cada uno, medio centenar de manifestantes, también cubanos, corean «Libertad». Algunos llevan banderas y carteles de «Abajo la dictadura». Otros, fotos del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, y de otros activistas políticos encarcelados. 

Son cerca de las tres de la tarde del 15 de noviembre de 2021 frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, pero igualmente podría haber sido diciembre de 2020 en Nueva York, marzo de 2021 en Quito o abril de 2022 en Alicante, España. 

Las manifestaciones anticastristas son casi tan viejas como la propia Revolución. En la última década hubo varias de ellas con motivo de la situación de los presos políticos, la represión contra las Damas de Blanco o las insatisfacciones por la reforma constitucional de 2019. Pero sin dudas estas volvieron a ganar fuerza a partir de noviembre de 2020, con la huelga de hambre y sed de varios integrantes del Movimiento San Isidro. 

Desde entonces, la diáspora ha acompañado los principales acontecimientos ocurridos alrededor de Cuba: la protesta pacífica de la calle Obispo, las huelgas de Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer, las protestas contra el Acuerdo de Diálogo y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba. 

Aunque nunca como entre julio y noviembre de 2021, cuando la movilización de los emigrados alcanzó niveles insospechados.  

«Antes había grupos y asociaciones que organizaban pequeñas manifestaciones por la libertad de los presos políticos y demás, pero después del 11-J la comunidad [de emigrados] se ha vuelto mucho más activa», dice Cristian Álvarez, quien se exilió en España en 2020. 

Sorprendidos por la magnitud de las protestas del 11-J, cientos de emigrados tomaron las calles de Miami ese mismo día con el grito de «Si Cuba está en la calle, Miami también». Durante las semanas siguientes, las manifestaciones se multiplicaron en otros países. Grandes o pequeñas, gestionadas por organizaciones o por simples emigrados, todas buscaban llamar la atención de la comunidad internacional sobre la difícil situación del país.

«Durante esos meses, las organizaciones cubanas en el exilio se activaron para mostrar su apoyo a la manifestación [del 11-J] y protestar por la respuesta del Gobierno», dice Duany. «También hubo mucha expectativa por la marcha convocada para el 15 de noviembre». 

En efecto: durante semanas, buena parte de la emigración siguió con atención los preparativos de la Marcha Cívica por el Cambio, organizada desde Cuba por la plataforma Archipiélago para exigir la liberación de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en el país. 

Aunque las autoridades la impidieron en Cuba, la Marcha logró movilizar como nunca antes a la diáspora, que el 15 de noviembre se manifestó en unas 120 ciudades del mundo. Una evidencia de que, más allá de la falta de consensos, hay una emigración crecientemente activa en su rechazo al régimen y el deseo de un cambio político en Cuba.  

«Toda esta movilización ha hecho que se conozca más sobre [la situación de] Cuba», dice Álvarez. «Por lo menos aquí en España hemos logrado que los medios cubran las manifestaciones y hablen más al respecto».  

Por supuesto, también ha habido movilización a la inversa. Tanto en los días posteriores al 11-J como el 15N, las embajadas cubanas en México, Argentina y otros países contaron con manifestaciones de respaldo al Gobierno. 

Durante los últimos meses, además, el proyecto Puentes de Amor, liderado por el cubanoamericano Carlos Lazo, ha promovido manifestaciones contra el embargo en ciudades de Estados Unidos y otras naciones. 

Sin embargo, muchas de estos actos progubernamentales —sobre todo los que se producen fuera de Estados Unidos— están conformados más por «grupos de solidaridad con Cuba» que por emigrados cubanos propiamente. Es lo que se ha visto en países como México y Argentina. 

En los últimos meses ha habido menos movilización anticastrista, algo que Duany atribuye a cierta frustración en la diáspora ante un régimen que no parece dispuesto a ceder. 

