Es domingo 26 de marzo en Cuba, y con la apertura de los colegios electorales para iniciar la votación en la que los cubanos deben ratificar a los 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) también se pone en marcha la maquinaria represiva que intentará mantener inmóviles a los activistas, opositores, periodistas y ciudadanos que pretendan monitorear o informar sobre el proceso de manera independiente.
Mientras Miguel Díaz-Canel y su equipo de gobierno intentan mostrar una imagen democrática de la jornada, apoyándose en cuanta herramienta de propaganda sea posible, la periodista independiente cubana Yunia Figueredo, residente en La Habana, denuncia que tiene suspendido el servicio de internet en su teléfono, una de las estrategias más utilizadas por la policía política para evitar que la información circule en tiempo real fuera de sus estructuras de comunicación.
Ese mismo día el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, corta el servicio de internet por varias horas a las activistas Yamilka Lafita, Ismaray Martínez Ávila, Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta; también a los periodistas independientes Inalkis Rodríguez Mora, Neife Rigau, Henry Constantín e Iris Mariño, miembros de La Hora de Cuba, y al joven Diego Jesús Fernández, quien se manifestó en solitario el 11 de julio de 2022, entre otras personas.
En la televisión, en tanto, se alienta a los cubanos a participar en unas votaciones donde no compite nadie, pues solo se ratifica a los 470 candidatos seleccionados por el propio gobierno para ocupar los 470 asientos del Parlamento cubano. Basta con que reciban más del 50 por ciento de los votos válidos en sus colegios electorales para que sean electos.
En las boletas de sus respectivas circunscripciones, que muchas veces nada tienen que ver con el lugar de residencia de los candidatos, la Comisión Electoral Nacional (CEN) coloca dos o tres aspirantes, mientras la propaganda oficial insta a los cubanos a elegir la opción del «voto unido», es decir, votar por todos. No se recuerda ni una sola ocasión donde uno de los candidatos nominados no haya sido electo.
No hay competencia, no hay posibilidad de nominación alternativa. Y a 47 años del inicio del proceso electoral en estos, una parte de la ciudadanía en Cuba ha hecho pública (o privada) su intención de no ir a los colegios. En definitiva, no es obligatorio votar en la isla, aunque los métodos de coacción para que los cubanos lo hagan son numerosos.
A diferencia de otras ocasiones, en estas, las primeras elecciones a diputados de la ANPP con Díaz-Canel como presidente del país, el acuerdo tácito entre buena parte de la sociedad civil independiente (por llamarle de algún modo) y la oposición política declarada es no ir a votar.
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En la provincia de Camagüey, los opositores Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta denuncian que agentes de la Seguridad del Estado les impidieron salir de su vivienda cuando planeaban asistir a la misa católica dominical. Mientras, en La Habana, Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, preso político del 11-J, afirma que tiene vigilancia policial afuera de su casa.
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Respecto al consenso en torno a no votar asumido por activistas y opositores cubanos, el historiador y politólogo cubano Dimas Castellanos considera que «varios factores están interactuando», y que, en todo caso, «responde a un proceso de toma de conciencia del fracaso del sistema totalitario que ha hundido a Cuba en una pobreza generalizada, y por tanto, incapaz de satisfacer las necesidades más elementales del pueblo».
El intelectual señala que, en este punto, «el 11-J marcó un antes y un después». Es decir: «el llamado del gobierno a unos cubanos a enfrentar a otros cubanos, la fuerte represión desplegada contra los manifestantes pacíficos, y las elevadas condenas por hacer uso del derecho de manifestación pública, ahondaron la distancia entre pueblo y gobierno».
«Entonces, ante el peligro que representa manifestarse públicamente», agrega Castellanos, «muchos cubanos han optado por hacerlo de forma cívica a través de las urnas; pues como cada vez son más los que no asisten a votar, resulta imposible reprimir a millones de personas, lo cual actúa como un factor multiplicador».
El politólogo cubano también menciona otros factores que considera fundamentales para que haya surgido esta estrategia: el papel del activismo en las redes sociales y, específicamente, la labor realizada en la campaña por el NO.
En general, apunta Castellanos, «cada vez son más los cubanos que se enteran de cosas que antes, cuando el gobierno poseía el monopolio de la información, no se conocían, o se conocía solo la versión gubernamental».
