A Gloria Almanza Céspedes la mataron.
Era maestra, madre de dos hijas y abuela. En Los Mangos, un barrio de San Miguel del Padrón, La Habana, le decían «La China». Era una mujer espiritual. Había acudido ante las autoridades para denunciar a su expareja, un hombre con antecedentes de violencia y conductas abusivas contra otras mujeres. La noche del 1 de mayo, ese mismo hombre que un día le juró amor la asesinó dentro de su casa.
A Gloria, víctima de feminicidio, la institucionalidad le falló. No fue solo el arma blanca sobre su pecho lo que propició su muerte. Su verdugo no fue solo su expareja, fue también el Estado. Un Estado que, ese mismo día, desde horas tempranas, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y con Miguel Díaz-Canel a la cabeza, marchó —de forma atípica— desde la Plaza de la Revolución hasta la Tribuna Antiimperialista para exhibir una supuesta voluntad inquebrantable de defender al país.
Una institucionalidad, cada vez más alejada de «los mártires de Chicago» y más próxima a quienes entonces ajustaron la soga.
Menos de 15 días antes del asesinato de Gloria, la plataforma feminista independiente Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) anunciaba el cierre de su Observatorio de Feminicidios, citando «desgaste emocional y mental», «falta de recursos humanos y materiales» y un «contexto represivo, de censura y crisis humanitaria».
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La fecha es noviembre de 2016. Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), es invitada a Buenos Aires por el Ministerio de Educación en el marco del programa de Intercambio sobre Buenas Prácticas en Educación Sexual Integral (ESI). La psicóloga de formación decide otorgar una entrevista al diario Tiempo Argentino que sería reproducida por otros medios nacionales.
«¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en la isla hoy?», le preguntaron, y ella respondió: «Se ha trabajado en el empoderamiento […] Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la Revolución».
El femicidio nombra el asesinato de una mujer por razones de género. El feminicidio —concepto politizado por la antropóloga y feminista mexicana Marcela Lagarde— va un paso más allá: no solo señala el crimen, sino a las estructuras estatales que permiten que esa violencia ocurra y se repita.
Para Mariela Castro, no existía en la Cuba de 2016 ni una cosa ni la otra. Sin embargo, los propios datos oficiales terminarían contando otra historia.
La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, publicada por el gobierno cubano en febrero de 2019, reveló que en 2016 unas 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Pocas años después de aquella entrevista en Tiempo Argentino, frente a más de 200 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el presidente Miguel Díaz-Canel y su propio padre en la sala, Mariela Castro pidió incorporar el «delito de feminicidio» al artículo 345 del nuevo Código Penal.
El Código Penal quedó aprobado por el Parlamento por unanimidad en mayo de 2022, y entró en vigencia en diciembre de ese año. El feminicidio como categoría jurídica no fue incluido en el texto final. [Ovación del oficialismo]. También quedaron fuera los delitos de violencia vicaria, digital, política y obstétrica. [Más hurras del oficialismo].
Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) —la primera organización feminista para el apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia de género en la isla— llegó antes de la petición de Mariela Castro, mucho antes.
«La plataforma surgió en 2019, de forma espontánea, y sus principales servicios no se concretaron hasta 2020», explica YSTCC a El Estornudo.
En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando muchas mujeres y menores de edad se vieron obligadas a permanecer encerradas con sus agresores, un grupo de activistas decidió trabajar desde el anonimato para acompañar y brindar atención legal, psicológica y apoyo social a quienes atravesaban situaciones de violencia machista.
Se puso en práctica un «Protocolo de acompañamiento» y, en marzo, lanzaron una línea telefónica para dar asesoría —la línea del gobierno llegaría en el mes de julio y tardaría mucho más en implementarse. La base de datos del observatorio llegaría en noviembre de aquel año como continuación de las tareas iniciales.
