A medio siglo después del golpe militar, Chile continúa la lenta digestión política de aquella jornada en que se cruzaron estrepitosamente los destinos de Salvador Allende y Augusto Pinochet.

Esta semana se conmemoraron cinco décadas del golpe de Estado en Chile. Hubo actos oficiales y símbolos ciudadanos en recuerdo de las víctimas de la dictadura civil y militar (1973-1990). Aquel 11 de septiembre de 1973 aún gravita sobre las estructura socio-políticas del país. Nada ha sido olvidado. Las izquierdas y los espacios más progresistas de la ciudadanía han sido categóricos respecto al cuidado de la democracia y los derechos humanos, mientras que las derechas más conservadoras han navegan a menudo entre omisiones y titubeos cercanos al pinochetismo.

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El robusto acto de conmemoración que organizó el gobierno del presidente Gabriel Boric entró en un absoluto silencio a las 11:52 de la mañana. La hora exacta en que hace medio siglo fueron bombardeados fachadas, balcones y patios del Palacio Presidencial de La Moneda. Las imágenes del edificio estallando, entre llamaradas y humaredas, es parte de la memoria colectiva nacional.

El plan militar que se ejecutó ese mañana se denominaba «Operación Silencio»; el mismo que ha perdurado durante medio siglo entre muchos victimarios de la dictadura. Son alrededor de 40 mil las víctimas registradas por comisiones investigativas y agrupaciones de derechos humanos, y aún miles de familias desconocen el paradero de los restos de sus seres queridos, ejecutados y desaparecidos por las fuerzas armadas y sus cómplices civiles.

Boric ha oficializado un Plan Nacional de Búsqueda que rompe con los pactos de silencio forjados tras el retorno de la democracia. 

Rosa Ávila, de 61 años, agradece este nuevo plan; recuerda con frustración los anteriores y, sobre todo, lo dicho por un presidente apenas se restauró democracia: «Verdad y justicia en la medida de lo posible».

Ella es nieta, sobrina e hija de ejecutados y torturados políticos. Luego de que su padre lograra sobrevivir al centro de detención llamado Cerro Chena, se marcharon al exilio en Francia, donde vivieron los siguientes 30 años. En su pecho cuelga una foto de ellos. Fernando, Roberto y David. 

Su abuelo, Fernando, era pastor evangélico y dirigente social, según el relato que ha compilado entre compañeros de detención. Él gritó incansablemente que aquello era pecado, que no era de Dios tratarse así entre hermanos. «Los milicos le gritaban que se callara; entonces él se puso a cantar una canción religiosa». Fue ahí que «entraron a su celda y le cortaron la lengua para que dejara de hacerlo», relata Ávila con voz entrecortada.

Mientras se compone, dice: «Tengo la misión de contar esta historia para que nunca más se repita». A lo lejos un grupo de mujeres jóvenes canta y baila 50 veces la cueca sola, un baile típico que se volvió símbolo de resistencia durante la dictadura de Pinochet.

Más allá un grupo de artistas tiñe de rojo el agua de una pileta. Se bañan desnudos para recordar a los detenidos que fueron lanzados vivos al mar. 

Una joven se pasea con un vestido de novia. En su cola hay decenas de nombres de aquellas mujeres que nunca más volvieron a ver a sus parejas. En esa manzana circulan otros dos jóvenes con una imagen gigante de Salvador Allende.

Algunas de las mujeres y otros familiares de desaparecidos se abrazaron durante ese minuto de silencio, y las fotos que llevaban colgadas en sus solapas se unieron inexorablemente. Otras personas sostuvieron con fuerza un clavel rojo, símbolo de respeto a los muertos en dictadura. Muchas habían participado la noche anterior en una cautelosa y emocionante marcha con velas blancas; rodearon el Palacio de la Moneda y gritaron al unísono un estremecedor «Nunca más».

