Cuando el 6 de enero del año 2006 me fui de Cuba con mi hija de tres años, el gobierno cubano nos despojó del derecho a nuestra vivienda, un apartamento en un barrio de clase media alta de La Habana que mi familia había construido en el año 1958. También nos privó del derecho a heredar el apartamento de mi madre y la casa de mis abuelos, ambos en El Vedado, y la casa y terreno que mi familia posee en la playa de Guanabo, al este de La Habana. Perdimos asimismo el derecho a estudiar en los centros docentes de la isla, a elegir a sus políticos, a abrir un negocio.

Desde entonces, el gobierno del país donde nací me obliga a pagar 800 dólares cada seis años por un pasaporte que debo presentar cada vez que viajo a la isla para visitar a mi mamá. Me exige, además, pagar en dólares todos los servicios que tuviera necesidad o ganas de recibir allí, desde atención médica hasta la entrada a los museos y espectáculos artísticos. Ha logrado incluso hacerles creer a muchos que quienes ya no vivimos en Cuba no deberíamos opinar sobre asuntos domésticos. Así me han hecho saber en las redes sociales quienes fueran amigos de la infancia.

Mi historia personal es la de muchos otros cubanos que han abandonado su país en las últimas décadas. Más que por lo que pudiera tener de particular, la cuento para ilustrar la falta de capital con que se fraguan muchos proyectos intelectuales y culturales relacionados con la isla, incluso aquellos gestados y realizados fuera de la geografía nacional. Estos no solo carecen de su mercado natural, a saber, clientes —compradores— cubanos, sino también de patrocinadores nacionales.

A diferencia de los emigrantes «letrados» de casi cualquier otro país, los cubanos emigramos sin un céntimo para emprender casi cualquier tipo de proyecto que requiera de capital financiero, y no podemos contar con ningún tipo de ayuda económica procedente de nuestro país de origen. Mi amiga y compañera de estudios doctorales, una iraní hija de un famoso disidente y refugiado político, sufragó parte de su educación graduada estadounidense con los ahorros e inversiones que su familia poseía en Irán. Asimismo, cuando tuvo necesidad de renovar su pasaporte para un trámite de graduación, tras pagar unos cien dólares lo recibió el mismo día en que acudió a la embajada iraní en Washington, D.C., y de no haberlo necesitado con urgencia no hubiera tenido que pagar un céntimo dada su condición de estudiante. Yo, en cambio, tuve que recurrir a préstamos estudiantiles para financiar mi educación. Con ellos pagué, entre otras cosas, los gastos de actualización o renovación del pasaporte cubano cada vez que viajé a Cuba.

Por estos días se debate la legitimidad de los fondos que reciben los medios no estatales cubanos, a raíz de la criminalización de estos por parte del gobierno de la isla a través de su aparato propagandístico. Son muchos, y de muy diversa calidad, aquellos que reciben fondos de fundaciones privadas financiadas por el Congreso estadounidense, en particular de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), motivo por el cual han sido cuestionados desde diversos sectores, entre ellos en algunos debates académicos informales en las redes sociales y en textos publicados online.

Se plantea que cualquier dinero otorgado por la NED tendría siempre strings attached, condiciones que someterían a quienes lo reciben a la agenda política del gobierno de Estados Unidos. Difícil malabarismo, sin dudas, tratándose de fondos gestionados por un Congreso cuya mayoría pasa de manos demócratas a republicanas en plazos de, a veces, apenas dos años, y en el que además existen coaliciones y alianzas de muy diverso signo político e ideología. Fondos de un Congreso, por demás, que a través de la NED ha financiado no solo programas dirigidos a promover un cambio de régimen en Cuba, sino también iniciativas de acercamiento e intercambio con el pueblo cubano y diferentes actores de su sociedad civil y de las esferas cultural e intelectual, como el Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, en el año 2019, o de investigación, como el Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos, con sede en México, beneficiario del año anterior. Fondos de un Congreso, por último, que de cumplirse al pie de la letra cierta resolución que obliga a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior a tributar en su país el cuatro por ciento de los ingresos percibidos en el extranjero, engrosarían también las arcas del gobierno cubano.

La objeción a los fondos recibidos por los medios de periodismo no estatales pasa también por alto la gestión de diversos grupos de presión cubanoamericanos, y en general de los votantes de dicha nacionalidad, tercera minoría hispana de Estados Unidos, que a lo largo de seis décadas han tratado de influir, como tantos otros grupos de inmigrantes, en la política exterior de su país de adopción con relación a su país de origen. En otras palabras, la crítica basada en la presunta subordinación de la agenda de dichos medios a los intereses del gobierno estadounidense en virtud del dinero que reciben de este desestima la agencia de la diáspora cubana, cuyas demandas históricas han contemplado también —como los fondos del Congreso— desde un cambio de gobierno en la isla hasta la democratización de su esfera política a partir de la articulación de una sociedad civil diversa y plural. No habría instrumentalización allí donde confluyen intereses. Y, de haberla, sería mutua.

