La promoción del 2021 en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, a la cual pertenezco, culminó con la entrega del título universitario a más de mil 900 profesionales de la salud. De ellos alrededor de 200 se graduaron específicamente de doctores en Medicina.

En 2020, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, hablaba de más de 90 mil médicos en la isla, mientras que el Anuario Estadístico correspondiente a ese año fijaba la cifra en 103 mil 835 galenos ubicados en las 284 instituciones hospitalarias del país, aproximadamente uno por cada 108 habitantes. La Habana y Santiago de Cuba registraban los mayores totales.

En el año 2021, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) dijo emplear a más de medio millón de profesionales, o sea, el 13 por ciento de la población económicamente activa de la nación. Además, señaló que el 27 por ciento del presupuesto nacional se reserva para el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que representaría más del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Todos esos datos ubican la Salud Pública en el centro de las interrogantes en cuanto a estrategias políticas y económicas se refiere: inversiones, entrada de divisas, exportación de servicios, cobertura social, etc.

Al triunfo de la Revolución, en 1959, había seis mil 286 médicos en una población de seis millones de cubanos. Tres años bastaron para que la mitad de ellos decidiera abandonar el país, huyéndole a la incertidumbre de la transición y dejando atrás una importante crisis sanitaria. Las consecuencias se miden fácilmente en parámetros tan sensibles como la mortalidad infantil, que se disparó en los años de estreno revolucionario. 

En busca de soluciones, Fidel Castro creó las condiciones para fundar, en 1961, el SNS bajo los principios de gratuidad, equidad y universalidad, como un derecho de la población y una responsabilidad del Estado. Gracias a ello y a la base docente que se instauró, pronto se repuso el SNS hasta alcanzar la última cifra publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI): nueve médicos por cada mil habitantes.

La medicina cubana no ha sido más afectada que otros gremios por el fenómeno migratorio. La diferencia radica en el quiebre del sistema de salud y, con ello, del equilibrio sanitario a nivel nacional, lo que incide directamente en la estabilidad económica y política —recordemos el colapso de los servicios a mediados de 2021 en la ciudad de Matanzas y la emergencia en redes del #SOSMatanzas, así como la influencia de la crisis sanitaria generalizada en el malestar social que terminaría estallando aquel verano.

Muchos han sido los factores que han modificado la migración del personal de salud. Desde la fundación del SNS, uno de sus principios fue la llamada «solidaridad internacional» que, con los años, derivaría en lo que hoy se denomina «Exportación de Servicios Profesionales», una de las principales fuentes de divisas del país. Solo entre 2015-2018, 48 mil profesionales sanitarios cubanos trabajaron en 62 naciones, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Para 2020 —indicaba la Unidad Central de Cooperación Médica— 28 mil 729 médicos prestaban servicios en 59 países; de ellos, nueve mil 578 fueron retirados de sus labores en Bolivia, Brasil y Ecuador debido a los respectivos cambios de gobierno. Según el periódico Granma, el diez por ciento de «los cooperantes» en esos países no culminaron el periodo de convenio para «desertar». Por su parte, el medio independiente Proyecto Inventario fija esa cifra en un 22 por ciento.

Otro de los incentivos a la emigración ha sido el Programa de Permisos para Profesionales Médicos Cubanos por parte del gobierno de Washington, vigente entre 2006 y 2017, cuando el presidente Barack Obama decidió cancelarlo en el marco del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. El parole permitía a los médicos cubanos solicitar asilo desde cualquier parte del mundo, así como la acogida a sus familiares directos en territorio estadounidense. Según Reuters y otros investigadores, cerca de ocho mil médicos cubanos lograron visado por esta vía desde terceros países. 

Unido a ello, y debido a la cantidad de médicos que decidieron, antes o después de culminados sus contratos laborales, quedarse trabajando de forma independiente en los países en que habían prestado servicios por años, el gobierno cubano estableció en 2013 una regulación de entrada para los médicos considerados «desertores», quienes no podrán retornar al país durante ocho años. Además, todo médico especialista está regulado por el MINSAP para viajar al exterior por asuntos particulares; una cláusula que les impide adentrarse en trámites migratorios sin antes obtener permisos que pueden tardar meses, años, o simplemente resultar en una negativa.

Derivado de estas regulaciones, una avalancha de recién graduados opta por convertirse en MGI (el llamado médico de familia): única especialidad no regulada y, coincidentemente, la más exportada por el gobierno cubano. Por supuesto, ello ha ocasionado un grave déficit de especialistas en niveles secundarios y terciarios de salud (hospitales e institutos). 

Mi graduación, en octubre de 2021, constituyó el punto final de un curso atípico debido a la situación sanitaria: 15 meses en que estudiantes de Medicina tuvieron que cubrir las denominadas Zonas Rojas, los vacunatorios, y realizar las pesquisas activas, además de cumplir con el programa docente regular.

Si tomamos como ejemplo una brigada de sexto año de Medicina de mi propia Facultad (Hospital Manuel Fajardo), con matrícula de 30 estudiantes pertenecientes a los municipios habaneros de Playa y Plaza de la Revolución, tendremos hasta el momento el siguiente saldo: 16 de esos graduados hace menos de dos años residen de forma permanente en el extranjero; ocho han pedido baja laboral; cuatro laboran como residentes en MGI, y solo dos se encuentran cursando otras especialidades.

Esto traduce la inconformidad con las labores asignadas tras la graduación como médicos, la escasa posibilidad de superación académica y científica, y sobre todo la imposibilidad de vivir con un salario aproximado de cuatro mil 800 pesos cubanos que, en momentos de crisis como la actual, no cubre siquiera las necesidades básicas. Tengamos en cuenta que un médico al que se le otorga baja laboral no tiene salida profesional alguna fuera del aparato estatal y, por tanto, será directamente un desempleado o deberá conseguir otro trabajo cualquiera en el sector privado. 

Más allá de las cifras

Los parámetros de salud priorizados por el gobierno cubano continúan siendo los materno-infantiles. Sin embargo, la mortalidad infantil ha aumentado ostensiblemente, así como las cifras de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, incluido el cáncer. La natalidad es cada vez menor en la isla, y los jóvenes en edad reproductiva deciden emigrar de manera creciente. 

Desde mi punto de vista, el actual SNS está sumido en una crisis cuyos principales factores serían el déficit de médicos y la sobrecarga laboral de los que continúan en sus labores, las tensiones legales que moldean el método clínico a las exigencias burocráticas, la falta grave de insumos, la masividad de matrículas y la disminución del rigor científico en la carrera de Ciencias Médicas. Evidentemente, todo ello repercute tanto en el personal de salud como, sobre todo, en la población. 

La Salud Pública es deber absoluto del Estado cubano, y una de las principales fuentes de divisas del país: en la última década casi nueve mil millones de dólares anuales, según datos oficiales de la ONEI. Es responsabilidad estatal tomar medidas efectivas para frenar el éxodo del personal médico que no incluyan la regulación del libre movimiento de las personas, que constituye un derecho humano; para mejorar la infraestructura hospitalaria, y para garantizar, de manera urgente, el flujo de insumos sanitarios esenciales.