Este domingo 4 de octubre, Brasil, el gigante sudamericano y la décima economía del mundo, va a las urnas para decidir el futuro del continente. No es exagerado plantearlo en esos términos: está en juego una visión del mundo y de las relaciones de fuerzas geoestratégicas, así como una apuesta por la soberanía y la resistencia a la ola de gobiernos de ultraderecha alineados con los intereses de la actual administración de Estados Unidos. Muchos dicen que esta elección es el acontecimiento histórico más importante de Brasil desde el fin de la esclavitud e, insisto, no es una hipérbole.
Se decidirá quién será el próximo presidente de la República, quiénes serán los próximos gobernadores de los estados y quiénes ocuparán los escaños del Congreso y de las asambleas legislativas estatales y distritales. Está en juego algo más que la presidencia, y es la mayoría de un Congreso Nacional que impone la existencia de un presidencialismo de coalición para garantizar la supuesta gobernabilidad. Asimismo, están sobre la mesa los gobiernos de los estados, que tienen un enorme peso en cuestiones fundamentales, como el desafío de la seguridad pública, quizá el principal flagelo social de Brasil. Esta es una bandera enarbolada por el bolsonarismo y un problema que, en dos décadas en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT) no ha podido resolver, como tampoco pudo hacerlo el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Los dos candidatos favoritos representan la polarización política más profunda que ha vivido el país. De un lado está el joven Flávio Bolsonaro, heredero de un movimiento de ultraderecha impulsado por su padre, que ganó el apoyo de una porción considerable de la población: los llamados «pobres de derecha» y una clase media desilusionada. Este movimiento se sustenta en los sectores más recalcitrantes del neopentecostalismo brasileño y en el clientelismo, asociados con los grandes sectores del poder económico, principalmente la agroindustria y una parte sustancial de la élite financiera rentista. El único mérito de Flávio es haber heredado el capital político de su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años, y quien hoy cumple prisión por haber atentado contra la democracia y el Estado de derecho mediante una tentativa de golpe de Estado.
Del otro lado, aspirando a la reelección y a su cuarto mandato, está el veterano político octogenario Luiz Inácio Lula da Silva, con una biografía marcada por las luchas sociales; tres mandatos en los que transformó el mapa social de Brasil; una acusación de corrupción que terminó con la anulación de un proceso judicial parcial y de claro trasfondo político, por el cual pasó casi dos años en prisión; y un sorprendente giro que lo llevó de nuevo a la presidencia del país.
A pesar de la asimetría entre los candidatos, la elección se presenta como un duelo reñido y de estrechos márgenes, en el que es difícil predecir al ganador. Brasil es hoy un país fracturado por la polarización política impuesta por una ultraderecha populista que no surge directamente de las élites del gran capital ni de la derecha tradicional. Surge de lo más pedestre y oscuro de cuanto quedó encubierto en el proceso de amnistía general que condicionó el fin de los gobiernos militares: una amnistía que alcanzó a la insurgencia de izquierda, pero también a la violencia del Estado, que perpetró toda clase de represión y asesinatos para garantizar el orden antidemocrático vigente. Surge también de la conexión entre una ideología reaccionaria de fundamentos rudimentarios y una base social cooptada por las iglesias neopentecostales, marcadas por el conservadurismo y el fundamentalismo religiosos y por sus estrechas relaciones con las organizaciones criminales originadas en el narcotráfico. Estas organizaciones se expanden hasta dominar comunidades pobres en las que existe un profundo vacío del poder y de la protección del Estado, y tienen como punto de referencia la periferia de Río de Janeiro, una ciudad marcada por la violencia y la intolerancia de clase.
De ese contexto surge la figura de Jair Bolsonaro, un militar retirado cuya carrera estuvo marcada por graves controversias disciplinares. De mediocre diputado federal, salta a la escena pública en el contexto del mal llamado impeachment de la presidenta Dilma Rousseff: un golpe de Estado gestado por la élite brasileña y ejecutado de forma traicionera por sus propios aliados políticos, articulados en la figura nefasta de Michel Temer, entonces vicepresidente de la República y representante del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño). En ese momento simbólico cobra fuerza la corriente de un supuesto outsider político como Bolsonaro, quien convierte su alegato contra Dilma en una inaceptable defensa de la dictadura militar al dedicar su voto al coronel Carlos A. Brilhante Ustra, a quien calificó como «el pavor de Dilma Rousseff» por su papel en las torturas que ella sufrió cuando estuvo presa durante la dictadura.
