Hace algunos meses intenté escribir un artículo sobre la disputa de una comunidad indígena con el Estado mexicano, y terminé haciendo justo lo contrario de lo que quería. Dediqué varias páginas a la acción del Estado y unas pocas a la acción y las razones de la comunidad de la que hablaba. Me costó semanas deshacer ese resultado que traicionaba mis propias intenciones y, de hecho, terminaba contribuyendo, como había visto tantas veces, a contar las razones del poder y no las de quienes se le resisten.

Ese desmontaje me condujo en dos direcciones. La primera, reconocer que el Estado tenía en mi texto una atracción discursiva. O sea, que producía una fuerza de atracción hacia sí mismo, y lo hacía obligándome a hablar de disposiciones legales, a incluir contextos de escalas mucho más amplias que el caso que me ocupaba y a subordinar los hechos que describía a explicaciones generalizantes. La segunda me llevó a pensar qué podría hacer para solucionar el problema que la atracción discursiva del Estado había creado dentro del texto.

Encontré algún paliativo, no recetas ni posibilidades únicas, pero que suelo considerar siempre como alternativa cuando enfrento un problema de esta naturaleza. Uno tiene que ver con la escala. En lugar de comenzar por el contexto, ayuda comenzar por la descripción de los sucesos centrales. El contexto es ineludible, no hay que obligarse por tanto a comenzar por él, pues surgirá en el momento mismo en que se traten de explicar los eventos.

Otro tiene que ver con el orden. Comencé en el texto por la descripción de los sucesos centrales, que me permitieron abrir la reflexión, y pasé directamente a explicar lo que era relevante desde el punto de vista de la comunidad. El Estado y sus razones quedaron en segundo lugar, en orden y en importancia.  Aprendí entonces que el orden de los factores sí altera el producto.

Leí, con estas cosas en mente, el Llamado internacional al pueblo cubano y la izquierda internacional: Solidaridad con las y los manifestantes de julio del 2021. Es un llamado que puede entenderse como necesario; la situación crítica de Cuba tiene hoy en los presos políticos su mayor nodo de disputa: 790 personas procesadas —incluidas 55 entre los 16 y 17 años— y condenadas a penas de carácter ejemplarizante son razón suficiente para multiplicar los pedidos de la solidaridad a los oídos receptivos de todo el mundo. El llamado hace una descripción pormenorizada de una situación que requiere ser contextualizada —contextualizar no solo es necesario; cuando la idea es hacerse entender, es inevitable— y lo hace sin perder la atención en los datos e incluso en casos particulares. Se suma a un llamado de amnistía, aunque lo hace desde un verbo, «solicitamos», que parece remitir el reclamo de amnistía únicamente al sitio desde donde se redacta el pronunciamiento.

El texto menciona en primera instancia las «hostiles sanciones estadunidenses, en el marco de una política de agresión y bloqueo que cumple ya sesenta años» y sigue con «la incapacidad de la administración del país para solventar las necesidades más básicas del pueblo y la desatención a reclamos sociales, políticos y económicos de la sociedad civil…» como causas que contribuyeron a la agudización de la precarización de la vida. El orden en que aparecen los argumentos determina su relevancia.

La disputa sobre Cuba es también una disputa por el contexto para explicar Cuba. ¿Qué es más relevante en la creación de las horribles condiciones de vida de cubanos y cubanas, el bloqueo/embargo/sanciones económicas o la política interna de su gobierno? ¿Cuál es el factor determinante y cuál el influyente? Una manera en que se intenta resolver esa disputa pasa por las denominaciones: quienes lo consideran determinante, le llaman bloqueo, quienes lo consideran influyente, pero no la causa fundamental, le llaman embargo. Ambas denominaciones contienen, por supuesto, sus propios matices. Bloqueo es la palabra que usa el gobierno cubano para llevar al extremo el argumento de la responsabilidad de las medidas económicas de Estados Unidos en la realidad interna de la isla, eliminando la suya propia; embargo puede llegar incluso a desaparecer en discursos que niegan el impacto de las sanciones económicas. Los sitios de enunciación importan.