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En la mañana de domingo 26 de marzo, la coordinadora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (Cocude), Zelandia Pérez Abreu, denuncia que la vivienda donde reside junto al periodista independiente Juan Manuel Moreno amaneció sitiada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes les impidieron salir al exterior.
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El periodista independiente cubano Boris González Arenas, quien ha estudiado al poder cubano y sus formas de sostenerse mediante los procesos electorales, considera que esta respuesta de la abstención en estos comicios «se debe a las características del sistema electoral cubano definido por la Ley Electoral».
Explica González Arenas: «En la primera parte de las elecciones cubanas está la elección de delegados de circunscripción, pues la ley electoral dividió el proceso en dos etapas; la segunda es la actual, que consiste en la ratificación de los diputados de la nación».
«En la primera etapa tienes por ley cierto respeto a los procedimientos democráticos que permiten la nominación ciudadana», considera el analista. «Entonces en ella siempre se van a dar dos vías de movilización de la oposición, una que rechaza absolutamente la participación, incluso en esas elecciones, porque es manifiesta la agresividad del castrismo para impedir con procedimientos ilegales que los candidatos de la oposición se presenten, y otra que sí apoya la estrategia de que integrantes de la oposición se presenten en esas elecciones, porque la nominación se puede hacer directa. Y el día de la votación hay dos o más candidatos en la boleta, por lo que sí hay una elección».
Por ello, según González Arenas, «es mucho más fácil que la nación cubana encuentre un consenso en no participar en las elecciones para diputados a la ANPP; porque a la nación en pleno se le violan todos los derechos en el proceso electoral en que va a participar, desde la nominación hasta el día de la votación, donde no se elige, sino que se vota por una propuesta del Partido Comunista, donde no tienes elección porque hay un candidato para un puesto».
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En Camajuaní, Villa Clara, un oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar «Maykel» intercepta en la calle al activista Librado Linares, a quien le informa que tiene impuesta una medida de reclusión domiciliaria y que posteriormente recibirá una citación para presentarse ante los tribunales. El propio Linares dará a conocer el hecho. En Alquízar, Artemisa, la activista Diasniurka Salcedo denuncia que tiene vigilancia policial. Aun así, consigue salir a recorrer algunos colegios electorales de la zona y publica las imágenes en sus redes sociales, a lo que las autoridades responden cortando su servicio de internet por datos móviles.
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Las recientes votaciones para ratificar a los diputados a la ANPP fueron las primeras de su tipo tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, mientras organizaciones internacionales fijan en más de mil la cifra de presos políticos en el país. Por otra parte, Cuba acaba de atravesar el mayor éxodo migratorio de su historia, y la sostenida crisis económica, agudizada por las fallidas reformas económicas gubernamentales, mantiene a la población en una situación límite.
Las últimas convocatorias del régimen a las urnas han mostrado resultados de participación más bajos que los acostumbrados a lo largo de décadas. En el referendo del Código de las Familias, llevado a cabo en septiembre de 2022, acudió a votar el 74.01 por ciento de los electores, mientras que en los comicios para seleccionar a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular solo participó un 68.5 por ciento, el dato de concurrencia más bajo en la historia de las elecciones cubanas desde el triunfo de la Revolución.
En vistas de tal escenario, conversamos con el jurista cubano Julio Antonio Fernández Estrada sobre los motivos de un creciente número de cubanos para dar la espalda a procesos electorales que, históricamente, han contado con porcentajes de asistencia superiores al 90 por ciento.
«Son muchos los factores que han causado la abstención creciente en los últimos procesos electorales en Cuba, y no hay nada que indique que vaya a disminuir. Evidentemente, la más importante de todas es la crisis estructural del sistema económico y político cubano, la crisis migratoria, que es consecuencia de esos problemas y causa de estas respuestas políticas como la abstención», considera, en principio, el académico exiliado.
Hace notar a continuación que influye «la desconfianza en las instituciones, en los líderes de la burocracia y el funcionariado cubano, el Estado, el Gobierno y el Partido Comunista, para poder llevar al país por otros caminos, por otros derroteros que la gente espera hace décadas».
