El 19 de agosto de 2026, Mara Delgado acababa de aterrizar en Montreal para visitar a unos amigos cuando recibió una llamada. Del otro lado de la línea estaba su esposo, el percusionista Degnis Bofill, quien regresaba a Miami tras cumplir compromisos de trabajo en Nueva York. Según relató Delgado, allí mismo, en la terminal del aeropuerto, lo esperaban agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Tampoco me podía derrumbar porque él estaba en el teléfono», contaría después Delgado al Miami Herald. «Yo le tenía que decir que todo iba a estar bien». Tomó el primer vuelo de regreso al sur de la Florida.

Cuatro días antes, en la costa opuesta, el pianista Andy García Palacios había vivido un episodio similar. Estaba a punto de abordar un vuelo cuando ICE lo detuvo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles; según la propia agencia, los agentes lo localizaron durante «una operación de cumplimiento dirigida» y lo arrestaron.

Las detenciones de Bofill y García Palacios se inscriben en un contexto de ampliación de las detenciones y de la capacidad de custodia migratoria durante el segundo mandato de Donald Trump. Sus casos, amparados por trayectorias públicas y redes de apoyo sumamente visibles, muestran la vulnerabilidad de quienes quedan bajo custodia del sistema migratorio estadounidense.

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Degnis Bofill posee esa clase de carisma que altera la atmósfera de un lugar en cuanto cruza la puerta. Como buen percusionista, descubre el ritmo en todas partes y tiene la capacidad de hacer hablar a cualquier objeto que encuentre a su paso. Esa versatilidad y esa energía efervescente son las que le han permitido brillar lo mismo como parte de la alineación de Síntesis —con quienes obtuvo un Latin Grammy en 2022 al Mejor Álbum Folclórico por Ancestros Sinfónico—, que acompañando a Roberto Fonseca y Dave Weckl, o dando rienda suelta a la sabrosura de la música popular bailable cubana con su proyecto Golpes Libres.

Eso es la música de Degnis: la energía abriéndose paso a través del caos. Nació en 1987 en Manzanillo, ciudad portuaria del oriente cubano, y se formó en el conservatorio de Holguín, donde, según contó a la revista VoyageMIA, se levantaba a las seis de la mañana para alcanzar alguno de los pocos xilófonos y timbales que tenía la escuela; allí estudió piano y canto antes de decidirse definitivamente por la percusión. Esa misma vocación inagotable lo llevó después a fundar un festival en su pueblo natal, a recorrer comunidades rurales buscando niños con talento para conectarlos con recursos educativos, y a participar en OneBeat, el programa de intercambio musical financiado por el Departamento de Estado a través del cual llegó a Estados Unidos.

Su madre quería que fuera saxofonista, un detalle que su esposa recuerda con ironía cada vez que lo ve cargar hasta el auto su set completo de percusión. «Un saxofón no te ocupa medio carro», bromea ella. Asentado en Miami desde hace un par de años, su cotidianidad transcurre entre presentaciones nocturnas de fin de semana, su labor como terapeuta musical y un ajetreo doméstico que combina con el ejercicio y la autogestión de sus proyectos independientes («organizando la pincha», diría él). Hace apenas unas semanas lanzó el sencillo Camínate Miami, una oda guarachosa a la ciudad que lo acogió, y se encontraba en plena preparación de un álbum de estudio.

Andy García Palacios, de 30 años, comparte ese mismo pulso vital. Escucharlo remite de inmediato a la genealogía prodigiosa del piano cubano, esa línea directa que atraviesa a Lilí Martínez, Chucho Valdés y Harold López-Nussa. Hay una alegría contagiosa en su ejecución; toca como si estuviera jugando, exhibiendo ese effortless mastery del que hablaba el jazzista Kenny Werner. Enfrenta cada pieza con la curiosidad de un niño mañoso y la plena conciencia de que el conjunto siempre será superior a la suma de las partes. Esa visión colectiva se percibe en su integración a proyectos ajenos y alcanza su forma más nítida en el dúo García Brothers, que mantiene junto a su hermano menor, el baterista y percusionista Yandy García.

Andy organizaba descargas frecuentes en el Neme Gastrobar de Miami y acababa de grabar un disco con Luis Enrique que aún espera fecha de lanzamiento. Yandy, quien ha liderado las gestiones para su liberación, lo describe como su guía y ejemplo, advirtiendo que la detención dinamitó «nuestra música, nuestros planes y nuestras oportunidades profesionales».