Lo que se pone primero funciona como determinante, algo que contiene lo que sigue a continuación. El bloqueo/embargo rige entonces como marco explicativo. No se si esto obedece a un plegamiento consciente o a una falta crónica de imaginación, pero es ahí donde muchos lectores del llamado pusieron la primera objeción. Las sanciones económicas de Estados Unidos no explican algo que no tiene excusa: la violencia del aparato represivo del régimen sobre la población como respuesta al derecho a la manifestación pública. Se trata, pues, de una forma de mediatizar y excusar esa violencia inexcusable. Es ahí donde debemos reconocer esos elementos discursivos con una carga semántica que nos lleva en una dirección predeterminada, si no nos decidimos a resistir sus jaloneos. El bloqueo, o embargo, o como aparece en el llamado, «sanciones económicas en el marco de una política de agresión y bloqueo», tiene justo esa cualidad.

Como quiera que se le llame —aunque bloqueo no es el mejor término—, obliga a hablar de él, porque su presencia o ausencia, y el orden en que se coloque, permite construir una posición para hablar luego de otras cosas, en particular de aquellas que no pueden ser justificadas por ninguna política externa sobre el país, como la represión policial o la criminalización pública del disenso. Cuando se habla de la situación de Cuba, bloqueo, embargo o incluso sanciones económicas operan como una especie de peaje y de lugar de enunciación, pero también actúa en sentido contrario, cuando esa atracción discursiva se reconoce como chantaje o imposición, lo cual es en gran medida, y se elige entonces no mencionarlo. Esta posición es completamente legítima, diría incluso que necesaria, porque resistirse al poder implica resistirse a utilizar sus mismos códigos, sus mismas palabras y sus mismas lógicas. Hay un problema, y grave, si la solidaridad depende del pago de un peaje ideológico para ejecutarse.

No es posible olvidar que con la narrativa de que el bloqueo es la causa de todos los males, el gobierno cubano se desentiende de su responsabilidad en la situación en Cuba y presenta su propia violencia —la que mató a Diubis Laurencio, la que puso en la cárcel a 790 manifestantes, la que hizo un llamado al combate en las calles, la que armó a grupos paraestatales con palos para golpear a los manifestantes, la que reproduce las condiciones para los continuos éxodos masivos— como reacción inevitable frente a las «maniobras del imperialismo». Maniobras que en muchas ocasiones no son reales sino construcciones mediáticas que conducen al mismo fin, mostrar a un gobierno que reprime a su pueblo como uno que se defiende de otro gobierno y tiene por tanto pase libre para reprimir sin importar los costos humanos.

Ya que lo he tomado como pretexto para pensar ciertos procedimientos discursivos, me gustaría también destacar lo que me parece valioso y lo que extraño en el documento Llamado a… Hace un llamado a la izquierda y pone el foco en los derechos humanos —la crisis en la que nos encontramos es, definitivamente, una crisis de derechos humanos—, lo que no tendría que volver irrelevantes las ideologías ni los puntos de enunciación. Debemos considerar que una gran parte de la izquierda continúa haciendo un gran esfuerzo para no posicionarse respecto al régimen cubano, incluso frente a la abrumadora evidencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Una apelación de este tipo podría contribuir a que voces reconocidas, individuales o grupales, que se ubican a sí mismas a la izquierda del espectro político, se interesen realmente y puedan contribuir a la solidaridad internacional. No es posible disminuir la importancia de la solidaridad internacional en una situación en la que las posibilidades internas de limitar la represión estatal están severamente restringidas. Tampoco es posible disminuir la importancia del trabajo de coordinación que implica la experiencia misma de concebir un documento, redactarlo y generar un consenso de ciertas voces alrededor del mismo. Es un tipo de trabajo que podría parecer rutinario en un país donde redactar un documento y tener un posicionamiento político no son actos penalizables, pero sí en un entorno dictatorial donde redactar, firmar y posicionarse al margen o en contra de la política oficial (sobre todo viviendo dentro del país) vuelve a las personas vulnerables a la represión.

Sin embargo, algunos elementos del llamado contradicen sus propios presupuestos. No se trata de la posición política desde la que se ubica, aunque es una posición que tendría que ser llenada de contenido más allá de una adjetivación de democrático y de un adverbio, «realmente», que parece decir que el socialismo que hemos tenido hasta ahora es falso. Después de una experiencia de poco más de seis décadas de algo que se llamó socialismo y se comportó en la práctica como un régimen totalitario violento y represivo, ponerle un adjetivo al mismo sustantivo utilizado para construir tal régimen, no es suficiente. No es posible no tomar en consideración la experiencia del socialismo real y enunciar, sin llenarlo de contenido concreto, la misma denominación con la pretensión de que adjetivarla como democrática cambia «realmente» algo.