En las primeras filas de asientos, cerca del escenario, estaban representantes de las Abuelas de la Plaza Mayo (en Argentina), la cantante Mon Laferte y el guitarrista Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave). Asimismo, familiares de Salvador Allende que en la actualidad ocupan cargos de elección popular o bien de confianza en el gobierno. Junto a ellos estaban los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Mandatarios y representantes de gobiernos extranjeros junto a ciudadanos de pie que llegaron muy temprano para mostrar sus respetos.

Fue la primera vez que un gobierno conmemoró el 11 de septiembre con dos días de actividades y duelo nacional. Se iluminó la fachada de La Moneda con imágenes de detenidos desaparecidos y se pusieron sus nombres en el jardín de la entrada principal; se honró la figura de Allende con un memorial al costado del Palacio y se expusieron en una cajita de cristal los zapatos que usó el día de su muerte en pleno bombardeo.

«Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre, y entrar al Palacio ese día. Junto a otras personas, teníamos un mandato de contar lo que pasó entonces: lo que significaba la Unidad Popular, y también la barbarie que comenzaba a imponerse», dijo desde el estrado la senadora Isabel Allende Bussi, de 78 años. 

La Unidad Popular (UP) fue creada en 1969 entre los partidos socialista y comunista de Chile, con la intención de establecer un frente amplio junto a otros movimientos y partidos de izquierda. Sus principios y propuestas se basaban en la cuestión de clases, y se proponían resolver los problemas que enfrentaban los sectores obreros y populares en general. Con la dignidad del ser humano y el trabajador como motores principales para el desarrollo.

Las hermanas Zara (70 años) y Adriana Escalona (76) fueron parte de la UP. Ambas conocieron y participaron activamente en las campañas del doctor Salvador Allende. Hijas de un obrero de la construcción y pintor de brocha gorda, su casa fue en la infancia un lugar de encuentros políticos donde a menudo se confeccionaban lienzos y pancartas. Recorrieron todo el sector sur de Santiago contando de qué se trataba el proyecto político de la UP.

«Estuvimos en las buenas y en las malas», aseguran junto a la estatua de Salvador Allende que está atestada de coronas de flores blancas y rojas.

Zara recordó que aquel martes 11 de septiembre a las siete de la mañana escuchó sobre un levantamiento militar que se dirigía hacia La Moneda. De inmediato sintió que debía ir. Se vistió tan rápido como pudo y, sin que su madre se diera cuenta, salió de la casa rumbo al palacio de gobierno. 

En 1973 la avenida principal de Santiago, conocida como la Alameda, era un socavón amplio y alargado por la construcción del metro capitalino. «Cuando llegué había mucha gente decidida a defender al presidente y su gobierno, pero estaba lleno de militares con metralletas cargadas, controlando a todo el que se acercara a una cuadra. Muchos nos fuimos a esconder en los túneles que había en la Alameda y ahí vimos asustados cómo destruyeron La Moneda. Fue terrible.

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A las ocho de la mañana de ese día, Allende llamó a la tranquilidad del pueblo y ordenó a las Fuerzas Armadas respetar la Constitución. Sin embargo, estas respondieron desde una radioemisora golpista y exigieron su renuncia. El presidente se negó a dimitir y preparó su último discurso, el cual gracias a pequeñas y grandes voluntades fue transmitido en vivo por la única radioemisora que seguía al aire. Todas las demás ya habían sido silenciadas por el operativo militar.

A las 10:00 a.m., uniformados de alto rango amenazaron por última vez al gobierno. A las 11.52 a.m., aviones Hawker Hunter 731 bombardearon 20 veces La Moneda.

Un grupo de asesores corrió al Ministerio de Defensa para acordar las condiciones de la renuncia, pero fueron detenidos. Los escoltas y miembros del círculo del mandatario fueron capturados y llevados a un centro de detención en el extremo norte del país. Nunca más se supo de ellos. Allende se había disparado con el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Tal como anunció en su discurso, pagó con su vida la lealtad del pueblo.

