El economista cubano Ricardo Torres Pérez, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington D.C., considera que las 176 medidas que el régimen acaba de oficializar no pueden resolver el colapso estructural del país. Tras conocerse el paquetazo que dio luz verde a la transformación más osada del Gobierno cubano, en ruta hacia una economía de mercado para paliar la crisis generalizada del país, Torres Pérez accedió a responder varias preguntas de El Estornudo.
El investigador es también uno de los cinco economistas cubanos independientes que desde marzo último elaboran una propuesta integral de transformación económica para Cuba. El grupo estudia una respuesta a la crisis nacional, sin relación alguna con el oficialismo de la isla y el equipo asesor que el gobernante Miguel Díaz-Canel convocó para la reforma económica y social aprobada en la última semana por el Comité Central del Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La propuesta en la que trabaja Torres Pérez, junto a los economistas cubanos Pedro Monreal, Pável Vidal Alejandro, Mauricio de Miranda y Omar Everleny Pérez Villanueva, la bautizaron como Cuba Transformación, la cual destaca su independencia intelectual y porque no responde a ninguna instancia del régimen.
—¿Podrá este paquete de reformas del régimen sacar a Cuba de la crisis?
—No, al menos no por sí solo. Cuba no enfrenta una crisis que se resuelva con mejores políticas económicas: enfrenta un colapso estructural con componentes internos y externos que ningún paquete de reformas domésticas puede resolver de forma aislada. En el frente externo, la economía cubana depende cada vez más de Estados Unidos a través de remesas, migración, turismo y canales financieros, y está expuesta al peso de las sanciones. Sin una estrategia para resolver ese conflicto, cualquier apertura interna opera en un entorno que limita severamente sus efectos.
—¿Cuál de las medidas aprobadas es la más cuestionable?
—La medida más cuestionable es la que abre la posibilidad de convertir empresas estatales en sociedades por acciones y vender participaciones a inversores privados, nacionales y extranjeros. Es la más ambiciosa del paquete y, por eso mismo, la más riesgosa. La experiencia de Rusia y las repúblicas exsoviéticas en los noventa es clara: cuando las empresas estatales se privatizan sin Estado de derecho, sin valoraciones transparentes y sin rendición de cuentas, el resultado no es eficiencia, sino captura. Los activos públicos no llegan a los mejores operadores sino a quienes tienen mejor acceso político. Para que esta medida produzca algo distinto, Cuba necesitaría marcos de valoración independientes, registros de propiedad confiables y tribunales capaces de resolver disputas. Nada de eso existe hoy.
—¿Son estas medidas soluciones reales o maniobras políticas?
—Es una lectura parcialmente válida, pero incompleta. El historial es contundente: las aperturas del período especial fueron revertidas parcialmente; los Lineamientos de 2011 se implementaron de forma fragmentaria y terminaron diluyéndose. Cada vez que el gobierno cubano ha anunciado reformas, ha conservado la facultad de frenarlas o cancelarlas. A eso se suma que el momento del anuncio no es neutral, coincidiendo con una presión máxima de la administración Trump, y el gobierno cubano tiene experiencia en usar gestos de apertura como señales diplomáticas.
Pero descartar que también existe una necesidad interna genuina sería un error. La magnitud de la crisis hace que el régimen necesite estas reformas independientemente de cualquier cálculo geopolítico. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que no se sabe todavía es cuál de las dos motivaciones prevalecerá a la hora de implementar. La credibilidad del gobierno está gravemente deteriorada, y ese es un problema de su exclusiva responsabilidad.
—¿Quiénes pueden sacar al país adelante?
—Hay tres actores con potencial real. La diáspora cubana, que ya sostiene a una parte considerable de la población y que en otros procesos históricos de apertura —Vietnam, China— fue el primer motor de inversión, pero que, para pasar de enviar remesas a invertir capital, necesita certeza jurídica y alguna forma de resolución del conflicto de propiedades confiscadas. El sector privado emergente, que ha demostrado capacidad de adaptación notable en condiciones adversas, y que con acceso a crédito e importaciones sin intermediarios obligatorios podría escalar, siempre que el Estado deje de regularlos discrecionalmente. Y la inversión extranjera, que existe en potencia pero cuyo historial en Cuba —proyectos paralizados, utilidades bloqueadas, contratos renegociados unilateralmente— ha erosionado la disposición de los inversores.
—¿Cuándo habrá luz al final del túnel?
—La luz al final del túnel no tiene fecha mientras Cuba no resuelva su conflicto con Estados Unidos, no acceda al financiamiento de instituciones multilaterales y no restructure una deuda externa que hace inviable cualquier plan de inversión sostenida. El potencial existe —población educada, ubicación estratégica, activos turísticos y agrícolas reales— pero solo se activa con una transformación coherente que incluya seguridad jurídica, estabilización macroeconómica y protección social durante la transición. Sin eso, lo que Cuba tiene por delante no es un túnel con luz al final, sino una crisis que se administra y se prolonga.
