«Hace dos días debí haber hecho esta directa, pero no estaba bien. He tenido que reiniciar mi vida, mis pensamientos, mi cabeza. Hoy me decidí a enfrentar esta situación. Agradezco a quienes nos siguen por el tema de mis hijos. Lastimosamente aquellos que eran tan amigos, hermanos, familia, los que tenía siempre presentes, se nos fueron; nos dejaron en este camino tan triste: el tener presos a mis hijos».

Así habla Marta Perdomo, la madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a seis y ocho años de privación de libertad por su participación en el estallido social del 11 de julio de 2021 (11J) en San José de las Lajas, Mayabeque. En una directa en Facebook, el 20 de octubre de 2022, ella habla sobre su maternidad. Llora ante los espectadores y cuenta lo orgullosa que está de sus hijos y el esfuerzo que puso para que fueran personas de bien.

El 31 de diciembre de 2021, Bárbara Farrat se declara activista y defensora de derechos humanos en una directa en redes sociales. La madre del preso político Jonathan Torres Farrat, entonces menor de edad, escapó del cerco que frente a su casa había impuesto la Seguridad del Estado para llegar a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Navidad. Allí pidió por la libertad de los presos políticos y por el bienestar de las madres. También contó el acoso al que estaba siendo sometida por hablar sobre la prisión de su hijo, condenado a cinco años sin internamiento por su participación en los sucesos del 11J, en Diez de Octubre, La Habana.  

Jonathan Torres Farrat es uno de los 44 menores de 18 años detenidos alrededor del 11J. El gobierno cubano ha negado que tras el 11J hubiera niños presos políticos; sin embargo, un informe de Cubalex y Justicia 11J para el Comité de los Derechos del Niño contabilizó, para febrero de 2022, hasta 12 menores de edad privados de libertad en la isla. 

Entre los detenidos en principio, cuatro tenían edades inferiores a 16 años y dos de ellos fueron llevados a centros correccionales para menores. Diez ya contaban esa edad en el momento de la detención, mientras que los otros 30 ya habían cumplido 17 años de edad. De las 40 personas arrestadas en el rango de 16 y 17 años, 28 fueron puestas en libertad.

Mientras estaba recluido Jonathan Torres Farrat se convirtió en padre. El 25 de mayo de 2022 fue liberado y actualmente continúa cumpliendo en casa, bajo el régimen de limitación de libertad, su condena de cuatro años por el delito de sedición.

A más de 300 kilómetros de La Habana, en Placetas, Villa Clara, Bárbara Isaac habla de la soledad. No hace directas en redes sociales, ni tiene a nadie con quién compartir su tristeza. Sus hijas, las gemelas Lisdany y Lisdianis Rodríguez, están cumpliendo ocho años por su participación en el 11J. Una de ellas está embarazada y la otra es madre. Por ende, Bárbara Isaac tiene que cuidar a su nieta, mientras se agencia todo lo necesario para que su hija logre tener un embarazo saludable. En Placetas, el pueblo villaclareño en que vive, la gente teme a los disidentes y del 11J no se habla. 

El 23 de enero de 2024, Bárbara Isaac denunció a través de las redes sociales de la organización Prisoners Defenders que su hija estaba embarazada y no estaba recibiendo los tratos adecuados en la prisión. Isaac afirmó que la Seguridad del Estado estaba presionando a su hija para abortar. Tras diversas denuncias de la sociedad civil, Lisdany Rodríguez recibió en mayo de 2024 una licencia extrapenal de un año para culminar su embarazo en casa.  

Yuneisy Santana, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, condenado a tres años en la prisión de máxima seguridad Agüica, en Matanzas, por su participación en el 11J, cuenta que en la escuela de su hijo los que atienden a menores comenzaron a preguntar todos los meses por él. «Luego me llegó una citación de la Seguridad del Estado a su nombre. Me negué a llevarlo y ese día me hicieron una carta de advertencia por mis publicaciones en redes sociales. A mi esposo en la cárcel le llevaron mi expediente criminal, y le dijeron: “Ya te hubiéramos dado la libertad condicional, pero tu esposa no se calla”», dice. Samuel Pupo fue liberado en abril de 2024 tras extinguir su sanción. 

