Allá por los sesenta, en la mocedad de la Revolución, está el origen de un fracasado modelo económico cuyo signo ha sido la monopolización de la actividad productiva bajo el patronazgo del Estado.

Durante esa década hubo enconados debates en torno a la configuración de la economía del país como parte orgánica de la llamada «transición al socialismo». El veterano comunista Carlos Rafael Rodríguez, el comandante Ernesto Guevara o Charles Bettelheim —economista adscrito al Partido Comunista francés y colaborador del gobierno cubano— protagonizaron algunas de las polémicas más conocidas. Ante la defensa Rodríguez de Sistema de Cálculo Económico, el Che esgrimía su Sistema Presupuestario de Financiamiento y sostenía que «la planificación centralizada es el modo de ser la sociedad socialista». Por otro lado, Bettelheim argumentaba que bajo aquellas condiciones la centralización a gran escala era un error, abogaba por la autonomía empresarial, y catalogó de «idealista» el enfoque del argentino.

Realmente, la política económica implementada por el gobierno no siguió a rajatabla ninguna de aquellas recomendaciones y marchó por la senda de una centralización «a la soviética». Carlos Rafael Rodríguez acompañó el proceso, Guevara fue muerto en Bolivia, y Bettelheim, cada vez más ignorado, terminó rompiendo con el gobierno cubano en 1971.

Sesenta años después —tiempo histórico en que los regímenes comunistas vivieron experiencias como el sistema autonómico yugoslavo, el Doi Moi vietnamita, o las reformas de Deng Xiaoping en China—, el Estado cubano ha abandonado su contumaz y férreo control dando luz verde a la creación de pequeñas y medianas unidades privadas de producción. Para algunos especialistas, este proceso continúa las reformas iniciadas en la década de los noventa; para otros constituye una novedad en sí, un «momento bisagra» del sistema.

De todas formas, se puede afirmar que a lo largo de la etapa histórica socialista la economía cubana nunca ha basado su comportamiento en criterios de factibilidad. Es decir que, en su devenir, la política del gobierno cubano ha permanecido de espaldas a principios axiomáticos de la economía.  Este fenómeno, en la opinión del doctor en ciencias Oscar Fernández Estrada, profesor de la Universidad de la Habana (UH), ha modelado un sistema productivo con «enormes vacíos […] que impiden que un grupo importante de bienes y servicios se crearan y generaran». De modo que los encadenamientos productivos se hallan en situación de fragilidad o, de plano, rotos.

Según Cubadebate, en enero de 2023, seis mil 704 MIPYMES habían sido aprobadas, a la par que mil 80 proyectos de desarrollo local. De estas, las microempresas representan un 22 por ciento, las pequeñas un 50.5 por ciento, y las medianas un 27.5 por ciento. Un 34 por ciento de ese total son empresas vinculadas a la producción de alimentos —identificado como el mayor y más acuciante problema en Cuba—, y solo un 15 por ciento los elabora. El resto opera en la distribución o se dedica a otros rubros como los servicios. Y, del número global de empresas, apenas 42 ejercen actividades de exportación.

El doctor en ciencias Humberto Blanco Rosales, también adscrito a la UH, señala como principales dificultades para la inversión privada las relacionadas con el comercio exterior —actividad desarrollada mediante canales del Estado—, el acceso a divisas, la práctica inexistencia de un mercado mayorista y la restricción del ejercicio de un importante cúmulo de profesiones fuera del Estado. A las que podríamos añadir el engorroso trámite para su aprobación, vía el Ministerio de Economía y Planificación, que incluye la presentación de un proyecto de solicitud, la creación de una cuenta de depósito, la formalización de una escritura notarial, el acceso al Registro Mercantil, inscripciones en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), así como la apertura de una cuenta corriente, entre otros pasos.

El incremento de las MIPYMES ocurre en un momento de descenso de la oferta estatal. De ahí que el efecto global sobre el bienestar sea prácticamente nulo, pues las tiendas en MLC están vacías y las empresas estatales cada vez producen menos. Si bien las MIPYMES ofertan productos que no se pueden encontrar en moneda libremente convertible —MLC—, lo cierto es que venden a precios inaccesibles para un amplio sector de la población. Por ejemplo, una escoba plástica cuesta más de mil pesos (medio salario mínimo); un paquete de leche descremada en polvo, dos mil (casi un salario mínimo); una cama matrimonial, 70 mil (nada menos que 33 salarios mínimos).