«El paso del tiempo, el agotamiento de la gente y la frustración por las sentencias larguísimas que han recibido algunos de los manifestantes [del 11J], y porque no ha habido realmente un cambio significativo, han hecho observable una caída en el nivel de militancia, no solo en Miami, sino en el resto del mundo», dice el experto.

No obstante, tampoco es que estos gestos se hayan detenido del todo. Algunos grupos siguen manifestándose en ciudades de Estados Unidos y España, fundamentalmente. Hace unas pocas semanas, emigrados cubanos en Miami y Madrid protestaron por los juicios contra los artistas contestatarios Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. 

Otros han cambiado las plazas o los alrededores de embajadas cubanas para plantarse ante las sedes de grandes compañías extranjeras con el fin de boicotear sus negocios con el régimen.  

Los boicots

«Lo que estamos haciendo es cuestionar y hacer públicas a las compañías de países democráticos […] que hacen negocios con Cuba. Lo hacemos para que puedan exigir a la dictadura, mediante presiones económicas, la liberación inmediata de los presos políticos”. Así explicaba el comunicador Tomás Castellanos a la revista YucaByte su decisión de protestar frente a las oficinas de la cadena hotelera española Meliá en Miami a finales de marzo pasado. 

Por esas mismas fechas, otros grupos se manifestaron frente a otros hoteles Meliá en Madrid, Roma y Nueva York. En Toronto hubo protestas contra la minera canadiense Sherrit. Ambas empresas se encuentran entre las principales inversoras extranjeras en Cuba. Meliá, además, es socia de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que domina, entre otras, la industria turística del país.   

La idea de promover boicots económicos contra el régimen no es nueva. Durante los últimos años, algunas organizaciones y líderes de opinión anticastristas han llamado a los emigrados a no viajar a la isla, no enviar remesas o negarse a realizar recargas telefónicas a sus familiares. El objetivo: privar a las élites gubernamentales de varias de sus principales vías de financiamiento. 

Sin embargo, amplios sectores de la diáspora rechazaron estas campañas por considerarlas abusivas con quienes viven en Cuba. Con independencia de su rechazo al régimen, muchos no están dispuestos a dejar de ayudar a sus familiares con remesas, comida o conexión a Internet. 

Desde entonces, varios activistas exiliados han variado de enfoque. El objetivo ahora no es pedir a las familias cubanas que se sacrifiquen, sino presionar a las transnacionales que operan en la isla, boicotear productos de exportación cubanos o dañar la reputación de negocios y eventos controlados desde Cuba.

Así surgió Los Mambises, un movimiento virtual que apuesta por utilizar «el poder del cliente» de los emigrados para obstaculizar los negocios de La Habana con compañías extranjeras. «Debemos ejercer ese poder y también usar las redes sociales para hacer trending nuestra causa, porque al régimen solo le importa su imagen y su dinero», dijo hace unos meses a YucaByte Alberto Fonseca, un joven radicado en Canadá y fundador del movimiento.

A finales de 2021, Los Mambises lograron que un supermercado canadiense retirara temporalmente de la venta el café Cubita, comercializado por la estatal Cimex, perteneciente a GAESA. Poco después llamaron a los usuarios de redes sociales a emplear las plataformas de TripAdvisor y Google Reviews para visibilizar la realidad política del país y dejar comentarios negativos sobre algunos de los principales hoteles cubanos. El objetivo: bajar su calificación para que atrajeran a menos clientes. 

Desde entonces, Los Mambises y organizaciones como Cuba Decide se han centrado en el boicot turístico, fundamentalmente. Y si bien no han tenido resultados concretos, sí han logrado movilizar a una pequeña parte de la diáspora en la búsqueda de formas novedosas de boicot. Algunos, como Tomás Castellanos, lo han llevado frente a edificios de Meliá o Sherrit. Otros siguen apostando por el poder de convocatoria de las redes sociales. 