El encierro de ambos artistas ha frenado en seco la vida de dos personas que solo respiran para la música.

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Los casos de Andy y Degnis comparten algunas similitudes. A los dos los defiende el mismo abogado de inmigración, Avelino González; ambos ingresaron al país tras ser admitidos por autoridades migratorias; y en los dos casos ICE los detuvo pese a que sus defensas sostienen que mantenían vías activas para regularizar su situación.

Durante seis décadas, la Ley de Ajuste Cubano hizo de los nacidos en la isla una excepción dentro del sistema migratorio norteamericano. El manual de adjudicación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exige ser nativo o ciudadano cubano, haber sido inspeccionado y admitido o parolado, y acumular un año de presencia física en el país. El mismo reglamento detalla de manera explícita que la sobreestadía o el trabajo sin autorización no descalifican al solicitante.

Según los registros de ICE, la autorización de permanencia de García Palacios venció el 27 de mayo de 2024. Fuentes cercanas al caso aseguran que solicitó el ajuste de estatus en el tiempo correspondiente, pero quedó atrapado en los retrasos administrativos y cambios de política que han ralentizado los trámites. Como explicó a Telemundo 51 el abogado González: «Andy aplicó a la residencia y, normalmente, el ajuste de estatus curaba este tipo de situación».

Bofill, por su parte, ingresó al país el 15 de abril de 2023 con una visa J-1 de intercambio cultural. Este documento puede estar sujeto al requisito de residencia de dos años en el país de origen al terminar el programa y, para evitar esa salida forzosa, la ley exige una exención justificada, ya sea por no objeción del gobierno de origen, por riesgo de persecución o por demostrar dificultad excepcional para un cónyuge o hijo ciudadano o residente permanente. Cumpliendo con la reglamentación, presentó una solicitud de asilo antes de que venciera su período autorizado de permanencia. Delgado ha dicho que el caso seguía pendiente y que todavía no había llegado a la primera entrevista cuando ICE lo detuvo. Bofill busca continuar el proceso fuera de la detención, pero esa petición activa no impidió su arresto. ICE lo describió públicamente como un inmigrante que incumplió los términos de su admisión; sin embargo, cuando Telemundo 51 pidió a la agencia que precisara qué términos había quebrantado un solicitante de asilo en pleno trámite, la agencia no respondió.

En términos generales, la ley permite solicitar asilo con independencia de la forma de entrada, aunque existen plazos, excepciones y causales de inelegibilidad; en la práctica, muchas personas son detenidas mientras sus casos se tramitan. Detener a alguien en esa situación no es una excepción del sistema, sino una práctica que se ha vuelto más frecuente. El Miami Herald documentó que los funcionarios vienen adoptando tácticas como arrestar a solicitantes de asilo y a cónyuges de ciudadanos estadounidenses con residencia en trámite mientras viajan dentro de Estados Unidos.

Un análisis reciente de The New York Times sobre los arrestos de ICE hasta el 5 de agosto —obtenido por el Deportation Data Project mediante una demanda de acceso a la información— confirma la tendencia. En julio, la inmensa mayoría de los arrestados eran personas acusadas de faltas migratorias civiles, sin cargos ni condenas penales; aquellos con antecedentes por delitos violentos representaron menos del 4%. Los perfiles que más engrosaron las listas son justamente los que antes no eran blanco de estas campañas: cónyuges de estadounidenses, titulares de un estatus temporal en proceso de revocación y personas que entraron legalmente y tramitaban su asilo.

Los registros de ese informe cerraron el 5 de agosto; de haberse extendido unos días más, Andy y Degnis hubieran pasado a engrosar la estadística.

A comienzos de este año, los operativos de ICE en Minneapolis —que dejaron un saldo fatal tras varios incidentes— provocaron un rechazo público que forzó un repliegue táctico de la agencia. Pero la campaña nunca se detuvo, simplemente bajó el perfil. Al asumir su cargo a inicios de 2026, la nueva cúpula del Departamento de Seguridad Nacional prometió una aplicación de la ley más silenciosa, pero más implacable. Un arresto en la puerta de embarque es una expresión concreta de esa promesa.