Estas mujeres son madres y esposas de presos políticos cubanos que se manifestaron en el 11J. Todas decidieron denunciar la situación de sus familiares y se convirtieron en activistas en el proceso. Todas reportan estar bajo constante hostigamiento —incluidos vigilancia, detenciones arbitrarias, interrogatorios— por parte de la Seguridad del Estado.

En las historias de estas mujeres existe un denominador común fundamental: su activismo ha sido utilizado para amenazar a sus familiares en la cárcel. En los múltiples interrogatorios a que han sido sometidas es recurrente la amenaza de que sus acciones pueden empeorar las cosas para sus seres queridos en las prisiones.

El Estornudo contactó con siete mujeres familiares de presos políticos; seis de ellas son madres y una es esposa de un manifestante. Los testimonios de estas mujeres dan cuenta de 34 eventos de criminalización del disenso. Tres fueron amenazadas por cuestiones relacionadas con sus hijos o nietos y a una de las madres se le negaron visitas a la cárcel.   

En un país donde cada vez hay más pobres y a simple vista crece la desigualdad —las cifras de «pobreza extrema», por ejemplo, lucen escandalosas si se atiende a los ingresos oficiales dentro de la isla, como en el «VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba» del Observatorio Cubano de Derechos Humanos—, las madres y esposas de los presos políticos deben ingeniárselas para llevar alimentos y productos de primera necesidad a sus hijos y esposos en la cárcel. En el caso de Marta Perdomo esta tarea se complicó en el momento en que, como represalia hacia ella, la Seguridad del Estado decidió arbitrariamente poner a sus hijos en penitenciarías distintas. Jorge cumple sanción en la penitenciaría Ho Chi Min, ubicada en Bainoa. Nadir está a más de cien kilómetros de su hermano, en la cárcel de Quivicán. 

Basta analizar los activismos de los familiares de los presos políticos en redes sociales, para notar que mayormente son las mujeres, madres y esposas, quienes asumen los roles de cuidado y se exponen públicamente para denunciar violaciones de derechos humanos. 

Un informe colaborativo realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil cubana explicita que: «Solo entre el 2022 y lo que va de 2024, Cubalex registró 352 eventos de represión que involucran a familiares de activistas y personas privadas de su libertad por motivos políticos relacionados con las protestas del 11 de julio». 

La criminalización opera sobre estas mujeres desde el mismo momento en que sus familiares son declarados en enemigos del Estado. Sobre la salud mental de ellas pesa el convertirse de la noche a la mañana en defensoras de derechos humanos y, por ende, también en disidentes «criminalizables». La coerción se ejerce mediante la represión constante y la amenaza de judicialización. Para el poder, el o la disidente se convierten en «el otro» por antonomasia, en «el contrarrevolucionario» —alguien a quien si me acerco me podrían asociar.

Sanar Nicaragua, una experiencia a la que mirar desde Cuba

Sanar Nicaragua es una colectiva integrada por psicólogas surgida en 2018 para acompañar a las víctimas de la violencia estatal. El 18 de abril de ese año estalló en Nicaragua un ciclo de protestas que hasta el 31 de julio de 2019 dejó un saldo de 355 muertos. 

Daniel Ortega cumple su cuarto mandato consecutivo como presidente y su esposa, Rosario Murillo, permanece como segunda al mando desde 2017. Después de 2018, organizaciones como Amnistía Internacional fiscalizan las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que van desde la tortura, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, disolución de universidades y organismos de la sociedad civil, hasta el exilio. 

Sanar Nicaragua surgió entre mayo y junio de 2018, durante el auge de las protestas. Un grupo de estudiantes de Psicología, involucradas en el estallido social, comenzó a preguntarse qué podían hacer para aportar con sus saberes en ese contexto. Tenían conciencia de que las heridas de la guerra culminada en 1990 no habían sanado y que nuevamente el país estaba sumido en una escalada de violencia. 

La colectiva notó que los costos en salud mental de la guerra nunca fueron acompañados y como consecuencia se había perpetrado una dinámica de silencio respecto a lo vivido. «De pasar la página, de enunciarnos desde una pseudodemocracia y desde un periodo de paz que no necesariamente era vivido [como tal], porque las heridas seguían latentes», explica una de las especialistas cuyo seudónimo es Clavel.  

