Cuando a fines de 2020, en medio de la pandemia del COVID-19 el gobierno cubano anunció la llamada Tarea Ordenamiento, consistente en la devaluación oficial del peso cubano en dos mil 300 por ciento, varios economistas dijimos que era un error establecer una tasa oficial de 24 pesos cubanos (CUP) por dólar estadounidense (USD) porque ya en aquel momento en el mercado informal la divisa estadounidense se estaba cotizando a 35-40 CUP a falta de oferta en las casas de cambio oficiales. En la última semana, el dólar en efectivo ha oscilado en el mercado informal entre 115 y 118 CUP y el dólar en depósitos bancarios (MLC) entre 114 y 124 CUP.

Mi reacción frente al anuncio previo en el que aún no se informaba cuál sería la tasa oficial fue que no tenía sentido ni apreciar el peso cubano, ni mantenerlo a la tasa previa y que lo más lógico sería acercarlo, mediante una devaluación, al tipo del mercado informal que era el único que existía. Además, en aquel momento advertí que no era adecuado establecer un tipo de cambio fijo sobrevalorado, que significa que la moneda nacional vale más de lo que debería valer de acuerdo con las condiciones del mercado. En consecuencia, consideré una mejor opción establecer una tasa flexible que pudiera corregirse automáticamente por las reglas de la oferta y la demanda. 

Sin embargo, con independencia del error de diseño, las autoridades cubanas cometieron otro error garrafal. Una medida que implicaba una devaluación considerable de la moneda nacional fue adoptada en medio de la pandemia, en un momento de grave crisis económica, cuando los ingresos de divisas del país estaban en niveles mínimos por la parálisis del turismo internacional, una de las principales fuentes de ingreso del país, unido a una profunda crisis estructural del tejido productivo del país, es decir, en medio de una crisis de oferta.

La medida significó un incremento notable de la emisión de pesos cubanos debido al reajuste de salarios y pensiones que, no obstante, continuaron siendo insuficientes para satisfacer las necesidades de consumo de la población. Si una autoridad monetaria emite dinero que no tiene respaldo en la oferta de bienes y servicios, el resultado inmediato es un aumento del nivel de precios. Y los precios han crecido de forma acelerada, con el consecuente deterioro de la capacidad adquisitiva de la población. 

A esto debe añadirse la decisión de abrir tiendas en las que solo podían adquirirse bienes y servicios en monedas libremente convertibles (MLC) depositadas en cuentas bancarias, lo cual ha sido un aspecto adicional que ha conducido a la devaluación del peso cubano en el mercado informal ante la demanda creciente de bienes que se comercializan en ese mercado porque su oferta no existe en el mercado que opera en la moneda nacional. En la práctica, esta situación reproduce la dolarización parcial de la economía que ya se había utilizado en los años noventa durante el llamado Período Especial.

Siempre he sido crítico de la dualidad monetaria porque las cosas a medias salen mal. O el peso cubano mantenía su plena soberanía o era mejor dolarizar o euroizar toda la economía. En cualquiera de los dos casos, había que contar con la aceptación y una serie de acuerdos con los emisores, lo cual hacía imposible la primera opción y muy difícil la segunda. Adoptar una moneda foránea como propia tiene la desventaja de que la política monetaria deja de ser un instrumento de política económica del país y la circulación monetaria depende estrictamente de la capacidad de inserción internacional del país. Dicho de una manera más simple, depende de los ingresos de divisas que el país sea capaz de generar. Es decir, la economía doméstica se pone en función íntegramente del sector externo. Por otra parte, tiene la ventaja de que el país se obliga a una disciplina fiscal y monetaria que le impide monetizar los déficits con emisión monetaria excesiva, y los precios domésticos estarían en el entorno de los precios del emisor. 

Usar la variante intermedia, que significa segmentar los mercados que operan en monedas diferentes, es erróneo tanto desde el punto de vista económico como político. Desde el punto de vista económico, limita la soberanía del peso cubano para cumplir las funciones del dinero en el territorio nacional y como tal lo desvaloriza como medio de pago y como activo de reserva, y es un factor adicional de depreciación. Toda vez que para satisfacer necesidades esenciales sea necesario acudir a la divisa extranjera, ello incrementará su demanda y, por tanto, su valor relativo. Como quiera que es más rentable producir para el mercado que vende en divisas, los productores carecen de los incentivos suficientes para ofrecer sus productos en el mercado que opera en moneda nacional, desconectado relativamente del que opera en divisas extranjeras por la inexistencia de un mercado formal de divisas. Desde el punto de vista político, una medida de esta naturaleza es un error gravísimo porque margina a un segmento importante de la población que no tiene ingresos en divisas ni forma de obtenerla, y además significa como opción depender de la ayuda de familiares radicados en el exterior o emigrar. 

