«Mira, mira, hasta el pelo se me está cayendo. Es demasiado el estrés, los nervios. Nosotros no hemos cometido ningún delito y ni siquiera tenemos antecedentes penales. Es muy duro vivir sabiendo que cualquier día, el que menos te lo esperas, vendrán y te llevarán a una prisión y no saldrás de ahí en siete años. Ya no soy persona», dice Regla Isabel Rodríguez, 61 años, negra, maestra de primaria durante 24 años y ahora ama de casa.
Ella siempre ha vivido en la barriada habanera de Jesús María, una de las más pobres de La Habana. Mientras habla, se agarra con fuerza uno de sus mechones teñidos.
«Si en verdad fuéramos culpables, lo asumiríamos. ¿Quién puede dormir tranquilo con la muerte de tres niñas en la conciencia? Pero somos inocentes. Al principio, teníamos fe en que iba a saberse nuestra verdad. Pensamos que no iba a pasar nada, que era un malentendido. No quisimos hablar con nadie de este asunto, porque todos sabemos cómo es este país: si hablas con periodistas o dices algo en las redes sociales, viene la represión, y puede ser peor. Pero ya nos da igual. Rechazaron nuestra casación. Siete años de prisión para mí y mi esposa, y seis para mi hermano y mi tío», dice Adrián Frómeta González, 26 años, pareja de Regla Isabel Rodríguez, miembro de una brigada de Áreas Verdes que arregla y corta el césped en los parques y otras zonas públicas del municipio Habana Vieja. Por ese trabajo recibe un salario mensual de dos mil 500 pesos, es decir, poco menos de diez dólares según el mercado informal en la isla. Explica que esas bolsas bajo sus ojos se deben a que hace varios días no duerme bien.
«Es muy injusto. Son cuatro inocentes. Son mis dos hijos. Es mi nuera; mi primo. Van a pagar por la muerte de tres niñas, como si fueran unos asesinos. Homicidas, así les dijeron en el juicio», dice Caridad González Prado, madre de Adrián Frómeta González, 52 años muy mal llevados, piel ceniza, despeinada, una boca en la que faltan varios dientes.
Están sentados en la sala del apartamento 102 de Vives y Revillagigedo, muy cerca del altar consagrado a Yemayá, la orisha de los mares, que descansa junto al televisor, bajo un techo que se cae a pedazos y por el cual se filtra la lluvia en los días de aguacero. El apartamento está en los bajos de lo que fue un biplanta. Hace ya tres años que el piso superior no existe. Lo demolieron luego de que su balcón se desprendiera y matara a tres niñas.
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En 2011, Regla Isabel Rodríguez decidió permutar su apartamento por otro más amplio. Lo encontró a unas pocas calles, en los bajos de la 102 de Vives y Revillagigedo, en Jesús María. La fachada y el interior de su nueva casa mostraban los efectos de un siglo sin conocer reparación alguna. El piso de arriba, donde vivía otra familia, estaba incluso en peor estado.
«Cuando me traje mis cosas y vi aquel techo de madera medio podrido, sosteniendo el piso de arriba, donde también se filtraba la lluvia, tuve una premonición: este lugar me iba a traer muchos dolores de cabeza», dice a El Estornudo.
Desde 2014, cada vez llueve, el agua se filtra entre las tablas de madera del techo o cae en hilillos por las paredes del 102 de Vives y Revillagigedo. Ese año Regla Isabel Rodríguez comenzó a visitar con frecuencia las oficinas del Instituto de la Vivienda y la sede del gobierno municipal para advertir a los funcionarios locales que un día el apartamento de los altos caería sobre ella, que la ayudaran. Nada se hizo al respecto.
Tres años después, Adrián Frómeta González llegó a su vida y a su casa. Ambos malvivieron desde entonces con el mísero salario de él —apenas 400 pesos por encima del salario mínimo en Cuba— y con los euros que mandaba una de las dos hijas de ella, residentes en Italia. El dinero, sin embargo, no era suficiente para cubrir los gastos cotidianos y, además, reparar aquel techo de madera que amenazaba con caerles encima. «Mamá, “afuera” no es fácil, y para mandar 100 euros a Cuba hay que partirse el lomo», le escribió una vez una de sus hijas.