Al respecto, el economista Miguel Alejandro Hayes, anfitrión del podcast El Solar, opina en diálogo con El Estornudo: «Hay un malestar social con las MIPYMES. Venden caro, especulan. Sin embargo, crean valor, pues otorgan bienes que hay sectores de la sociedad dispuestos a pagar. Las MIPYMES añaden valor, pues el comercio per se añade valor. El problema es dónde se añade valor y para quién. Dónde: determinados bienes y servicios. Para quién: determinado estrato social. Eso, “desde abajo”, se percibe como revender y como inaccesible».

El grueso de la población cubana atribuye una cualidad especulativa a las MIPYMES. Importan productos acabados y los venden a sobreprecio. Enseguida salta la interrogante: ¿No es la misión de estas unidades, en lugar de ejercer estas prácticas, «completar» el sistema productivo? 

El conocido economista Juan Triana Cordoví, se refería al tema de la siguiente manera: «Que las MIPYMES produzcan […], que “ayuden” a incrementar la oferta de productos nacionales a precios accesibles; que no importen tantos productos terminados y sí muchos más insumos y bienes intermedios para generar esa producción nacional tan necesaria; ¡que exporten!, están entre las demandas para las MIPYMES hoy». Luego matiza esta opinión aludiendo la devaluación de la tasa de cambio y la caída tanto de la importación de bienes intermedios —materias primas, combustibles…— como de bienes de capital —instalaciones, maquinarias, herramientas…—. Esto, según Triana, responde a una «deformación estructural de la economía nacional», que ninguna de las estrategias implementadas por el Estado ha logrado revertir.

Contrario a lo que se palpa en las calles, los datos oficiales revelan que existen más MIPYMES productivas que de servicios. Visto lo visto, estaríamos frente a un problema de orden apreciativo o metodológico. 

Hayes tiene la siguiente opinión al respecto: «Las estadísticas oficiales están manipuladas. No porque sean mentira, sino en cuanto al principio cartesiano “divide el todo en tantas partes como sea posible”. En Cuba se usan las estadísticas para negar la realidad. ¿Cómo la misma persona que el tejido productivo del país está descalabrado, sale con el dato de que en Cuba hay más MIPYMES de producción que de servicios? Pues, efectivamente, las hay. Si la estadística dice algo y la realidad dice lo contrario, se debería revisar la estadística. Entonces, a nivel de estudio y comprensión de la realidad, esos datos están mal diseñados y elaborados. La nomenclatura es insuficiente para describir el problema. Es evidente que el término «producción», tal como se define, no explica el problema. Habría que indagar en las estadísticas y ver cuántas están produciendo bienes de primera necesidad sin redistribución. Porque, por ejemplo, el sujeto que le compra un cerdo a un ganadero, secciona y empaqueta la carne para su venta, está catalogado como «productor». Técnicamente lo es, pero, desde un punto de vista objetivo, no es más que un distribuidor. Hay muchas de estas MIPYMES que producen bajo condiciones de redistribución».

Se entiende que al poder cubano le urge captar divisas. En los últimos tiempos, había un considerable volumen de divisas que iba al mercado informal y escapaba de las manos del Estado. Había todo un circuito en que circulaban al margen del Estado. Y, para atajar ese fenómeno, se inventaron una política de compra y venta que no funcionó. Ahora, con las MIPYMES, el gobierno espera canalizar el flujo de divisas por otras vías.

No se puede ignorar que en este proceso opera una lógica del poder. Es de conocimiento popular la presencia en el nuevo sector de elementos que orbitan alrededor de la cúpula o de miembros de sus familias. 

Hayes lo analiza: «El gobierno no puede hacer una política de captación de divisas que, al mismo tiempo, empodere a un sector social “no ideal” para el poder; en tanto la estructura económica debe establecer alianzas de enlace que lo consoliden. Menos aún en estos tiempos, en los que hay una “orfandad” de liderazgo. Detrás de todo este ciclo hay un cierre más o menos legal por el cual, parte de estas divisas, termina en manos del gobierno».

La implementación de las MIPYMES en Cuba muestra incontables aristas para su valoración y cada juicio emitido al respecto parece insuficiente para lograr una visión holística del problema. Su cercanía en el tiempo, la falta de acceso a datos, y el complejo y volátil contexto nacional, juegan contra los diagnósticos certeros. Sus efectos globales en la economía cubana y el bienestar social aún están por verse.