Un repaso al contenido que publican varios de estos medios no estatales cubanos confirmaría su independencia editorial y política, tanto del gobierno cubano como del de Estados Unidos. En El Estornudo, por ejemplo, publican autores de muy diversas tendencias e ideología. Entre sus columnistas se encuentran desde marxistas como el crítico Iván de la Nuez hasta historiadores liberales como Rafael Rojas. Sus comentaristas son aún más diversos. Estos incluyen escritores con dotes para la provocación, como Néstor Díaz de Villegas, y el choteo, como Javier Marimón, hasta profesores universitarios como Gerardo Muñoz y Juan Orlando Pérez. Todos proponentes de visiones alternativas a las del régimen cubano. Desde este medio, además, se ha condenado el embargo estadounidense a Cuba, se ha criticado a la administración de Donald Trump y se ha aplaudido la gestión del gobierno de la isla frente a la pandemia de COVID-19. ¿Querría alguien más diversidad para la esfera pública cubana?

Otras críticas a los medios no estatales apuntan a que el dinero dedicado a financiar proyectos cubanos deja de engrosar los presupuestos que se destina a otras entidades, como la Fundación Nacional para las Humanidades (NEH) y la Fundación Nacional para las Artes (NEA). Desconozco las dinámicas internas que rigen la asignación del presupuesto federal en Estados Unidos, mas no creo que estas contemplen el desvío de fondos de un sector hacia otro. No estarían, por otra parte, en igualdad de condiciones los proyectos cubanos para competir con otros apoyados por instituciones —algunas tan poderosas como universidades— mucho mejor preparadas para solicitar becas o contratar agencias dedicadas a ello, familiarizadas con el lenguaje y estilo de redacción de quienes emiten fondos, y con acceso a los canales de retroalimentación establecidos por estos. Desde que en 1998 solicité una beca del gobierno británico para estudiar un doctorado en el Reino Unido y, siendo finalista, tuve que presentarme a una entrevista en la embajada de ese país en La Habana, sé cuán ignorantes de esas formalidades podemos ser la mayoría de los cubanos. Incluso, los graduados universitarios. Incluso, como he aprendido desde que me fui de Cuba, quienes residimos en el extranjero.

Que organizaciones estadounidense destinen partidas financieras a apoyar iniciativas autónomas que buscan la democratización de sociedades como la cubana mediante la circulación de noticias, la generación de debate y la producción intelectual independiente del gobierno de la isla, cuyo monopolio mediático antidemocrático ha tergiversado, manipulado, e incluso suprimido gran parte de la información que circula en y sobre ese país, y cuyo alcance afecta incluso a la producción académica, resulta tan legítimo y provechoso como los fondos que desde Estados Unidos se destinan a otros programas académicos y culturales, que responden también, si bien por lo general de modo menos directo, a agendas políticas. Al menos, siempre que los términos y alcance de dichas partidas, empezando por los criterios que las justifican, incluida la propia definición de democracia, estén sujetos a debate, consenso y escrutinio.

A diferencia de otros países —incluido el propio Estados Unidos— cuyos gobiernos por muy diversas vías también inciden en la información que sus ciudadanos manejan, en Cuba no existen fundaciones privadas o un sector empresarial con capital económico para financiar una prensa independiente que exponga otras perspectivas. Tampoco existe una sociedad civil organizada y con capital político para proponer reformas conducentes a ello. En cambio, el gobierno cubano sí cuenta con un extenso aparato propagandístico y mecanismos de censura, que pasan incluso por certificar quién es o no un artista, y por perseguir y a castigar a quienes proponen cualquier alternativa que pueda desestabilizar el statu quo. Por tanto, a pesar de las actuales deficiencias que pudiéramos señalarles a muchos de los medios no estatales y a los programas estadounidenses que los financian —¿qué proyecto no las tiene?—, la cancelación de dichos fondos que ahora se propone, partiendo de la idea de democracia que desde la academia manejamos, acarrearía la supresión del ejercicio de esta.

Ya ha sucedido antes, cuando se ha condescendido al cierre de foros y espacios para proyectos cubanos financiados con fondos de la NED, aceptando en cambio otros estrechamente vinculados al gobierno cubano. No propongo aquí medidas contra estos, sino igual tolerancia para aquellos.

Con sus virtudes y defectos, la prensa no estatal cubana es fundamental para la Cuba de hoy y de mañana, incluida la producción académica. No solo ha sido fuente de noticias que no reciben cobertura en la prensa estatal, y de opiniones divergentes de las del gobierno cubano, contribuyendo así a la formación de una opinión pública más informada y diversa, sino también ha dado a conocer muchas investigaciones, ha servido de plataforma a variados investigadores y ha producido material de interés investigativo. Muchas de esas ideas encontraron expresión en la manifestación del 27 de noviembre pasado, uno de los eventos más democráticos que ha vivido Cuba en las últimas décadas, y cuya posterior articulación en tanto movimiento, el 27N, ha tenido lugar, al menos en parte, desde la prensa independiente.

En un mundo ideal, los medios no estatales cubanos se financiarían con recursos propios o de la comunidad que sirven, incluido el pago de cuotas de abono por parte de sus lectores y el otorgamiento de becas de fundaciones privadas de capital y alcance local. Pero ni los cubanos de Cuba ni los de la diáspora —el 50 por ciento de los cuales, en el caso de esta última, arribó a Estados Unidos con posterioridad al año 2000 y carga con el peso económico de mantener a sus familiares en la isla— disponen de los recursos financieros para ello. Por tanto, mientras no se vislumbren otras alternativas viables de financiamiento, los académicos deberíamos replantear la diana de las críticas que producimos desde nuestras torres de marfil.