A más de un año de su entrada en vigor, no pocos se preguntan cómo ha influido en la vida de los cubanos el Código de las Familias (CF), cuya letra está entre las más avanzadas en materia de derecho familiar al mismo tiempo que reconoce la pluralidad de identidades de género y propone una democratización de las relaciones sexo afectivas.
La legislación —que derogó el estatuto vigente desde 1975 y fue aprobada tras unas 25 versiones, un referéndum popular y una agria polémica entre diversos sectores de la ciudadanía— incluye disposiciones sobre derechos reproductivos y violencia en espacios domésticos, así como derechos de las infancias, las maternidades y paternidades, las vejeces y de personas con capacidades especiales. Sin embargo, el epicentro de los debates, y su medida más publicitada, fue la aprobación del matrimonio igualitario.
El referéndum tuvo lugar el 25 de septiembre de 2022; el mismo excluyó a la gran mayoría de la comunidad cubana en el exterior, incluidos aquellos con residencia en la isla. Según datos oficiales, ese día concurrió a las urnas el 74.12 por ciento del padrón electoral, y el «Sí» al nuevo Código representó el 66.85 por ciento de los votos válidos.
Dos días más tarde, entró en vigor la Ley 152/2022, y con ella se estableció oficialmente en Cuba, entre otras cosas, el matrimonio igualitario y el derecho de todas las personas a adoptar hijos; asimismo se definieron las figuras de violencia de género e intrafamiliar y se estableció que todos los asuntos en materia de discriminación y violencia en el ámbito familiar son de tutela urgente.
Además, la normativa instituyó un amplio registro de garantías para las personas en situación de discapacidad y para los adultos mayores, incluido el derecho a decidir dónde y con quién estar, así como los detalles del cuidado y la protección de los menores en caso de divorcio o separación, así como en situaciones de desastres.
El CF incorporó la prohibición expresa de discriminación por motivos de identidad y orientación sexuales; dispuso la protección de los vínculos familiares no consanguíneos, establecidos por relaciones filiales adoptivas y socioafectivas, y otorgó derechos multiparentales.
Igualmente, reconoció la diversidad de familias realmente existentes, en sus distintos formatos y formas de reconocimiento legal, como el matrimonio o la unión de hecho, y dio protección a padrastros y madrastras, o bien al conviviente efectivo cuando existe solo separación y no divorcio. También ofreció garantías a las personas encargadas del cuidado de otras. Estableció la posibilidad de fijar diversos pactos económicos para el matrimonio: la comunidad matrimonial o regímenes mixtos de bienes. Y, de hecho, prohibió el matrimonio infantil al señalar los 18 años como edad mínima para contraer ese lazo.
La Ley 152/2022 reconoció la posibilidad de gestación subrogada, aunque regulada de forma prolija y solo como gesto solidario. Además, el texto eliminó la figura legal de «patria potestad» en favor del polémico término de «responsabilidad parental», con el fin expreso de garantizar el interés superior del menor; reconoció de la autonomía progresiva de las infancias, lo cual afirma el derecho de los menores a ser escuchados y protegidos en su integridad física y emocional.
La implementación según el oficialismo
En el primer aniversario de la legislación, trascendió en la prensa oficialista cubana que la figura del CF «más autorizada» ha sido la correspondiente al artículo 217, relacionado con la «escritura de asentimiento por parte del cónyuge que no es titular de la vivienda para que se pueda disponer legalmente de ese inmueble».
El ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera, consideró satisfactoria la implementación del CF, y aseguró que este seguía siendo un reconocimiento a la diversidad, la tolerancia y a la igualdad.
La directora general de Notarías y Registros del Ministerio de Justicia, Olga Lidia Pérez Díaz, informó en la ocasión que entre las figuras más requeridas estaban igualmente las escrituras de consentimiento para las técnicas de reproducción asistida en seres humanos, aunque no dio cifras sobre este procedimiento. Asimismo, dio cuenta de que hasta esa fecha (26 de septiembre último) se habían autorizado dos mil 132 formalizaciones de matrimonios entre personas del mismo género.