También fue bombardeada su casa familiar, a más de diez kilómetros de La Moneda. Allí estaba María Vargas (70 años), miembro del GAP, el grupo de amigos personales del presidente Allende, ejerciendo labores de seguridad.

«La casa estaba rodeada de tanques», rememora. «Escuchamos la radio con los bandos militares y las palabras del presidente, hasta que perdimos contacto. Y a los pocos segundos llegaron las balas y las bombas a la casa; yo estaba en la cocina y nos seguían para matarnos». 

Familiares y miembros del GAP lograron guarecerse y escapar, pero una niña vecina, de 11 años, murió como consecuencia del ataque armado.

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Compañeros de militancia y simpatizantes de la Unidad Popular también fueron apresados, torturados y, muchos de ellos, desaparecidos. Esto se repitió a lo largo de todo Chile en universidades, fábricas y poblaciones. Al menos 11 centros de detención y tortura comenzaron a funcionar entonces, y siguieron haciéndolo durante los cruentos 17 años que duró el régimen militar.

Esta historia es conocida en Latinoamérica y el mundo entero: la violencia estatal que desde el inicio sostuvieron los militares; la aniquilación radical de la democracia, incluidos los partidos políticos y los medios de comunicación. Además, se instauró un sistema económico con escasas garantías sociales. Chile llamó la atención de medios internacionales como la BBC, The Economist, Le Monde, The New York Times o The Washington Post. 

En su mayoría esos reportajes intentaron explicar la crisis social en que se encontraba, antes del golpe militar, parte de la población chilena. El bloqueo económico de Estados Unidos dificultó el abastecimiento de comida y los servicios básicos. Ello, sumado a la inflación y la huelga de trabajadores generalizada, contribuyó a las tensiones entre la política experimental de Allende y algunos sectores de la sociedad.

Aun cuando estos medios calificaron tempranamente lo ocurrido como un golpe de Estado, y posteriormente señalaron la existencia de una «dictadura» en Chile, Augusto Pinochet jamás pagó por ello. Estuvo en la cabeza de la junta de gobierno desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la promulgación de la Constitución de 1980, carta magna que lo reconoció como presidente de Chile. Ocho años después intentó validar su cargo democráticamente y llamó a un plebiscito nacional, que perdió con un 55.9 por ciento de los votos a favor del «NO» y un 44.01 por ciento a favor del «SÍ». De cualquier modo, continuó adscrito al poder: primero como comandante en jefe del ejército y luego como senador vitalicio. 

En 1995 dos de sus secretarios y colaboradores más cercanos, quienes estuvieron cargo de la policía secreta, fueron procesados y condenados. Recluidos en un penal castrense, recibieron los privilegios de un alto mando militar sin condena hasta ser trasladados al penal Punta Peuco en 2017. Para entonces la justicia había logrado apresar a muchos militares por crímenes de lesa humanidad. En ese lugar están recluidos actualmente 134 uniformados de la dictadura, quienes cada tanto piden rebajas de condena o reclusión domiciliaria por problemas de salud. Nunca se les ha concedido. 

Pinochet, en cambio, fue puesto bajo arresto domiciliario en Londres en octubre de 1998, a instancia del juez Baltasar Garzón, pero zafó de ser extraditado a España y juzgado por el asesinato de ciudadanos de ese país argumentando su deteriorada condición de salud. De vuelta a Chile, libre, en marzo del año 2000, fue bajado del avión con asistencia y en silla de ruedas. Sin embargo, una vez en tierra se puso de pie, caminó y saludó a sus adictos, dibujando una leve sonrisa burlesca.