El 6 de octubre de 2019, la casa se estremeció como nunca antes. Hubo un estruendo, como una explosión. La pareja salió de la casa a toda prisa. Temían que el techo, esta vez sí, empezara a desmoronarse sobre sus cabezas. Afuera llovía a cántaros. Adentro, solo un poco menos.
La familia de la planta alta del número 102 de Vives y Revillagigedo también salió a la calle. La barbacoa de su apartamento acababa de desplomarse violentamente. No era el primer derrumbe parcial que sufrían, pero sí el más peligroso hasta esa fecha. Nadie salió herido. Pero nadie podría vivir más allí.
«Meli, hasta ahorita mismo estuvo aquí la gente de la Vivienda porque hoy hubo un derrumbe otra vez y cayó tremendo aguacero. Vino Karina [directora de la Vivienda Municipal], el presidente [del Gobierno Municipal], unas de albergues. Bueno, se llevaron a Baby con sus hijos para el [albergue] Venus y a los otros para el Cambute. Karina mañana va directo a SECONS para que vengan ya urgente a demoler. Díselo todo a tu hermana. Te quiero, mi hija. Ahora no tengo pastillas para los nervios. Estoy mal. Me voy a bañar. Besos», le escribió ese día Regla Isabel Rodríguez a su hija, vía Messenger.
Menos de una semana después, llegó una brigada de unos pocos hombres armados con mandarrias para derribar los muros de la planta alta. Pertenecían todos a SECONS (Servicios Especializados de la Construcción), la empresa estatal encargada de las demoliciones.
«Esa gente llegó y empezó a trabajar a su ritmo. Tumbaban un trocito de pared hoy y no aparecían hasta dentro de dos días para hacer exactamente lo mismo. Mientras tanto, nuestra casa, que aguantaba aquellos escombros, empeoró su estado. Algunas tablas se desprendieron y en los días de lluvia empezó a entrarnos más agua. Tuvimos que reacomodar nuestras cosas y llenar el piso de pozuelos y calderos para evitar una inundación», recuerda Adrián Frómeta González.
En noviembre de 2020, mientras el gobierno cubano celebraba con pompa los 500 años de La Habana, Adrián Frómeta González llamó a su tío Abimael Peña Prado y a su hermano Alain Walfrido Frómeta González, el menor de la familia, quien desde pequeño fue diagnosticado con un retraso mental moderado. Ambos acudieron desde el reparto Mulgoba, en Boyeros, para hacer de ayudantes de obra.
«La brigada de SECONS dijo que iba a parar su trabajo unos cuantos días por lo del aniversario de La Habana», prosigue Frómeta González. «Nosotros aprovechamos ese momento para echar un derretido en el piso de arriba, pero solo un pedacito, el que cubre el fondo de nuestra casa. El dinero que teníamos no daba para más. En ese momento, estaban todas las paredes de la planta alta de pie. Los de SECONS no habían demolido casi nada».
La brigada de SECONS encontró un trozo de suelo cementado, nada más. No hubo quejas. Nadie denunció a la familia de los bajos por haber interrumpido la labor de demolición de una empresa estatal. El derretido, por demás, resultó en vano. Durante los siguientes meses —y hasta hoy—, el agua siguió filtrándose con cada lluvia.
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El juicio fue el 20 de febrero de 2023 en la Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana. Habían pasado tres años y 24 días desde la caída del balcón y la muerte de las tres niñas. Sentados en el banquillo de los acusados, estaban Regla Isabel Rodríguez, Adrián Frómeta González, Alain Walfrido Frómeta González y Abimael Peña Prado. Cada uno contó su versión de los hechos. Todas coincidieron.
El fiscal provincial Yohandris López Parra, recuerda Regla Isabel Rodríguez, mostró al tribunal un informe técnico donde se explicaba que el derrumbe sucedió por el actuar silencioso de las vibraciones provocadas por una demolición ilegal. Durante el juicio, sus argumentos se fundamentaron a la letra de ese informe y a la afirmación de que aquel balcón no pudo haberse desplomado solo por los efectos de la gravedad y el paso de un siglo sin reparaciones.