Aunque no abundan las pistas sobre las problemáticas de la implementación del CF, el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Leonardo Pérez Gallardo, reconoció en entrevista con local Escambray que, a nueve meses de su entrada en vigor, había pocos avances en importantes aspectos de esta legislación.
Interrogado acerca de «las propuestas más renovadoras respecto a la legislación anterior», Pérez Gallardo repuso: «La posibilidad de visibilizar sectores en situación de vulnerabilidad, la protección de los derechos de las personas adultas mayores, de los derechos de las personas en situación de discapacidad, la dimensión social y de derechos humanos de la discapacidad, la inclusión social y familiar de estas personas… ¿Se ha logrado? No. ¿Los operadores del Derecho y muchos funcionarios han asimilado el reto del Código en materia de personas en situación de discapacidad e inclusión social? No».
En septiembre último, el portal oficialista Cubadebate expuso que la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la UNJC admitía la escasa preparación técnica y multidisciplinar de los profesionales del derecho, quienes seguirían apegados a lo establecido durante casi 50 años y, en la práctica, limitan el horizonte de posibilidad de las nuevas normas.
A continuación, se reconoció en dicho artículo «la subsistencia de estereotipos y prejuicios asentados en la subjetividad de algunos profesionales con un pensamiento a veces demasiado cauteloso, otras conservador, y no pocas veces machista, proveniente de la cultura patriarcal que todavía se encuentra latente en nuestra sociedad». En cursos e intercambios conducidos por dicha Sociedad se ha apreciado asimismo una «limitada percepción de la necesidad de adoptar medidas urgentes cuando se trataba de proteger a personas con una delicada situación en el entorno familiar o que sus circunstancias las colocan en estado de franca vulnerabilidad, especialmente infantes y adolescentes, quienes no pueden esperar por decisiones que se dilatan en el tiempo».
La organización señaló también que aún no se utilizan figuras jurídicas que pueden dar solución a problemas complejos de las familias cubanas; ello implicaría, según el artículo aparecido hace un mes en Cubadebate, «conductas irresponsables, mecánicas o impasibles ante el drama ajeno de quienes están llamados a actuar de manera consciente ante la urgencia al momento de brindar protección a personas que se encuentran en situación de inseguridad o desventaja; y como colofón genera la pérdida de la confianza en las normas destinadas a la defensa de los derechos e intereses del grupo familiar y de sus integrantes».
Confirmaciones de una experta
En 2022, los feminismos y los activismos LGTBIQ+ protagonizaron una significativa movilización en la esfera pública cubana independiente, en favor de los derechos humanos y contra la violencia machista. Ciertamente, el proyecto del actual CF llevó a una encendida polémica debido, sobre todo, a que fue sometido a referéndum —algo que no suele ocurrir con normativas que amplían derechos, y que no había ocurrido, por ejemplo, con el reciente Código Penal— bajo la presión de los prejuicios de una sociedad eminentemente patriarcal y, especialmente, de insólitos actores políticos vinculados, señaladamente, a las iglesias evangélicas, que ya habían hecho campaña en su contra desde los días en que se discutió la actual Carta Magna cubana (2019) —cuya versión inicial definía el matrimonio como la unión entre dos personas, sin definiciones de género.
Pasado algo más de un año, diversos actores y analistas de la sociedad civil cubana accedieron a valorar para El Estornudo los efectos de la implementación de esta legislación.
La socióloga cubana y directora del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido60), Elaine Acosta, consideró primordial recordar cómo fue el proceso de discusión y aprobación del anteproyecto del actual CF.
En su opinión, aquel momento evidenció de algún modo «una ciudadanía que comenzaba activarse y ser capaz de aprovecharse de los limitados espacios institucionales que siguen existiendo en Cuba».