Donde sí están teniendo cierto éxito este tipo de iniciativas es en el ámbito de la cultura. Aunque pequeñas, algunas campañas recientes de boicot promovidas por artistas, activistas y académicos han logrado golpear la imagen de normalidad que el régimen intenta transmitir al exterior. 

En octubre del año pasado, un grupo de creadores cubanos —varios exiliados— logró que cerca de una decena de invitados internacionales declinaran participar en la XIV Bienal de La Habana en protesta por la represión contra artistas y ciudadanos críticos en Cuba. Otras 600 personas vinculadas al arte y la academia respaldaron públicamente la campaña. 

En febrero fue el turno del San Remo Music Awards Cuba, un festival musical organizado, entre otros, por Lis Cuesta, esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Varios activistas políticos se volcaron a las redes sociales para llamar la atención de los invitados sobre la situación de los presos políticos del 11-J, en especial la de aquellos menores de edad. A los pocos días, un par de artistas cubanos y otros internacionales, entre ellos Álex Ubago y Kalimba, se retiraron públicamente del evento.   

En marzo, una treintena de intelectuales cubanos —de nuevo, la mayoría exiliados— solicitó a la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, que no invitara a su evento anual sobre Cuba a Michel Torres, vocero oficial en el diario Granma y el programa televisivo Con Filo. La petición fue respaldada en Change.org por más de tres mil internautas. Finalmente, los organizadores decidieron posponer el evento debido a «correos electrónicos con amenazas personales».  

Las ayudas humanitarias

Como las manifestaciones o los boicots, los envíos de ayuda humanitaria a Cuba tampoco son nuevos entre la diáspora. 

«Desde los años noventa se han visto iniciativas solidarias para hacer llegar medicinas, comida y otros artículos de primera necesidad a Cuba, sobre todo en momentos de crisis», dice Duany. «Iniciativas que muchas veces tienen que sobreponerse a hostilidades políticas: desde las dificultades para viajar a Cuba hasta la negativa del Gobierno [de la isla] a recibir este tipo de donaciones».  

Lo que sí resulta novedoso es el número de este tipo de acciones surgidas a lo largo de los últimos años, en especial desde marzo de 2021, cuando la pandemia de COVID-19 tuvo un repunte en Cuba. 

Desde entonces, decenas de emigrados en España, Estados Unidos y otros países se han organizado para recaudar fondos o enviar artículos de primera necesidad a pacientes de coronavirus, familias necesitadas y presos políticos. 

«Hay muchísimos grupos», dice Cristian Álvarez, uno de los principales organizadores de la iniciativa madrileña Corredor Humanitario. «Estamos los de España, pero también hay otros que envían ayudas desde Italia, Francia, Alemania, Miami. Nosotros tuvimos un momento en que las cajas de donaciones llegaban al techo del local donde gestionábamos todo». 

Corredor Humanitario surgió en marzo de 2021, cuando tres emigradas comenzaron a recopilar medicamentos para enviarlos a Cuba, que comenzaba a atravesar una escasez crítica. 

Álvarez se unió poco después. Es una de las formas que ha encontrado de mantenerse vinculado a un país del que, como casi todos, terminó saliendo por razones políticas. En su caso: trabajar como periodista independiente y colaborar con organizaciones internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, no ha sido fácil. Casi ninguna de estas iniciativas ha contado con la colaboración de instituciones cubanas. Como ha sucedido otras veces, solo se han mostrado atentas a la solidaridad de emigrados políticamente afines, como los de Puentes de Amor. Debido a que la ley establece que todas las donaciones provenientes del exterior deben ser entregadas al Estado, a los de Corredor Humanitario y otros grupos similares no les ha quedado más alternativa que enviar sus donaciones de forma clandestina.  

«Lo gracioso es que estamos ayudando con la labor que les corresponde a ellos como Gobierno», dice Álvarez. «Si lo hacemos es únicamente para darle un respiro a la población, no porque nos interese ayudar al Gobierno».