Actualmente la agencia mantiene agentes en al menos quince terminales aéreas del país, apostados en los mostradores de facturación y en las zonas de tránsito. El escáner de la tarjeta de embarque cruza los datos del pasajero con la información de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), disparando alertas antes de que el viajero llegue a la puerta. Estas revisiones han alcanzado a los vuelos nacionales; documentos revelados por la prensa confirman que la Airlines Reporting Corporation, entidad controlada por las grandes aerolíneas, vendió registros privados de pasajeros a las agencias migratorias.

Este contexto ha llevado a los bufetes de inmigración a cambiar su consejo histórico, y hoy recomiendan a quienes tramitan un ajuste de estatus que eviten volar, incluso dentro del territorio nacional. Para cualquier trabajador es una molestia; para un músico es una restricción que compromete directamente su manera de ganarse la vida.

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Desde Miami, Degnis fue trasladado primero al centro de procesamiento de Miramar. En llamadas cortas y espaciadas le contó a Delgado que las condiciones allí eran muy duras. Ella declaró al Miami New Times que el entorno era horrible, diseñado meticulosamente para quebrar el ánimo de los detenidos. Durante los primeros días, él no pudo comer ni dormir. No fue hasta la noche del tercer día de su detención, ya trasladado al Krome North Service Processing Center, en Miami-Dade, que su nombre apareció en el localizador oficial de ICE. Recién al quinto día su esposa pudo formalizar la representación legal.

Lo primero que ella le advirtió cuando por fin la dejaron hablarle fue una instrucción vital: no firmes nada. La firma de una salida voluntaria puede cerrar o limitar de forma severa las vías de defensa migratoria, según la etapa del proceso y los documentos suscritos; y el antecedente reciente del reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, El Chulo —arrestado en su casa de Miami en enero de 2026 y expulsado rumbo a México tras firmar ese documento—, es un precedente amargo.

Hace unos días, mientras Delgado respondía una entrevista para Noticias Telemundo Mediodía, tuvo que interrumpirla: «Me está llamando ahora mismo, tengo que irme, tengo que irme, tengo que contestar su llamada». Volvió después a cámara para decir que su marido mantenía el ánimo, que sabía que afuera tenía gente.

Sobre el caso de García Palacios los detalles son más escasos; su familia ha preferido blindar el proceso limitando sus declaraciones. Se sabe que fue enviado al Adelanto ICE Processing Center, en el desierto de California, un lugar en el que en mayo pasado los detenidos sostuvieron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones, lo que llevó al fiscal general del estado a emitir una alerta pública sobre lo que ocurría intramuros.

El riesgo que corren las personas dentro de estos centros es real. En los primeros cuatro meses de 2026 murieron dieciocho personas bajo custodia de ICE, según registros compilados por organizaciones de vigilancia. Human Rights Watch y Physicians for Human Rights han documentado un aumento de muertes en custodia durante los primeros quinientos días del segundo mandato de Donald Trump, paralelo a un crecimiento del 77% en la población detenida. De esos muertos, cuatro eran cubanos: Denny Adán González, Aled Damien Carbonell-Betancourt, Isidro Pérez y Geraldo Lunas Campos.

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Desde que Trump reasumió la presidencia, ICE ha incorporado ocho mil nuevos empleados, alcanzando una fuerza operativa de 29 mil agentes. Bajo su custodia hay 66 mil personas, con la meta declarada de llegar a las 100 mil camas. En julio salieron del país al menos 329 vuelos de deportación, una cifra récord. «Tienen más agentes, más dinero, más espacio de detención, más socios locales y mejores sistemas», resumió Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de alto rango de la agencia. «Por fin están juntando todas las piezas para construir esta maquinaria de deportación».

Entre finales de 2024 y comienzos de 2026, los arrestos de cubanos ejecutados por ICE crecieron un 463%. A comienzos de este año, más de 42 000 ciudadanos de la isla acumulaban órdenes finales de deportación en Estados Unidos. Durante medio siglo, el origen cubano facilitó de manera extraordinaria la regularización para muchas personas; hoy, es una nacionalidad más, lista para engrosar las cuotas de detención.

Y si en algún momento un tribunal concluye que hubo un error de procedimiento y los deja en libertad, la narrativa oficial no lo asumirá como un atropello ni como una falla. En su lugar, lo definirá como un desajuste administrativo, un daño colateral dentro de una operación que la agencia considera un éxito rotundo. Ya lo dice el comunicado sobre García Palacios: fue una operación dirigida y el arresto se efectuó «sin incidentes», una formulación que reduce el arresto a su dimensión burocrática.