«Lo cierto es que generó un debate, sobre todo, en las redes sociales y en otros espacios», señaló la también investigadora asociada en el Cuban Research Institute de Florida International University. «Recordemos que ese anteproyecto fue sometido a consulta popular, cuestión muy debatida, ya que se parte del supuesto de que los derechos no se plebiscitan. Sin embargo, en ese restringido espacio, la ciudadanía pudo emitir su opinión, sin que ello tuviera un efecto vinculante y el anteproyecto sufrió varias modificaciones como resultado de ese encendido debate, sobre todo, a través de las redes sociales y algunas movilizaciones acotadas que existieron», subrayó.
Apuntó la experta que a ese proceso se llegó con las frustraciones resultantes de los debates que surgieron en el referéndum constitucional de 2018, a raíz del artículo 68 del anteproyecto de la actual Constitución, que aseguraba la posibilidad del matrimonio igualitario.
«Ese artículo fue uno de los que más acaparó la atención y hay muchos estudiosos que coinciden en que, tal vez, haya sido una de las mayores movilizaciones, en el sentido de debates no oficiales de actores socio-políticos ocurridos en las últimas décadas en la isla, y en ese sentido, uno puede decir que fue positivo», destacó Acosta. «Sin embargo, ese artículo no fue incluido en la nueva Carta Magna y fue postergado para su discusión en el marco de la reforma del Código de las Familias, que efectivamente posteriormente lo incorporó».
Desde su punto de vista, el CF vigente «es una norma que se encuentra más alineada con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, ya que reconoce explícitamente los cinco principios establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos hacia las personas mayores; incorpora, además, la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado que hasta el momento no había sido reconocido como un derecho».
No obstante, advierte, «es una norma que nuevamente no logra, a mi juicio, un adecuado balance de los principios que la rigen ni consigue explicitar ciertos derechos de los cuidadores. Por otra parte, tampoco reconoce a las propias personas mayores como sujeto de atención del desarrollo de una cultura de atención prioritaria en servicios públicos o culturales o sociales, y tampoco queda lo suficientemente desarrollado el principio de participación».
«Probablemente», agrega, «uno de los aspectos más polémicos en materia de protección es el tema de la alimentación». Acosta sostiene que, «si bien el Código incorpora los derechos de la ascendencia y descendencia en esta materia e incorpora el derecho de las familias de proporcionar y proveer alimentos hacia las personas mayores, en el fondo, no se establece con la misma profundidad con que se establecen los deberes hacia la descendencia y la ascendencia, es decir, hacia las madres y los padres. En consecuencia», enfatiza, «no se logra un ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad».
La investigadora opina que otro de los grandes problemas del CF radica en la letra en sí —«que de alguna manera se puede decir que avanza en materia de Derechos Humanos»—, sino en «las condiciones de su implementación», las cuales entiende «muy limitadas y de escaso conocimiento público».
Para la investigadora, las evidencias de esta última afirmación se encuentran en las frecuentes denuncias de la población debido a maltratos y violencia intrafamiliar o en espacios públicos.
«La mayoría de las personas no conocen cuáles son las vías de tramitación y de denuncia en estos casos. En mi opinión no han sido dispuestos los medios y los recursos humanos para que la norma se ejecute, por lo cual siguen siendo de alguna manera letra muerta», subraya la socióloga, quien cree que en ese sentido es necesario que fortalecer los servicios jurídicos en la isla, incluida la formación de recursos humanos para atender a las nuevas exigencias.
«Mi conclusión es que todavía hay un conjunto de materias pendientes de la norma, con ciertos desbalances entre los derechos reconocidos a los distintos sujetos de atención, y probablemente lo más crítico sea, como pasa con otras normas en Cuba, las condiciones no creadas para su implementación», afirma Elaine Acosta. «Mientras esto sea así, por muy avanzada que sea la norma, será muy limitado su alcance y posibilidades de garantizar la protección de los Derechos Humanos de los distintos grupos».
