Decía el escritor francés Edmond de Goncourt que la estadística es la primera de las ciencias inexactas, y Jorge Luis Borges que la democracia era justamente un abuso de esta. Sin embargo, a día de hoy, la democracia, con su exceso de datos, sigue siendo una quimera en muchas partes del mundo y, a pesar del criterio antipositivista de Goncourt, la estadística resulta todavía un conjunto de números que, más que un sentido, guardan una historia.

Recientemente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), una organización de la sociedad civil cubana que desde el exilio lleva registro de la situación política, económica y social en la isla, publicó su Informe Anual correspondiente al año 2022. Se trata de un documento útil, lleno de números y pequeñas explicaciones que, de manera general, contabiliza y desglosa las violaciones de derechos humanos en Cuba.

No es el único de su tipo. Otras organizaciones de derechos humanos enfocadas total o parcialmente en la realidad cubana, como Cubalex, Cuban Prisoners Defenders (CPD), el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) y Artículo 19, también han elaborado sus respectivos informes; algunos de ellos, ciertamente, poco sistemáticos, vale decir. Vistas en conjunto, estas estadísticas —en general, amparadas en metodologías bastante responsables— permiten observar, e interpretar, con mayores precisiones cómo se ha comportado la represión política del régimen castrista al menos durante los tres últimos años.

2020

El año 2020 estuvo marcado por el inicio de la pandemia de COVID-19 y las medidas de restricción de movimiento impuestas por el gobierno para evitar contagios, que incluyeron toques de queda y limitación parcial —y en algunos casos total— del transporte público durante varios meses. Quienes violaron dichas medidas fueron castigados de manera ejemplar por las autoridades, que llegaron incluso a televisar algunos de los procesos judiciales contra los infractores.

A finales de ese año, específicamente en el mes de noviembre, ocurrieron dos hechos de gran relevancia política en el país: la huelga de San Isidro y la protesta de cientos de artistas, periodistas e intelectuales ante la sede del Ministerio de Cultura —el llamado 27N— que forzó a los funcionarios de esa institución a dialogar con representantes de la sociedad civil cubana, incluidos algunos considerados desafectos del régimen.

En este contexto, según cálculos del OCDH, el gobierno aplicó unas mil 798 detenciones arbitrarias, sobre todo contra activistas y periodistas independientes. La cifra, según advierte esa organización, pudiera ser inferior a la real, puesto que solo recoge aquellos casos que fueron del todo comprobados. El informe, además, señala mil 647 retenciones forzadas en los propios hogares de las víctimas, un procedimiento represivo conocido como «arresto domiciliario». Consiste en sitiar las casas de sus objetivos con agentes policiales o parapoliciales, a menudo vestidos de civil, para impedir la libre circulación de tales ciudadanos. Generalmente, es aplicado en fechas de relevancia política para el régimen a fin de evitar la participación de los retenidos en acciones de protesta cívica o en coberturas periodísticas.

La OCDH identificó, asimismo, unas 425 acciones represivas contra reporteros independientes durante 2020. Por su parte, CPD registró al cierre de ese año un total de 134 presos políticos en las cárceles cubanas.

2021

A inicios de este año se sentían aún los ecos de lo sucedido en noviembre de 2020: el 27 de enero hubo una manifestación frente a la sede del Ministerio de Cultura en la que varios artistas, periodistas y activistas exigieron que se cumplieran los acuerdos de la reunión acontecida dos meses antes en ese mismo lugar. Como respuesta consiguieron la movilización de fuerzas represivas que detuvieron a los participantes haciendo uso de la violencia.

La pandemia y sus efectos reforzaron la gravedad de la crisis económica que arrastraba Cuba. Fue en ese desfavorable contexto que el gobierno cubano decidió aplicar la llamada «Tarea Ordenamiento», puesta en marcha el 1 de enero. Este paquete de medidas económicas afectó bruscamente el poder adquisitivo de los cubanos y, según analistas, contribuyó a profundizar las diferencias sociales en el país, lo que, por supuesto, causó un gran descontento entre la población.

