Para la visita del pasado 10 de enero, Ailex Marcano cargó con el café, las tostadas y el refresco gaseado. Ángel Jesús, su hijo de 29 años, no es muy exigente. La visita anterior, en vísperas de Año Nuevo, fue de media hora. «Qué triste cuando lo traen esposado», dice la madre. Este último encuentro fue más extendido, dos horas en la oficina de la Dirección del Centro Penitenciario Kilo 9 de Camagüey, un tiempo en el que Ángel Jesús miró las fotos impresas de la familia, y habló de cuánto han crecido sus ahijados, sobre todo el más pequeño, que nació en Estados Unidos y aún no conoce. Estas visitas, todas, ocurren siempre custodiadas por los oficiales carcelarios. 

Aunque a los familiares de otros presos les permiten las visitas en el penal, a Ailex y su familia no. «Saben que todo lo denuncio», dice la madre, quien trabajó como psicóloga deportiva en el Instituto Nacional de Deportes, Educación Fisica y Recreación (INDER). Desde que las autoridades cubanas cargaran con Ángel Jesús, tras su participación en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, y lo condenaran a seis años de privación de libertad por los delitos de desorden público y atentado, Ailex ha denunciado en todos los espacios posibles la situación de su hijo y otros presos políticos cubanos, incluso en la sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en Ginebra. 

Luego de haber acudido a todas las vías legales posibles para tener a su hijo en casa, tras presentarse ante los tribunales, la Fiscalía, y reunirse con altos representantes de la Iglesia Católica y ONGs para denunciar la situación de los presos políticos, Ailex acude a uno de los últimos recursos que le queda: la amnistía. 

El 19 de enero de 2024, Ailex, junto a 34 familiares de otros presos políticos, prepararon y firmaron una carta dirigida a Ana María Mari Machado, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que, como diputada, inicie el trámite «a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía conforme a los procedimientos de la ley».

Fue Wilber Aguilera Bravo, padre del preso político Walniel Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años de cárcel por sedición tras participar en las protestas en la barriada habanera de La Güinera, quien entregó la carta en las instalaciones de la Asamblea. 

El documento expone que la Ley No. 131/2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley, y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones, «aunque hasta el día de hoy nunca un diputado lo haya hecho», dice la carta.

También deja claro que la amnistía implica el reconocimiento de que «no hubo delito» en la participación de los ciudadanos en las manifestaciones de 2021, y en otras protestas colectivas e individuales que han llevado a cabo otros presos políticos en un reclamo por «la libertad, los derechos humanos y la democracia».

Desde 1959 hasta hoy, no hay ningún antecedente de amnistía en Cuba. En un país que encarceló a más de mil personas tras las protestas del 11 de julio, y que terminó el 2023 con mil 251 detenidos por cuestiones políticas, ¿es posible que el gobierno conceda una amnistía?

«Tengo fe, las condiciones están dadas»

El capítulo XX de la Gaceta Oficial refiere que «la amnistía es el acto de conmutación de la pena impuesta a quien ha cometido un delito y entraña el olvido de la infracción, la eliminación de la acción penal y el perdón de la sanción». También aclara que es la Asamblea Nacional del Poder Popular la que «tiene la atribución constitucional de conceder amnistías, mediante ley que adopta en votación ordinaria».

En 1998, el Papa Juan Pablo II pidió en su visita a Cuba la liberación de los presos y Fidel Castro sacó de las cárceles de la isla a 200 personas. En 2003, el gobierno encarceló a 75 figuras de la disidencia en una cacería conocida como La Primavera Negra, y quienes luego salieron de la cárcel lo hicieron bajo la licencia extrapenal, en negociación con el Vaticano y el gobierno del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011, en vísperas de la visita de Benedicto XVI, el gobierno cubano excarceló a dos mil 900 prisioneros. Y en 2015, ante la llegada del Papa Francisco, tres mil 522 reos fueron puestos en libertad: personas de más de 60 años, menores de 20 sin antecedentes penales, así como enfermos crónicos, mujeres y reos en condiciones flexibles de detención. En ninguno de estos casos de negociación se beneficiaron los presos políticos, y en todos se llevaron a cabo indultos, no una amnistía.

«Los términos de amnistía e indulto no son intercambiables», explica el exfiscal cubano Frank Ajete Pidorych. «En ambos casos se trata de muestras de benevolencia que utiliza el poder de manera estratégica, pero tienen dos diferencias que en el caso cubano impactan sobremanera». Según Ajete, la primera de estas diferencias consiste en que la amnistía emana del poder legislativo, y el indulto del poder ejecutivo. La segunda, según el experto, tiene que ver con la filosofía penal. 

