El Encuentro de Palenque
El pasado 22 de octubre concluyó la cumbre sobre migración convocada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ciudad chiapaneca de Palenque. Al encuentro asistieron cancilleres y jefes de Estado de diez países de la región: México, Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela; a ellos se sumaron representantes del gobierno electo de Guatemala. La reunión tuvo dos objetivos generales: identificar las causas de la perenne crisis migratoria que afecta a América Latina y encontrar soluciones factibles para esta.
De acuerdo con intervenciones de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, los respectivos éxodos de venezolanos y cubanos hacia Estados Unidos en los últimos años se deben a «las medidas coercitivas unilaterales» —según los términos de la reunión— impuestas por Washington en materia económica y financiera. Rodríguez Parrilla también señaló que un primer paso para frenar la migración irregular desde Cuba sería la eliminación del «privilegio» que resulta la Ley de Ajuste Cubano. En todo caso, las delegaciones concurrentes estuvieron de acuerdo en que las sanciones estadounidenses contribuyen en gran parte a estimular la emigración desde esos países.
En la cumbre de Palenque, se planteó además que una renegociación de la deuda con entidades financieras —a partir de «esfuerzos coordinados» de las naciones de América Latina— permitirá disponer de recursos para invertir a nivel regional; un elemento a todas luces complementario con la voluntad de promover el comercio interregional mediante la eliminación de aranceles. Más allá de ello, se propuso una mayor cooperación en los rubros energéticos, así como una armonización de las normas en cada nación para la creación de una agencia de medicamentos latinoamericana.
Por supuesto, se acordó trabajar conjuntamente en seguridad, específicamente en el enfrentamiento al crimen organizado trasnacional y al tráfico de personas; lo anterior incluiría priorizar en las rutas migratorias la protección de mujeres y niños. Adicionalmente, se hizo votos por la ampliación de las vías regulares de migración entre los países de la zona.
El Encuentro de Palenque respondió a la apremiante necesidad de México de detener un flujo migratorio que ha puesto sus fronteras al borde del colapso, sobre todo por el aumento de la cantidad de migrantes de Cuba, Venezuela y Haití. Por supuesto, esta no es solo una prioridad de México, sino también de Estados Unidos, que constantemente pide a su vecino del sur que exija un mayor compromiso para detener la salida de migrantes ilegales al resto de la región. Por eso llama la atención que López Obrador negara a Estados Unidos la participación en el cónclave, a pesar de que el país norteño solicitó asistir en calidad de oyente. El mandatario mexicano, además, rechazó la solicitud de Naciones Unidas para presenciar el debate. Según el gobierno mexicano, las conclusiones del evento serán transmitidas personalmente por López Obrador al Ejecutivo estadounidense.
Una crisis sin fin
El Encuentro de Palenque fue un evento político que, más que encontrarle soluciones inmediatas a la crisis migratoria, pretendió validar la idea de que este es un problema prioritario para los gobiernos de la región. En la práctica, los esfuerzos para atajar este fenómeno son menos diplomáticos. Apenas en septiembre último las autoridades migratorias mexicanas solicitaron a los gobiernos de Brasil, Colombia, Nicaragua, Venezuela y Cuba que aceptaran recibir vuelos de deportaciones. Valdría aclarar que vuelos de ese tipo ya se estaban realizando desde hacía meses; de manera que el mensaje puede ser interpretado más bien como una advertencia respecto a un incremento en la devolución de migrantes.
Desde hace dos años, la afluencia hacia la frontera sur de Estados Unidos se ha incrementado aceleradamente. En el caso específico de Cuba, solo entre 2022 y 2023 arribaron a aquel país más de 420 mil naturales de la isla, según el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Tal éxodo fue facilitado, en buena medida, por la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de eximir del requisito de visado a los cubanos que lleguen a territorio nicaragüense. El agravamiento multifactorial de la crisis económica y política en Cuba, sumado a la posibilidad de esquivar la peligrosa selva del Darién, convirtió a Nicaragua en un atractivo punto de partida rumbo al norte.
A inicios de 2023, la administración Biden puso en práctica una nueva política migratoria para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que, básicamente, consiste en otorgar 30 mil visas al mes —el llamado «parole humanitario»— a nacionales de esos países, quienes contarán con dos años de residencia legal y permiso de trabajo en Estados Unidos. Hasta finales de septiembre de 2023, según datos del CBP, el parole humanitario había beneficiado a más de 240 mil personas: 96 mil 445 de Haití, 73 mil 092 de Venezuela, 50 mil 185 de Cuba, y 44 mil 292 de Nicaragua.
De cualquier forma, la política migratoria de Biden continúa siendo insuficiente para garantizar una migración legal y ordenada hacia Estados Unidos, pues no satisface la demanda en países como, por ejemplo, Cuba o Venezuela. Según el CBP, cerca de 334 mil venezolanos indocumentados ingresaron a territorio estadounidense en el año fiscal 2023, y son más de 380 mil las solicitudes de parole humanitario recibidas desde Cuba.
La deportación, un peligro real
De enero a octubre de 2023, el Instituto Nacional de Migración de México identificó la presencia de un millón 566 mil 948 migrantes irregulares; un dato que lo convierte, junto a Estados Unidos, en uno de los principales afectados por las crisis migratorias en la región.