A partir de esa concepción de lo que no se quería repetir, Sanar comenzó a preguntarse qué era posible hacer en 2018. Su primer producto fue un flyer con una línea de emergencia e información sobre primeros auxilios psicológicos. Los miembros de la colectiva se rotaban el teléfono para atender a quienes acudían al servicio e iban a las protestas para difundir esa información. Muchos de ellos actuaron bajo las balas para contener a quienes lo necesitaban; estaban en la marcha, en la trinchera, en las universidades e incluso gestionaban ayudas humanitarias. 

La escalada de la represión les hizo replegarse hacia lo digital, por lo que continuaron atendiendo a las víctimas a través de las redes sociales. Las personas llegaban a ellos con seudónimos, y para el autocuidado de los miembros de la organización mantenían una estricta política de seguridad según la cual no se permitirían cámaras ni revelar la identidad de quienes atendían y recibían contención. Al principio quienes accedían a la atención no eran necesariamente víctimas directas, sino personas a quienes les afectaba la violencia; pero en el proceso los integrantes de Sanar Nicaragua llegaron a atender a familiares de las víctimas mortales y de los presos políticos. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde 2018 hasta 2023 el Estado nicaragüense canceló la personería jurídica de tres mil 390 organizaciones de un total de siete mil 227 registradas legalmente en el país. En 2023, la ONU denunció siete mil casos de agresión a mujeres defensoras de derechos humanos ocurridos entre 2007 y 2022 en la nación centroamericana. Además, reportó la existencia de 350 prisioneras políticas. En ese contexto de represión, la labor de activismo y acompañamiento de las mujeres que integran dicha colectiva implica graves riesgos. Por esa razón, varias de sus integrantes tuvieron que exiliarse y, aun hablando desde fuera del país, prefieren usar un alias, como Clavel. 

«Había ideas suicidas, ansiedad y mucho temor. Nuestra ayuda no iba a lograr dar un seguimiento a largo plazo, porque no preguntamos nada: ni edad, ni género o espacio geográfico, solo intentábamos escuchar y dar sostén inmediato. Borrábamos quincenalmente los datos y conversaciones, por lo que es imposible tener una idea del impacto real de la colectiva en esos tiempos», explica. 

No hay un arquetipo de familiar, ni de preso político. Hay familiares que llegan a Clavel aparentemente estables y solo necesitan ser escuchados sin que eso implique desbordarse emocionalmente. Dar apoyo psicosocial, desde su perspectiva, implica también preocuparse por la persona y ayudarle en caso de que necesite consejo legal, refugio o acompañamiento económico. Otras personas llegan a ella con mucha frustración, impotencia, soledad, incluso colapsadas emocionalmente. 

Ha sido una regularidad, en los casos atendidos por Clavel, que la persona encarcelada empiece a ser a tal punto la prioridad para sus familiares que, en consecuencia, estos dejen de vivir su vida para centrarse en el que no está.  

Experiencias cubanas en la contención de familiares de los presos políticos 

Hacer activismo en Cuba es un reto. Quienes deciden denunciar la violencia política o disentir son perseguidos por los cuerpos represivos del Estado. Muchas experiencias de Sanar Nicaragua parecen repetirse a diario en la labor de los activistas que acompañan de forma material, emocional, o desde la denuncia, a los familiares de los presos políticos en Cuba. 

El 11 de julio de 2021, Yahima Díaz trabajaba como psicóloga en la Dirección Municipal de Salud en Pinar del Río. El 11J fue para ella un punto de ruptura en que decidió no callar más su descontento político. Comenzó a hacer publicaciones contra el gobierno cubano en sus redes sociales. Quería ayudar y notó que los familiares de los presos políticos necesitaban todo el apoyo psicológico en ese momento. 

Por iniciativa propia decidió contactar a los familiares y ofrecerles contención emocional. Luego se unió a otros profesionales de la psicología —en su mayoría extranjeros o cubanos residentes en el exterior— para ampliar la red de apoyo. «Creamos un grupo de Telegram donde conversábamos con los familiares y les dábamos herramientas generales sobre cómo dar la noticia a los niños o personas mayores. Después tomábamos muchos casos por privado a los que les dábamos seguimiento», cuenta Díaz. 

