Hace un año miles y miles de cubanos se elevaron de súbito, en un estallido, desde el más imperioso estado de necesidad hasta el ámbito de lo político. El 11 de julio de 2021 asistimos a un ejercicio de instintiva libertadrd: quienes tomaron las calles en decenas de pueblos y ciudades de toda la isla, quienes expresaron su malestar, su frustración, sus convicciones y sus postergados anhelos a viva voz, con gestos intuitivamente coreográficos o bien frenéticos, delirantes, fueron aquel día hombres y mujeres libres. Libres en el sentido de quien, en un instante decisivo, se toma por fin la libertad de serlo en busca de más libertad. Tal es la condición del ciudadano en una República auténtica, donde la libertad común es premisa mínima y contenido fundamental de la política. De manera que hoy celebramos el primer aniversario de la República breve, fragmentaria y aun así radiante del 11-J. 

Fueron horas de caótica esperanza y estupor colectivo, terriblemente seguidas por horas, días, semanas y meses de represión policial y parapolicial, judicialización ejemplarizante de la protesta y redoblamiento de la vigilancia estatal sobre la ciudadanía. Nadie puede decir que el régimen cubano no se haya ocupado de sus asuntos tras aquellos sucesos: hemos atestiguado no solo encarcelamientos y condenas de muchos años contra cientos de cubanos, incluidos menores de edad, por delitos como desacato, desorden público, instigación a delinquir o sedición; también hemos visto cómo se empujaba a dejar el país a disidentes y activistas de derechos humanos, cómo se negaba a otros su retorno al territorio nacional; cómo se intenta restringir la libertad de expresión en Internet (decreto-ley 35) y se «amuralla [aún más] el statu quo y a sus regentes» con la aprobación del nuevo Código Penal; cómo por enésima vez se han propuesto sacarle presión a la caldera a través de la emigración (en el periodo enero-mayo de 2022 fueron detenidos más de 118 mil cubanos en la frontera sur de Estados Unidos).

Se ha dicho con razón que la relampagueante ola de protestas de los días 11 y 12 de julio del año pasado constituyó un evento completamente inusitado, por su magnitud y alcance, en las últimas seis décadas de historia cubana. Sin embargo, ahora podemos ver que el estallido social guarda estricta proporción con las cifras migratorias de los últimos meses, que ya han superado, silenciosamente, el éxodo espectacular del Mariel hace más de 40 años. Podemos entonces más que intuir que ambos fenómenos conectan directamente con niveles inéditos —ni siquiera durante el Periodo Especial, en las descorazonadoras jornadas del Maleconazo— de insatisfacción y desencanto social, escepticismo acerca del futuro, y deslegitimación de la clase gobernante. 

Las causas directas de la revuelta continúan incólumes y, todavía más, se han agudizado en el último año, a excepción por supuesto del acoso mortal de la pandemia de COVID-19. Ha quedado dicho que el enfoque de las autoridades cubanas ha sido el castigo y la violación de derechos humanos y ciudadanos universalmente proclamados, en vez del reconocimiento efectivo de libertades públicas y la rectificación de políticas económicas de índole veladamente neoliberal que han recetado más austeridad —y oscuridad— e inflación para la gente, mientras se sostienen en las sombras, o en la transparencia artificial de Varadero, los negocios regentados por la casta tecnocrático-militar del capitalismo de Estado cubano.

Es evidente que los gobernantes de la isla no han sentido la necesidad de rendir cuentas frente a las enfáticas demandas de una gran parte de la ciudadanía; como no lo han hecho respecto a la violencia Estatal desatada el verano de 2021 o al manejo descarnadamente punitivo de la crisis en los tribunales; como, por supuesto, tampoco lo harán en el caso de un joven mestizo o negro ultimado recientemente a causa del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza policial. Encarar públicamente esas cuestiones supone colocar una carga de profundidad que amenazaría con volar los fundamentos del macilento relato político insular, las estructuras aún funcionales del viejo totalitarismo cubano y, en definitiva, el monopolio del poder. Pero esto ya lo sabíamos. No hay siquiera un olmo en toda Cuba a quien, aun ingenuamente, pedirle esas peras.