En opinión del exprofesor titular de la Universidad de La Habana, «el abstencionismo es un recurso normal, natural, y a la misma vez muy efectivo, de la población en cualquier lugar frente a sistemas políticos y sistemas electorales que no dan respuesta a sus problemas reales. Por razones diferentes, en diferentes sociedades, el abstencionismo ha crecido mucho. Cuba era una excepción en el mundo por razones que todo el mundo conoce: el tipo de Estado totalitario que es y la forma en que las elecciones no significan nada desde el punto de vista político institucional desde 1976».
«Estas son elecciones donde la cantidad de candidatos coincide con la cantidad de escaños que van a ocupar en la Asamblea Nacional, y eso hace que no sean competitivas. No cambian nada desde que se convocan. Lo que estaba previsto sucede, porque hay comisiones de candidatura que organizan esas listas. El sistema electoral en Cuba no incluye competencia, y eso hace que la gente pierda respeto al proceso, pero demora mucho, en un Estado totalitario, responder de manera contundente a este tipo de prácticas políticas, como los procesos electorales falsos», concluye Fernández Estrada.
Por su parte, la antropóloga y analista política cubana Hildra Landrove señala que, «a nivel de percepción pública, se trata de la pérdida de credibilidad del gobierno cubano, que se ha ido erosionando en los últimos años, y de manera muy radical de la pandemia para acá. La pérdida de credibilidad afecta especialmente a un régimen como este, que ha desarrollado una campaña de propaganda muy intensiva en la que presenta al gobierno cubano y a Cuba en general como un país que está luchando contra las dificultades, y que, así y todo, es un país que tiene una perspectiva de avanzar, de reconstrucción económica y de construcción de un proyecto político; algo que la realidad cotidiana demuestra que es falso».
Sostiene Landrove que «la discrepancia radical que hay entre el discurso que el gobierno enarbola diariamente y la realidad que los cubanos tienen que vivir es muy grande, y eso resulta en la pérdida de credibilidad. Creo que eso es una razón, y está sostenido en el absoluto colapso del modelo económico, social y político, que en lo político está acompañado de una represión cada vez más difícil, a medida que [el número de] las víctimas crecen. Y, en lo económico, está acompañado de una depauperación de las condiciones de vida. La consecuencia de ambas cosas es ese éxodo masivo que ha desangrado todavía más a las familias cubanas. Es una combinación de la realidad: un gobierno que demuestra que no tiene capacidad de transformar nada para bien. Hay otros factores, pero diría que estos son fundamentales».
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Informan que agentes del régimen cubano impidieron a la activista María Elena Mir participar como observadora electoral en el municipio Habana del Este. En tanto, trasciende la denuncia de que la activista Elsa Litsy Isaac fue detenida y golpeada cuando intentaba asistir en calidad de lo mismo al proceso comicial en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
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Los motivos por los que muchos cubanos han rechazado estos procesos electorales en los últimos años parecen claros, pero, ¿qué mensaje intentan mandar al poder con la opción de participar en sus comicios?
El abogado cubano Eloy Viera, director legal del Colectivo +Voces, considera que «es la manera más coherente para la población de mostrar una desconexión política con el modelo […], porque acudir a las urnas implica, directa o indirectamente, aunque se anule la boleta o se deje en blanco, participar, o al menos en la teoría que el gobierno diseña, apoyar al modelo político. Basta ver las reacciones de Miguel Díaz-Canel, quien utiliza el porciento de participación y el voto unido como símbolo de reafirmación del sistema».
«La abstención, es el mensaje claro, autopercibido por el régimen, pero también por la ciudadanía de forma general como un rechazo menos riesgoso al sistema, porque sabemos que cualquier rechazo al sistema es riesgoso en el caso cubano», prosigue el jurista. «La muestra de eso es que el domingo desplegaron cualquier técnica para acarrear a la mayor cantidad de gente hacia las urnas, y por eso es que digo que el no votar es la posición política abiertamente contraria al régimen menos riesgosa, porque no implica necesariamente ocupar espacios públicos, hacer declaraciones expresas en contra del régimen. Pero es algo que todo el mundo sabe, a la larga, implica una desconexión o un no apoyo al régimen, que es […] el inicio de la destrucción de las bases sociales de los regímenes totalitarios. El hecho de que la gente deje de utilizar su institucionalidad, sus estructuras, o lo que entiende como mecanismos legitimadores».