El seguimiento a los familiares de los presos políticos se realizaba completamente online. Yahima Díaz es la única integrante de esta red que no repara en relatar de manera pública su experiencia de contención emocional a las víctimas del 11J. «Muchos compañeros psicólogos cubanos me ayudaron en esto, pero siempre de manera anónima porque, aunque no vivían en Cuba, temían a las consecuencias que esto pudiera traer para sus familiares en la isla», dice. 

Como consecuencia de su labor de activismo, Díaz comenzó a sufrir represión. Fue expulsada de su centro de trabajo, interrogada y perseguida. Cuando decidió unirse como coordinadora a la plataforma de la sociedad civil Archipiélago, el acoso se incrementó. «Me presionaron mucho para que pidiera la baja, pero nunca lo hice. Me cambiaron de puesto varias veces y lograron expulsarme porque falté al trabajo. Estuve fuera una semana, porque me diagnosticaron anemia, y de nada sirvió que presentara mi certificado médico», recapitula. 

Dada también su propia experiencia, Yahima Díaz dice que desde el punto de vista psicológico este tipo de acompañamiento tiene que hacerse desde la empatía: «Mi principal respaldo y ventaja cuando me enfrentaba a los pacientes es que, además de ser una psicóloga, soy activista política. Sé lo que están pasando los familiares y ellos entendían que yo estaba viviendo lo mismo. Por eso el acercamiento se hizo mucho más fácil», dice. 

Para ella y sus compañeros sostener esta iniciativa se hizo imposible. Actualmente, Yahima Díaz continúa apoyando emocionalmente a algunos familiares de los presos políticos, pero la falta de recursos económicos y la persecución política hicieron que el resto de miembros de esta red no continuara realizando esta labor. 

Las madres entrevistadas manifiestan que sería para ellas muy útil tener al menos una persona que las escuche tras vivir episodios de represión. Es habitual que se recurra a espacios religiosos a fin de encontrar ayuda y contención, pero cuando se trata de traumas y de salud mental lo ideal es la intervención de profesionales. Sin embargo, es un temor compartido entre las personas entrevistadas que sus confesiones a un psicólogo puedan ser usadas en su contra por la Seguridad del Estado. 

Por otra parte, es imposible para profesionales como Yahima Díaz brindar su apoyo en las cárceles, ya que el gobierno no permite entrar allí a los activistas. Su historia es un ejemplo de cómo se persigue hasta anularlo cualquier intento de acompañamiento a familiares y/o prisioneros surgido de la sociedad civil. 

YoSíTeCreo en Cuba denuncia regularmente la represión a mujeres que participan en política: activistas, periodistas independientes, presas políticas y sus familiares. En junio de 2024, la plataforma publicó en sus redes sociales la serie titulada «La violencia sicológica en el proceso legal cubano», que es un esfuerzo para visibilizar el impacto en el bienestar psicoemocional de quienes son judicializados en Cuba. 

La sociedad civil cubana se ha organizado en los últimos tiempos para sostener a los activismos dentro del país. Se trata de una sociedad civil transnacional que prevalece más allá de las fronteras, y gran parte de ella se activa desde la emigración. La gestión de donaciones o la denuncia pública en organismos internacionales, la labor de los medios independientes o el acompañamiento a través de redes sociales… constituyen resultados frecuentes de la labor de muchos ciudadanos que, de manera autogestionada y desde posturas políticas e ideológicas diversas, ejercen sus derechos civiles o políticos.  

Justicia 11J es una de las organizaciones que denuncia las detenciones por motivos políticos en Cuba de forma sistemática. Su gestión visibiliza la causa de las víctimas mediante la documentación de la represión y a través de campañas como «Llamado a la acción por los presos políticos» o «#MirenLasPrisionesDeCuba». 

Los activismos actúan en la medida de sus posibilidades y según el margen de acción que permite la persecución política que sufren tanto ellos como los familiares de los presos. De ahí que el apoyo económico sea la prioridad en estos casos. 

