El Estado cubano estrecha el cerco represivo sobre la periodista Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban

Ambos disidentes podrían ser acusados de «atentado» y enfrentar penas de hasta cinco años de privación de libertad.

La represión contra comunicadores y activistas independientes cubanos no se detiene. Por estos días el cerco de vigilancia y control se estrecha en torno a la periodista Camila Acosta y su esposo, el escritor Ángel Santiesteban. Ambos fueron citados para este jueves 19 de noviembre en la estación policial de Zapata y C, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, por una denuncia de «atentado», según dio a conocer la propia Acosta en su perfil de Facebook. 

«La citación debe ser para instruirnos de cargos. Desconocemos los motivos de esta nueva acción represiva en nuestra contra», denunció a su vez este martes la corresponsal en Cuba del diario español ABC y colaboradora de Cubanet Noticias, tras recibir una llamada telefónica del jefe de dicha unidad policial, identificado como «coronel Márquez», quien se habría reservado el resto de los detalles para el momento de la cita.   

El nuevo episodio coercitivo contra la reportera ocurre a pocos días de haber sido víctima en plena calle de un arresto arbitrario, así como de desaparición forzada por más de ocho horas, durante las cuales permaneció, según contó, en una celda con pésimas condiciones higiénicas y sin que se le permitiera comunicarse con su esposo. De acuerdo con Acosta, la Seguridad del Estado le aplicó a su teléfono móvil «algún tipo de ácido […] para dejarlo inservible completamente», probablemente como una represalia por utilizarlo para documentar el hostigamiento contra su persona.

En su denuncia de este martes, la informadora cubana aclaró que ni ella ni su esposo han cometido delito alguno. «Nuestra única “infracción” se basa en ejercer la Libertad de Expresión y denunciar las violaciones de Derechos Humanos en Cuba, así como en exponer a quienes las ejercen», subrayó. «El régimen cubano ha iniciado una ola represiva al estilo “cacería de brujas” contra todas las voces disidentes dentro de la isla. Con ello, pretenden silenciarnos, llevarnos a prisión o forzarnos al exilio».

Acosta precisó que, por el delito que supuestamente se le atribuye a ella y a su esposo, estarían expuestos a penas de entre dos y cinco años de prisión, según el artículo 182 del Código Penal cubano, el cual se imputa a quienes empleen violencia o intimidación contra una autoridad, funcionario público o sus agentes.

En su caso, el presunto delito de «atentado» pudiera estar relacionado con un video que ella grabó a finales de octubre, cuando un agente de la Seguridad del Estado, vestido de civil, le impidió abandonar su vivienda sin mostrar una orden judicial. Entonces, la periodista hizo públicas esas imágenes en redes sociales como prueba de las restricciones de movimiento que ha sufrido en múltiples ocasiones durante los últimos años.

Por otra parte, Acosta se adelanta al señalar la incongruencia de acusar a su esposo del mismo delito, cuando él no estuvo presente durante la grabación del video ni durante su posterior arresto. El propio Ángel Santiesteban está saliendo apenas de un proceso judicial, junto a otros tres masones, a cargo del Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre (La Habana), que lo condenó a dos años de limitación de libertad y una multa de 20 mil pesos por operaciones vinculadas al cambio de 300 dólares del Asilo Nacional Masónico Llansó. 

«Todo esto porque las dictaduras tienen una alergia incurable al periodismo. No soportan las cámaras que documentan sus abusos, las preguntas que incomodan ni las voces que se niegan a repetir el discurso oficial. Cuando no pueden controlar una noticia, intentan castigar a quien la cuenta. Hoy son ellos. Mañana puede ser cualquiera que se atreva a contar lo que el poder quiere esconder», declaró también este martes —en un post de solidaridad con Acosta y Santiesteban— la directora del medio independiente 14ymedio, Yoani Sánchez, igualmente víctima del acoso estatal contra las voces críticas que aún permanecen dentro del país.

Según un reciente informe del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Acosta ha sido víctima de más de 30 incidentes represivos durante 2026, mientras que Santiesteban ha sufrido al menos una docena; ello incluye cercos policiales, restricciones de movimiento y detenciones. Ahora se suma esta amenaza judicial como parte de lo que puede considerarse en las últimas semanas una escalada coercitiva contra periodistas, activistas y otros disidentes dentro de la isla. En todo caso, el historial represivo contra Acosta sumaría más de 20 detenciones a lo largo de su carrera y más de diez meses de arresto domiciliario tras su cobertura de las protestas masivas del 11J.

La periodista independiente Camila Acosta y el escritor disidente Ángel Santiesteban
La periodista independiente Camila Acosta y el escritor disidente Ángel Santiesteban / Foto: Facebook / Camila Acosta

En los primeros diez meses de 2026, el Observatorio del ICLEP registró 1 158 violaciones a las libertades de expresión y de prensa en Cuba. Asimismo, su reporte pone de relieve una ofensiva dirigida específicamente contra el equipo de Cubanet Noticias en la isla. 

A inicios de este mes, fue detenido otro colaborador de ese medio, el activista Adelth Bonne, a quien le confiscaron sus equipos de trabajo y amenazaron con ser enjuiciado. Igualmente, el jueves 12 de noviembre, el periodista Vladimir Turró denunció que agentes de la Seguridad del Estado lo detuvieron —uno de ellos incluso le apuntó con un arma— para obligarlo a renunciar a su trabajo en ese medio.

Durante noviembre también fue detenida e interrogada por varias horas la propia Yoani Sánchez, mientras que se han cumplido ya dos meses del encarcelamiento arbitrario del director de La Hora de Cuba, Henry Constantín. 

En octubre pasado, fueron condenadas a dos años de limitación de libertad la joven influencer cubana Anna Bensi y su madre, Caridad Silvestre, por grabar y publicar la visita de un agente del Ministerio del Interior a su vivienda en marzo de este año. Tampoco debe olvidarse que en febrero de 2026 fueron detenidos, y aún permanecen encarcelados, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, los creadores del proyecto audiovisual disidente el 4tico.

Cubalex, organización de defensa legal y de derechos humanos, alertó de inmediato que la presunta denuncia contra Acosta y Santiesteban «aumenta el riesgo de que ambos enfrenten nuevas represalias y posibles condenas penales, en un contexto de creciente persecución contra periodistas independientes y voces críticas en Cuba».

Según la entidad, entre enero y noviembre de 2026, más de un centenar de periodistas, comunicadores y personas de sus entornos han padecido acciones represivas dentro de la isla. En los últimos meses, la compaña estatal contra la prensa independiente se habría intensificado: vigilancia, detenciones arbitrarias, procesos penales y diversas estrategias de intimidación para empujar a informadores y otras voces disidentes fuera de la isla.

«Mediante amenazas de prisión y fabricación de acusaciones penales, la Seguridad del Estado busca silenciar a quienes investigan y denuncian los abusos de las autoridades, imponer la autocensura y forzarlos a abandonar su labor o salir del país, vulnerando sus derechos a informar y a la libertad de expresión», sostiene Cubalex.

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Katia Monteagudo
Katia Monteagudo
Nació en el centro de Cuba, pero es ya chilanga por adopción. Pertenece a la generación del linotipo, a la mismísima era del plomo, pero sigue en el oficio por puro deseo casi 40 años después de haberse licenciado en la Universidad de La Habana.

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