La sociedad brasileña toleró aquel gesto grotesco y despreciable, que quedó impune en el Congreso. A pesar de la denuncia ante el consejo de ética, no hubo un proceso que juzgara seriamente y limitara los derechos políticos de Bolsonaro. A partir de entonces, las afrentas a la democracia, el desprecio por la ética política, la falta de pudor y el uso de expresiones racistas, misóginas, homofóbicas y clasistas pasaron de ser condenables para la opinión pública a convertirse en los nuevos valores de una derecha chabacana y violenta que vino a ocupar el espacio político con la connivencia de la élite económica y los grandes medios de comunicación. El fenómeno contemporáneo del populismo de derecha había encontrado su personificación en la figura de Jair Bolsonaro.
La ideología que profesa el bolsonarismo se expresa en:
- Un falso nacionalismo que secuestra los símbolos patrios, pero se despoja de ellos y se comporta de forma servil ante las políticas imperiales.
- El rechazo al multilateralismo; cuestiona la pertenencia de Brasil a los BRICS; rechaza organizaciones internacionales como la ONU.
- Una actitud contraria a las causas ecológicas, asumiendo las formas más básicas del negacionismo.
- El ataque al estado de derecho y la democracia, promoviendo un proyecto autoritario de raíz golpista.
- En la instrumentalización política de la religión.
- En el desmonte de las políticas públicas y logros sociales conseguidos hasta ahora.
El tema es que Brasil es un país de peso en el escenario geopolítico actual. Es una fuente extraordinaria de materias primas, tierras raras y minerales críticos; uno de los mayores productores de alimentos del mundo; y dueño de una biomasa esencial, de grandes recursos hídricos y del pulmón del planeta: la selva amazónica. Sumado a eso, las prospecciones recientes apuntan a la existencia de importantes reservas de hidrocarburos en la desembocadura del río Amazonas y en aguas profundas frente a las costas de Brasil. Es un conjunto de riquezas inestimables que posiciona a Brasil como un actor significativo en la competencia económica por el control de recursos escasos. El país puede inclinar la balanza geopolítica, según sus alianzas. Esa riqueza, administrada en función del desarrollo del país, permite también un alto grado de autonomía y soberanía en las decisiones políticas.
¿Cómo es posible, entonces, que una porción tan significativa de la población apoye el proyecto bolsonarista y demonice a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT)?
Aquí hay que examinar críticamente las consecuencias de las debilidades de los dos primeros mandatos de Lula y del mandato de Dilma Rousseff, a pesar de sus grandes logros en la reducción de la pobreza y las desigualdades. Mientras la ultraderecha se radicalizaba, exhibía sin pudor sus posiciones y movilizaba a las masas mediante las redes sociales, abusando de las fake news y coreando eslóganes a favor de la familia tradicional, contra el aborto y en defensa de una libertad entendida como una forma de individualismo, de defenestrar el papel del Estado y de atizar el odio de clase, la izquierda representada por Lula y el PT se desplazaba hacia el centro y aceptaba las bases de la economía neoliberal y la ideología woke. Promovía políticas de distribución e inclusión a través del mercado, del crédito consignado y de la deuda como formas de incorporar a las clases bajas al mercado mediante el financiamiento del consumo, sin alterar, en lo esencial, las bases estructurales de la desigualdad ni promover soluciones colectivas. Así, estimulaba la inclusión por la vía individual del financiamiento y generaba deuda como mecanismo de control y sujeción de una clase baja que ahora participaba del mercado hipotecando su futuro. Al mismo tiempo, desplazaba la visión de clase hacia una inclusión en el mercado y mitigaba las desigualdades por la vía redistributiva de programas sociales como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida y ProUni, entre otros.
Por otro lado, estas políticas venían acompañadas de generosos incentivos fiscales a la industria y al agronegocio, que se beneficiaban de la espiral virtuosa de consumo promovida por la instrumentalización de las finanzas y la deuda entre la clase trabajadora y los más pobres. Así se garantizaba la demanda efectiva necesaria para la circulación y las ganancias del sistema financiero. Todo ello se vio favorecido por una coyuntura especialmente propicia en el plano internacional, por el alto precio de las commodities y por una revalorización de la moneda brasileña, el real, frente al dólar. Una vez agotado ese ciclo económico, el malestar social, el endeudamiento y la frustración comenzaron a aflorar en las calles en 2015 y 2016, junto con escándalos de corrupción que involucraban a importantes empresas estatales y privadas.
Lula trató de hacer lo imposible: crear una distensión entre las clases en un país con profundas desigualdades, donde las estructuras de dominación continuaban intactas y las ganancias fluían, mientras las clases bajas recibían los beneficios de sus políticas distributivas. Era el Lula de «paz y amor», que conseguía lo imposible: el milagro de la conciliación de clases, quedando bien con dios y con el diablo. Casi lo consiguió, al menos por un tiempo, pero la realidad apareció y la niebla se disipó.
