En el contexto actual, donde se sucede una crisis política tras otra, amplificado por el circuito noticioso permanente y las redes sociales, la mayor crisis de todas merece mención aparte: la erosión de la confianza en el gobierno y las instituciones democráticas estadounidenses, especialmente a nivel federal. Las encuestas muestran esta erosión, con los niveles combinados más altos de desaprobación de un presidente (53 por ciento) y su contraparte en el Congreso (17 por ciento). Irónicamente, mientras más votan los norteamericanos —en la elección del 2020 votó por presidente un récord del 67 por ciento de los votantes—, más sienten que su gobierno no responde a sus intereses, es decir, que la democracia no funciona.

¿Pero ha funcionado alguna vez? El ideal de la democracia directa, un voto por cada ciudadano y por tanto igualdad de representación política, nunca se ha cumplido en Estados Unidos (ni en otras democracias) porque el sistema fue diseñado así a propósito. Desde el principio, los padres fundadores, elitistas más que igualitarios y preocupados por contener el poder político de los que consideraban poco capacitados para ejercerlo, pusieron, durante buena parte de su historia, frenos a la democracia que iban más allá de los casos obvios de la falta de igualdad democrática de las mujeres y las minorías raciales. La palabra «democracia» ni siquiera aparece en la Constitución.

Un adagio conservador dice que «Estados Unidos no es una democracia, es una república», promoviendo el republicanismo como defensa contra la tiranía de las mayorías. Esta distinción tiene cierta validez: la mayoría no es el todo y la representación de todos los intereses es más importante que la simple suma de intereses individuales. Un país es ingobernable por plebiscito. Lo contradictorio es que este mismo sistema ha perpetuado lo que se puede considerar como una tiranía de las minorías, donde la representación cede terreno a la influencia.

Mientras que en el debate político se ensalzan los ideales de lo que se denomina la democracia jeffersoniana, centrada en la figura del hombre común y la defensa de las libertades, en la práctica la evolución de la postura opuesta, el federalismo de Hamilton, ha terminado garantizando el mercantilismo económico y el poder de las clases políticas y sus aliados. Aún más contradictorio es que los conservadores, que generalmente se oponen a los preceptos federalistas, terminan promulgando leyes y apuntalando instituciones que centran el poder en el gobierno y la clase política, no en el pueblo.

¿Dónde vemos las consecuencias de este diseño antidemocrático? Primero, en la misma Constitución y la imposibilidad práctica de reformarla de acuerdo a los tiempos: en 234 años solo se han ratificado 27 enmiendas, caso único entre países democráticos. Estamos gobernados por un documento cuyo lenguaje anacrónico simplemente no responde a nuestras circunstancias. La adoración de la infalibilidad de la Constitución en teorías político/judiciales como el originalismo hace que legisladores y juristas recurran a interpretaciones absurdas; véanse por ejemplo la elástica definición de milicia cuando se discute la Segunda Enmienda, o recurrir a la cláusula del comercio interestatal para definir la obscenidad.

La Constitución también establece las dos instituciones más antidemocráticas del país: el Colegio Electoral, que en dos de las pasadas seis elecciones ha elegido a un Presidente sin la mayoría del voto popular, y la Corte Suprema, que se ha politizado de manera obvia, decidiendo asuntos de interés nacional desde su torre de marfil, sin intervención de los electores.

Vemos también las consecuencias en la desigualdad de representación que favorece a regiones o grupos sobre otros. En el Senado, California, con 39 millones de ciudadanos tiene los mismos dos votos que Vermont con 650 mil. O para verlo de manera aún más impactante, la mitad de la población de Estados Unidos está representada por dieciocho senadores, la otra mitad por ochenta y dos. Esta desigualdad de representación continúa en el Congreso mediante el mecanismo de aproporcionamiento (gerrymandering), según el cual el partido en poder en cada estado dibuja los mapas electorales de manera que favorezca a su propio partido.

La idea no es el noble ideal de representación democrática, sino la permanencia en el poder. La consecuencia es que en el mismo Congreso, que solo tiene la aprobación del 17 por ciento de la población, sus integrantes son reelegidos más del 90 por ciento, lo cual es absurdo. Luego tenemos las leyes estatales directamente antidemocráticas que obstaculizan el voto por falsos temores de fraude: purgas de listas de votantes, menos votación anticipada, límites al voto ausente o por correo, requerimientos de identificación, incluso la absurda prohibición en la Florida de ofrecer agua a votantes esperando en fila para ejercer su voto. Estas leyes perjudican mayormente a las minorías, las mismas personas «poco educadas» que los padres fundadores creían que no merecían el voto.

Es importante que comprendamos la naturaleza antidemocrática del sistema político de Estados Unidos, no solo para apoyar reformas sino también para responder a quejas habituales. Sea cuales sean nuestras inclinaciones políticas, estos mecanismos antidemocráticos nos afectan a todos. ¿No nos sentimos forzados a elegir entre dos malos candidatos como Biden y Trump, o que ninguno de los dos partidos nos representa? La razón es la imposibilidad de un tercer partido por la matemática del Colegio Electoral. ¿No nos gusta que hayan estados permanentemente en control de un partido, polarizando al país? El aproporcionamiento lo hace posible.

¿La Corte Suprema decide asuntos como el aborto, la tenencia de armas o el matrimonio gay sin contar con los intereses de los ciudadanos a favor o en contra? ¿Senadores y congresistas reelegidos por décadas, resultando en dos cuerpos legislativos compuestos por millonarios aislados de los intereses del ciudadano común? ¿Apatía electoral que resulta en elecciones donde participan un porcentaje ínfimo de votantes? ¿Guerras perpetuas facilitadas por una clase política que usa el temor para justificar la mercantilización de la defensa supranacional? Estas y muchas más inconformidades son consecuencia directa de un sistema donde el gobierno nunca ha sido «del pueblo y para el pueblo».