Era el año 2018. Yo hacía estancia como alumna ayudante en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Manuel Fajardo. Entonces conocí a José, de 68 años.

Meses antes José había sufrido un accidente cerebrovascular que lo dejó sin fuerza en el hemisferio izquierdo de su cuerpo. En una consulta médica posterior, le fue diagnosticado un cáncer metastásico.

Tenía dos hijas. Su esposa, Helena, lo acompañaba en el proceso de terapia posterior a aquel terrible diagnóstico. Sumergido en una profunda depresión, comenzó a depender de su familia para las actividades más simples. Incorporarse era cada vez más difícil, y tres sesiones de radioterapia le bastaron para negarse rotundamente a continuar con el tratamiento. El dolor, las heridas, los vértigos alargaban sus días, dejándolo incluso sin sueño.

Apenas dos semanas después de interrumpido el tratamiento, José dejó de comunicarse, incapaz de articular una oración completa. Tardaba mucho tiempo en decir cada palabra. Sus hijas le «resolvieron» una tomografía y, como si no bastara, una tumoración grande en el cerebro anunció entonces lo peor: convulsiones y pérdida paulatina de facultades, comenzando por el habla.

Lo conocí hospitalizado. Se comunicaba por señas que indicaban «sí» o «no», pequeñísimas charlas que se interrumpían por el letargo al que estaba constantemente sometido y del cual solo lo sacaba el agudo dolor que hacía mella en su cuerpo. Cuando nadie veía, José gastaba sus últimas energías en retirarse la mascarilla de oxígeno. Lo hacía cada noche. Quería acabar cuanto antes con su sufrimiento y el de su familia.

Semanas pasaron y un día José intentó, por última vez, retirarse la mascarilla de oxígeno. Su esposa lo vio (eso lo supimos luego, por la confesión a sus hijas) y decidió acompañarlo en su agonía, en silencio, a escondidas del personal sanitario, habiendo entendido que el dolor era suficiente, que su compañero necesitaba el final.

Poco rato después, José falleció.

Primeros pasos para reconocer la eutanasia en Cuba

En diciembre pasado, el décimo período ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dejó sin tratar muchos temas importantes para la sanidad pública. Sin embargo, el que nos ocupa en este texto despertó sensibilidades entre muchos cubanos.

José Ángel Portal Mirada, ministro del sector, presentó el 11 de diciembre ante los diputados al Parlamento cubano el anteproyecto de la Ley de Salud Pública. En caso de que esta fuese aprobada, derogaría la Ley 41, vigente desde 1983, y entraría en vigor a los 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

En la nueva Ley de Salud Pública se trabaja desde la reforma constitucional de 2019. Como en otros ámbitos, no se ha cumplido el cronograma legislativo oficial. La fecha para la divulgación y discusión pública del anteproyecto —con participación de expertos, trabajadores del sector y «población en general»—, fijada para el primer trimestre de 2023, se ha pospuesto de forma indefinida, sin nota oficial que explique tal incumplimiento. 

Sabemos que en dicho anteproyecto se reconoce por primera vez la eutanasia. Se trata, asimismo, de tema novedoso en el debate ético cubano. Nuestra ciudadanía, sumida en la sobrevivencia cotidiana, se enfrentaría ahora —tras reciente aprobación del nuevo Código de las familias— a otro gran debate médico, jurídico y social cuyo alcance es, por si fuera poco, milenario.

La vida es el bien primero; ella es condición para todos los otros derechos humanos. Suena obvio en la actualidad, pero es una premisa vigente desde el momento mismo en que se descubre el arte de la curación, que hemos llamado medicina. 

En el Juramento Hipocrático —que gracias a los giros de la historia moderna se ha modificado para que esté a la altura de nuestros tiempos— se prohíbe explícitamente al médico que administre un fármaco mortal al doliente, aunque este lo solicite. Entre los pilares fundamentales de la ética médica se encuentran el principio de beneficencia y su par equivalente, la no maleficencia, para resguardar las prácticas cotidianas de manera que estas, sin excepción, sean dirigidas a ocasionar el bien y evitar o eliminar el mal. En su esencia ética, lo anterior se relaciona con la salvaguarda de la vida y, por supuesto, con la muerte.