«Los indultos son una suerte de perdón de la pena, que mantiene el resto de las consecuencias, incluyendo los antecedentes penales», dice. «Se trata de una gracia dirigida a que no cumplan un castigo que sigue entendiéndose penal, social y políticamente como merecido. La amnistía, por su parte, no solo implica que el castigo quede sin efecto, sino que juega con la exculpación».

La jurista cubana Laritza Diversent, directora de Cubalex, explica que la solicitud de las familias ante la vicepresidente de la Asamblea no es, expresamente, una solicitud a la Asamblea Nacional, sino a una diputada, «una petición personal para que ella en su carácter de diputada, en base a las funciones públicas que tiene, inicie el trámite según lo que establece la Ley 131».

No obstante, Diversent no cree que Mari Machado vaya a apoyar una iniciativa que favorezca a los familiares de los presos políticos. «La posibilidad de que otorguen una amnistía es viable, lo que es poco probable es que las autoridades en Cuba accedan a esa petición en concreto». 

Ajete también cree que aunque la excarcelación de los presos políticos cubanos relacionados con las manifestaciones del 11 y 12 de julio en Cuba puede suponer una «muestra de buena voluntad por parte de la dictadura cubana», en forma de amnistía «sería peligroso para la misma dictadura, precisamente porque implica un nuevo juicio de valor sobre el derecho a manifestarse, a señalar, a pedir».

Por tanto, el exfiscal cree que lo más viable sería el indulto. «Un indulto cumpliría con dos necesidades. Por un lado, la excarcelación. Por otro, no se emitiría un nuevo juicio de valor, o sea, el ejercicio de manifestación y palabra seguirían siendo interpretados como actos sediciosos, y además estos excarcelados conservarían antecedentes penales por enfrentarse al Estado, lo cual les podría anular en posibles manifestaciones futuras».

El cardenal Beniamino Stella, enviado especial del Papa Francisco, dijo en  la Universidad de La Habana, a inicios de 2023, que el tema de los presos políticos cubanos estaba «sobre la mesa» y mencionó la palabra «amnistía» durante su discurso. 

«Pido mucho […] que haya una respuesta positiva, como se llame, amnistía, clemencia, como se llame», dijo. «Las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas».

Hasta el momento el gobierno cubano no ha dado señales de una posible excarcelación, pero aun así las familias de los presos confían en que algo suceda con este nuevo recurso que pide la amnistía. 

«Tengo fe, las condiciones están dadas y el gobierno no está en su mejor momento», asegura Ailex Marcano. «El peso de los presos políticos tiene un costo trascendental a nivel nacional e internacional».

Niurka Rodríguez, madre de la joven Yunaikis Linares, también detenida durante las protestas en La Habana, dice que «seguirá exigiendo libertad hasta que sean libres, Como madres, nunca perdemos las esperanzas», agrega. 

El propio Wilber Aguilera, tras entregar la petición, se mostró esperanzado: «Esperemos que llegue a donde tenga que llegar y sea dada la libertad a nuestros presos políticos».

¿Por qué otras vías pudieran ser liberados los presos políticos cubanos? 

Además de la amnistía, existen al menos otras siete vías legales que el gobierno cubano podría utilizar para liberar a los presos políticos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) elaboró un documento que fue recientemente enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, donde se exponen los recursos que existen para la liberación. 

Según estos organismos, entre las vías legales se encuentran también el indulto, la licencia extrapenal, la libertad condicional y la sustitución de cárcel por sanciones alternativas, la libertad por concepto de nulidad procesal, el sobreseimiento definitivo o libre y total y la retirada de acusación.

«Hay que exigir todas las alternativas políticas y legales», insiste Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH. «No se pueden excluir las de mayor calado político, como la Amnistía. Igual no creo que dada la situación actual, los familiares no se nieguen a otras soluciones como el indulto o la licencia extrapenal».

En la carta dirigida a la vicepresidenta de la Asamblea queda claro que los familiares de los presos han exigido su libertad por todas las vías posibles, incluso las que parecen más lejanas. 

«En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la Amnistía de los injustamente condenados», dice la misiva. «Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos».

La solicitud ante la Asamblea fue firmada por Larianny Otero Alcántara, hermana del artista y líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara; por Viviany Peña, esposa del rapero Maykel Osorbo; por la madre de Luis Robles, el joven condenado a cinco años de cárcel por manifestarse con un cartel exigiendo libertad en plena calle Obispo de La Habana, entre otros. La petición está abierta y «se extiende a todas las personas presas por motivos políticos en Cuba».