Desde que El Estornudo se fundó el 14 de marzo de 2016, quienes se sumaron al proyecto, sin otro incentivo que la pasión por el periodismo, porque durante sus dos primeros años nadie cobró por publicar, han debido enfrentar no solo el estigma de realizar un trabajo que durante décadas ha sido criminalizado en Cuba, sino también distintos tipos de violencia por parte de agentes del Ministerio del Interior: interrogatorios, amenazas, cercos en viviendas, regulaciones para viajar y campañas difamatorias. Los últimos meses han sido singularmente difíciles para nuestros periodistas, incluso en el contexto de enfrentamiento al nuevo coronavirus, pero lo cierto es que la falta de garantías jurídicas para el ejercicio del periodismo siempre ha sido un desafío para la revista.

El primer episodio represivo serio que identificamos ocurrió en octubre de 2017, cuando Abraham Jiménez, director de El Estornudo, fue visitado sorpresivamente en su casa por dos agentes y trasladado de manera arbitraria a una oficina del centro de detención de 100 y Aldabó, donde le interrogaron durante unas diez horas. Ahí le preguntaron tanto por El Estornudo como por su vida privada y amenazaron con encarcelarle y tomar represalias contra su familia. En ningún momento tuvo acceso a un abogado, porque, en primer lugar, en su contra nunca se levantó una acusación formal: patrón que se repetiría en el resto de los interrogatorios a los que serían sometidos otros periodistas.

En 2019, el escenario en la isla se volvió cada vez más hostil para los medios independientes, en especial para los que cubren temáticas sociales. El hecho más lamentable del año fue el encarcelamiento del periodista, abogado y poeta Roberto de Jesús Quiñones, reportero del portal Cubanet, a quien le impusieron una condena de un año de privación de libertad, pero la mayoría de los medios independientes denunciaron distintos actos represivos. En nuestro caso, denunciamos dos cercos policiales de varias horas a la vivienda de Abraham, en julio y diciembre, para impedirle que saliera a reportar, y un interrogatorio a Carlos Melián, el 18 de julio, en la Unidad de la Seguridad de Versalles, en Santiago de Cuba.

En 2020, la realidad sigue siendo la misma. Este año, Yoe Suárez, colaborador de El Estornudo, ha sido interrogado en seis ocasiones: el 5 de febrero, el 27 de marzo, el 3 de abril, el 22 de abril, el 2 de mayo y el 11 de mayo. Casi siempre, en la Estación de la Policía de Siboney. En el primer interrogatorio le comunicaron que había sido «regulado», es decir, que no podía viajar al exterior, y que si continuaba reportando para El Estornudo y Diario de Cuba, podría haber consecuencias para su familia. A Suárez también le han amenazado con procesarle por difusión de «propaganda enemiga» y «mercenarismo».

El 13 de abril, Carlos Melián volvió a ser interrogado, en una oficina de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba. El 14 de marzo: Carlos Manuel Álvarez, en una oficina del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando se disponía a viajar rumbo a México. El 20 de marzo: Darío Alejandro Alemán, en la Sexta Estación de la Policía de Marianao, en La Habana. Y el 17 de abril: Mónica Baró, en la Estación de la Policía de Tercera y 110, en La Habana; justo cuando se confirmaban más de 900 casos de personas contagiadas con el nuevo coronavirus en el país, se exhortaba a la población a permanecer en sus hogares y estaba suspendido el transporte público.

En el caso de Mónica, su interrogatorio terminó con una multa de tres mil pesos por supuestamente «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, las buenas costumbres y la integridad de las personas»; según establece el Decreto Ley 370 en el inciso i del artículo 68. La multa no fue impuesta por el agente que la interrogó, pero fue este quien solicitó la presencia de dos inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Los inspectores mostraron a la periodista una serie de publicaciones realizadas en su perfil personal de Facebook y sin más procedieron a multarla[i].

Pero, ¿qué quieren saber, con tanta insistencia, los agentes del Ministerio del Interior sobre nosotros? ¿Qué preguntan una y otra vez? ¿Qué buscan? ¿Qué les inquieta? Pues lo que podemos concluir de varias experiencias es que su curiosidad abarca un área bastante amplia de nuestras vidas.

Les interesa saber sobre los viajes que realizamos y los talleres a los que asistimos: qué aprendemos, a quiénes conocemos y con quiénes vamos, si recibimos una dieta para comer y transportarnos, cómo empleamos lo que aprendemos, por qué decidimos participar. Les interesa saber por qué escribimos de la manera en que escribimos y sobre los temas que escribimos. Les interesa saber si cobramos por un trabajo y cuánto, si recibimos un salario cada mes y de dónde provienen nuestros fondos. Les interesa que sepamos que ya saben lo que nos preguntan o una parte importante de lo que nos preguntan, porque alguien encubierto les ofrece información. Pero, de todo lo que les interesa saber, quizá lo que más les inquieta es que el trabajo de los periodistas independientes sea remunerado y que la revista disponga de fondos para producir contenidos.