Sobre el cuidado de los adultos mayores en el ámbito familiar en la isla, el más reciente informe de la entidad que dirige Acosta indicó que «la falta de datos y estudios sobre la problemática del maltrato intrafamiliar hacia personas mayores en Cuba contribuye a su invisibilidad y, en consecuencia, a que se reproduzcan y aumenten los casos de este tipo, sin que exista una debida protección y reparación de las víctimas».
El documento también alerta que, en el contexto de acelerado envejecimiento demográfico que experimenta el país, de crisis económica sistémica y de emigración creciente, «es altamente probable que las tasas de maltrato hacia este grupo aumenten». Advierte además que no solo hay falta de información y de mecanismos para detectar esta problemática, sino que tampoco existen medios para dar seguimiento adecuado a los casos conocidos, ni se cuenta con las posibilidades de un debido proceso jurídico contra quienes cometen los maltratos ni, por ende, con garantías para conseguir reparaciones adecuadas.
La Ley que «no ha cambiado nada»
Para Adelth Bonne Gamboa, activista LGTBIQ y de derechos humanos, el proceso que llevó a la aprobación del CF no fue para nada un «genuino acto de democracia», como lo consideraron las autoridades de la isla.
«Para mí no fue un acto genuino de democracia todo eso de la consulta popular y del voto para el CF, porque desde el inicio se supo que había una intención política de aprobarlo», afirmó Bonne en diálogo con El Estornudo.
«Como un sector de la población vulnerable necesitaba de un derecho, […] la comunidad LGTBIQ+, para dárselas de democráticos, vendieron eso ante Cuba y el mundo como un acto democrático», reflexionó, «pero todos sabíamos que eso ya estaba aprobado de antemano, porque ellos [el régimen] no son democráticos para nada. De hecho, soy de los que opinan que a ellos no les interesa la comunidad LGTBIQ+ ni nada de eso. Lo que en ese momento les interesó [presentarse como] un país más abierto, […] dar la impresión de un aperturismo, de una tolerancia, [y] después la realidad demostró todo lo contrario, porque este país no ha cambiado nada. Está la Ley ahí, pero no ha cambiado nada».
Bonne admitió que muchas personas han usado el derecho al matrimonio igualitario «porque lo necesitaban». No obstante, dijo, «ni la tolerancia ni la igualdad se ven reflejadas en la sociedad cubana, porque todavía siguen ocurriendo detenciones a personas LGTBIQ+; todavía personas trans siguen siendo perseguidas en las calles o pasando las noches en unidades [de policía] por simplemente ser personas trans; todavía siguen las redadas en áreas de supuesta prostitución, que no son más que áreas donde la comunidad LGTBIQ+ históricamente se ha reunido. Entonces, no pudiera decir que el CF responde como tolerancia, porque ellos van a todos esos lugares a vulnerar todos esos derechos; el mismo país que tiene ese CF […] tiene personas trans o LGTBIQ+ perseguidas por el simple hecho de ser lo que son».
El activista recalcó, además, que el CF «no protege nada, porque seguimos viendo a niños en situación de desamparo o en situaciones de violencia, sin que el gobierno haga nada; seguimos viendo personas ancianas en extrema pobreza, pidiendo en las calles, sin que el gobierno haga nada; seguimos viendo violaciones de derechos a personas LGTBIQ+ sin que el gobierno haga nada; seguimos viendo el desamparo de muchas familias en estado de extrema pobreza y con cien mil problemas, sin que el Estado haga nada. Es decir, el CF ha protegido porque le dio el derecho de matrimonio a un sector que lo estaba pidiendo, pero en forma general siguen las mismas problemáticas. No se resolvió nada […], ni creo que se vaya a resolver nada».