«Yo creo que el mensaje fundamental de las personas que se abstuvieron el 26 de marzo fue no quiero más totalitarismo, no me sirve, no me identifico con un proceso como este porque entiendo que participar no cambiará sustancialmente mi vida, por lo que prefiero ignorarlo antes que validarlo», opina Viera.
Para el político socialdemócrata y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, «el mensaje es sencillo pero poderoso: somos una sociedad hastiada, diversa y plural necesitada de un sistema político pensado y diseñado para el límite, la labilidad e incertidumbre de nuestras vidas biológicas y no concebido para la eternidad de nuestras vidas utópicas. En las que, curiosamente, el poder vive hoy la realidad burguesa que niega y pospone para los demás».
A su vez, el historiador Dimas Castellanos lo formula así: «El mensaje es claro. ¡Estamos despertando! El sistema está agotado, la salida de la crisis no está en aliarse con Rusia ni en anunciar nuevos paquetes de medidas, tampoco en seguir gastando recursos en los recorridos de los candidatos por todo el país; sino en la restitución de las libertades políticas y económicas».
«Por todo ello», observa, «aunque el gobierno falsifique las cifras para dar la imagen de victoria, la no asistencia a los colegios electorales ha sido tan visible que la mayoría del pueblo, incluyendo a los que custodian los colegios electorales, sabe que los datos no responden a lo ocurrido realmente. Aunque insistan en hablar de unidad, de partido único, y de defensa ante el enemigo, el hecho concreto es que cada vez son más los cubanos que rechazan el sistema electoral y al gobierno».
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Sonia Álvarez Campillo, miembro de las Damas de Blancos, es detenida en el municipio de Perico, Matanzas, cuando se dirigía en la mañana hacia la iglesia a pedir libertad por su hija y por su esposo, ambos presos. También sus compañeras Caridad Burunate y Maritza Acosta son arrestadas durante varias horas en el municipio matancero de Colón; el objetivo: impedirles asistir a misa.
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Pese al incremento de la abstención en los últimos años, gran parte de la ciudadanía sigue temiendo a las represalias por ausentarse a los procesos electorales. Al respecto también consultamos al jurista cubano Julio Antonio Fernández Estrada.
«Las represalias que puede sufrir la gente por no ir a votar son políticas, no jurídicas, porque en Cuba el voto es un derecho, no una obligación y, contrario a lo que han dicho algunos medios oficiales, la promoción del abstencionismo tampoco es un delito. Lo que es delito en Cuba es que un funcionario con responsabilidades en el proceso electoral haga promoción de la abstención; pero un elector común y corriente puede promover la abstención sin que sea delito, y a la misma vez puede decidir cualquier postura frente a la elección: puede no asistir, votar unido, o por un solo candidato, anular la boleta o dejarla en blanco», explica catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Romano.
No obstante, indica el experto que «la forma en que el gobierno puede reaccionar frente a la abstención es [mediante] un control político anterior y también posterior. La experiencia mía en Cuba es que mientras más personas se abstienen, menos posibilidades de represión posterior existe, porque estamos hablando de una imposibilidad real política del sistema de reprimir a millones de personas. Pero jurídicamente no tienen ningún tipo de posibilidades de reprimirlas».
«La gente teme todavía, pero cada vez menos», añade Fernández Estrada. «Reciben presiones en sus casas, de sus mismos familiares, amistades, de personas que piensan que pueden tener consecuencias en sus trabajos. Existe una mitología en Cuba de que los brazos de la represión pueden ser más largos de lo que son. Siempre hemos creído que hay una represión más inteligente y efectiva de lo que es; lo que nos ha provocado que temamos más de la cuenta y nos censuremos más de la cuenta. De todos modos, el temor existe todavía. Ahí están los números del abstencionismo creciente y de otras cuestiones no positivas a las elecciones, como son las boletas en blanco y anuladas, que van creciendo en cada elección, pero tenemos que decir que sí, que existe el temor, y que miles de personas siguen votando porque piensan que los están mirando en el momento del voto, o que les van a revisar sus boletas, por lo que sigue creciendo ese mecanismo de presión del estado».
