El 9 de noviembre de 2020 el rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), publicó un video donde un policía entraba en su casa por la fuerza, en contra de su voluntad. El rapero, asustado y enfurecido, echó de su casa al oficial, que no tenía ninguna intención de abandonar el inmueble. Con la detención posterior de Solís, el MSI convocó a la sociedad civil a rebelarse ante el incidente, y después de varios encontronazos con las fuerzas del orden, poco más de una docena de gente se acuarteló en la sede en la calle Damas 955. A partir de ahí sobrevino una escalada de resistencia cívica que alcanzaron su punto más alto en las protestas multitudinarias del 11 de julio, las primeras de su tipo en décadas de castrismo.

El caso del rapero Denís Solís no es excepcional, pues muchas son las personas en Cuba que dan testimonio en sus redes sociales de las condiciones inhabitables de sus casas o de los abusos por parte del poder y de la violencia y vigilancia policial que sufren. Estas personas acuden a Internet y a las redes sociales porque sus denuncias no son ni serán atendidas ni aparecerán en ningún medio de comunicación público. Tampoco tendrán ningún organismo institucional en el que refugiarse, ya que hablamos de un Estado que controla todos los medios de prensa, y los espacios periodísticos independientes siempre peligran, sujetos a la indeterminación de la política cultural vigente y su naturaleza cambiante de acuerdo con las necesidades del gobierno para mantenerse en el poder.

Estos testimonios deben entenderse, por tanto, como «truth claims» que apoyan la versión no oficialista de la historia, esto es, que «el proyecto utópico [de la Revolución] es un trauma social del presente y del pasado (desde 1959) que ha de desaparecer en el futuro (cercano), y que debe juzgarse como una dictadura para la memoria social de la nación».¹

A su vez, Desiré Díaz mantiene que «el texto mismo de la Constitución concibe al ciudadano cubano modélico como revolucionario, socialista, marxista-leninista y antiimperialista, con lo cual, implícitamente, excluye de la comunidad nacional y destituye de su condición de cubano a todo aquel que no comparta esa definición primera y fundamental».² Esto supone que los que no encajan en la identidad revolucionaria son considerados «apátridas».

Hannah Arendt sostiene que las personas que se encuentran en situación de apátridas, no poseen derechos, y por tanto, pueden ser privados de libertad y tratados como desiguales sin necesidad de ser procesados por la justicia, como observó en su propia experiencia con los judíos y el nazismo, pues estos, al no pertenecer a un Estado-nación y no encontrarse protegidos por un marco legal, no se encontraban en una situación de posesión de derechos que pudiera ampararles, quitándoles así la posibilidad de existir políticamente debido a que son individuos o sujetos sin Estado.

En el caso cubano, menores de edad y adultos se encuentran en estos momentos privados de su libertad por haber participado en las manifestaciones pacíficas de julio. Y el régimen político de la isla no legitima el relato de la diáspora.

El «artivismo» en Cuba surge en un contexto totalitario. De ahí su objetivo de devolver esta dimensión de lo político a la polis. En la Antigüedad, «la polis surge de actuar y hablar juntos», circunstancia anulada por la autocracia del castrismo. Arendt expone que a la masa (en este caso la masa revolucionaria) no se da a sí misma la ley de su comportamiento, sino que le viene dada del exterior. Al eliminarse ese espacio público que predomina en la polis griega, se elimina también la acción, dado que esta se encuentra en íntima relación con lo público y lo común. La acción hace referencia a toda actividad que realiza el ser humano a nivel personal y colectivo, o la concepción del «derecho a tener derechos». Esto es, el derecho político de «actuar en la pluralidad y emitir juicios» desde el interior de una comunidad política.

Evoco también la obra de Tania Bruguera, el proyecto INSTAR (Instituto de Artivismo Hannah Arendt) y por qué el «derecho a tener derechos» se ha convertido en un signo de la lucha contra el totalitarismo desde el arte. Lo que Bruguera denuncia cuando nos remite a Arendt en el contexto cubano es que la exclusión de la comunidad nacional, que muchos sujetos sean considerados apátridas o contrarrevolucionarios, es decir, excluidos, posibilita que no se le apliquen los derechos humanos fundamentales.