2021 fue también el año del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que marcó la salida de Raúl Castro de la vida política y la proclamación de Miguel Díaz-Canel como su primer secretario, cargo que desde ese momento comparte con el de jefe de Estado. Por entonces, el país se sumía en una aguda crisis sanitaria asociada a los efectos de la pandemia. La falta de medicamentos e insumos médicos, sumada a la escasez de combustible y de alimentos, así como los continuos cortes de electricidad, generaron una grave situación social que desembocaría en las protestas del 11 y el 12 de julio de ese año.

El uso de métodos violentos por parte del Estado para sofocar el estallido social —con saldo de una persona muerta y cientos de heridos— motivó la planificación de otra manifestación ciudadana, prevista para el 15 de noviembre; la misma fue sofocada incluso antes de que pudiera realizarse.

En tales circunstancias, no sorprende que las detenciones arbitrarias sumaran la alarmante cifra de dos mil 717, casi mil más que el año anterior. Vale señalar que gran parte del trabajo estadístico que permitió recabar este y muchos otros datos se debió a la movilización inmediata, tras las protestas, de un grupo de activistas —casi todas mujeres— que pronto se organizarían bajo la denominación de Justicia 11J. El grupo se consagró específicamente a la sistematización de las cifras y, sobre todo, la identificación de las personas detenidas.

Durante 2021, según el ICLEP, también aumentaron las acciones represivas contra periodistas independientes en la isla: 508 en total. Las protestas del 11 y el 12 de julio, así como la fracasada manifestación pacífica del 15 de noviembre, influyeron decisivamente en que, para diciembre de ese año, sumaran 955 los presos políticos en Cuba.

2022

Tanto en Cuba como en el resto del mundo se había logrado controlar, mayoritariamente, la pandemia de COVID-19; pero quedaban sus secuelas. La crisis económica en la isla se agudizó aún más, y nada lo expresó mejor que la aplicación continua de cortes de electricidad de varias horas en todas las provincias del país. Esto último, hacia noviembre de 2022, motivó a una serie de protestas en varios municipios, incluidos algunos en la capital, que dejaron un saldo de decenas de detenidos y procesados judicialmente.

Durante este año fueron aprobadas dos legislaciones que causaron mucho revuelo en el país: el nuevo Código de las Familias y el nuevo Código Penal. Mientras que el primero reconoció o amplió una serie de derechos reclamados desde hace años por diversos sectores de la sociedad civil cubana —el derecho al matrimonio igualitario, por ejemplo, que fue quizás el más «polémico» y publicitado—, el segundo criminalizó aún más el disenso en Cuba a través de la creación de ciertas figuras delictivas y el endurecimiento del marco punitivo en los tribunales. La crisis económica general —y eventualmente el estrechamiento del horizonte político y ciudadano— propició que, en 2022, la cantidad de emigrantes cubanos alcanzara cifras récords en la historia del país: según la U.S Customs and Border Protection, unos 172 mil 163 cubanos fueron detenidos en la frontera terrestre sur de Estados Unidos. Otros emigraron, por ejemplo, a lugares tan lejanos como Serbia o Rusia.

El estimado de detenciones arbitrarias durante este periodo es de mil 354, un número que, a primera vista, pareciera una buena noticia puesto que es inferior a los registrados en periodos anteriores. Sin embargo, el dato sin contexto puede resultar engañoso. Si bien a inicios de 2021 resonaban los ecos cívicos de San Isidro y del 27N ante el Ministerio de Cultura, un año más tarde gravitaba sobre la ciudadanía la represión estatal desatada los días 11 y 12 de julio y, en menor medida, el 15 de noviembre de 2021, así como la dura, ejemplarizante judicialización contra los detenidos en esas fechas.

Ello —junto al enorme éxodo en curso que, según la fórmula popular, vino a «sacar presión a la caldera»; incluida la salida de muchos activistas políticos— explicaría probablemente la disminución de las detenciones arbitrarias, así como de los arrestos domiciliarios (mil 447) y de acciones represivas contra periodistas independientes (403). En cambio, se registró en 2022 un aumento en el número de presos políticos: mil 057 al cierre de diciembre, según el listado de CPD; algo que pudiera explicarse a partir del blindaje legal de la represión política que el régimen cubano procuró afianzar a lo largo de ese año.