El fiscal López Parra —quien, en marzo de 2022, actuó como acusador durante los procesos por sedición, desacato y desórdenes públicos mediante los cuales fueron enviados injustamente a prisión 129 manifestantes en el estallido social del 11 y el 12 de julio de 2021— continuó su exposición. Mencionó a las tres niñas muertas, María Karla Fuentes (12 años), Rocío García (11 años) y Lisnavy Valdés (12 años): habló de cajas torácicas y órganos vitales aplastados, de desgarramientos viscerales y cráneos sepultados bajo el hormigón. Luego señaló a los acusados.
—Ustedes son los responsables de esas muertes —dijo.
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«Una de mis hijas vino en 2019. Ahorró un tiempo y vino a pasarse el fin de año conmigo, aquí, en esta misma casa. En esos días la demolición allá arriba siguió igual que siempre. Daban mandarriazos, pero no avanzaban. Mi hija, antes de irse, me dijo: “Un día va a suceder una desgracia aquí”. Y así fue», dice Regla Isabel Rodríguez desde la sala de su casa.
El 28 de enero de 2020, un día después de la muerte de las tres niñas, la esquina fue mencionada en muchos medios cubanos oficiales e independientes, así como en no pocos extranjeros. El lugar amaneció rodeado de vecinos, curiosos, gente que había venido a dar su pésame. También estaban el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, el gobernador de La Habana, otros funcionarios, y periodistas. Mientras, en la planta alta, la brigada de SECONS demolía en unas pocas horas más paredes que las derribadas en meses. Un artículo en la web oficialista Cubadebate dio fe esa misma tarde de que recién habían tirado la parte superior de la edificación, y también se refirió al trabajo anterior de SECONS: «Venían un día, tumbaban tres ladrillos y se iban», le dijo Amparo Marrero, vecina de la cuadra, a la autora del texto.
El jefe de sector policial citó para la tarde de ese día a Regla Isabel Rodríguez y Adrián Frómeta González para la estación de la calle Picota, a unas pocas cuadras. Allí, los instructores solicitaron tomar sus declaraciones sobre lo sucedido. Ellos aceptaron. Nueve meses después, recibieron una citación similar; esta vez en el Departamento de Instrucción Penal de la prisión de 100 y Aldabó, a once kilómetros del barrio de Jesús María.
—Solo queremos saber qué fue lo que pasó —les dijeron, y ellos contaron por segunda vez su versión de los hechos, la misma que contarían luego en el juzgado.
En marzo de 2021 fueron citados nuevamente en 100 y Aldabó. El objetivo de la reunión, según los instructores penales, era darles una noticia:
—Ustedes serán procesados por la muerte de las tres niñas. Ustedes y los ciudadanos Alain Walfrido Frómeta González y Abimael Peña Prado. Nos reunimos con funcionarios del Instituto de la Vivienda y de SECONS, y ellos los señalaron como culpables.
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El fiscal provincial Yohandris López Parra dijo que para el 25 de noviembre de 2019 las labores de demolición de la planta alta del número 102 de Vives y Revillagigedo estaban concluidas, es decir, que solo quedaban las paredes a dos metros de altura. Lo confirmaba el documento que traía en sus manos. Un documento redactado y firmado por los directivos de SECONS.
Por su parte, testigos llevados por la defensa afirmaron que para el 28 de enero de 2020 la planta alta estaba a medio demoler, tal y como la había dejado la brigada de SECONS. Que no fue hasta ese día que decidieron tirarla por completo. Que, si había peligro de derrumbe, ¿por qué no la demolieron por completo antes?
El fiscal, cuenta Adrián Frómeta González, se mantuvo firme en su versión de los hechos:
—Los acusados demolieron por su cuenta las paredes en el mes de noviembre sin saber lo que estaban causando, porque eso es algo que solo deben hacer profesionales. Las vibraciones provocadas por esos golpes terminaron por debilitar la estructura del balcón que causó la muerte a tres menores de edad.