Manifestarse o participar en estos movimientos artísticos tiene graves costos sociales y personales, pues los artistas se exponen a ser difamados en la televisión pública, golpeados, encarcelados u obligados al exilio.

El descrédito llevado a cabo por parte de los medios de comunicación nacionales se corresponde con una de las prácticas que el psicólogo Christopher Bollas llama «genocidio intelectual». Acusados de ser espías o de trabajar para el gobierno de Estados Unidos, los artistas se leen dentro del ethos revolucionario como traidores a la patria. Según Bollas, este paso inicial conduciría luego a la violencia física o emocional. Por lo tanto, la represión y difamación a los miembros del 27N se puede entender como un trauma colectivo.

«El trauma cultural, entendido como metáfora, señalaría la atención del sufrimiento de un grupo social o cultural que no ha sido reconocido como tal. Aunque el sufrimiento de este no pueda evitarse, el uso de una teoría social del trauma permitiría un distanciamiento en el que las víctimas, los espectadores y los perpetradores alcanzarían una perspectiva crítica desde la que impedir las consecuencias más atroces».³

Los artivistas, entonces, conjugan en sus performances el mundo entendido como espacio común y público, un lugar donde se posibilita la acción y el discurso. «La política no es un servicio: es una manera de pensar el futuro. No podemos confundirla con la dimensión administrativa de la utopía», leo en el art statement de Tania Bruguera. Cuando Luis Manuel Otero comparte en las redes que «el cambio en Cuba tiene que ser más que un líder o movimiento. Cada cubano tiene que ser un líder o lideresa y agente de ese cambio que está pasando ya», apela a la responsabilidad cívica colectiva e individual.

El «arte pirata» de Otero busca una nueva posición dentro de la conciencia del cubano y no solo aparece sin permiso de ninguna institución, sino que además tiene un elemento muy crítico en cuanto a las instituciones que solo legitiman un espacio determinado de los artistas. Idea que comparten todos los integrantes del MSI y 27N, al igual que el absoluto rechazo al Decreto 349. A diferencia de Chile, Guatemala, Argentina o El Salvado en las dos últimas décadas, en Cuba no existe ninguna ley de memoria nacional o de proyectos no gubernamentales con el fin de preservar una historia de las violaciones de derechos humanos. El Instituto de la Memoria Histórica cubana contra el totalitarismo se encuentra en Miami, no en la isla.

Como testigo visual de estos testimonios, he llegado a la dolorosa conclusión de que el sujeto cubano es percibido por la mirada del otro de manera peligrosamente ambivalente. Desde el exterior, puede afirmarse que el proyecto revolucionario ha sido un fracaso, pero desde el punto de vista del «insider», la fe que exige el contrato social comunista de la dictadura castrista impide cualquier crítica al sistema. Para Orwell, que no exista libertad de prensa es una prueba de que no hay libertad de pensamiento en una sociedad, ya que «la libertad de prensa, si es que significa algo, consiste en la libertad de criticar y de oponerse». Estas circunstancias ponen en peligro el concepto de verdad objetiva, pues la experiencia del ciudadano bajo un estado totalitario le demuestra que la verdad viene dictada de acuerdo con las necesidades de la política del poder, y no de acuerdo con las peticiones de la comunidad.

Todos los testimonios del trauma que se comparten por Internet en la isla señalan la ineficacia de los derechos humanos y su aplicación en el contexto cubano actual. Tales performances podrían analizarse entonces como respuestas a una necesidad histórica, como «truth claim» de la sociedad civil que escribe su historia con el cuerpo. Una historia colectiva y nacional de la que Fidel Castro jamás será absuelto.

*Este texto fue adaptado de una ponencia que impartí en el marco del 13 Congreso del CRI (Cuban Research Institute): Cuban and Cuban-American Studies | Cuba before and after J11: Testimonios del trauma en la era digital: Arte y activismo en Cuba-El movimiento San Isidro y el 27N.

Bibliografía:

¹Gustafsson, Jan. «Entre el buen lugar y el no-lugar. Utopía, memoria y migración en la Cuba revolucionaria». Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, nº. 3, 2014, pp. 153-174

²Díaz, Desiré. Ciudadanías liminales. Vida cotidiana y espacio urbano en la Cuba postsoviética, Amenara, 2021.

³Rodi Risberg, Marinella. Problems in Representing Trauma, Cambridge University Press, 2018.