No es hasta la segunda mitad del siglo XX que la cuestión de la eutanasia comienza a ser operacionalizada mediante disposiciones sociales, jurídicas y médicas.

Hasta la fecha solo siete Estados en todo el mundo han despenalizado, total o parcialmente, la eutanasia. Países Bajos fue la primera nación en legalizar dicha práctica, en el año 2002. Han ido cambiando los protocolos a medida que se estudia el tema en profundidad. Siguieron Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Nueva Zelanda, cada una con protocolos ajustados a sus contextos respectivos.

Otros países, como Suiza, Alemania y Austria, reconocen el suicidio asistido (aquel que no requiere intervención directa de los médicos), aunque penalizan la eutanasia activa.

En Estados Unidos, las disposiciones legales sobre la eutanasia varían en dependencia de las legislaciones de cada estado de la Unión: algunos permiten eutanasia pasiva (por retiro de terapias), indirecta (acciones de omisión que no buscan la muerte, pero se es consciente de que esta puede ocurrir) y otras formas que han devenido de casos muy particulares. 

Tras dos años de batalla legal, Colombia es el único país que ha despenalizado la eutanasia en América Latina.

En Cuba se ha teorizado sobre el tema. El profesor René Fidel González, por ejemplo, publicó en el 2003 el estudio El derecho a morir con dignidad y la eutanasia desde una perspectiva cubana. González define tal práctica como «la acción u omisión consciente de poner fin a la existencia de una persona, que por estado calamitoso irreversible o estadio terminal de una enfermedad letal, así lo decida». Muestra, además, los resultados de encuestas aplicadas a personal médico y paramédico de los tres hospitales oncológicos más importantes del país; entre otros, destaca que el 7.41 por ciento de los encuestados admitió que en su centro se practica la eutanasia pasiva.

¿Cómo se llega a la decisión de practicar eutanasia?

Es necesario que se reúnan ciertas condiciones: el paciente debe ser una persona con enfermedad letal en estadio terminal, con diagnóstico de irreversibilidad o deterioro permanente. Debe haber consentimiento y reglamentación legal preestablecida.

Esto, no obstante, se diluye en la práctica cotidiana. Los avances de la medicina han permitido que el criterio para determinar que la muerte de un paciente ha ocurrido sea la funcionabilidad de su cerebro. Entonces, la muerte encefálica sería el punto de partida para la muerte asistida. El diagnóstico precoz de la muerte encefálica también permitiría el trasplante de órganos y tejidos del paciente. Asimismo, contribuiría en muchos casos al alivio del sufrimiento de la familia y del personal médico, y, desde un punto de vista económico, a la disminución de gastos en insumos dedicados al sostenimiento de la vida de un paciente sin posibilidad de recuperación.

Invertir esfuerzos médicos sin esperanza de mejoría en el doliente no garantiza la conservación de la dignidad de la vida, solo la prolonga. 

No hay norma legal que expresamente sancione la eutanasia ni en la Constitución ni en el Código Civil cubanos. Aunque se empleen las tipificaciones de homicidio, asesinato, auxilio al suicidio, abandono de menores, discapacitados y desvalidos, o denegación de auxilio, la encuesta antes mencionada revela que el 69.59 por ciento de los encuestados entre el personal médico y paramédico de tres hospitales oncológicos cubanos está de acuerdo con que eventualmente se tomen medidas para finalizar sus vidas en caso de padecer una enfermedad terminal o degradante para la dignidad humana.

El sí o el no

La enorme carga ideológica en este debate favorece opiniones polarizadas, extremas. Entre los detractores de la eutanasia se encuentran quienes defienden la sacralidad de la vida bajo cualquier circunstancia. Entre los defensores están quienes hablan del derecho a morir con dignidad, y abogan por la libertad individual para hacerlo. Ambos argumentos apelan a la dignidad de la vida humana, aunque la entienden de modos diferentes.