En Cuba, que un periodista independiente cobre por su trabajo no pocas veces es usado por sus detractores como un argumento para intentar desacreditarle. Hay quienes consideran que la decisión de producir periodismo fuera del modelo de prensa estatal partidista solo puede obedecer a motivaciones económicas, como si el único problema del modelo de prensa estatal partidista fueran los salarios, y no la censura, o como si las motivaciones económicas fueran por defecto moralmente reprobables.

El periodismo es un servicio público pero es, al mismo tiempo, un trabajo honrado. Si trabajar como periodista independiente en Cuba implica violar leyes es porque, en primer lugar, existen leyes que violan los derechos de libertad de prensa y de expresión, los cuales se reconocen en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El periodismo solo es un delito cuando las leyes son injustas.

Si bien la Constitución de la República, aprobada mediante referendo en febrero de 2019, sostiene en los artículo 54 y 55 que el Estado reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y la libertad de prensa, el artículo 55 limita esta última cuando dicta que «los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».

¿Y qué significa que los medios fundamentales de comunicación social son propiedad socialista de todo el pueblo? Significa que solo los medios cubanos estatales cuentan con respaldo constitucional, pues el artículo 22 define como propiedad socialista de todo el pueblo aquella «en la que el Estado actúa en representación y beneficio de este como propietario»; lo cual es una tergiversación, porque la propiedad socialista de todo el pueblo no se traduce como propiedad estatal, ni socializar el poder implica centralizarlo en el Estado.

La nueva Constitución nada dice sobre las decenas de medios de comunicación que, incluso desde antes de su aprobación, funcionan en Cuba de manera independiente del Estado y del Partido Comunista (PCC). En 2019, varios de esos medios ya contaban con una trayectoria relevante y algunas de sus publicaciones habían sido distinguidas con prestigiosos premios internacionales —como el Gabriel García Márquez o el Rey de España—, pero ello no impidió que la reforma constitucional, realizada entre junio de 2018 y febrero de 2019, confirmara la marginalidad y la desprotección en que ya existían.

Por otra parte, como tampoco se reconoce la plena libertad de asociación, porque las únicas organizaciones políticas, sociales y de masas permitidas son las que se supeditan, de una u otra forma, al poder institucionalizado, no hay posibilidades de fundar organizaciones que, a su vez, funden un medio de comunicación.

Mientras, en los interrogatorios, los agentes del Ministerio del Interior cuestionan la independencia de los medios no estatales aludiendo a sus fuentes de financiamiento. Repiten, hasta el cansancio, que «el que paga manda», un argumento que se ha usado antes desde la oficialidad para atacar el cine independiente cubano y cualquier proyecto desligado del Estado. Por supuesto, olvidan aquellos proyectos reconocidos por el Estado que trabajan igualmente con cooperación internacional.

Ningún agente afirmaría que la Unión Europea dispone sobre el Consejo de Administración Provincial de La Habana porque financia con un millón 500 mil euros el Corredor Cultural Calle Línea, o que la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación dispone sobre la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños luego de haber apoyado con más de cuatro millones 500 mil dólares un proyecto para la seguridad alimentaria. La recepción de fondos implica siempre el cumplimiento de una serie de requisitos que se pactan por anticipado entre las partes, básicamente para asegurar que los fondos se empleen de manera eficiente, pero esto no supone subordinación alguna.

Criminalizar la búsqueda y obtención de recursos para sustentar la labor periodística de un medio supone criminalizar el periodismo y, por consiguiente, el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión. La Declaración de los defensores de los derechos humanos (resolución 53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas), en su artículo 13, reconoce que «toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».

En el mismo sentido, en 2012, el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sostenía que «la posibilidad de que las asociaciones accedan a financiación y recursos es parte integrante y vital del derecho a la libertad de asociación» y que «todas las asociaciones, estén o no registradas, deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales».

Hasta hoy, nadie ha podido presentar en contra de El Estornudo una sola evidencia de que sus fuentes de financiamiento —Open Society Foundations y National Endowment for Democracy— intervengan en sus decisiones editoriales o sus contenidos, y no por falta de acceso a información sobre la revista. En múltiples ocasiones hemos hablado públicamente sobre nuestra labor y concedido entrevistas a investigadores y estudiantes de Cuba y otros países que se han propuesto estudiar nuestras rutinas productivas. Además, quienes colaboran con El Estornudo saben que para publicar no atendemos a otros criterios que no sean periodísticos.

