En paralelo con la decisión del expresidente Joe Biden de sacar a Cuba de la «Lista de Estados Patrocinadores del terrorismo» —revertida en cuanto Donald Trump llegó al Despacho Oval—, y con mediación del Vaticano, el régimen cubano prometió la excarcelación de 553 presos. La mayor parte de la sociedad civil cubana esperaba que se tratara de prisioneros políticos, pero hasta la fecha solo se ha confirmado la salida de 170 de esos reclusos, ninguno tras el arribo de la nueva administración norteamericana, y además se desconoce el número total de excarcelados puesto que el gobierno mantiene su habitual opacidad.
Sin dudas conforta la salida de prisión de gente como José Daniel Ferrer, Luis Robles y muchos otros. Pero ni siquiera eso está cerca de aplacar el enojo y la frustración que causan ciertos aspectos que bien vale la pena mencionar aquí. El primero es que, aun cuando se cumpla con la cifra de 533 excarcelados y todos ellos sean, en efecto, condenados por motivos políticos, quedarían en los establecimientos penales de Cuba cerca de 800 ciudadanos identificados bajo esa categoría por activistas y organizaciones de derechos humanos. Segundo, que la mayoría de los 170 confirmados no han quedado estrictamente en libertad, puesto que las sanciones en su contra siguen vigentes y ahora permanecen en regímenes no carcelarios como la libertad condicional, lo que implica una espada de Damocles sobre sus cabezas. Y tercero, que al menos cuatro de los participantes en las manifestaciones del 11 y el 12 de julio de 2021 (11J) ni siquiera tuvieron la oportunidad de gozar los «favores» de esta jugada política que la dictadura cubana habría negociado con Washington. Sus nombres son Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet Almarales, Gerardo Díaz Alonso y Manuel de Jesús Guillén Esplugas, y todos murieron mientras cumplían penas de privación de libertad.
Al momento de su muerte, Luis Barrios Díaz tenía 36 años y cumplía una sanción de nueve años de cárcel en la prisión 1580, ubicada en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. Dos años antes se había manifestado en la barriada de Párraga, municipio Arroyo Naranjo, donde residía. Lo encarcelaron unos días después, y no fue hasta enero de 2022 que lo condenaron por los delitos de «desorden y atentado». El juicio, según Cubalex, una organización de derechos humanos que brinda asesoría jurídica a activistas cubanos, estuvo plagado de irregularidades.
De acuerdo con la investigación realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Barrios Díaz fue trasladado al Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende (conocido como la Covadonga) debido a una afección respiratoria desarrollada en prisión que para noviembre de 2023 se había agravado. Los médicos del hospital comunicaron a las autoridades penitenciarias la necesidad de un ingreso urgente, pero estas se negaron y regresaron al paciente a la cárcel con la excusa de que no contaban con combustible suficiente para garantizar una vigilancia constante sobre él. Pocos días más tarde, fue llevado nuevamente a la Covadonga, donde le realizaron una intervención quirúrgica de emergencia para drenar sus pulmones. Fue entonces que las autoridades penitenciarias se apresuraron a darle una licencia extrapenal, pero ya era demasiado tarde. El 19 de noviembre de 2023, al día siguiente de ser operado, Luis Barrios Díaz murió en la sala de terapia intensiva del hospital.
Yosandri Mulet Almarales también participó en las protestas del 11J, específicamente en las ocurridas en la barriada habanera de La Güinera —donde murió abatido por la policía Diubis Laurencio Tejeda, la única víctima mortal de aquellos días. En julio de 2021, fue apresado y puesto bajo régimen de prisión provisional, condición en que estuvo más de un año a la espera de juicio. Finalmente, en enero de 2023, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre lo condenó a diez años de prisión (tres menos de los que pidió la Fiscalía) por el delito de «sedición». Cinco meses después, Mulet Almarales atentó contra su vida dentro del presidio, lo que hizo a las autoridades concederle pasar el resto de su sanción bajo un sistema menos severo en el Campamento de Trabajo Correccional de Toledo. Uno de los beneficios del Campamento son las breves pero frecuentes estancias en el hogar (los llamados «pases»); sin embargo, esto no alivió al recluso. El 22 de agosto de 2024, mientras regresaba de uno de esos pases a su jornada de trabajo correccional, Yosandri Mulet Almarales se lanzó del puente de Calabazar, en La Habana. Pasados tres días en estado crítico, murió en el Hospital Julio Trigo.
De Gerardo Díaz Alonso no hubo noticias durante varios días luego de que lo detuvieran y lo montaran a golpes en una patrulla de policía. Finalmente se supo que estaba preso por participar en las protestas del 11J que se dieron en Cárdenas, Matanzas. El juicio lo celebraron en diciembre de 2021 y un mes después se dictó la sentencia: 14 años de prisión por los delitos de «sabotaje» y «desórdenes públicos». El Tribunal, sin embargo, no notificó a la defensa ni a su familia hasta pasado el tiempo previsto para exigir una apelación. Díaz Alonso no fue un preso obediente. Cuando se enteró de que no podría apelar la sentencia, comenzó una huelga de hambre y lo mandaron a una celda de castigo. Tras varios días, las autoridades pusieron fin a su ensañamiento no fuera a ser que muriese de inanición. Para entonces, según sus familiares, andaba muy mal de salud. Incluso antes de ser encarcelado, dijeron, sus riñones no funcionaban del todo bien. Murió de un infarto el 17 de octubre 2024 en la prisión de alta seguridad de Canaleta. Tenía 35 años y dos hijos pequeños que lo esperaban en casa.
Manuel de Jesús Guillén Esplugas, conocido como el Noly, nunca pensó en unirse a la oposición hasta que la policía lo llevó a prisión en 2020 por «peligrosidad predelictiva». En realidad, no había cometido ningún delito, pero aquella figura legal, ya desaparecida del Código Penal cubano, pretendía ser profiláctica. Fue un absurdo que parecía sacado del cuento The Minority Report de Philip K. Dick: el Estado entendía que la desvinculación laboral del Noly lo convertiría en un delincuente tarde o temprano, así que lo condenó a cuatro años de prisión sin internamiento.
El Noly se vinculó de inmediato a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y a Cuba Decide, y el 11 de julio de 2021, como otros miles de cubanos, se sumó al grito de «Libertad» y «Patria y Vida» a las protestas antigubernamentales que se dieron a lo largo de todo el país. Seis días después, fue detenido y enviado a la prisión del Combinado del Este, en La Habana. Durante más de un año y medio, sufrió el presidio sin que pesara sobre él una acusación formal. Fue cuando su madre presentó un recurso de habeas corpus que le construyeron una causa penal. La condena: seis años de prisión por los delitos de «desorden público» y «actos vandálicos».
El sábado 30 de noviembre, la noticia de su muerte conmocionó a muchos en Cuba. Las autoridades penitenciarias aseguraron que se trató de un suicidio, pero su familia defiende que en realidad el Noly fue golpeado y, probablemente, asesinado. Ni su muerte ni las condiciones que provocaron las de esos otros tres presos políticos del 11J han sido investigadas, y quizá haya que esperar a vivir en un país democrático para saber cómo sucedieron realmente estos hechos.
Entonces, nadie me quitará el alivio por las excarcelaciones de presos políticos ocurridas la semana pasada y las que, acaso, estén por llegar…. Pero nadie me quitará tampoco el temor de saber que no han sido indultados o amnistiados, ni la rabia por las muertes de Luis, Yosandri, Gerardo y el Noly: esta frustración por cada segundo de libertad que les arrebataron a todos.