Paralelamente, la política económica se mantuvo en la línea neoliberal, lo que llevó una lucha por controlar el alza significativa de las tasas de interés que encarecía la deuda pública, ralentizaba la inversión productiva y estimulaba el rentismo. Cuando Dilma Rousseff se atrevió a intervenir usando el poder de los bancos estatales para corregir esa situación, se montó una farsa tecnicista para acusarla de haber violado las leyes sobre el manejo del presupuesto del Estado.
Dilma carecía de empatía política y sus aliados coyunturales no tardaron en apuñalarla por la espalda, proponiendo su destitución y reemplazándola por el fantoche de derecha Michel Temer. Ese golpe de Estado de facto fue la vía de entrada para que las fuerzas radicales de la ultraderecha, lideradas por Jair Bolsonaro, llegaran al poder en 2019.
De ese modo, la política brasileña fue empujada hacia una radicalización que excluyó las opciones de los partidos de centro y de la derecha tradicional, como el PMDB y el PSDB. El Partido de los Trabajadores (PT) acabó ocupando el espacio de la centroizquierda, con sus programas de corte socialdemócrata, y quedó como la única alternativa, no para dar un giro a la izquierda, sino para salvaguardar el orden democrático dentro de los marcos del sistema y de la propia constitucionalidad. Ambas fueron puestas a prueba en múltiples ocasiones durante el mandato de Jair Bolsonaro, quien arremetió contra la Corte Suprema por su importante papel de resistencia en la preservación de la Constitución y del marco democrático.
La historia de Brasil tiene peculiaridades que la diferencian de la del resto de los países de América Latina. Es un país con una historia de transiciones, sin rupturas bruscas ni revoluciones radicales. La propia independencia del país fue resultado de un acuerdo dentro de la familia imperial portuguesa. La cronología de la geografía política de Brasil revela que la posesión de la tierra a lo largo de cinco siglos no ha sido más que la fragmentación paulatina de las quince capitanías hereditarias donadas por el rey a nobles portugueses, para que colonizaran ese enorme territorio sin costos para la Corona. Nunca se promulgó reforma agraria profunda. El sistema de plantaciones y la esclavitud moldearon las relaciones sociales que existen hasta hoy, creando lo que el sociólogo Jessé Souza llama la «élite del atraso». El espíritu de esas relaciones de subordinación y jerarquía social se cristaliza en la idea de Casa-grande y senzala, título de la obra maestra de Gilberto Freyre, que explica la formación de Brasil a través de la dialéctica del amo y el esclavo.
Este marco sociocultural, profundamente anclado en el imaginario brasileño, fue sacudido cuando Lula llegó al poder y, por primera vez en la historia del país, un hombre del pueblo, sin título universitario y obrero sindicalista, asumió la representación de la nación. La dimensión simbólica de ese hecho no era menor, pero hubo que negociar contrapesos mediante un pacto entre Lula y la élite para salvaguardar la administración del sistema y no poner en riesgo sus fundamentos estructurales. En otras palabras: «te permitimos ser presidente siempre y cuando administres el sistema según nuestras reglas». Eso no impidió que Lula creara el mayor programa de transferencia de renta que el país haya conocido, sacara de la pobreza a millones de brasileños, acabara con el hambre estructural y mantuviera y ampliara la escolarización básica. Además, sostuvo y amplió el Sistema Único de Salud, creado por la Constitución de 1988 con la vuelta a la democracia, que garantiza a toda la población el acceso público y gratuito a la atención médica. También creó políticas de cuotas raciales y sociales que facilitaron el acceso masivo de pobres y negros a la universidad y, no menos importante, aprobó una ley que regularizaba la situación laboral de las empleadas domésticas, un tema especialmente sensible para la clase media. Esas políticas, conjugadas con el acceso al crédito y al consumo, provocaron un choque cultural entre las clases.
Los pobres, los negros y los habitantes de las favelas comenzaron a frecuentar los centros comerciales de la clase media y la élite; aparecieron en los aeropuertos y compartieron asientos con ejecutivos y madames (señoras de clase alta). El espacio que la élite y la clase media consideraban reservado por «derecho adquirido» se vio democratizado y, desde su perspectiva, contaminado por la plebe. Las empleadas domésticas ya no pudieron ser mantenidas bajo un régimen de semiesclavitud y sin derechos laborales. El movimiento negro se empoderó, creando una élite intelectual y una fuerza de trabajadores cualificados, con expresión y voz social. Ese es el pecado imperdonable de Lula, que le valió la confrontación con los sectores más reaccionarios y, por lo general, menos ilustrados de la clase media. Esta hace el trabajo sucio al asumir el papel de mediadora y guardiana de los privilegios de la élite, en su afán por ascender socialmente sin llegar nunca a conseguirlo. El espacio físico reservado a la élite fue invadido y ese grupo social se decantó, por oposición, hacia la ultraderecha.