Dicha persecución es una barrera palpable para la creación de redes e iniciativas de acompañamiento. Camila Rodríguez, una de las fundadoras de Justicia 11J, fue detenida el 31 de enero de 2022 junto a otros activistas que acompañaban a familiares en las afueras del Tribunal Municipal de Diez de Octubre en La Habana. El arresto transcurrió en paralelo a la celebración de un juicio de manifestantes del 11J. 

Como consecuencia, Rodríguez permaneció detenida en su casa durante un mes. Era vigilada día y noche por agentes de la policía política que no le permitían salir, ni ser visitada. Tras varios interrogatorios en que le pusieron como condición para su libertad que terminara el trabajo de Justicia 11J, y luego ocho meses de vigilancia constante y acoso a sus familiares y amigos, la activista partió al exilio en diciembre de 2022. 

Parte de la familia del manifestante Andy García Lorenzo, detenido en Villa Clara el 11 de julio de 2021, también tuvo que salir de Cuba debido a la persecución política. El hostigamiento hacia ellos comenzó con un acto de repudio y llegó a ser tan intenso y sistemático que, en noviembre de 2022, Roxana García, hermana de Andy, junto a Jonathan y Pedro López —esposo y suegro de ella—, decidió pedir asilo político en Alemania. Sobre ellos pesaba la amenaza de la prisión, alegaron. 

«Ayudas a los valientes del 11J» es una iniciativa creada por la familia de Andy García. Acerca de su concepción, Roxana García y Jonathan López explican que aquel constató de primera mano las precarias condiciones materiales en que se encuentran los prisioneros en Cuba. Ambos coinciden también en que muchas familias apenas logran tener un ingreso mínimo tras el encarcelamiento de uno o más de sus miembros, que en muchos casos son primordiales en el sostén económico de los hogares. Por eso, gracias a la colaboración de activistas dentro y fuera de Cuba, surgió en diciembre de 2021 esta red humanitaria. 

Roxana García explica que el apoyo psicológico a los familiares de los presos sería de gran ayuda pues quienes disienten se enfrentan a un Estado en que la ley no es imparcial y la persecución política implica un desgaste emocional importante. 

El proyecto de «Ayuda a los valientes del 11J» trajo consecuencias para Andy García dentro de la prisión. Su hermana cuenta que en varias ocasiones le impidieron comunicarse y que le negaron visitas. Roxana García, Jonathan y Pedro Lópex también fueron detenidos varias veces, sometidos a interrogatorios y amenazados con la cárcel. Por eso, hablan ahora desde su experiencia como activistas y familiares. 

«Hemos servido de psicólogos sin darnos cuenta porque tristemente, cuando tú envías un dinero, ellos te empiezan a contar todo lo que están sufriendo, todo lo que vivieron, cómo vieron a su familiar en la cárcel y lo mal que se encuentran. En varias ocasiones hemos visto cómo los familiares, contándonos esto, se ponen a llorar, y realmente para responder en este tipo de casos sería un gran apoyo tener a alguien que ayude emocionalmente», comenta Roxana. 

Por otra parte, ella explica que el proyecto ayuda mediante donaciones a costear las bolsas de provisiones que deben llevar los familiares a las prisiones para garantizar una mejor alimentación a sus allegados. No obstante, los cuatro mil pesos cubanos que desde la organización pueden brindar en cada caso están lejos de cubrir la totalidad del gasto. «El costo de una bolsa de alimentos que cubra las necesidades básicas en la Cuba de hoy no baja de los 20 mil pesos cubanos [64 USD, aproximadamente, teniendo en cuenta la tasa de cambio actual]», argumenta. 

A inicios de julio de 2024, Cuba Liberación Negra empezó una campaña que considera a los presos comunes como presos políticos, por el estigma que pesa sobre ellos. La organización argumenta que «la criminalización de la supervivencia es una de las estrategias de control de los cuerpos, fundamentalmente de aquellas corporalidades discriminadas por la hegemonía blanca»; asimismo, subraya, «quienes se encuentran en la cárcel por “delitos comunes” han sido juzgados en ese mismo sistema judicial punitivista y opresivo que condena los llamados “presos políticos” y que está lleno de sesgos clasistas, racistas, etc.». Dicha organización ofrece acompañamiento psicológico a los familiares de quienes permanecen en prisiones cubanas. 