Bonne sostiene la hipótesis de que «el CF fue una cortina de humo que ellos [las autoridades] utilizaron en un momento, donde prometieron, una vez más, un país en el que iban a estar protegidos un sinnúmero de derechos», dijo. «Y al final, ¿cómo está la [mayor] parte de Cuba hoy en día? Descontrolada totalmente. [Ellos] no han tenido la intención de darle uso a ese CF como está escrito, con las protecciones de los derechos […] contenidos en este».
Sobre los hombros de ellas
La activista contra la violencia machista y periodista independiente Marta María Ramírez coincide en que a un año de la aprobación del CF en la isla «no ha habido grandes cambios en la sociedad y en las familias cubanas en los temas de derechos».
«Hemos visto que la situación se ha hecho mucho más perentoria y que sigue recayendo en las mujeres y en personas LGTBIQ+ las responsabilidades de cuidado de menores de edad, de ancianos y personas con otras capacidades que supuestamente están protegidas por ese Código a partir de las declaraciones de corresponsabilidad y de otros de sus acápites», aseguró la promotora de la plataforma feminista y observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba.
«Creo que un documento que expresa una voluntad política que no se traduce en leyes administrativas es un problema», estableció Ramírez, «además, de la escasísima divulgación que ha tenido para saber cómo eso efectivamente se va a regular, porque se habla de corresponsabilidad, pero no se traduce en leyes administrativas para hacerla efectiva».
«Porque lo cierto es que si tu convives con un maltratador psicológico, económico e incluso físico, y tú decides terminar esa relación y salir de ese ciclo de violencia, pero para que esa persona te dé el veinte y tanto por ciento de su salario en pesos cubanos…. —y tener que aguantar, además, de que te siga violentando, que te sigan controlando, que siga estando en tu vida, que le siga haciendo daño a tus hijos, que los siga maltratando físicamente—, tú prefieres que esa figura desaparezca y lo dejas ir», reflexionó la activista. «Esto está significado en la sociedad cubana con un aumento de las familias monomarentales; un aumento de la carga de esas mujeres, y una feminización importante de la pobreza. También, bajo este criterio, el panorama de los feminicidios no puede mejorar, aun cuando se establezcan legislaciones específicas. O sea, que esto lleva políticas públicas con enfoques de género y el CF no es suficiente».
Ramírez cree que para resolver la emergencia de los feminicidios «no bastaría solo con la voluntad expresada en las urnas por el pueblo cubano». Su criterio es que «tendría que haber un complemento con la aplicación de medidas preventivas, y ahí entra lo que hemos pedido desde hace muchos años, una Ley Integral Contra la Violencia Machista, contra la violencia feminicida, que tenga un componente educativo importante para empezar a educar a las nuevas generaciones en otras maneras de relacionarse, en una cultura de paz y que permita también prevenir y que no suceda lo que hemos visto este año: un aumento en los registros de feminicidios, muchos de estos con denuncias previas ante las autoridades».
La periodista precisó que el CF solo contempla los feminicidios que ocurren al interior de la familia, entre parejas y exparejas, que son los que más se denuncian, pero deja fuera una serie de feminicidios de los que no se tiene registros, como los feminicidios sexuales o sociales, los relacionados con la honra de la familia; es el caso también de los transfeminicidios y los travesticidios, que ocurren cuando las víctimas son personas binarias o trans, de los cuales apenas se tienen registros, porque existen menos redes de apoyo.
Tampoco, añadió, hay registros de mujeres lesbianas o bisexuales, ni de los feminicidios vicarios, que tienen que ver con la desprotección de la infancia.
«Necesitamos políticas públicas y una legislación integral que permita la tipificación de los feminicidios como un delito que no solo está ocurriendo al interior de las familias, aunque, según los registros, los hogares parecen ser los lugares más peligrosos para las mujeres cubanas», insistió Ramírez, quien asimismo opinó que el CF fue «un lavado de cara, sobre todo hacia afuera, porque al totalitarismo cubano le importa mucho mostrarse hacia afuera como el gran protector de las mujeres y de las infancias».