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La detención de ambos artistas provocó una movilización instantánea de la escena cultural. Las campañas de recaudación alcanzaron sus metas en horas; en el caso de Bofill la colecta supera actualmente los 55 mil dólares, y la de García Palacios reunió más de 49 mil antes de que se detuviera la recaudación, con más de seiscientos y ochocientos donantes, respectivamente. Además, han contado con el respaldo público de figuras como Chucho Valdés, Luis Enrique, Jesús Pupo, Eme Valdés, Carnota, Diana Fuentes, Alain Pérez y Telmary, quienes han pedido su liberación.

Sin embargo, debajo de muchas de esas muestras de apoyo en redes, la plaza pública virtual devolvió una imagen mucho más áspera. Hubo quien exigió conocer el estatus legal exacto de los músicos antes de emitir cualquier signo de empatía. Alguien estimó que, en tres años, el detenido bien pudo haber juntado dinero para pagar un abogado, igual que otros juntan para pagarle a un coyote. Y no faltó quien sentenció que todo aquel que no se ajuste a las leyes de un país ajeno merece ser deportado, con la excepción de Andy, «porque él sí es bueno, honrado y trabajador».

Una parte del exilio cubano —la misma que durante sesenta años vivió amparada por una excepcionalidad preestablecida— ha incorporado el vocabulario de la exclusión y ahora lo usa a discreción. Trazan una línea imaginaria, colocan del lado bueno a los «artistas dignos» que conocen, y niegan al resto la misma presunción de dignidad y defensa.

Del otro lado del estrecho de la Florida, los arrestos fueron cubiertos con inusual diligencia por la prensa estatal cubana, esgrimiéndolos como una carta de triunfo para su discurso de deslegitimación del gobierno estadounidense y explayándose en detalles que suelen omitir cuando abordan este tema. La esposa de Degnis Bofill lamentó que esa difusión pudiera ser instrumentada por el oficialismo, aunque aclaró que no tenía pruebas de ello. La fatiga del exilio, atrapada entre dos discursos estatales en conflicto, quedó resumida en el comentario de un usuario en redes: «Ambos gobiernos están empecinados en que no seamos libres».

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Bofill tiene un Latin Grammy y la creación de un festival a sus espaldas; a García Palacios lo respaldan titanes como Chucho Valdés y Luis Enrique. Ambos entraron a Estados Unidos con documentos en regla, cuentan con defensa legal de primer nivel y, detrás de cada uno, hay una comunidad capaz de movilizar decenas de miles de dólares en cuestión de horas. A pesar de todo ese capital simbólico y económico, nada evitó que terminaran en un centro de detención.

Contar sus historias no es un ejercicio de elitismo, sino una forma de medir hasta qué punto la nueva maquinaria es indiferente al arraigo cultural. Si el prestigio, las redes de influencia y la solvencia financiera no bastaron para frenar el arresto ni acelerar la liberación, ¿qué ocurre con quienes atraviesan este mismo engranaje sin un abogado, sin figuras públicas que amplifiquen sus nombres y sin una comunidad que los respalde económicamente?

Como bien saben las familias involucradas, estos litigios son carreras de resistencia. García Palacios ya recibió una notificación para comparecer (notice to appear) ante un juez de inmigración, pero su defensa aún no había confirmado la fecha de la audiencia. El documento abre el calendario del proceso, aunque no constituye por sí mismo una orden de deportación. El abogado Avelino González sostiene que Bofill, por su parte, conserva el derecho a pedir fianza, avalado por la legalidad de su entrada al país, y ya ha presentado la solicitud, de la que aún aguardan respuesta.

Dos días antes de que ICE lo interceptara, Degnis subió a su cuenta de Instagram un video del backstage del rodaje de Camínate Miami. Se le ve meciéndose sobre la conga, rodeado de instrumentos; luego va al volante de un convertible con el paisaje deslizándose a sus espaldas —los rascacielos, el verde tropical, el agua turquesa—, cantándole a la ciudad donde había comenzado a rehacer su vida.

Mientras la burocracia avanza a su propio ritmo, los instrumentos esperan en silencio el regreso de sus dueños para volver a la vida.