Tiene 25 años y una voz de alguien que parece haberlo atravesado todo, más de lo que tocaba a su edad. No duerme hace unas semanas, ni siquiera con la dosis de alprazolam que le recetó el médico. En la casa de El Valle, en Bayamo, han escondido los juguetes para que no los vea y la ropita de niño de tres años, que permanecía ordenada en el escaparate. Todo sucedió hace unas semanas, pero su tristeza es de años. Kevin Alejandro Cutiño no está desandando la casa ni jugando con el teléfono celular. La madre no puede explicarse, ni se explicará probablemente jamás, cómo los médicos dejaron morir a su hijo el 8 de diciembre de 2024.
Unos días antes los doctores del Hospital Provincial Pediátrico General Luis Milanés le dijeron a Dayanis León, una exinstructora penal, que en su hijo todo era normal, que la fiebre y la falta de aire de Kevin eran síntomas de un reforzamiento en sus pulmones. Le indicaron un tratamiento por diez días que no funcionó. Los termómetros registraban fiebre de 40 grados. Tenía mucha falta de aire.
«Estuvimos cuatro días consecutivos yendo al hospital y me lo enviaban para atrás», cuenta León. «Lo medicaban con salbutamol por la falta de aire y lo mandaban para la casa».
Fueron en total siete veces las que León fue con su hijo en brazos desde El Valle hasta el hospital pediátrico, con síntomas que no desaparecían. El sábado 7 de diciembre, el color de la piel de Kevin «no era normal». Su madre la describe como «rojiza, como una erupción». El niño se quejaba también de un dolor abdominal que los médicos siempre achacaron al reforzamiento en los pulmones. Hasta que una doctora externa, amiga de la familia, les avisó que lo que estaba sucediendo con Kevin era algo serio. «Me dijo que el niño estaba mal, que necesitaba un ingreso urgente», recuerda.
En el hospital a Kevin lo enviaron a una sala de pacientes con sospecha de dengue, cuando, según su madre, necesitaba ir a cuidados de terapia. Una radiografía al día siguiente reflejó que padecía una neumonía, y lo trasladaron a la sala de cuidados respiratorios. Los médicos comenzaron a inyectarle Rocephin, pero la madre asegura que desde entonces todo empeoró.
«La falta de aire era más seguida; el niño empezó a sudar frío, se quejaba del dolor en el abdomen. Y nunca le hicieron un ultrasonido a pesar de que yo se los pedía todo el tiempo. Cuando le preguntamos a la doctora por qué el niño estaba así, nos decía que era normal, por la neumonía», dice la madre.
Para la mañana del domingo 8 de diciembre el cuerpo de Kevin era un charco de sudor. Ya no hablaba, no sonreía y no se sostenía de pie. Su madre pidió que, por favor, alguien llamara a algún especialista, quería una explicación para lo que estaba sucediendo con su hijo. Cuando finalmente llegó el médico de terapia y vio la radiografía, preguntó al resto de sus colegas cómo era posible que no se hubiesen percatado de que el hígado de Kevin había aumentado de tamaño.
«Cuando lo examinó, vio que tenía líquido en el abdomen», dice la madre. «Entonces mandó rápido a que lo llevaran a terapia. Desde que entró en terapia el niño estuvo en coma; nada más duró 45 minutos. Me dieron la noticia y empecé a gritar, a darle a una mesa, me desmayé. Es algo que uno no cree».
Lo que León me cuenta con su voz rasgada, en la cúspide de su dolor, lo escribió a mano, en un papel que hizo llegar directamente a las oficinas provinciales de Salud Pública, que preside la doctora Yelenis Elías Montes. Había ido antes a la estación policial para denunciar a todos los médicos que por una semana vieron cómo su hijo se le iba muriendo poco a poco. Las autoridades le han dicho que debe tener una respuesta en 30 días.
En el hospital pediátrico General Luis Milanés todos comentan ahora sobre la muerte de un niño de tres años; algunos dicen que fue por dengue, pero hasta hoy a León no le han dado «una respuesta clara» para sus múltiples preguntas. Dos comisiones médicas han llegado a la casa, pero la madre ve cómo «solo se justifican entre ellos». Incluso las autoridades están tramitando su denuncia como una «muerte natural», algo que León no admite ni pretende aceptar.
No tiene dudas de que si Kevin, un niño «alegre, sano, inteligente», falleció a inicios de diciembre, fue por «negligencia médica». Los abogados le han explicado que el caso podría incluso ser un «homicidio por imprudencia». León no tiene fuerzas para mucho más que cargar con el peso enorme de su casa vacía, pero quiere «justicia», quiere que los médicos del hospital pediátrico de Bayamo entiendan que no se puede dejar a un niño morir así, ni a una madre pidiendo en los pasillos de la institución que por favor lo atiendan, que le hagan pruebas, que le cambien el tratamiento.
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La crisis que ya padecía el sistema de salud cubano alcanzó puntos máximos con la llegada de la pandemia de coronavirus. Como casi todos los sectores del país, la salud parece hoy un territorio de posguerra. Abundan noticias sobre la falta de medicamentos en las farmacias, la escasez de recursos para practicar cirugías, los pacientes condenados a morir en casa por la falta de algún insumo. El gobierno, por su parte, invierte 4.6 veces más en la construcción de hoteles y servicios destinados al turismo que en otros sectores como la Salud Pública o la asistencia social.
