La nueva vida de Sergio Pérez en La Habana no es vida. Llegó en 2023 a un lugar peor que el que dejó en 2019. El pasado mes de agosto arribó al Aeropuerto José Martí desde el Aeropuerto de Miami, un trayecto de apenas 45 minutos que realizaron él y otros 28 cubanos en calidad de deportados, vestidos de reclusos y custodiados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Ahora, aunque quisiera, no puede empezar de cero en Cuba. «Aquí no hay manera de rehacer mi vida. Aquí no hay vida», asegura Pérez, de 30 años, a El Estornudo.
El vuelo en que llegó Pérez a la isla fue el quinto desde que en abril se reiniciaran las deportaciones a Cuba, como parte de un acuerdo de la administración Biden con el régimen de La Habana tras la última crisis migratoria en la frontera sur, por donde ingresaron a Estados Unidos más de 300 mil ciudadanos cubanos. A finales de septiembre salió de Miami el sexto vuelo de deportados en lo que va de año, con 35 personas a bordo, sumando así 322 cubanos devueltos en apenas cinco meses.
El día en que Pérez y el resto de los deportados llegaron a Cuba, ICE no les entregó ningún documento, y solo fueron puestos en manos de los oficiales del Ministerio del Interior (MININT). Todos tenían en común haber llegado a Estados Unidos de manera ilegal, haber perdido sus entrevistas de «miedo creíble», y haber sido liberados en el país norteño con un documento I-220B o una orden de deportación.
Luego de varias preguntas, las autoridades isleñas dejaron a cada uno irse a donde pudiera, a donde les prestaran un techo, porque luego de cuatro años casi ninguno tenía ni familia, ni casa, ni pertenencia alguna en Cuba.
Pérez al inicio vivió en la casa de unos antiguos vecinos, y ahora permanece rentado en el barrio habanero de El Vedado, sin sus seres queridos, manteniéndose con la ayuda que los suyos envían desde Miami.
«Yo aquí no puedo trabajar, no soy alguien bien visto por ellos, soy un deportado de los Estados Unidos, y eso para ellos es algo muy grande», dice. «No me van a dar trabajo en ningún lado y tampoco tengo la intención de trabajarle a este gobierno».
Pérez se ha encontrado ahora con un país mucho más empobrecido. La afectación del turismo tras la crisis de coronavirus, y las crisis energética y alimentaria, agudizadas en los últimos tiempos, han hecho de la isla un territorio aún más hostil, un contexto fértil para los apagones, el hambre y la desolación.
«Acá comprar comida es complicado, porque aun teniendo dinero no aparece la comida. Aquí se vive con lo que aparezca», dice Pérez. «La vida en Cuba está muy triste, la verdad. Apenas salgo, no hay a dónde ir y me paso el día encerrado en la casa hablando con el niño y la familia».
A quien Pérez llama «el niño» es a su hijo Jordan, de 10 años, quien llegó a Estados Unidos pocos meses antes de que deportaran a su padre, y que ahora permanece bajo el cuidado de su abuela, sus tías y demás familiares.
«El niño llora cada vez que hablamos por cámara, está desesperado. Me separaron de mi familia; aquí no tengo nada, me mandaron para un lugar donde no tengo ni casa. Y yo se lo dije a ellos en todas las entrevistas que tuve allá en Estados Unidos, que me iban a mandar para un lugar donde me iban a desaparecer», sostiene.
Desde antes de irse del país, Sergio Pérez estuvo vinculado con el grupo opositor Damas de Blanco. A su vuelta, cuando se dirigía a visitar a la líder Berta Soler el pasado mes de agosto, fue interceptado sobre las tres de la tarde por oficiales de la Seguridad del Estado y una patrulla policial; a continuación, fue conducido a la estación de Aguilera, en La Habana.
«Allí me advirtieron que no podía mantener esos contactos, que ellos sabían quién yo era, y toda una serie de amenazas más», cuenta.
En otra ocasión en que Pérez se dirigía a la casa de Soler para buscar medicamentos, fue detenido y trasladado a una estación policial en Alamar, donde fue interrogado por dos oficiales.
«Me dijeron que podían abrirme una causa por haber pasado el círculo de seguridad que tiene Berta Soler, y me pusieron una multa de 100 pesos».
Hace solo unos días, Pérez hizo una denuncia desde su cuenta de Facebook, luego de que un oficial se acercara al verlo salir de la casa donde vive, le pidiera el carnet de identidad y quisiera saber a dónde se dirigía.
«Esto ha sido así desde que llegué», dice Pérez. «Yo tengo miedo de mi vida, miedo de no ver más a mi hijo, a mi familia, a mi hermana. Es duro, es bien duro esto que hicieron conmigo».
Pérez no es el único deportado en los últimos tiempos que ha denunciado una persecución por parte de agentes de las Seguridad del Estado cubano.
Un joven deportado desde Miami el pasado mes de junio (en un grupo de 36 emigrantes cubanos), quien pidió permanecer en anonimato, contó a El Estornudo que pudo salir nuevamente hacia México tras sufrir persistente acoso por parte de oficiales cubanos.
«Yo tuve que salir huyendo de Cuba otra vez. Me acosaban todo el día, no me dejaban ejercer ningún trabajo», dice. «Cuando transitaba por algún lado me paraba la policía, me ponía multas. Me decían “te estamos chequeando”, amenazaban a mis padres con meterme preso si me manifestaba o publicaba algo en redes sociales».
Son muchos los cubanos que permanecen separados de sus familiares desde que fueran retornados a la isla por las autoridades estadounidenses. Arletty Salgado Pérez denunció que su esposo, Yordan Vega Rodríguez, no pudo conocer a su hija, quien nació en junio diez días después de que Vega fuera detenido por ICE y luego deportado a Cuba.
En septiembre, Charo Rodríguez suplicó desde Tampa a las autoridades de inmigración que no deporten a su hijo, Yanoi Alonso Rodríguez, quien permanece con un documento I220-B luego de que rechazaron su petición de asilo político en 2019. Muchos de estos cubanos han apelado como último recurso al documento I-246, o Solicitud de Suspensión de Deportación o Expulsión, y a la mayoría les ha sido negado.
En declaraciones a El Nuevo Herald, un portavoz de ICE aseguró que «independientemente de la nacionalidad, ICE toma las decisiones de custodia caso por caso, de conformidad con la legislación estadounidense y la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., teniendo en cuenta los méritos y factores individuales de cada caso».
En septiembre, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reiteró que la mayoría de los migrantes no son elegibles para permanecer en el país. «Según las leyes de inmigración estadounidenses, la mayoría de los no ciudadanos que llegan a nuestra frontera no son elegibles para permanecer en Estados Unidos. Las leyes de asilo no prevén ayuda únicamente por razones económicas o por violencia generalizada», aclaró la entidad en una publicación en X.
También indicó que «las personas que carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos son expulsadas».
