El 10 de enero pasado, Salem, una joven de 21 años, publicó tres posts desde sus cuatro perfiles en Facebook. El primero, a las 9:29 de la mañana: «Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación es pa la calle no detrás de una pantalla». El segundo, a las 10:50 de la mañana: «Necesitamos organización… Corran la voz!!! Planificamos otro 11 de julio». El tercero, a las 12:22 del mediodía: «Se acabooo tu 59 yo doble 2 esto tiene que ser masivo no podemos tirarnos ni 20 ni 30». 

Sus cuatro cuentas —Salem Cuba (Cállate Ya Asere), Salem Cuba Censura, Libertad Para Salem y Salem Cuba De Vuelta— no llegan a diez mil seguidores y amigos. Alcanzan, hasta ahora, a 7 mil 690. La que más seguidores tiene es Salem Cuba (Cállate Ya Asere): 3 mil 420. 

En todas, la foto de perfil es un avatar: una mujer negra con el cabello largo y azul, ojos rasgados, unos espejuelos redondos rojos, un sombrero rojo con cinta azul, un piercing en la nariz y una especie de chaqueta negra. Y cada avatar tiene una expresión distinta. Uno guiña un ojo, otro medita o reza, otro expresa enojo y el otro es una captura de pantalla del que expresa enojo. 

Pero su identidad no es exactamente un secreto. Su nombre real aparece, aunque con una modificación ortográfica, en el enlace del perfil suyo que más seguidores tiene: zulmira.martinez.3998. Cuesta precisar si fue un descuido o intencional.

Los cuatro perfiles son fundamentalmente políticos. En ninguno encuentras una foto suya o de sus amistades. Salem se limitaba a compartir memes, reflexiones, denuncias y noticias de medios independientes. Sobre todo, compartía reflexiones. 

«El cubano solo sabe decir ‘hasta cuándo es esto…’ ¿Qué están esperando? ¿Un milagro? ¡Calle!» Dijo el 30 de diciembre de 2022. «Es la hora de alzarnos en contra de quienes ponen a nuestros hijos a pasar hambre». Dijo el 3 de enero de este año. «Y mientras ellos se comen la carne… el pueblo se come los huesos, en fin, ya podemos empezar a ladrar como buenos perros». Dijo tres días después del anterior. 

El 10 de enero, sobre la una de la tarde, tres hombres aparecieron en la casa donde Salem vive con su familia, en el poblado Las Guásimas del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. Dos iban vestidos de civil. Otro, con uniforme verde olivo. Preguntaron por Sulmira Martínez Pérez, ella salió de su cuarto, pidieron su identificación y le dijeron que debía acompañarlos.

Sulmira pidió permiso para cambiarse de ropa y le respondieron que lo hiciera en el balcón. Ella se rehusó, porque podían verla desde la calle, y pidió que le dejaran cambiarse en su cuarto. 

Nadie en su familia entendía qué estaba pasando. Salem se cambió de ropa, con uno de los hombres parado en la puerta de su cuarto, y enseguida se la llevaron en un carro. Norma Pérez, su madre, no supo hacia dónde ni por qué motivo. Los oficiales no ofrecieron explicaciones y su hija siempre ha sido muy reservada; en especial, desde que perdió a su padre hace tres años.  

«La muerte de su papá le afectó mucho emocionalmente. Ella vive y muere encerrada en su cuarto, nada más sale a almorzar y comer, y cuando no tenía computadora, hacía lo mismo», dice. 

Norma sabía que su hija se quejaba de la realidad cubana, como mismo se quejan tantos cubanos todo el tiempo de la escasez de alimentos o del estado de los servicios de salud. Estaba al tanto de sus inconformidades. Pero nunca imaginó que su hija se hubiera vuelto una influencer en Facebook por expresarse libremente en contra del régimen.

El mismo día de la detención, Norma salió en busca de Sulmira. Primero fue a la estación policial El Capri, en Arroyo Naranjo, y nada. Luego siguió para 100 y Aldabó, en Boyeros, y nada. Por último, acudió a Villa Marista, en Diez de Octubre, y ahí finalmente obtuvo una respuesta afirmativa. Su hija de 21 años se encontraba detenida en la sede principal de la Seguridad del Estado en el país, un sitio que el régimen reserva para sus peores enemigos. 

Durante unas dos semanas, Salem estuvo durmiendo en 100 y Aldabó por falta de capacidad en las celdas para mujeres de Villa Marista, pero siempre ha sido prisionera de Villa Marista. Es en Villa Marista donde la han interrogado y donde podría cumplir dos meses como prisionera el próximo 10 de marzo. 

El jurista cubano Frank Ajete, quien fuera fiscal y juez en Cuba entre 2014 y 2018, explica que, mientras 100 y Aldabó suele encargase de casos criminales que causaron una gran conmoción social y busca quebrar a personas que pueden ser violentas, Villa Marista se encarga específicamente de delitos contra la Seguridad del Estado y está diseñada para quebrar a personas que no necesariamente son violentas. En otras palabras, que la joven influencer fue enviada a dos de los peores órganos de instrucción de Cuba. 

A los dos días de la detención de su hija, Norma contrató un abogado. Tuvo que pedir dinero prestado para poder pagar el contrato: 5 mil 400 pesos cubanos, el doble de su ingreso mensual como jubilada. Pero, hasta ahora, el abogado no da muchas esperanzas. Solo le ha informado que su hija está acusada de «propaganda contra el orden constitucional» y que su caso es grave. No ha entregado a Norma ningún documento que certifique la prisión de su hija, como podría ser el auto de imposición de medida cautelar, o la petición fiscal.