«La pandemia y el confinamiento extremo que el régimen impuso a la población aceleraron el surgimiento de estos servicios como parte inevitable de una respuesta integral frente a la violencia de género», precisa YSTCC. «De hecho, en los primeros registros de 2020 se especificaba si el feminicidio había ocurrido en confinamiento o no. Fueron años muy duros para el país, sobre todo para las mujeres y las niñas».
El primer caso citado en su página web es el de una «mujer sin identificación»: un cuerpo sin vida hallado el 13 de enero en las ruinas del cine Neptuno, en el municipio capitalino de Centro Habana. Las imágenes fueron divulgadas en distintos medios y abrieron un debate sobre la revictimización en la prensa.
A aquella mujer anónima le seguirían estos nombres: Nathalee, La Gallega, Ana Mirella, Yamila —y sus dos hijas menores de edad—, Yineidy, Beatriz, Gisel, Panchita, Abigail, Yisel y su pequeña Yulia —de tan solo 24 meses de vida—, Amarilis, Mailin, Diana, Sonia, Raidelis, Sandra, Cary, Yurislaidis, Daneyis, Dania, Elisabeth…
El observatorio de YSTCC verificó en su primer año un total de 32 feminicidios en Cuba.
Con el tiempo, las metodologías de verificación se fueron perfeccionando gracias a una combinación de la clasificación del Ministerio de Igualdad de España y procedimientos consensuados entre activistas de los países latinoamericanos que integran MundoSur. Para dar por verificado un caso, se exigían tres fuentes distintas que, en el contexto cubano, eran principalmente comunitarias y familiares, siempre bajo la premisa de que el trabajo, en sí, constituía un «subregistro» debido a las propias limitaciones del activismo independiente en la isla y la opacidad de los datos oficiales. Las cifras reales podrían ser mucho más altas.
«El Observatorio de YSTCC se centraba en la violencia feminicida, por lo que registraba feminicidios, intentos de feminicidio, asesinatos de hombres por motivos de género y feminicidios de cubanas en el exterior. También se creó la categoría “Se necesita acceso al informe de investigación” para aquellos casos en los que no se podía concluir si se trataba o no de feminicidios», detallan hoy sus integrantes.
Entre 2019 y 2025, junto con el Observatorio de Alas Tensas (OGAT), se verificaron 315 feminicidios, instalándose así en la agenda pública una discusión necesaria sobre la violencia machista en la isla y obligando al propio oficialismo —y, sobre todo, a la Federación de Mujeres Cubanas— a tomar medidas para la protección de los cuerpos feminizados y sus descendencias.
En junio de 2023, la Federación presentó su propio sistema de monitoreo: el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG).
En su primer informe, el organismo reportó que durante 2023 se habían juzgado 60 casos de asesinatos de mujeres de 15 años o más a manos de parejas, exparejas u otras personas. La cifra, construida a partir del sistema de información estadística del Tribunal Supremo Popular, quedaba por debajo de los registros de los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, que ese mismo año registraron, al menos, 89 feminicidios.
El OCIG hablaba no de asesinatos, sino de casos judicializados en 2023. Es decir, podía incluir crímenes cometidos en años anteriores y, al mismo tiempo, dejar fuera aquellos expedientes aún en investigación, archivados o que nunca llegaron a juicio
La metodología oficial abrió nuevas zonas grises y, de hecho, dificultó la medición del verdadero alcance de políticas públicas supuestamente orientadas a prevenir y atender la violencia de género en el país. Y en ningún momento aparecieron en su narrativa las palabras femicidio o feminicidio.
«Lo que documenta el observatorio oficial es muy sesgado y fragmentario. De hecho, ni siquiera se sabe cuál es el concepto o las tipologías que utiliza para elaborar sus estadísticas. El Estado cubano es feminicida, y eso lo demuestra el hecho de que no previene, no tipifica ni protege frente a la violencia feminicida», sostiene YSTCC. «Sigue siendo el activismo quien nombra, documenta y cuenta los feminicidios en Cuba».
Las últimas estadísticas publicadas por el OCIG corresponden a 2024.