Con el fin de denunciar la situación de los presos y la violencia política en Cuba, organizaciones como Justicia 11J, Ni Un Preso Político Más En Cuba, Cubalex, Prisoners Defenders, Yo Sí Te Creo en Cuba o la Red Femenina de Cuba, entre otras, realizan una labor sistemática de contabilización de los casos de violaciones de derechos humanos y de visibilización a nivel internacional. La denuncia de la violencia es también una forma de contención. 

«La soledad a veces tiene ganas de acompañar…»^[1]

Marta Perdomo es costurera. Hace ropa de canastilla para bebés. Después del 11J siente que la gente teme visitarla. La soledad de una madre que tiene a sus hijos presos es inmensa, pero cuando se trata de una madre sobre la que pesa el estigma de tener un hijo disidente, una madre que por denunciar las injusticias que afectan a los suyos se convirtió en defensora de derechos humanos, la soledad toma cuerpo en cada aspecto de la vida. 

En Marta Perdomo conviven soledades que gritan, soledades mezcladas con el orgullo de quien escoge un camino difícil. Cuando piensa en sus hijos y en sí misma, sonríe. Siente que su soledad tiene un propósito, pero, aun así, hay días en que debe tomar un calmante para dormir; días en que le duele ver cómo la prisión ha erosionado emocionalmente a sus hijos y sus familias.

«Durante la pandemia no podía ver a mis hijos y los días eran eternos. Yo estaba tan encerrada como ellos», dice. Ella es afortunada porque tiene una familia unida que la sostiene; todos los días se levanta llena de fuerza, aunque le temblaban las piernas durante las primeras detenciones sufridas por su activismo. 

«Cuando las mujeres se juntan logran grandes cosas», afirma Marta Perdomo. «Una red de apoyo entre madres de los presos significaría mucho para todas. Pero a mí ni siquiera me dejan salir de mi casa para ir a La Habana. Juntarnos es muy difícil. Hubo un tiempo en que estuve hablando con una psicóloga española, que me gestionó una hermana de causa; no pude seguir con eso porque nuestros tiempos no coincidían, pero fue de mucha ayuda». 

Bárbara Isaac comparte el orgullo. «Para mí significó mucho que mis hijas no tuvieran miedo de enfrentar al gobierno, y por ellas debo salir adelante. Yo las apoyaría si tuvieran que hacerlo de nuevo», asegura. 

Yuneisy Santana confiesa que desde el 11J dejó de dormir bien. Solo de pensar en cómo estaría su esposo en la prisión, con todas sus enfermedades. Tras el 11J, «Menores» —el órgano de Atención a Menores del Ministerio del Interior— preguntaba por su hijo en la escuela todos los meses. La directora le decía que era normal, pero ella sabía que la prisión de su esposo y su activismo tenían que ver con eso. 

El hijo de Yuneisy Santana tenía un padre preso político. Esa realidad lo atravesaba a diario, pero su madre decidió respetar su derecho a expresarse y denunciar. «El niño sabía todo lo que pasaba con su papá y quería ayudar. Hizo un video y lo subí a redes sociales. También he publicado como once cartas que le ha escrito. Era su forma de sacar el dolor, porque extrañaba a su padre». 

Durante el desarrollo de esta investigación a Bárbara Farrat se le cayó el techo de su casa. Aun cuando su hijo se encuentra a su lado, pues cumple sanción en un régimen de libertad condicional, y la rodea una familia numerosa, su dolor y su soledad adquieren otros modos. Cuando se cayó el techo la llamé; le dije que haría lo posible por ayudar. Su respuesta fue que, en esos momentos, que alguien se preocupara por su situación era una gran ayuda. «Todo no es el dinero», dijo. «Una mano en el hombro, alguien que se preocupe por mí, eso es más que suficiente». 

^[1] Fragmento de la canción «La soledad» de Pablo Milanés.

* Este reportaje se llevó a cabo gracias al fondo de periodismo de Casa Palanca, destinado a periodistas y comunicadoras mujeres y personas no binarias que residen tanto dentro como fuera de Cuba.