Hace unas semanas, Chimamanda Ngozi Adichie mpartía la conferencia inaugural de la apertura del Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático en el renovado Foro Humboldt. Hablaba allí de la restitución de los objetos que, producto del robo y el saqueo, llenan hoy los museos europeos. Entre tantas preguntas, más orientadas a evidenciar que no hay respuesta positiva a la pregunta, hacía esta: ¿Quién tiene derecho a exhibir a quién? Hablaba por supuesto de los museos etnográficos, del arte que solo pudo haber ocupado el espacio de la exhibición etnográfica porque sus autores ocupaban ya antes el espacio de pueblos periféricos, salvajes; territorios vírgenes al servicio de la voracidad colonial.
La pregunta de Adichie puede extrapolarse a otros contextos. Quién tiene derecho a qué, cuando ese qué es ejecutado sobre quien tiene que sufrir las consecuencias de la acción que indica el verbo, es una pregunta ineludible ¿Quién tiene derecho a nombrar? ¿Quién recoge el beneficio de ese derecho? ¿Quién paga por el privilegio de unos pocos a ese derecho?
Un grupo de cubanos propone una marcha para el 20 de noviembre. El Estado cubano primero hace silencio, luego responde con el anuncio del Día Nacional de la Defensa. Los organizadores de la marcha cambian la fecha: 15 de noviembre. Las autoridades locales a las que se les ha enviado el aviso de la marcha responden. No es lícito. Al hacerlo, invocan el derecho de otros, una especie de derecho colectivo de los demás, de los que no han alzado la voz para ir a marchar y son, en potencia, masa para brigadas de respuesta rápida, administradores de varas de madera convenientemente preparadas para la ocasión junto a las consignas y aquello que llaman «fervor revolucionario» para golpear mientras gritan que la calle es de los revolucionarios. Esa es la respuesta, es esa la progresión que conduce inevitablemente del privilegio a definir los términos con que se nombra la realidad al ejercicio organizado de la violencia estatal.
En el inicio de esa progresión, la respuesta negativa al ejercicio de un derecho intransferible usa a «los demás» como una excusa. Los «demás»; el «pueblo», la «Revolución» a la que no pueden ni podrían pertenecer los manifestantes porque cada una de esas categorías contiene su propio coto de pertenencia, son solo apelativos para tomar por la fuerza el derecho a calificar, a llamar traidores a quienes reniegan de la retórica de campamento y pretenden construir otra ecología de la vida en común. Al ataque que comienza por declarar ilícita la marcha pero continúa organizando la violencia como única respuesta posible a una voz que se alza desafiante —desafiante, claro, ¿o qué se supone que debiera ser, dócil?— se le presenta como defensa. El derecho de la Revolución a defenderse o, más recientemente, el derecho del Estado a defenderse. Es el Estado entonces el que dice: es ilícito, entiéndase a la vez ilegal e ilegítimo.
La convocatoria a la marcha ha apelado a los pocos resquicios de una Constitución que sirve solo para justificar una y otra vez el poder de una élite que se sigue llamando a sí misma, contra toda lógica, «Revolución». Pero más allá de este punto sería inútil desgastarse en legalismos. La élite puede autodenominarse también patria, o nación, o vanguardia del pueblo, o cualquier otra cosa que parezca suficientemente trascendental como para pretenderse irrevocable, eterna, y razón suficiente para remitir siempre a sí misma e intentar el sometimiento de la vida que continua, irredenta, surgiendo en cada grieta.
No hay razón sin embargo para criticar esa apelación. Es una vía legítima de lucha; si no sirve para encontrar una victoria jurídica, sirve para evidenciar que no hay tal orden jurídico, y que toda interpretación de la ley va a ser siempre contraria a los esfuerzos de emancipación, cualquiera que sea la forma que tomen y cualquiera que sea la bandera que enarbolen. Esa puede parecer una demostración inútil pero no lo es, porque el poder se sostiene y se reproduce justamente en su capacidad de crear edificios inmensos de significados y de obligarnos —primero incitando y, en la medida en que los significados se vacían, intimidando— a habitar en ellos.
No bastará, por supuesto, enunciar una voluntad de paz y de diálogo, aunque hacerlo sea imprescindible. No será suficiente ni siquiera explicitar el rechazo a cualquier intromisión externa. Frente a quienes se autoasignan el derecho de denominar y de repartir clasificaciones con la misma naturalidad con que reparten sentencias de cárcel, el llamado al diálogo será irremediablemente leído como desafío, la paz como violencia y el reclamo del derecho a tener derechos como un ataque del que hay que defenderse. Así que la disputa de quienes reivindican el derecho a alzar la voz y a ocupar la calle frente a la voz omnipotente de la élite que ocupa el Estado, no es tanto una disputa por la demostración de la legitimidad de la marcha (aunque también), sino por desmontar la pretensión del aparato conjunto de la propaganda, la represión y el orden jurídico de subsumir lo legítimo en lo legal y volverlos indiferenciables, utilizando lo mismo el lenguaje del legalismo que el de la ideología.
La apelación a la legalidad de una Constitución que se las arregla para refrendar, en lo escrito y en la interpretación de lo escrito, el derecho de la élite a mantenerse indefinidamente en el poder —entiéndase de una vez que ese es el significado de la irrevocabilidad del socialismo en Cuba— y declara ilícito el derecho de un grupo de ciudadanos a manifestarse pública y pacíficamente, demuestra en todo caso la ilegitimidad del poder mismo. Y es también para esconder esa realidad que se apropia del derecho a acusar, difamar y criminalizar a quien lo cuestiona.
El grupo Archipiélago, del que surgió la propuesta de la marcha, ha hecho saltar por los aires la supuesta legitimidad de la posición desde la cual el poder determina qué es lícito y qué no. La marcha habla alto de los presos políticos, al exigir su liberación; del peligro de la violencia, al exigir su cese; del anquilosamiento de un proceso que hace mucho dejó de revolucionar, al exigir cambios necesarios. Y ello sucede en medio de un agudo conflicto; uno que es tan aterrador como estimulante porque el poder no suele renunciar voluntariamente a su privilegio último: el uso de la violencia.
Pero Cuba ya no es una isla. La maldita circunstancia del agua por todas partes ha dejado de ser una fatalidad. Eso permiten los archipiélagos. El agua sigue estando ahí pero ya no es una frontera infranqueable, y para franquear los mares y conectar las islas están los argonautas. Los argonautas no preguntan al oleaje si es navegable; se echan al mar sabiendo que en algún punto del horizonte hay otra isla habitable, que es el mayor tesoro. Llegado ese punto, a quienes se sirven del mar como frontera les quedan muy pocos recursos; maniobras ridículas como impedir que la palabra «archipiélago» se transmita en mensajes de telefonía celular.
El privilegio de nombrar y clasificar ocurre entonces sobre un vacío, y pierde el poder efectivo de reproducirse. La pregunta de Chimamanda Ngozi Adichie, que no demanda respuesta porque ya está implícita, encuentra entonces eco en una canción de Mala Rodríguez que igual pregunta no para responder, sino para abrir una posibilidad: «¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver como se levanta la gente, yo no necesito poder».