En cambio, desde hace décadas, en las academias cubanas abundan las investigaciones que demuestran la injerencia constante del PCC en los procesos productivos de los medios estatales y cómo estos terminan convirtiendo el periodismo en propaganda al colocar las directrices ideológicas por encima de la vocación de servicio público. Si El Estornudo existe es precisamente porque muchos de nosotros trabajamos primero en medios estatales, padecimos ese estado de cosas y nos convencimos de que el periodismo, si es, debe ser capaz de cuestionar todos los poderes. En tanto medio cubano, nuestro principal objeto es el poder totalitario vigente en la isla. No somos prisioneros de falsas equivalencias. Ni decidimos romper con una dependencia para someternos a otra.

Open Society Foundations y National Endowment for Democracy son organizaciones no gubernamentales que financian proyectos muy distintos —no solo periodísticos— en gran parte del mundo. La primera, fundada en 1984 por el financista, multimillonario y estadounidense de origen húngaro George Soros, opera con fondos privados y otorga más de dos mil 500 subvenciones al año en más de 120 países. La segunda fue fundada en 1983. Se trata de un fondo bipartidista del Congreso estadounidense, independiente del gobierno, que otorga más de mil 600 subvenciones al año en más de 90 países.

En el área del periodismo, la información y los derechos digitales, Open Society Foundations ha apoyado proyectos de periodismo de investigación tan emblemáticos a nivel global como Bellingcat (también apoyado por National Endowment for Democracy), la Oficina de Periodismo de Investigación o el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Este último, que reúne a casi 250 reporteros de unos 90 países y territorios, publicó en 2016 la investigación conocida como Panama Papers o Papeles de Panamá, la cual implicó a más de 140 líderes políticos del mundo, empresarios y otras personalidades, incluido al propio George Soros.

Específicamente en América Latina y el Caribe, Open Society Foundations ha contribuido a financiar emprendimientos periodísticos de gran relevancia, entre los cuales se encuentran El Faro (Centroamérica), Revista Factum (El Salvador), La Silla Vacía (Colombia), Ojo Público (Perú), Convoca (Perú), Chequeado (Argentina), el Centro de Investigación Periodística (Chile), Nómada (Guatemala), el Centro de Periodismo Investigativo (Puerto Rico) y Agencia Pública (Brasil).

Por su parte, National Endowment for Democracy ha contribuido, igualmente, a financiar La Silla Vacía, Ojo Público, Convoca, Chequeado, Nómada, o la Plataforma Periodística para las Américas Connectas (regional).

Pero, en la medida en que defendemos el derecho de la sociedad civil a acceder a recursos de cooperación internacional y reconocemos el valor de muchos de los proyectos periodísticos que se sustentan de esta forma, entendemos que es necesario preservar una visión crítica sobre los modelos y las fuentes de financiamiento. Ciertamente, tanto Open Society Foundations como National Endowment for Democracy, en sus trayectorias de casi cuatro décadas, se han visto involucradas en fuertes controversias.

Apenas un ejemplo suficientemente documentado: The New York Times denunció en 1985 que la National Endowment for Democracy había financiado a dos grupos sindicales de centro derecha en Francia —uno de los cuales estaba vinculado con otra organización paramilitar de extrema derecha (Service d’Action Civique)— que se oponían a las políticas del Partido Socialista del entonces presidente François Mitterrand.

Aceptar el financiamiento de una organización internacional determinada no implica, como se sabe, la convalidación de todos y cada uno de sus valores, sus políticas y sus actos pasados, presentes y futuros. Ni exime a esa organización, si fuera el caso, de un ejercicio crítico por nuestra parte.

El Estornudo comprende que probablemente todo proyecto, sin importar su naturaleza, necesita diversificar sus modelos de financiamiento para volverse sostenible en el tiempo. Esta es una discusión permanente en los espacios de convergencia de periodistas de América Latina y el Caribe, porque el financiamiento es un desafío regional. En Cuba, sin embargo, más que un desafío, es una amenaza permanente para los periodistas.

[i]Con respecto a esta situación, y en alianza con otros medios con los que Mónica Baró colabora, El Estornudo ha decidido cubrir el importe de la multa. Entendemos que los problemas que enfrentan nuestros reporteros y colaboradores, como resultado de su  quehacer periodístico, constituyen una responsabilidad de la revista, no individual, y como tal los asumiremos siempre, sin dejar de respetar su voluntad.