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El estudio de medición «Chile a la sombra de Pinochet. La opinión pública sobre la “Era de Pinochet”, 1987-2023», arrojó que «a los 50 años del 11 de Septiembre de 1973, más de un tercio [36 por ciento] de los chilenos respaldan la idea [de] que Chile fue liberado del marxismo y solo 4 de cada 10 opinan que destruyó la democracia. En ningún momento desde el plebiscito de 1988 había sido la opinión sobre el significado del golpe tan autoritario como en 2023».

La última de estas consultas se realizó justo después de que las izquierdas, y el gobierno de Boric, sufrieran dos grandes derrotas electorales: primero, en el plebiscito de salida para cambiar la Constitución de Pinochet, y, hace solo unos meses, en la elección popular de los redactores de la próxima carta magna, cuando triunfó la ultraderecha.

La analista política Marta Lagos, encargada del mencionado estudio, ha razonado que fue la impunidad el elemento que ha contribuido a esta imagen favorable del dictador. «Nunca se había visto esto en la historia política de Occidente. No hay dictadores que tengan este nivel de apoyo después de sus períodos como dictadores o tras haber muerto», comentó al diario chileno El Mostrador.

Tras la muerte de Pinochet en el año 2006, solo un 19 por ciento de la población respaldaba el golpe. Fue velado en la Escuela Militar, sin honores de Estado. Su cuerpo fue incinerado y llevado hasta la capilla de su familia a dos horas de Santiago. 

En Chile, para los adeptos de Pinochet, lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 no fue un golpe de Estado, si no un «pronunciamiento militar», y cada año en esta fecha se reúnen para celebrar la «liberación de la patria». A 50 años aquella jornada, lo hicieron nuevamente en el condominio Los Boldos, donde están los restos del dictador.

Entre los asistentes y simpatizantes hubo exministros del régimen y una diputada en ejercicio, Camila Flores, de 36 años, militante de Renovación Nacional (RN), uno de los dos partidos fundados bajo el alero de la dictadura. 

El otro partido —Unión Demócrata Independiente (UDI)— es hoy dirigido por un diputado que también nació después del golpe, Javier Macaya, de 44 años, quien sostiene que la Unidad Popular fue responsable del quiebre de la democracia a principios de la década de los setenta. 

Por supuesto, en esa línea —entre omisiones y asignaciones de responsabilidades políticas— se mueve la ultraderecha chilena, donde no hay problema alguno para defender la figura y el legado de Augusto Pinochet. Con menos de tres años de trayectoria pública, el candidato presidencial de ese espacio político, José Antonio Kast (Partido Republicano), llegó hasta la segunda vuelta electoral; han instalado más de 15 parlamentarios en el Congreso, y sus candidatos consiguieron recientemente una impactante mayoría para redactar la eventual nueva constitución en Chile (segundo proceso).

Gonzalo de la Carrera, parlamentario de este sector, llevó al Congreso Nacional —a propósito de este cincuentenario— una carta firmada por 27 reos del ya mencionado penal de Punta Peuco. En el texto, los exoficiales asumen su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y piden conmiseración para los convictos con menor rango que ellos. 

Luis Cordero, ministro de Justicia y uno de los responsables de la búsqueda sistemática asumida por el actual gobierno, comentó a propósito de la misiva redactada en Punta Peuco: «Lo que me parece relevante de esa carta es que deja en evidencia que hay personas que disponen de la información […] Quizá puede ser el inicio para que algunos que se encuentran privados de libertad, o que disponen de información, digan precisamente dónde están [los desaparecidos]».

El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia es un programa permanente de Estado. Su trabajo comenzó en 2022 con tres mil 200 casos de personas que fueron «asesinadas o hechas desaparecer» entre el 11 de septiembre de 1973 y la restitución de la democracia en 1990. Se ha estimado —«sin certeza»— este número de víctimas: mil 469 casos de desaparición forzada, de los cuales mil 92 corresponden a detenidos desaparecidos. 

Hasta la fecha han sido condenados agentes estatales y civiles como autores, cómplices y encubridores. En un año de trabajo fueron identificadas 307 víctimas.