Por otra parte, la violencia sistémica, estructurada y respaldada por el Estado para ejercerse de forma directa sobre los manifestantes, no puede equipararse con la violencia esporádica de los propios manifestantes. Decir que «hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes», oscurece la asimetría fundamental entre las fuerzas represivas del régimen y personas comunes que participaron en una manifestación pública. Ese oscurecimiento hace posible que la violencia represiva no sea reconocida como tal, y contribuye a que un régimen autoritario y dictatorial pueda seguir construyendo sus narrativas de impunidad frente a la complacencia de militantes de izquierda y progresistas que pueden así pasar de largo frente a la responsabilidad que la solidaridad humana impone frente a situación de vulneración de los derechos humanos.

Autodenominarse socialista democrático o de cualquier otro tipo no es un problema en sí mismo. Aspiramos a una sociedad en la que cualquiera pueda ubicarse en el espectro político donde se sienta más representado. Otra cosa, sin embargo, es determinar que el enunciador, el público al que se dirige y la causa misma corresponden únicamente a una denominación; presentar, en fin, un reclamo que es de la sociedad civil como si se tratara de un reclamo ideológico de una postura particular. Esos que se excluyen están mencionados de pasada en «la derecha apoyada por Estados Unidos y partidaria de sus ataques existe…», pero están efectivamente ausentes en el «Solicitamos una ley de Amnistía para las personas injustamente condenadas que abra las puertas a un socialismo realmente democrático y de iguales».

Desde hace semanas, familiares de los presos políticos, activistas, colectivos para el apoyo a las familias como Justicia11J, abogados de la sociedad civil, han estado construyendo la idea de exigencia de Amnistía. Todos ellos tendrían que ser reconocidos, a menos que estén implícitamente ubicados en la referencia a «la derecha apoyada por Estados Unidos». Lo que puede hacerse respecto al reclamo de Amnistía es sumarse.

Pasa otro tanto con la suposición de que una Amnistía abriría la puerta a un «socialismo realmente democrático y de iguales». Todos tenemos sueños propios sobre lo que habrá detrás de la puerta que se abrirá en un proceso de transición (de la que una Amnistía sería un paso más en un proceso mucho más amplio). Eso no implica que estemos trabajando por la forma definida del mundo que surgirá de la comunión de todos los esfuerzos; más bien para asegurar que no haya exclusiones en ese mundo. Si creemos que esa transición puede terminar, contra todas las dificultades, en un ordenamiento social incluyente, plural y de convivencia en la diferencia, posicionarlo en una denominación (por lo demás vacía de contenido hasta tanto no se explique de qué se trata) constituye un retroceso en el camino abierto por el último ciclo de contestación social en Cuba.

A partir de noviembre de 2020, cuando el encarcelamiento del rapero Dennis Solís catalizó el acuartelamiento en la Sede de San Isidro y la serie de eventos que le siguieron, una gran parte de la oposición y el activismo cubanos comprendió, y empujó desde ahí, que el reclamo central e imprescindible hacia el régimen era el cumplimiento pleno de los derechos humanos: el «derecho a tener derechos», en palabras recuperadas de Hanna Arendt, o «el culto a la dignidad plena del hombre», en palabras de Martí, y con el rompimiento del genérico masculino que dicha dignidad plena implica. Eso permitió articular fuerzas y reconstruir un tejido social fragmentado hasta lo irreconocible alrededor de un reclamo legítimo desde cualquier posición política.

La ruptura que emergió en ese momento no fue contra la ideología particular del régimen sino una aún más fundamental; fue una ruptura contra la pretensión totalitaria de que la disputa por los derechos humanos fuera encubierta y ocultada por la disputa ideológica. Cada vez que un reclamo humano, que un imperativo ético (como el de la liberación de los presos políticos) es presentado como el reclamo particular de una posición ideológica, cedemos al régimen el escenario y el lenguaje de la disputa. No debería tener que ser necesario apelar a una filiación ideológica particular para producir una solidaridad que no requiere nada más que sensibilidad humana para ejecutarla.

El orden de los factores importa, el sitio de enunciación importa, los contenidos de las denominaciones importan, el reconocimiento de las asimetrías importa. Importa no reproducir la vocación excluyente del régimen. Importa que no pongamos ahí, donde va un imperativo ético, una agenda ideológica.