El también jurista Eloy Viera apunta a su vez que «hay mucho que no es infundado». Y explica: «Está clarísimo que, aunque no haya represalias legales o violencia explícita, como ha sucedido contra otros opositores que han ocupado espacios públicos, el no votar ha sido visto como un mecanismo de estigmatización. Una muestra de eso es que hay gente que ha sido obligada durante la semana previa al fin de semana de las votaciones a firmar compromisos en sus centros de trabajo, a reportarse en sus centros de trabajo después del voto. Ello que indica que una parte nada despreciable de la sociedad cubana está siendo controlada por medio del salario, y ha sido coaccionada para que participe en las elecciones».
«La gente sigue viendo la no participación como una conducta que les puedes traer consecuencias no penales, pero sí para su vida», prosigue Viera, «porque la estigmatización social, el hecho de convertirse en un target vigilado por la Seguridad del Estado, o simplemente [ser señalado] como una persona reacia e incómoda al interior de un centro laboral que está controlado por las mismas estructuras que controlan el sistema electoral, es un temor grande».
El divulgador jurídico cubano sigue creyendo que «hay un porciento muy alto de la gente que va a votar de forma autónoma, para evitar esos mismos cuestionamientos y consecuencias, que no son infundadas. Pero también debo decir que se acabaron los 90 por ciento de participación. Y, aunque ahora mismo la propaganda oficial diga que tres de cada cuatro cubanos apoyan al régimen, yo creo que hay que verlo de forma contraria: que según las cifras oficiales uno de cada cuatro cubanos ha roto con el régimen».
«La cifra lo que indica», subraya Eloy Viera, «es que uno de cada cuatro cubanos no tiene espacio en la vida política del país, y esa es una cifra considerable para un régimen que se precia de ser inclusivo. Hay un cuarto de la población cubana, aunque yo creo que es más, que no se siente incluida en su modelo; por lo tanto, está siendo discriminada».
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El activista Juan Luis Bravo Rodríguez denuncia que miembros del Partido Unión por Cuba Libre y del Proyecto Emilia, así como integrantes del ejecutivo nacional de la organización, se encontraban bajo vigilancia policial desde el sábado 25 de marzo. En La Habana, los activistas cubanos Bárbara Farrat Guillén y Orlando Rodríguez Cutiño, padres del manifestante del 11-J Jonathan Torres Farrat, son sitiados en su vivienda por agentes policiales. Trasciende que el periodista independiente Ángel Cuza Alfonso está igualmente bajo vigilancia.
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El lunes 27 de marzo, la presidenta del CEN, Alina Balseiro Gutiérrez, informa que en los comicios destinados a ratificar a los 470 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular votaron seis millones 164 mil 876 personas, lo que representa un 75.92 por ciento del padrón básico de ocho millones 120 mil 72 electores.
Las cifras muestran una caída de diez puntos en la participación respecto a los anteriores sufragios de diputados a la ANPP, desarrolladas en 2018, cuando las autoridades cubanas reportaron una participación del 85.65 por ciento. Es importante aclarar que en ningún caso el conteo de votos pudo ser auditado por observadores independientes ni organizaciones neutrales.
Poco antes de las 6:00 p.m., hora del cierre de las urnas, el CEN informó que estas se mantendrían abiertas una hora más, lo que contraviene la Ley Electoral vigente, que solo permite estas prórrogas en casos excepcionales, vale decir, por razones de fuerza mayor. Las autoridades cubanas no dieron ninguna explicación al respecto.
Tras la divulgación de los datos, las organizaciones Observadores de Derechos Electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales publicaron una declaración conjunta donde definieron estos comicios como «los más irregulares de su historia desde que estos se iniciaron en 1976».
En el documento, esas entidades independientes del gobierno cubano señalaron violaciones a la Ley Electoral 127; por ejemplo, la «no publicación de los padrones electorales con el tiempo de antelación requerido», así como la existencia de «colegios electorales en los que aquellos no fueron colocados a la vista de los electores, o colegios electorales en los que votaban personas no inscritas».