En cambio, el presidente Miguel Díaz-Canel ha dicho que en estas fechas celebraría que «el pueblo cubano y la Revolución cubana desmontaron un golpe de Estado vandálico». Y agregó: «Estoy convencido de que, defendiendo el socialismo, superaremos la dura situación actual y venceremos a los imperialistas». No solo apela, para desacreditar la soberanía popular, a ese añejo mantra pretendidamente soberanista que conjura toda disidencia política o contestación social en la isla como otra obra pérfida del imperialismo norteamericano, sino que echa mano, sin viso alguno de asco, al mismo subterfugio del vandalismo que emplean criminalmente las élites conservadoras y/o neoliberales de este continente frente a la rebelión de los pueblos. Olvida convenientemente, Nuestro Prócer de la Continuidad, que en mayo pasado la misma administración demócrata que estaba hace 12 meses en Washington anunció una serie de medidas aperturistas hacia Cuba que incluso fueron interpretadas como el prólogo de un deshielo bilateral 2.0.

Hace un año, Díaz-Canel decía en televisión nacional, a pocas horas de iniciadas las protestas populares: «La orden de combate está dada. ¡A la calle los revolucionarios…!». La violencia sobrevenida fue injusta sin paliativos, pero esa frase tranquilamente presidiría la humilde sala de los trópicos en el parque temático del fascismo mundial.

Si lo miramos sosegadamente, el 11-J tuvo asimismo el mérito de haber hecho inocultable —incluso para muchos fervientes militantes de casi cualquier utopía— la pertenencia de Cuba a la actualidad latinoamericana y, por supuesto, global. La isla real no es un faro irradiante de candorosa futuridad, ni es un resguardo para la memoria épica y revolucionaria, ni es un oasis intemporal contra los infortunios de la historia.

Estos años han visto acontecer estallidos sociales en varios países del hemisferio, y en la estela de la convulsión esos países han emprendido, en mayor o menor medida, rutas de cambio. Sin embargo, Cuba no alcanza a traducir en porvenir su actualidad sin nombre.

Ciertamente, si el 11-J resultó un acontecimiento muy esperanzador debido a la dimensión intrínseca de la protesta, su extensión y su transversalidad, y en especial su carga visible y audible de lucidez política en plena combustión de la ira y el desencanto, lo es todavía más si se asume como signo y no como fin político. El 11-J puede replicarse en cualquier momento, pero es por definición —dado que su potencia radica en su orgánica espontaneidad— irreproducible voluntariamente.  

Una lectura sintomática del 11-J permitiría que notemos las trayectorias de la sociedad civil cubana antes y después de su epicentro, que valoremos las redes activistas y las comunidades tejidas en estos años, y no perdamos de vista los múltiples agujeros en la fachada del actual régimen postotalitario cubano. 

Sentarse a esperar la siguiente explosión de la catedral —y, todavía peor, alentarla desde fuera del país como quien asiste a un evento deportivo—, o bien ponerse a acarrear como Sísifo una piedra quizá demasiado grande, puede conducir al desengaño y el inmovilismo. No hay estallido ni transformación del paisaje social sin el magma político de la ciudadanía, cuyo arco simbólico en el último año va desde la anciana que nos encontró a todos desnudos en una calle de La Habana, aquel día en que finalmente «nos quitamos el ropaje del silencio», hasta la joven Amelia Calzadilla que, en el colmo de la lucidez y el «diversionismo» ideológico, declaró valientemente en una directa de Facebook: «Mi postura política es ser madre».

«Tumbar la dictadura», sin más, como solo saben repetir algunos, probablemente dejaría intactas las ruinas de la dictadura, justo en el sitio donde anhelamos edificar la República futura. Es algo que hemos visto suficientemente en Europa del Este. 

Se trata entonces, en primer término, de la microfísica de la protesta. Cualquier tiranía merece acabar sus días socavada, barrida por los vientos políticos del cambio cultural, disuelta en la química asombrosa e insospechada de una ciudadanía ya democrática.   

*Lea también: «Revuelta popular en Cuba: la comunidad que viene», editorial concebido y publicado originalmente por Rialta Magazine, y compartido por nuestra revista el día 15 de julio de 2021.