Aquí tenemos una parte de la base que compone el electorado bolsonarista. La otra proviene de una porción considerable de los fieles pobres de las iglesias neopentecostales, que a lo largo de las últimas décadas ocuparon los espacios de la fe en todo Brasil con un proyecto claro. No bastaba con evangelizar a las masas: era necesario ocupar las estructuras de la sociedad —la educación, la política, los medios de comunicación y el Gobierno— e imponer de forma autoritaria los «valores cristianos» al resto de la sociedad, mediante un modelo único de fe que excluye cualquier otra religión, incluso la católica, y que es especialmente hostil a las religiones afrobrasileñas y de los pueblos originarios. Ese modelo fue importado a Brasil desde Estados Unidos y tomó fuerza precisamente en las décadas de 1970 y 1980, cuando, en un país mayoritariamente católico, la Teología de la Liberación había creado las comunidades eclesiales de base, que difundían un mensaje emancipador a través de la fe católica y de sacerdotes con pensamiento progresista. Su máximo exponente en Brasil fue el teólogo Leonardo Boff.
Es importante resaltar que no todos los evangélicos brasileños comparten la misma visión, no se trata de atacar las iglesias evangélicas en sí, sino de denunciar su instrumentalización política y aquella parcela de esas iglesias que promueven un proyecto excluyente. Sin duda la combinación de menor grado de instrucción y el desespero y la ansiedad social, permiten que, en los sectores más desfavorecidos cale con más facilidad el mensaje mesiánico y fundamentalista que muchas de esas iglesias pregonan, que prometen la salvación personal a través del sacrificio y desmovilizan la conciencia social y colectiva. Por otra parte, muchas de esas iglesias conforman conglomerados económicos y mediáticos de gran influencia política, predican su mensaje dentro de las Fuerzas Armadas y la policía y eligen concejales, diputados y senadores. Estos conforman lo que hoy se conoce como la «bancada evangélica», que legisla y presiona en función de su proyecto de convertir Brasil en una república evangélica fundamentalista y acabar con el conceso ecuménico y con el Estado laico.
De esta forma, la sociedad brasileña se ha dividido en dos bandos. Uno busca transformar el país según los principios de una fe cristiana fundamentalista, con una visión económica ultraliberal y una actitud servil y colonial. Arrastra a una masa de personas que asumen el discurso del miedo y el odio, que llama a Bolsonaro «Mito» y han recibido el mote de «bolsominions», por su parecido con las figuras amarillas de la película animada Mi Villano Favorito, en la que un ejército de minions ayuda al malvado en sus planes diabólicos. Esa masa se mezcla con una porción considerable de la clase media resentida y con una élite que busca conservar sus privilegios.
Del otro lado está aquella parte de la población, muchos con criticas serias a los gobiernos del PT y al propio Lula, pero que cree en la posibilidad de políticas públicas que mitiguen la voracidad del capitalismo o que aspira a un cambio más radical, junto con quienes simplemente entendieron que el otro proyecto puede dar jaque mate a la democracia y a las libertades. Así lo demostró el intento de golpe de Estado protagonizado por las hordas bolsonaristas, que asaltaron en Brasilia las sedes de los poderes de la República, al estilo de la invasión del Capitolio de Washington por los trumpistas. A pesar del cansancio político ante un cuarto mandato, esta parte de la sociedad tiene claro lo que está en juego y sabe que hoy Lula es la única opción para salvaguardar el orden democrático.
El resultado de las próximas elecciones en Brasil es importante porque no se trata de escoger entre dos opciones igualmente democráticas, sino de impedir la vuelta al poder de un proyecto de raíz autoritaria, que puede cambiar el rumbo de la historia, redibujar el mapa de la geopolítica mundial, dar una estocada mortal a la esperanza de progreso social y de alternativa a un modelo soberano de desarrollo en América Latina, y herir el ya maltrecho equilibrio ecológico. Del otro lado, queda mantener el camino de la paz, el multilateralismo, el progreso social y, especialmente, preservar el espacio democrático, donde las contradicciones de la sociedad aún pueden disputarse políticamente.