Entre 2021 y 2022, de acuerdo con las autoridades mexicanas, la mayoría de los migrantes irregulares en su territorio provenían, en este orden, de Venezuela, Honduras, Guatemala y Cuba. Sin embargo, el panorama ha cambiado para 2023.
Según cifras publicadas por la Unidad de Política Migratoria de México, tras la estipulación del parole humanitario estadounidense, los cubanos desaparecieron del listado de las cinco primeras nacionalidades con mayor presencia de migrantes irregulares en ese país. Asimismo, en lo que va de año Cuba se encuentra lejos de ser uno de los principales destinos de los vuelos de deportación que parten de México. Por supuesto, ello no quiere decir que no existan peligros para los migrantes cubanos.
El pasado 14 de octubre fueron deportados de México 138 cubanos —95 hombres y 43 mujeres— bajo circunstancias irregulares. Según el testimonio de una de las deportadas, varios contaban con documentos validados por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) que permiten a los extranjeros moverse legalmente en México durante al menos un año. Sin embargo, habrían sido obligados por autoridades migratorias y efectivos militares a firmar autorizaciones de deportación. Este tipo de hechos, por lo general, le sucede a aquellos migrantes que atraviesan México por vías terrestres.
Apenas siete días después, el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó sobre la deportación de otros 65 cubanos —al parecer, todos en situación irregular— desde México y Bahamas, con los que sumaron cuatro mil 607 los deportados hacia la isla desde enero de 2023. La siguiente operación de retorno de migrantes irregulares cubanos —la número 115— sucedió el pasado jueves 26 de octubre, y elevó la cifra total de deportados del año a cuatro mil 634.
Otros riesgos en la zona sur de México
Tapachula, ubicada muy cerca de la frontera suroeste de México (con Guatemala), continúa siendo un sitio de paso para los migrantes que vienen de Centroamérica, aunque en no pocos casos resulta también un lugar donde se estanca la ruta hacia Estados Unidos. Muchos cubanos que comienzan su camino en Nicaragua solo poseen la cantidad de dinero necesaria para pagarle a los coyotes hasta esa ciudad chiapaneca, de manera que algunos deben establecerse allí durante un tiempo, e incluso trabajar para financiar el resto del viaje. Tapachula ha adaptado su ecosistema económico —mayormente informal— a la presencia de migrantes de diversas nacionalidades, que son aprovechados como mano de obra barata. Por ejemplo, no es extraño encontrar cubanas que trabajen de «ficheras» en bares y cantinas, ni cubanos que se dediquen a cortar el cabello en pequeñas barberías del centro de la ciudad.
Desde allí muchos cubanos intentan obtener su cita para el parole humanitario a través de la aplicación CBP One, aun cuando solo se permite la solicitud de citas en las zonas del centro y el norte de México. Para resolver este inconveniente algunos utilizan VPNs capaces de modificar la geolocalización de sus celulares. La artimaña fue descubierta por las autoridades estadounidenses y mexicanas, lo que provocó que, a finales de septiembre de 2023, las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula suspendieran la entrega de las llamadas «visas humanitarias» —permisos que permiten la estancia legal en territorio mexicano por un año— incluso a aquellos cubanos que ya tenían confirmada su cita a través de CBP One. Para entonces, cerca de 20 mil cubanos se encontraban en la ciudad fronteriza.
Durante septiembre pasado, México reforzó la presencia de efectivos militares en su zona frontera sur, y Ferromex, la empresa ferroviaria más grande del país, suspendió los recorridos de 60 trenes de carga debido a que estos suelen ser utilizados de manera ilegal por los migrantes para atravesar el país.
El tránsito por el sur de México es sumamente peligroso por diferentes razones. Solo en el mes de octubre se conoció que más de una decena de migrantes cubanos murieron y otros tantos resultaron heridos en accidentes ocurridos en esa zona. El 1 de octubre, por ejemplo, una camioneta que viajaba a toda velocidad se volcó en una carretera del estado de Chiapas. El vehículo transportaba 25 migrantes provenientes de Cuba, de los cuales murieron diez —todas mujeres— y resultaron heridos los otros 15, incluyendo menores de edad.
A mediados de ese mes se supo también de la desaparición de dos migrantes cubanos procedentes de la ciudad de Bayamo — Luis Manuel Oliva Oliva, de 17 años, y de Mercedes Oliva Vázquez, de 27 años— en las inmediaciones del río Suchiate, muy cerca de Tapachula. Hasta el momento, solo se ha recuperado el cadáver de Mercedes Oliva. Por esas fechas, además, ocurrió un accidente en el que una pick up, en que viajaban varios cubanos, se volcó e incendió en una carretera guatemalteca, no muy lejos de la frontera sur de México. Unas 14 personas resultaron heridas, incluyendo menores de edad, y una cubana, identificada como Orialys Cepeda. Su hijo, de 16 años, viajaba con ella.
Los migrantes en México tienen que enfrentar también los efectos de la militarización de las instituciones migratorias, algo que ha sido muy criticado por diversos organismos de derechos humanos en ese país. El aumento de los efectivos militares a la caza de migrantes ha traído como consecuencia mayor cantidad de hechos de extorsión, lo que obliga a muchos a acudir a coyotes para transitar por territorio mexicano. Los coyotes, por su parte, no siempre cumplen su parte del trato y a veces están ligados a redes de prostitución o de narcotráfico.