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«Infinitas gracias a todas las personas que alguna vez formaron parte del observatorio, en especial a las familias sobrevivientes que nos abrieron su corazón en los momentos más duros», escribió YSTCC el 15 de abril pasado en Facebook, tras darse a conocer su cierre.
«Si conoces algún caso de violencia extrema de género», agregaron las activistas, «contacta al Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT)».
La decisión no implica la desaparición del trabajo de acompañamiento ni de la Línea de Apoyo sostenida por la organización. Pero, según ellas mismas, el cierre supone una pérdida de integralidad y la dispersión de una red formada y capacitada cuyos nodos hoy encaran otras urgencias para sobrevivir.
En 2026, Cuba atraviesa un escenario crítico. No solo por el colapso del sistema electroenergético y la escasez de combustible. También son tiempos de penumbra para los cuerpos feminizados.
Hasta el 23 de mayo, el OGAT había verificado 26 feminicidios en la isla, además de 18 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género. Asimismo, la organización mantenía bajo investigación otros ocho posibles feminicidios y tres intentos de feminicidio.
Aun con el artículo 43 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger a las mujeres frente a la violencia de género y a crear mecanismos institucionales y legales para enfrentarla, con una «Estrategia Integral de Prevención y Atención», vigente desde diciembre de 2021, y con un Código Penal que contempla sanciones —desde penas variables de prisión hasta la cadena perpetua o la pena de muerte— para «quien mate a otra persona por motivo de discriminación de género», la realidad es que nos siguen matando.
Tal como ha dicho la académica y ensayista cubana Mabel Cuesta, «la credibilidad de las instituciones solo se construye a base de efectividad». Y, hasta el momento, la respuesta del gobierno cubano —firmante de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (1979) y del Compromiso de Buenos Aires (2022)— no ha sido otra que seguir pateando hacia adelante la discusión de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
En noviembre de 2019, un grupo de 40 cubanas presentó una propuesta para implementar un sistema integral de prevención y atención capaz de garantizar el acceso a la justicia y preservar la vida de las mujeres. El proyecto, que además contemplaba refugios y casas de acogida para víctimas, así como programas de sensibilización dirigidos a mujeres, agresores e instituciones, permanece fuera del cronograma legislativo, al menos, hasta 2028.
Faltan 48 meses, en medio de una crisis que no parece mermar en ningún horizonte cercano, para una discusión que, por otro lado, tampoco garantizaría una implementación real.
Mientras tanto, en un país sin luz, donde históricamente el peso de los cuidados familiares ha recaído sobre los hombros de los cuerpos feminizados, hay que preguntarse: ¿qué cosas terribles ocurren cuando falta lo más básico?; ¿a qué extremos nos abocamos cuando la escasez y la frustración toman figura humana y comienzan a habitar, como un miembro más, la casa familiar y las calles?
En septiembre del pasado año, YSTCC alertaba sobre la precariedad en que los apagones constantes colocan a los cuerpos feminizados y a las personas de la comunidad LGBTIQA+.
«Cuando no hay electricidad, aumentan los espacios de aislamiento: no funcionan los teléfonos para pedir ayuda, se reducen los servicios de salud y apoyo comunitario, la falta de transporte y alumbrado público dificulta escapar o acudir a un lugar seguro, y con la ansiedad y el estrés creciendo dentro de los hogares, también aumenta el riesgo de agresiones», advirtieron en redes las activistas. «Urge mirar esta situación con perspectiva feminista e interseccional, reconocer sus impactos diferenciados y exigir medidas que prioricen la protección y el acompañamiento».
Hoy, en Cuba, son las mujeres quienes proveen mucho de lo que no garantiza el Estado. Heroínas silenciosas de la doble, triple o cuádruple jornada que, con demasiada frecuencia, terminan en mártires.
Por eso, en 2026, en un país de penumbras, es importante que entendamos que no solo cerró un observatorio feminista. Se ha clausurado una de las pocas vías para impedir que nuestras muertas desaparezcan dos veces.
Digan sus nombres. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria.