La eutanasia afecta directamente a dos partes: a quien la solicita y a quien la practica. Es un hecho que implica dos actos, cada uno de los cuales tiene un protagonista distinto.

Respecto al criterio médico, resulta muy necesaria una ley que reconozca la eutanasia y cubra todas las brechas legales a fin de que, además de salvaguardar la dignidad del doliente, proteja al personal sanitario. Una ley bien fundamentada conformaría la estructura para la ejecución de acciones que, con frecuencia, de una forma u otra, ya se practican en las salas de terapia intensiva y otros servicios hospitalarios «cerrados».

Disposiciones políticas y económicas

En términos políticos, uno de los derechos naturales reconocidos universalmente es el de la libertad; una libertad que, necesariamente, debe tener límites. Uno de esos límites es justamente la salvaguarda de la vida propia.

Una vez más la ciudadanía cubana se encuentra ante una encrucijada. 

Las leyes que se debaten son, justamente, aquellas que tocan (y revelan) las fibras más sensibles de la ética, no solo en Cuba, no solo en nuestro tiempo. Esto ocurre en un contexto en que las garantías de vida digna son casi nulas, mientras el Sistema Nacional de Salud está en números rojos y, según el propio ministro, no hay muchas esperanzas de que mejore la situación para este año.

Ocurre mientras el derecho al aborto, pese a ser una práctica institucionalizada, no está respaldado por ninguna norma jurídica, ni se han aprobado leyes como la de Identidad de Género y contra la Violencia de Género.

Se aprobaría la eutanasia en el contexto de un Código Penal que establece la pena de muerte.

Otro asunto a valorar es el económico: el ahorro que la eutanasia representa para el sistema sanitario supera con creces el coste del sistema de muerte asistida. El coste tiene que formar parte del debate; es el precio de ser parte de un sistema donde los recursos escasean cada vez más.

En términos económicos, la atención hospitalaria a pacientes en cuidados paliativos es más costosa que en un modelo de cuidados que permita a las personas morir con tranquilidad. Según estudios publicados en Redacción Médica, el 20 por ciento de los costes sanitarios son atribuibles a los pacientes en los seis meses anteriores a su muerte, aun cuando estos solo representan el uno por ciento de la población.

El tema del ahorro sanitario puede ser éticamente reprochable, pero es un hecho central en los estudios previos a la ejecución de la ley. 

¿Qué es imprescindible para conformar un protocolo de buenas prácticas?

En primer lugar, que el doliente reúna las condiciones definidas legalmente. Luego, contar con los recursos humanos: médico responsable, médico consultor que no esté involucrado en el caso y que funja como «juez» imparcial. Asimismo, es necesario disponer de una comisión de garantía y evaluación que incluya personal médico, de enfermería y juristas con competencias para el reconocimiento legal del derecho a la prestación de ayuda para morir y para el control legal sobre todo el procedimiento. Y, por supuesto, la disponibilidad de insumos y fármacos indispensables para inducir el coma y bloquear la actividad neuromuscular (un proceso mucho más largo de lo que se puede explicar en este artículo).

Volviendo al inicio… El caso de José se repite una y otra vez. Nos enfrentamos a ello como médicos y como familiares, sin saber muy bien qué hacer, a veces empeorando la situación con el ensañamiento terapéutico del que tantas veces hemos sido testigo. La muerte, en tanto categoría filosófica, debe ser tratada con la dignidad misma que merece la vida.

La estructura jurídica actual no es suficiente; tendrá que transformarse a medida que la sociedad vaya acogiendo la ley. El tema de la eutanasia debe ser tomado por las riendas, luego de respondida la pregunta: ¿el sistema de salud cubano está preparado humana, ética y logísticamente para implementar una Ley de Salud Pública que incluya el derecho a morir con dignidad?