Le preocupa que, aun cuando muchas personas han accedido al matrimonio igualitario, todavía se sigan vulnerando otros derechos de las personas LGTBIQ+. «El matrimonio igualitario nunca debió faltar, y su no reconocimiento es cierto que provocaba gran angustia entre personas LGTBIQ+, sobre todo ante la muerte de una de esas personas», dijo, «pero también hay que ver qué ha pasado con la gestación solidaria, que no tenemos ningún hallazgo, y el gobierno tampoco está siendo transparente [al respecto]».
Enfáticamente, Ramírez aseveró que los actuales registros de feminicidios en la isla son suficientes para reclamarle al Estado cubano «el incumplimiento de su deber [de] proteger a mujeres, a niñes, a ancianes y a personas LGTBIQ+» y le confirman a la sociedad civil que el CF fue sobre todo eso: «un lavado de rostro».
De enero a este 27 de octubre, se han confirmado en Cuba 71 feminicidios, una cifra que ya casi duplica los reportados en 2022; además se registraron otros seis intentos de feminicidios y al menos dos asesinatos por motivos de género, según el conteo de los observatorios Yo Sí Te Creo En Cuba y Alas Tensas.
Una Ley genial «para la sociedad alemana»
El activista y abogado cubano Fernando Almeyda cuestionó la afirmación del ministro cubano de Justicia de que el CF es un «reconocimiento a la diversidad».
«La palabra diversidad no solo se restringe en el espectro de la familia, de los espacios familiares, y ciertamente no está contemplada diversidad alguna si te pones a pensar que todos esos derechos, que supuestamente se están concediendo, quedan suspendidos por un mandato arbitrario de una autoridad, en cualquier otra de las figuras de competencia, por causa política, por causa racial, por causa etnológica, por causa de trato social, por causa de procedencia. Por muchas causas, todos esos derechos pueden ser suspendidos. Como discurso hacia la tolerancia y la igualdad, yo no sé qué te diga, porque es una Ley. Creo que lo que más benefició, en última instancia, fue el reconocimiento del matrimonio igualitario, que dio una figura de formalización a las uniones libres que ya existían entre parejas del mismo sexo. Pero dejaron fuera a otra comunidad importante, que es la comunidad trans, que no está contemplada cabalmente en ninguna parte del CF», argumentó quien es director jurídico de la ONG Prisoners Defenders (enfocada en Cuba).
Según Almeyda, «es cuestionable la visión de intromisión del Estado, a través del Poder Judicial […] dentro de un sistema que está diseñado para depender del Ejecutivo, y cuando decimos el Ejecutivo en Cuba no es el gobierno, es el Comité Central [del Partido Comunista]». Y resumió: «Lo único que hay inclusivo en Cuba, en mi opinión, es la persecución política y la asimetría del poder en todas sus dimensiones: estructural, social, política y jurídica».
«Esa afirmación pretende pasar por encima de los otros niveles que la palabra diversidad implica. Así que no estoy seguro de que sea un CF inclusivo, aunque desde la tónica específica del Derecho de Familia es un Código que cumple más o menos con todos los requisitos», razonó a continuación el jurista. «Lo que yo le digo a la gente es que el CF de Cuba es maravilloso para la sociedad alemana. Es genial para eso; pero Cuba no es la sociedad alemana, ni se rige por los cánones de la sociedad alemana, ni tiene un gobierno que tenga que ver con el de la sociedad alemana, así que todo lo que llevaría a cabalidad para una buena ejecución de ese CF va a quedar truncado por los mismos procesos y las mismas dinámicas del poder social en Cuba y del poder político en Cuba, que dificultan que el país sea un Estado medianamente habitable».