Durante estos dos años, diversos funcionarios gubernamentales han argumentado: 1) que la apertura de las tiendas en MLC era imprescindible porque no había otra forma de adquirir divisas necesarias para importar bienes; 2) que no había forma de vender divisas a la población porque sencillamente no las había; y 3) que el tipo de cambio que producía el mercado informal —llamado también ilegal por los funcionarios— era especulativo y marginal porque el mayor movimiento de divisas estaba determinado por las operaciones de comercio exterior, las exportaciones de servicios profesionales y el turismo. 

Esto solo es parcialmente cierto en la circunstancia de una economía donde el Estado goza del monopolio de algunas actividades afectando por ello a la sociedad en su conjunto, sin embargo, no tiene por qué serlo si la economía cubana no estuviera constreñida por una serie de restricciones burocráticas que frenan la expansión de las fuerzas productivas y el funcionamiento adecuado de los mercados. 

La existencia de tiendas en MLC responde a la necesidad de las autoridades de continuar controlando monopólicamente las redes domésticas de comercialización. Si estas estuvieran abiertas a la inversión privada o a la formación de cooperativas, serían los propietarios privados o asociados los que tendrían que gestionar los suministros para poder funcionar, y claro que ante la parálisis de la producción nacional deberían acudir a un mercado libre, formal y transparente de divisas para poder realizar sus importaciones libremente y vender los productos importados en moneda nacional. Pero en este caso, el gobierno perdería su lucrativo monopolio del comercio minorista.

Un mercado formal y transparente de divisas, en el que el tipo de cambio no fuera fijo, implicaría, dadas las condiciones actuales, una tendencia a la devaluación de la moneda nacional, y en consecuencia los bienes importados tendrían precios altos y crecientes en correspondencia con la devaluación. Ello constituiría una oportunidad para los productores nacionales, cuya producción podría sustituir importaciones y, de paso, generar empleo y el crecimiento de la economía. Para ello, sin embargo, habría que crear las condiciones necesarias para que aparecieran nuevas empresas, no precisamente las excesivas restricciones impuestas en los decretos sobre cooperativas no agropecuarias y micro, pequeñas y medianas empresas que se adoptaron solo después de las protestas sociales del 11 de julio.

Recientemente, el gobierno ha anunciado la reapertura del mercado formal de divisas para la compra-venta requerida por la población y los turistas a un tipo de cambio «diferenciado» que, muy probablemente, será cercano o igual al informal. Queda claro que las autoridades están detrás de las rentas que produce el mercado informal, hacia el que se canaliza toda la divisa que entra al país por vía de remesas informales o por los gastos de los turistas dentro del territorio nacional. Sin embargo, esto en la práctica establece tipos de cambio múltiples, que crearán nuevas distorsiones en la economía. 

El tipo de cambio oficial sobrevalorado e irreal seguirá funcionando en el importante sector de la economía administrada por el Estado que resulta transable internacionalmente y afectará a los exportadores tanto privados como estatales porque los dólares que ingresan por esa vía, a través del mecanismo obligatorio del comercio exterior monopolizado por el gobierno, se convertirán a la tasa de 24 CUP y al mismo tiempo los importadores requerirían esos mismos 24 CUP para importar bienes desde el exterior. Mantener una tasa de cambio sobrevalorada contradice uno de los objetivos principales de las medidas anunciadas que es incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, porque en esas circunstancias las exportaciones nacionales se encarecen con relación a bienes similares producidos por otros países y las importaciones se abaratan respecto a los bienes similares de producción nacional.

En materia monetaria y cambiaria, Cuba necesita asegurar la soberanía del peso cubano en todas las transacciones dentro del territorio nacional y, al mismo tiempo, contar con un sistema de tipo de cambio único flexible, establecido por el mercado, y que funcione para todas las transacciones y pueda ser regulado con la intervención económica del Banco Central para evitar las presiones especulativas. La teoría económica y la experiencia histórica demuestran la inconveniencia de utilizar tipos de cambio múltiples que distorsionan los precios relativos en la economía y que, debido a su uso discrecional, fomentan la corrupción. Es hora de ponerle fin a medidas ineficaces, mientras el país vive su mayor crisis en 30 años y la población continúa sufriendo el agobio de una vida cotidiana carente de esperanza.