El único documento con el que Norma cuenta es el acta de ocupación que le entregaron días después de la detención de Sulmira, cuando la policía política fue a su casa a decomisar varios equipos y bienes: la computadora de su hija, tres celulares (incluido el de ella), el disco externo donde grababa sus novelas, dos cámaras y dos tarjetas bancarias vacías. «Este celular que tengo me lo prestaron, cuando su dueño me lo pida, no puedo seguir conectándome», me advierte.   

El jurista Eloy Viera, coordinador de El Toque Jurídico, considera que la principal irregularidad en este caso, por ahora, es la falta de información. «Norma es una persona que está a ciegas, tanto porque la instrucción le niega información, como porque su abogado le niega información. Yo no sé si su abogado ha pedido una modificación de medida cautelar, que tenía que haber pedido ya por lo menos dos o tres, porque hace casi dos meses que esa niña está presa», dice Viera. 

«Ahora mismo», agrega, «es mucho más beneficioso solicitar una modificación de medida cautelar, porque la tiene que reconocer un tribunal, antes tú no llegabas a un tribunal para pedir una modificación de medida cautelar, pero ahora la ley establece que el tribunal tiene que hacer una audiencia y responderte por escrito; por tanto, información tiene que haber más que suficiente para hacer un análisis mucho más profundo que el que estoy haciendo yo ahora, y eso para mí es una irregularidad. La principal desventaja desde el punto de vista de la defensa y la denuncia es no saber, y como mínimo el abogado está obligado a informar a Norma y mantenerla al tanto de lo que está sucediendo con su hija».  

Según el nuevo Código Penal (Ley 151), vigente desde el 1 de diciembre de 2022, la «propaganda contra el orden constitucional» es un delito contra la seguridad interior del Estado, descrito en el artículo 124, para el cual se contemplan penas que van desde los dos hasta los diez años de privación de libertad. Si bien Sulmira Martínez sería la primera persona reprimida con este artículo, de la cual se tenga noticia, tanto Viera como Ajete destacan que en el Código Penal anterior ya existía una figura similar (propaganda enemiga), que fue, entre otras, empleada para condenar al joven Luis Robles a cinco años de cárcel por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael, en diciembre de 2020.   

El acceso a internet, sobre todo el acceso a internet por datos móviles, disponible en Cuba desde diciembre de 2018, constituye hoy uno de los mayores dolores de cabeza del régimen. El estallido social del 11 y 12 de julio de 2021 ocurrió precisamente porque los primeros ciudadanos que tomaron las calles, en San Antonio de los Baños, Artemisa, comenzaron a transmitir en vivo por Facebook su osadía. Así se levantaron en pocas horas decenas de pueblos y ciudades a lo largo de la isla. En respuesta, el régimen impuso un apagón de internet a las pocas horas de iniciadas las manifestaciones, que se mantuvo con intermitencias durante una semana aproximadamente. 

Un mes más tarde, el 17 de agosto, en la Gaceta Oficial de la República apareció el Decreto-Ley 35, el cual básicamente estableció que convocar por internet a protestar en contra del sistema, o a «subvertir el orden constitucional», constituía un acto de «ciberterrorismo», y que, por tanto, las autoridades pueden interrumpir el servicio siempre que lo consideraran oportuno.   

Sin embargo, desde enero de 2020, el Estado cubano comenzó a utilizar también el Decreto Ley-370, conocido como la Ley Azote, que permite la imposición de multas de 3 mil pesos cubanos y el decomiso de equipos a quienes supuestamente incurren en la violación de «difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». De acuerdo con Proyecto Inventario, hasta finales de diciembre de 2022, en Cuba se habían puesto al menos 72 multas a 61 personas bajo la Ley Azote.

Cada martes, Sulmira puede recibir una visita de su familia durante diez minutos —a veces un poco más, no mucho más— y siempre bajo estricta vigilancia. Su madre es la que suele ir a verla, aunque el martes de la semana pasada fue la sobrina de Sulmira, que es tres años mayor que ella. Dice Norma que la ven bien, hasta donde es posible en esas circunstancias, «porque el que está trancado nunca está bien», pero que no pueden hablar de su caso. Sulmira tampoco tiene permitido hacer llamadas, así que ese es el único momento de contacto con su familia. 

Eloy Viera alerta que la investigación a la que está siendo sometida Salem ya debe casi concluir, porque por lo general esas investigaciones se resuelven en 60 días, y lamenta que el caso no haya trascendido a la prensa hasta que no pasaron casi 40 días de su detención. «Ya estamos tarde, siento que vamos en mucha desventaja», dice refiriéndose al trabajo de activistas y defensores de derechos humanos. En las redes sociales avanza una campaña con el hashtag #LibertadParaSalem, pero en un país con más de mil presos políticos y donde constantemente hay denuncias de represión de disidentes en las calles, es fácil que la historia de Salem se diluya entre tantas otras. 

«Yo solo deseo una Cuba libre. ¿Es mucho pedir?». Se preguntaba Salem el 24 de noviembre pasado, un mes y medio antes de que el propio régimen le respondiera de una de las peores maneras: quitándole su libertad.