No obstante, Almeyda coincide en que el CF sí significó un paso hacia adelante, puesto que, recordó, «había una batalla muy fuerte por la visibilización del modelo de familia diversa, de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, de la necesidad del reconocimiento del matrimonio igualitario, y eso sí lo hubo, […] y es una de las victorias más importante para la comunidad LGTBIQ+». Sin embargo, matizó, «estratégicamente para el Estado cubano resolvió dos problemas: se quitó un peso internacional, quedó bien con una cuota, y se quitó de arriba el leitmotiv de un fuerte activismo de esa comunidad, que se aliaba, a veces, estratégica/tácticamente, con sectores de la oposición».
El activista opositor concedió que «sí ha habido una amplia gama de personas que reconocieron sus uniones afectivas a través del matrimonio, lo cual permitió una serie de soluciones, más pragmáticas que otra cosa, como [la capacidad] de proteger patrimonialmente a la persona en caso de que muera una de las partes para poder acceder a la herencia; es más fácil efectuar donaciones, es más fácil defender derechos en las relaciones de convivencia y es posible adquirir estatus extranjeros, a través de eso, porque ahora cualquier cubano que esté casado con otro cubano que tenga la residencia o la ciudadanía en un país como España, que reconoce el matrimonio igualitario, pues esa persona puede adquirir derechos como esposo o esposa, lo cual es realmente importante».
Otro punto favorable, destacó, es que «también abrió la puerta a otros modelos familiares como la adopción —aunque en Cuba el sistema de adopción es una gran basura, pero abrió un espectro importante en este tema. En ese aspecto sí yo tengo que decir de que fue positivo, y que tuvo un impacto positivo para la comunidad, […] ese aspecto del matrimonio igualitario y de los derechos que vienen en las relaciones de pareja, reconocidas formalmente por Ley».
«Ahora, son otros cinco pesos si esto influyó positivamente en la dinámica de la comunidad LGTBIQ+, que no me parece, porque hay un sector muy olvidado, que es la comunidad trans. De eso no hay real protección», insistió Almeyda. «En el ejercicio de la aplicación práctica de toda una gama de derechos reconocidos, que no solo tienen que ver con la comunidad LGTBIQ+, pues tampoco; porque la infraestructura no está diseñada para eso, porque el funcionariado cubano no está diseñado para eso, porque está permeado por una determinada ideología. Y la ideología que prima en Cuba, en sustitución del comunismo, es su variante más nacionalista, y cuando hablamos de nacionalismo estamos hablando de nacionalismo nazi-fascista, en nombre del comunismo y de Fidel [Castro], [y] el nacionalismo nazi-fascista también tiene rasgos muy homofóbicos y muy excluyentes, por lo que, por esa parte, tampoco…».
Desde su exilio en Serbia, Almeyda cree que el CF dejó por escrito «el fin de la política de Estado de vulneración de los derechos de la comunidad LGTBIQ+», aunque, apuntó, «realmente no hubo un proceso ni de rectificación ni de reconstrucción de la memoria histórica real y efectiva, ni hubo un proceso de conciliación entre todas las víctimas hasta ese momento».
«Que usted hable de familia y se enfoque en familia es uno de los elementos que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Humanos, que incluye el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Culturales, Económicos y Sociales. Eso es una parte. Pero si usted la otra no la tiene resuelta, si usted no tiene un enfoque integrativo y general de los derechos, no vas a resolver nada», explicó el jurista, para quien «no hay garantías de respeto a la infancia, al adulto mayor, de los derechos de familia, si usted no tiene una sociedad que contemple con integralidad la protección y la potencialización de sus elementos y que no contemple sistemas de rotación genuinos de los derechos humanos».
Por último, recalcó Almeyda que lo más preocupante es que «sigue sin existir límites para el Estado» en su capacidad de intromisión en la familia cubana, «y eso atenta, sobre todo, contra las personas con un pensamiento político divergente», dijo.