Cuando tienen fondos suficientes, estos grupos envían las donaciones por contenedor. Cuando no, con viajeros solidarios que se ofrecen a llevar algunos kilogramos en su equipaje. Una vez en Cuba, colectivos independientes de la sociedad civil se encargan de repartir las ayudas en hogares y hospitales de todo el país. Así han logrado entregar, afirman, más de diez toneladas de ayuda humanitaria. 

Otras iniciativas se han centrado en asegurarles productos básicos de alimentación y aseo a los presos políticos. Es el caso de Ayuda a los Valientes del 11J, La Jaba de los Inocentes o Adopte un Preso Político, entre otras. Algunos de estos proyectos ya existían mucho antes del 11-J, y otros son gestionados directamente dentro de Cuba, pero si han logrado salir adelante ha sido gracias al aporte de la diáspora. 

Ya sea a través de la recaudación de fondos o la búsqueda de «padrinos» que se comprometan a aportar dinero mensualmente, estas agrupaciones apuestan por apoyar financieramente a las familias de los presos políticos a fin de que dispongan de productos básicos, para sí mismas y, desde luego, para las personas encarceladas, en medio de un contexto de profunda escasez e inflación. 

Según la ONG Cuban Prisoners Defenders, actualmente hay 999 presos políticos en Cuba.   

«Nosotros no vamos por movimiento ni partido político», dice Yamila Betancourt, conocida popularmente como «La hija de Maceo». «Si está en las listas de presos políticos, buscamos la manera de hacerle llegar una donación».

Betancourt, quien vive hace casi dos décadas en Estados Unidos, y se ha hecho conocida por su activismo digital, es la gestora de La Jaba de los Inocentes. Desde octubre de 2021, esta plataforma ha conseguido más de una treintena de «padrinos» y recaudado más de 57 mil dólares, con los que ha garantizado más de 900 bolsas de comida para prisioneros políticos y recargas telefónicas para sus familiares.

«Todo eso lo hemos recogido entre el exilio, juntando dos dólares que puede aportar uno con tres que puede donar otro», dice Betancourt. «Esto es de cubano a cubano, porque si algo logró el 11-J fue despertarnos el patriotismo». 

Por su parte, Ayuda para los Valientes del 11J, gestionada desde Cuba por la familia del preso político villaclareño Andy García, ha recaudado cerca de 740 mil pesos cubanos con el mismo objetivo. Sin embargo, no todas las iniciativas se limitan a esto. Algunas, como Justicia 11J, utilizan parte del dinero recaudado para pagar abogados, multas y fianzas de los detenidos. Cuban Prisoners Defenders, en tanto, capacita a sus familiares en temas jurídicos y de seguridad digital. 

Un objetivo compartido

Aunque a primera vista parecen mayormente en sintonía, es usual que estos grupos de la diáspora muestren desacuerdo sen temas claves para el presente del país, o que sean muy críticos entre sí. Sucedió hace pocos meses con las propuestas de Ley de Amnistía para los prisioneros políticos impulsadas por las organizaciones Inteligencia Ciudadana y el Consejo para la Transición a la Democracia. También, con la campaña de Diálogo Nacional promovida por el Movimiento San Isidro. Ambos temas provocaron intensos debates entre sectores de la emigración más politizada.

Aun así, diversa, fragmentada y carente de una respuesta única a la pregunta de cómo propiciar un cambio decisivo en Cuba, el grueso de esa diáspora política tiene más en común de lo que se piensa. 

El alcance de las manifestaciones, los boicots y los envíos de ayuda humanitaria en los últimos meses ha demostrado el interés creciente de miles de emigrados, sobre todo jóvenes, en acompañar al resto la ciudadanía crítica en la búsqueda de una Cuba más próspera y democrática. 

Así lo dice el investigador Jorge Duany: «Las estrategias han cambiado a través del tiempo, pero lo que siempre ha estado presente es ese afán por mantenerse en contacto con la isla y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil independiente».