En economía el simple hecho de hablar de los problemas del país no constituye un ejercicio de oposición.

Si de política se trata, el castrismo oculta la realidad. Niega la existencia de presos políticos, finge elecciones y llama disturbios a las protestas. En economía, sin embargo, da datos. Publica en la ONEI y en el noticiero el tamaño de los sectores, el volumen de la inversión, las caídas de producción. Son cifras limitadas, llegan tarde y varias están sesgadas, pero son mucho más de lo que ofrece sobre las cuestiones políticas.

Y no se trata solo de estadísticas, porque ni siquiera los ideólogos más fieles del sistema niegan ya los apagones y la escasez. En medios oficiales y oficialistas se publican artículos críticos, y hasta funcionarios escriben textos señalando deficiencias y posibles mejoras en la política económica.

En la práctica, reconocer el mal estado de cosas no le cuesta tanto al castrismo mientras siga siendo él quien mantenga cierto control sobre el discurso y su alcance. Incluso le resulta útil que cada cierto tiempo aparezcan críticas que generen debate social, para no parecer el ente inmóvil que casi siempre es, algo que en política no puede permitirse.

Represión. Sin democracia. Sin libertad de prensa. Sin libertad de expresión. Violación de derechos humanos. Presos políticos. Basta con enumerar esos elementos u otros sobre Cuba para quedar catalogado, y autopercibido, como opositor. Es sencillo. Y tiene su lógica. Quien dice eso está señalando el sistema completo, aunque no lo diga así, porque no hay castrismo sin represión ni censura. Con la economía no pasa lo mismo.

Lo decisivo para analizar el ejercicio de oposición en materia económica es, entonces, el alcance de la solución: si cabe dentro del sistema actual o no. Reconocer el problema y seguir buscando la salida por dentro, con más participación, mejores cuadros, otra ley, es ser reformista, no oposición. Lo que separa realmente a alguien funcional al castrismo de un opositor no es decir que Cuba está mal, o señalar tal o más cual problema, sino dónde se ubica la solución que propone. Y fuera del sistema quiere decir que no se pueda aplicar ni política ni económicamente sin que el régimen deje el poder.

Bajo este criterio, la inmensa mayoría de las políticas económicas y la reformas que plantean la disidencia y los sectores críticos no constituyen oposición propiamente. Toda propuesta que el régimen pueda implementar, aunque no quiera, es un grito dirigido al poder: «Debería asesorarte yo, no quien lo hace actualmente».

El castrismo puede quitar el CUC, actualizar tasas de cambio, hacerlas flotantes, reducir el déficit fiscal, contraer la circulación monetaria (bancarización mediante), abrir más al sector privado, desconcentrar funciones de importación, permitir a los cubanos ir a hoteles y viajar, reducir el tamaño de la industria azucarera… y seguir en el poder. De hecho, ya lo hizo y lo hace. Todas fueron propuestas de expertos, incluso provenientes de la oposición.

Y, si bien es discutible que todo lo aplicado se haya hecho en la medida, el tiempo y las condiciones en que críticos y opositores lo propusieron, eso no cambia la capacidad del régimen de aplicarlo. En cambio, hay transformaciones que le son imposibles, aunque quiera, porque tienen como condición institucional un cambio de sistema. No es una cuestión moral ni de percepción, sino de hechos legales y estructurales.

Ese grupo de cambios está asociado al acceso a financiamiento externo. Los mecanismos más importantes para financiar la reconstrucción (restablecimiento de infraestructura), que son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), implican transparencia de cuentas, algo incompatible con el sistema cubano.

Para la inversión extranjera de grandes capitales, aseguradoras y bancos aplican estándares. La Cuba castrista está ente los «países patrocinadores del terrorismo», según la lista de Estados Unidos, y es un destino de alto riesgo que no ofrece garantías legales. Como resultado, la DFC, agencia federal estadounidense que financia proyectos de empresas en países del tercer mundo, no dará dinero a empresas norteamericanas para invertir en Cuba. Levantar esa barrera implicaría un Estado con transparencia de cuentas y alineación geopolítica con Washington.

De ahí que no sea una cuestión de principios declarados. No basta con afirmar que se está a favor del Estado de derecho, ni con decir que la propuesta está pensada para un contexto democrático. Es que resulte materialmente imposible aplicarla sin estar fuera del sistema.

De ahí que muchas propuestas económicas no sean castristas u opositoras en sí mismas, sino que su carácter de tal lo define la naturaleza política de los recursos (financieros, humanos) que exige su aplicación. Dicho en simple: de dónde sale el dinero y quién tiene que darlo.

Así, por ejemplo, no es lo mismo proponer una tasa flotante en abstracto que una que, con dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI), pueda garantizar la oferta necesaria para estabilizar el tipo de cambio.

Basta mirar una de las propuestas que más se repite, la de liberar la agricultura. Entregar la tierra, soltar los precios, quitar la empresa estatal de Acopio del medio. Nada de eso exige que el castrismo se vaya, puede hacerlo mañana por decreto, y en buena medida ya lo hizo. Lo que suele quedarse fuera de la propuesta es el hecho de que esa tierra que se entrega está degradada, y sin infraestructura, y que rehabilitarla cuesta entre tres y ocho mil millones de dólares aproximadamente, un dinero que no está en el presupuesto cubano ni en la inversión extranjera que hoy llega al país. Sale de los mecanismos e instituciones internacionales, o no sale.

Ser opositor en materia económica o no depende de reconocer que el régimen cubano no puede responder al colapso del país. Así, cualquier propuesta que no se sostenga sobre esa base, es funcional al castrismo.

Y no es una cuestión estética, o de exquisitez en la comunicación, hablar de soluciones dejando claro que los costos son de miles de millones; es rigor señalar la incapacidad del castrismo. Hacer propuestas cuyos requerimientos materiales son inespecíficos es dar margen a que el castrismo las aplique con lo que tiene y actúe como reformador; es ser el asesor técnico en la sombra.

Hablar de recursos es, quizás, la forma más contundente de hacer oposición económica en Cuba.