Tapachula es la primera ciudad mexicana en la frontera sur con Guatemala, y la última parada para muchos refugiados que ven sus sueños desvanecerse por culpa de un muro de burocracia e intereses económicos.

Después de la abolición de la política de «pies secos, pies mojados», de las restricciones de la administración Trump, del programa «Quédate en México» y de las amenazas de aranceles para que Guatemala, Honduras y El Salvador se declararan parte del acuerdo de «tercer país seguro», el viaje de los migrantes que buscan asilo a Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil.

México, país de tránsito, ha quedado a cargo de patrullar las fronteras norteamericanas. De hecho, el «muro de Trump» ha sido externalizado hacia el sur de México, haciendo realidad los sueños perversos de los supremacistas de la Casa Blanca.

Por Tapachula pasaban a cada día decenas de autobuses, con las siglas «INM» (Instituto Nacional de Migración), en que viajaban cientos de deportados desde el reclusorio de migrantes más grande de América Latina, la Estación Migratoria Siglo XXI, hacia Guatemala, El Salvador y Honduras, tres de los países más pobres y con las tasas de homicidios más altas del continente. En tanto, los periódicos alarmaban a la población local aludiendo al peligro de los presuntos criminales centroamericanos que llegarían a México en la caravana llamada «El Diablo».

El centro de Tapachula era una prisión sin rejas donde los solicitantes de asilo pasaban el día vendiendo productos, haciendo trenzas y ofreciendo sus cuerpos para trabajo doméstico o sexuales a precio bajo. La burguesía local lamentaba el clima de inseguridad generado por los extranjeros, y al mismo tiempo, especulaban sobre las rentas de los cuartos donde los migrantes eran obligados a vivir abarrotados y con condiciones higiénicas inhumanas.

«El Diablo» nunca llegó, pero el racismo y la xenofobia habían transformado Tapachula en un infierno para los migrantes. Miles de personas provenientes de varios países centroamericanos, así como de las islas de Haití y Cuba, e incluso desde los continentes africano y asiático, se encontraban atrapadas en Tapachula, sin posibilidad de salir, monitoreadas por el ejército y explotadas por las empresas locales.

Guhaad*, de 29 años y originario de Somalia, nos cuenta que su viaje comenzó hace ya más de tres meses, en Sudáfrica, donde vivía y trabajaba desde hace muchos años. Nos muestra unas cicatrices en su rostro y nos cuenta que son los signos del odio hacia los migrantes que se está difundiendo entre la población negra de Sudáfrica. Guhaad ha tenido que huir después del enésimo ataque, pero no migró hacia Europa porque no quería pasar por Libia.

«Se ha vuelto una ruta demasiado peligrosa», dice, «es fifty-fity, si te va bien sobrevives, pero te vuelves objeto de extorsiones, violencias y torturas; si te va mal terminas en el fondo del mar Mediterráneo».

La ruta más común para los migrantes africanos en América Latina empieza en Brasil, pasa por Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, para llegar a Panamá hay que pagar a los coyotes que te ayudan a alcanzar la jungla; a partir de ahí es pura sobrevivencia. La zona que separa Colombia y Panamá, el Tapón del Darién, es un territorio lleno de insidias naturales, como serpientes, jaguares y el riesgo de ahogarse en los arroyos que atraviesan una de las selvas más peligrosas del mundo.

En Tapachula los migrantes cubanos son bien vistos, trabajan mucho, son fascinantes y tienen dinero. Ellos son mano de obra que se puede explotar en los locales y bares de la ciudad, y sus bolsillos se pueden drenar a través de la especulación con los alquileres.

Guillermo, cubano, trabaja en un programa de integración del gobierno mexicano: limpia las calles por dos mil 380 pesos mexicanos al mes, pero paga dos mil 500 para alquilar una habitación, porque los albergues están abarrotados y ya le pasó que le robaron sus pertenencias.

Los más discriminados son los centroamericanos, a quienes se considera «mareros», borrachos y mendigos. Daniel tiene 24 años, huyó de El Salvador porque las pandillas lo querían reclutar, tenía que escoger entre MS-13, Barrio 18 o la muerte. Daniel decidió cruzar ilegalmente la frontera y ahora trabaja en un hotel en Tapachula durante la noche, de día limpia las habitaciones y vende productos. Espera obtener la tarjeta de residencia mexicana para poder salir de Tapachula y alcanzar la frontera norte.

Nos pregunta: «¿Por qué los Estados Unidos no quieren dejarnos entrar si somos nosotros, migrantes, los que mantenemos su economía?»

Responder a esta pregunta no es fácil. Por un lado, es cierto que las economías capitalistas como la de Estados Unidos explotan el trabajo de los migrantes; por otro lado, también es cierto que para seguir sacando provecho de esta esclavitud moderna necesitan que los trabajadores indocumentados queden en una situación de precariedad jurídica para seguir amenazándolos.

Según Enrique Olascoaga, coordinador del centro de derechos humano Fray Matías de Tapachula, existe una relación directa entre las nuevas políticas restriccionistas del gobierno mexicano y los mega proyectos que el presidente López Obrador está impulsando en la zona sur del país. Por ejemplo, el Tren Maya y el Corredor Transístmico, que necesitarán grandes cantidades de personas dispuestas a trabajar duro, a bajo costo y sin muchos derechos laborales.

Con la llegada de los primeros casos de coronavirus en Tapachula, la Guardia Nacional se ha encargado de cerrar el acceso a los lugares públicos frecuentados por los migrantes. Las oficinas de migración ya no atienden, los albergues no aceptan ningún huésped más, y en los centros de reclusión migratorios del país han estallado en motines, con heridos y hasta un muerto.

Antes de que la pandemia del COVID-19 invadiera el planeta y de que más de la tercera parte de la población mundial quedara aislada en su casa, de que la mayoría de los países cerraran sus fronteras sin mucha discriminación de pasaporte o de clase social y de que la policía y los militares empezaran a limitar nuestra movilidad, los migrantes en Tapachula ya estaban viviendo en un brutal estado de excepción.

Cuando se levanten las medidas de emergencia y los toques de queda, ojalá que también las personas en camino pudieran conseguir los derechos democráticos que necesitan para vivir una vida digna y en paz.

*(Los migrantes entrevistados no quisieron que difundiéramos sus datos privados. En el caso de Guhaad hemos cambiado su nombre verdadero, mientras que Daniel y Guillermo son los nombres auténticos de los testimoniantes, pero no quisieron que se consignaran sus apellidos)