Una vieja canción de Noel Nicola, que tocó y cantó como nadie Santiago Feliú, apunta uno de los más graves problemas de la era global. Se titula «Sobre el dato falso», y en uno de sus versos dice que pedir una mentira es como «pedir un pedazo de oro o de pan». En otro verso, el poema de Nicola señala que la posibilidad de ofrecer un dato falso, a conciencia, equivale a «partir el alma a la mitad».

En tiempos de fake news y teorías de la conspiración aquellas dramatizaciones de la verdad, muy propias de la Guerra Fría, parecen descontinuadas. En Las epidemias políticas (2020), Peter Sloterdijk lo expone con claridad: la suspensión de la incredulidad, propia del mundo bipolar, ha sido velozmente rebasada por un escenario radicalmente ilusorio, donde los políticos hacen uso deliberado de la farsa y la impostura. Trump y Putin, Bolsonaro y Maduro son grandes embaucadores, que mienten rutinariamente, sin ocultar la marca de fábrica de sus mentiras.

Dice Sloterdijk que todos esos políticos, desde «gobiernos aparentemente democráticos estigmatizan toda clase de oposición como terrorismo para poner en vigor el derecho de excepción de la legítima defensa, e incluso la ley marcial». Y agrega: «tan pronto como los terroristas identifican como terroristas a los terroristas, el espíritu de la época revela sus cartas».

Todos esos políticos no solo son «mentirosos que llaman mentirosos a los críticos de sus decisiones y a los desenmascaradores de sus mentiras». Son, ante todo, gerentes de la política que están llevando la «mentira a su era de irrefutabilidad artificial», a su máximo grado de especulación ideológica. El propósito de los propagadores de las nuevas epidemias políticas es crear un relativismo total, al interior de las democracias, que haga de la opción cínica la única válida.

Antecedente cercano de esta desdramatización de la verdad fue la llamada «guerra contra el terror» y la proliferación de estados de excepción tras el atentado contra el World Trade Center de Nueva York, en 2001. La guerra contra Irak, emprendida por el gobierno de George W. Bush, no se basó en la evidencia de posesión de armas de destrucción masiva por el régimen de Sadam Hussein. Bastó la hipótesis, la posibilidad de esa existencia, para que Rumsfeld, Wolfowitz y Perle elaboraran la doctrina de la «guerra preventiva».

En Cuba, aquella misma primavera de 2003 tuvo lugar una oleada represiva que recurrió al fusilamiento de tres jóvenes migrantes y al arresto de 75 opositores pacíficos. Los procesos judiciales de aquellas jornadas no pudieron ser más irregulares. De acuerdo con la Ley 88 de 1999 y otros decretos de la llamada «legislación antídoto contra la ley Helms-Burton» de la Asamblea Nacional, los opositores debían ser acusados de agentes de una potencia extranjera que buscaban el derrocamiento del gobierno, cuando todos eran partidarios de la resistencia pacífica —no se le encontró armas a ninguno—, y muchos, especialmente los del Movimiento Cristiano de Liberación que lideraba Oswaldo Payá, también eran contrarios al embargo de Estados Unidos.

Al final, los 75 fueron procesados por crímenes políticos —propaganda enemiga, asociación ilícita, «distorsión de la realidad»—, pero no por agentes de una potencia extranjera. A ninguno pudo probársele que buscaba el derrocamiento del gobierno. Desde entonces el encausamiento judicial de opositores en Cuba carga con inconsistencias que, por lo visto, no pueden ser revertidas cómodamente. Es más fácil que a un opositor se le levante un cargo de comportamiento «predelictivo» que por alguna acción violenta contra el gobierno.

Esas inconsistencias se vuelven más agudas en los casos de las nuevas comunidades de  activistas, periodistas, artistas o intelectuales, que crecen conforme crece la propia sociedad civil y el sector no estatal. A Yoani Sánchez y a Reinaldo Escobar los acosaron y golpearon, los descalificaron y estigmatizaron, pero nunca pudieron abrirles una causa. A la artista Tania Bruguera intentaron procesarla, después de varios arrestos, pero no lo lograron. Al también artista Luis Manuel Otero Alcántara —reconocido como tal por publicaciones oficiales como El Caimán Barbudo y La Ventana de Casa de las Américas— lo encarcelaron para evitar que asistiera a una besada pública frente al ICRT, convocada por la comunidad LGTBIQ, pero lo encausaron por violación de la Ley de Símbolos Nacionales. Una campaña de solidaridad nacional e internacional hizo que lo liberaran.

Los cargos de «mercenarios» y «terroristas» contra los jóvenes del Movimiento San Isidro y la protesta en el Ministerio de Cultura son acusaciones mediáticas. Al carecer de trasfondo jurídico, son violatorias de las normas del debido proceso establecidas en la Constitución de 2019. Cuando un medio del Estado —Granma, Cubadebate o el Noticiero Nacional— acusa de «mercenarios» o «terroristas» a un joven, sin pruebas, hace algo más grave que difamar, que es violar el principio de presunción de inocencia.

Quienes lanzan esas acusaciones desde los medios estatales vienen haciendo lo mismo desde hace décadas. Los más racionales sostienen que recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos equivale a actuar como mercenario, aunque no se haga la guerra o se incite a la violencia. Pero no todo el financiamiento de activistas o artistas proviene del gobierno de Estados Unidos, sino de fundaciones privadas que, en algunos casos, también han transferido o transfieren fondos a instituciones oficiales.

La mayoría de las democracias regulan y penalizan el financiamiento de gobiernos extranjeros a partidos políticos pero son flexibles en cuanto a fondos para el desarrollo de la sociedad civil. En Cuba, que sepamos, no existe una ley de financiamiento externo, lo cual es extraño si se toma en cuenta que los medios de comunicación oficiales hacen de la transferencia de fondos externos el principal indicio para acusar a alguien de «mercenarios» o «terroristas».

Al final, la acusación misma de «mercenarios» y «terroristas» es el dato falso, entre otras razones, porque en muchos casos se elude la información precisa sobre el financiamiento externo y su penalización de acuerdo con las leyes del Estado. En un momento en que avanza la transición capitalista en Cuba, lo que se busca criminalizar no es tanto la disposición de fondos foráneos como el posicionamiento público en contra de determinadas políticas del gobierno.

Durante más de dos semanas, decenas de jóvenes que intervinieron en los sucesos de San Isidro y el Ministerio de Cultura han permanecido en virtual arresto domiciliario. Varias noches han sido expuestos a la descalificación en el Noticiero Nacional y casi todos los días amanece algún artículo en Granma o Cubadebate que los hace cómplices de un «golpe blando» de Donald Trump. Varios de ellos han sido sometidos a arrestos preventivos e interrogatorios de la Seguridad del Estado.

Cuando una de esas jóvenes, Camila Lobón, preguntó al agente que vigila su casa qué había hecho, el agente respondió: «Ustedes saben lo que hicieron y por qué estamos aquí». La frase capta el centro argumentativo de las epidemias políticas del siglo XXI. En última instancia, bajo regímenes como el cubano el derecho queda subordinado a la teología, y violar la ley remite siempre a un delito de conciencia.