El fiscal provincial López Parra no pudo probar que alguno de ellos poseyera una herramienta lo bastante contundente como para echar abajo una pared. Pero Regla Isabel Rodríguez lo recuerda agitando el dictamen de SECONS y diciendo:
—Aquí están las pruebas.
La tesis del fiscal —según el documento acusatorio que este presentó, previo al juicio, al tribunal, y al que tuvo acceso El Estornudo— fue la siguiente:
«El balcón de la planta alta estaba compuesto por una estructura de viga y losa, que actuaba de forma independiente al resto del entrepiso, la que no tenía continuidad con el piso de la vivienda, por lo que el balcón se sustentaba a través de vigas de empotramiento que se encontraban en mal estado constructivo por el decursar del tiempo. El inmueble tenía un muro exterior que fue retirado por los imputados, quienes no poseían conocimiento alguno de arquitectura. Eso provocó que se debilitara la estructura del balcón y pudiera sucumbir en algún momento».
A continuación, rememora Regla Isabel Rodríguez, López Parra expuso lo que, desde su punto de vista, fue el motivo del delito:
—La acusada pretendía apropiarse del inmueble en demolición. Lo prueba la multa que se le impuso por cerrar el acceso a ese espacio.
—Ay, señor fiscal, si yo nunca he tenido dinero como para arreglar mi casa, ¿cómo usted espera que tenga para adueñarme de otra que ni existe? —dijo ella cuando fue su turno de testificar.
La multa existió. Fue por un valor de 500 pesos cubanos. Se la impusieron siete meses y ocho días después de la muerte de las tres niñas. Para entonces la planta alta era una suerte de azotea totalmente llana y de superficie porosa a través de la cual se filtraba la lluvia.
Poco antes, varios vecinos habían advertido a Regla Isabel Rodríguez sobre personas que rondaban el lugar con cajones bajo el brazo. Las personas podían ser deambulantes, gente que duerme en las calles y transita la ciudad en busca de un rincón del que apropiarse, o bien veteranos habitantes de algún albergue que, cansados del hacinamiento, andaban a la caza de un espacio libre donde fijar residencia, aunque fuera ilegal. Los cartones, en cualquiera de los dos casos, serían camas, techos o paredes portátiles.
—Ten cuidado, que se te cuelan allá arriba y después, tú sabes, no hay quien los saque de allí —le dijeron.
En 2022, el Estado cubano destinó más de 195 millones de dólares a la construcción de hoteles de lujo, todos controlados por el Ejército, y 8.5 millones de dólares a la construcción de viviendas para la población. En 2023, ese mismo Estado reconoció que no podrá cumplir su plan anual de 30 mil viviendas por falta de recursos. Si pudiera cumplir su plan y sostenerlo en el tiempo, necesitaría casi 30 años para cubrir el déficit habitacional en la isla.
Nada de esto importó al fiscal provincial Yohandris López Parra, que cerró su discurso con una petición de 12 años de cárcel para Regla Isabel Rodríguez y Adrián Frómeta González, y de diez para Alain Frómeta González y Abimael Peña Prado. El tribunal, finalmente, redujo las sanciones a siete y seis años, respectivamente.
«Luego apelamos, pero no sirvió de nada. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular nos informó el 31 de octubre que las condenas se mantenían. Desde ese día vivimos con miedo a que un día aparezca la policía aquí, en nuestra casa, y nos diga que vamos presos», dice Adrián Frómeta González.
Varios vecinos hablaron a su favor, algunos durante el juicio, otros a El Estornudo. «Es injusto lo que les hicieron». «Mírame a mí, que estoy a un paso de que me pase como a ellos». «En cualquier momento ocurre aquí otra tragedia como aquella». «¿Ves esto? Esto se va a caer y, ni que Dios lo quiera, va a matar a alguien». «Son muchas las casas que debieran demoler en este barrio. Pero ¿dónde viviría la gente entonces?».
Ninguno, sin embargo, ha querido dar su nombre. Tienen miedo. Lo reconocen con titubeos, como esperando cierta complicidad, cierta comprensión. Algo de vergüenza pesa en sus lenguas, lo mismo que el temor.