El texto también denunció que en estas elecciones se procedió a la «eliminación de electores que gozan de todos sus derechos civiles y políticos, incluido el requisito, contradictorio con la Ley y la Constitución, de residencia efectiva para otorgar el derecho al voto a ciudadanos cubanos que poseen residencia en el país legalmente reconocida».
Por otra parte, estos observadores cuestionaron que se asumiera «como normal la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores, una forma de coacción del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los centros de votación».
Finalmente, señalaron que «se introdujo una práctica en contradicción con la naturaleza cívica del voto, en el que el acto de votar surge del compromiso social de los electores con el sistema político, no de las promesas de beneficios materiales. El concurso electoral a través de las redes sociales, premiable con computadoras, teléfonos móviles o vacaciones pagadas se agrega a la realización de ferias de ventas de mercancías a precios irreales y extra mercado para la incitación instantánea del voto, una práctica política que atenta contra los valores cívicos y de ciudadanía».
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En la capital provincial de Camagüey personas vestidas de civil vigilan la vivienda de la periodista Iris Mariño, mientras que en el municipio habanero de Plaza de la Revolución agentes de la Seguridad del Estado impiden a Manuel Cuesta Morúa y a María Mercedes Benítez salir de casa para hacer observación electoral. Por su parte, los activistas Ada Iris Miranda Leyva, Ana Iris Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva denuncian la aparición de un operativo de vigilancia en los alrededores del albergue de AZCUBA, en Holguín, donde se encuentran.
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El contraste entre algunas imágenes de colegios electorales vacíos y las cifras reportadas por las autoridades cubanas incrementó los cuestionamientos sobre el proceso electoral y la sospecha de fraude.
Cuesta Morúa no confía en los reportes del gobierno: «La distancia entre el país de las cifras electorales y el país del comportamiento electoral real es grande, visible», afirma, y agrega que una participación semejante a la reportada por las autoridades cubanas «supondría colas en algunos colegios electorales (de las que no hay imágenes oficiales)».
«Además, extienden la votación, sin razones de fuerza mayor, para intentar lograr una mayor asistencia, lo que supone una cifra extralegal si algunos votantes acudieron a las urnas después de las 6:00 p.m. Desde esa perspectiva, ¿por qué no seguir votando hasta las 12 de la noche? Lo que antes suponía una manipulación cerrada, oculta tras las altas cifras de participación, hoy se convierte en una manipulación abierta, oculta por el control del escrutinio ante la realidad de las urnas vacías. Le están mintiendo al país en la cara del país», sentencia Cuesta Morúa.
Por su parte, el periodista y activista cubano José Raúl Gallego parte de que «la veracidad de toda cifra que no se puede auditar de manera independiente es cuestionable, en cualquier sistema». Desde su punto de vista, «el principal problema con esto no está ni siquiera en la cifra, sino en el propio diseño del sistema. Independientemente de que cuenten o no los votos que se emitan de manera verídica, el propio diseño del sistema es fraudulento, antidemocrático; no permite competición, está regentado por un solo partido, usa la represión sistemáticamente, incluso cuando no hay elecciones, para cohibir el disenso».
«El sistema es fraudulento independientemente de lo que hagan después con las cifras, que, al no ser auditables, pueden hacer lo que quieran», enfatiza el exprofesor de la Universidad de Camagüey. «En esta ocasión, además, ha contrastado con lo que han visto las personas en los colegios electorales y las calles, que es muy poca participación. Sin embargo, ellos reportan un 75 por ciento, y la sociedad civil no tiene cómo refutarlo, porque no hay cómo acceder a una muestra representativa para poder comprobarlo».
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Durante la jornada electoral del 26 de marzo de 2023, la organización jurídica Cubalex registró más de 30 actos represivos por parte de las autoridades cubanas contra ciudadanos, activistas, opositores y miembros de la sociedad civil.
El mandatario y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ese mismo día ensalzó en un tuit a los agentes de la Seguridad del Estado. El lunes a mediodía, presentó en la misma red social el 75.9 por ciento de participación reportado por el CEN como una victoria, pero no pudo hacer caso omiso a las acusaciones de fraude. Y escribió: «En cuanto a quienes nos desconocen y nos adversan, quienes subestiman e irrespetan la fuerza de este pueblo, cubanamente les repito: nos resbalan sus criterios».