Peor aún resulta que los hospitales no cuenten con profesionales especializados, en un país que exporta servicios médicos a naciones de todo el mundo. El éxodo del personal sanitario es parte natural de la emigración masiva de casi dos millones de cubanos en los últimos tres años. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), más de 12 mil médicos abandonaron el Sistema de Salud Pública de Cuba en el año 2022. También dejaron sus puestos unos siete mil 414 enfermeros, tres mil 246 estomatólogos y cuatro mil 579 técnicos. Dos años después, las cifras deben ser mucho más desalentadoras.
En medio de este panorama, la «negligencia médica» en Cuba es el saco vacío donde hoy caen cientos de casos de pacientes a los que nunca se diagnosticó o medicó debidamente, a los que la ineficiencia o la falta de insumos les cobró las vidas. A finales de 2023, acaparó titulares el juicio a seis médicos del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, acusados de negligencia por la muerte de un paciente durante una cirugía. Los profesionales fueron sentenciados a entre dos y tres años de prisión. El incidente provocó denuncias y planteó cuestiones humanas y éticas: un gobierno que apaña tantos casos de negligencia, ¿por qué sancionaba ahora a los doctores? ¿Se trató del familiar de algún dirigente, como se comenta? ¿Deberían ser condenados unos médicos que trabajan en medio de una crisis sanitaria?
El doctor Lucio Enríquez Nodarse, fundador del Gremio Médico Cubano Libre, quien ha denunciado no pocas veces el colapso del sistema de salud cubano, considera que en un país como Cuba es «difícil definir la línea entre una negligencia por impericia, por desidia o mala atención, o una por falta de medios».
«Muchas veces los familiares dicen que ha habido una negligencia, culpan al médico. Pero si ha sido por falta de medios, el culpable es el responsable de darle todos esos medios al médico: en este caso, el Estado cubano. Entonces aquí se plantea una disyuntiva ética: ¿deberían los médicos trabajar con falta de medios y hacer lo que se pueda con lo que tengan?”, subraya el doctor.
Nodarse también asegura que, en los últimos tiempos, «a medida que se ha deteriorado la formación de médicos, también han aumentado los casos de negligencia». Además, está seguro de que en un país completamente en manos del Estado son muchas las denuncias por negligencia médica que quedan irresueltas. «El sistema de salud pública de Cuba es el único que hay, y es su cara ante el mundo. Al gobierno no le conviene que sus médicos sean cuestionados; el sistema es el que tiene la última palabra y, si es de su interés apañar, esconderlo, así va a ser. Pocas veces se ha cuestionado a los médicos, porque es como cuestionarse a ellos mismos», insiste.
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Desde hace tres años Leidis Marian Aguilar espera una respuesta sobre la muerte de su hijo Bryan Leixer Peinado Aguilar, quien falleció el 21 de agosto de 2021 en el Hospital Provincial Pediátrico General Luis Milanés, de Bayamo, la misma institución donde tuvo lugar el deceso de Kevin Alejandro Cutiño.
Unos días antes, Aguilar llevó a su hijo de tres años al cuerpo de guardia del hospital infantil con 39 grados de fiebre, dolores de cabeza y malestar de estómago. Lo llevó cuatro veces más y los doctores siempre descartaron que se tratara de una infección por dengue.
«Mi bebé iba más mal de lo normal», cuenta la madre. «No se alimentaba, no hacía sus necesidades, tenía mucha fiebre alta y decaimiento».
Finalmente, los doctores decidieron ingresar a Bryan. Una noche el niño estaba delirando, y su madre lo cargó en brazos y recorrió el hospital en busca de la doctora. Cuando un intensivista examinó a Bryan, pudo ver la gravedad que nadie antes había detectado y lo trasladó de inmediato a la sala de terapia intensiva. Fue demasiado tarde. El niño tenía los órganos dañados. Luego falleció de un paro respiratorio.
«Estoy más que segura que fue por negligencia médica», dice Aguilar. «Si mi bebé se hubiera atendido a tiempo, tal y como establece el protocolo para los casos de dengue en Cuba, esta desgracia no hubiese pasado».
El mismo año de la muerte de su hijo, León interpuso varias quejas ante el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía Provincial de Granma, el Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Siempre recibió respuestas insuficientes, que minimizaban los actos negligentes del personal médico en la atención a su hijo.
Tras una investigación, una carta firmada entonces por Yelenis Elías Montes, la directora provincial de Salud Pública, le comunicó a la madre que habían «comprobado que realmente existieron deficiencias en la atención médica» a su hijo, y que por tanto tomarían medidas como capacitar al personal médico en el manejo del dengue en pacientes de pediatría, intensificar la labor educativa en el hospital través de medios de difusión, así como garantizar suficiente personal médico especializado en la sala de vigilancias febriles y en el cuerpo de guardia.
León considera las medidas como una «falta de respeto ante lo sucedido», y así se lo hizo saber a las autoridades. Tres años después, solo le responden que su caso «está en proceso».
«No sé cuántos años más necesitan para investigar bien a fondo», dice. «Por eso me cansé de tanta espera y que no se haga nada. Pasan las cosas y no se hace justicia, en el país que supuestamente es una potencia médica. Y lo peor es que mi historia se sigue repitiendo».