Sulmira Martínez Pérez estaba de lo más contenta con su juicio. Finalmente, después de un año y siete meses de haber sido detenida en su casa por sus publicaciones en Facebook, el Tribunal Municipal de Diez de Octubre iba a decidir su destino este lunes, 12 de agosto, a partir de las ocho de la mañana. Su abogada había avisado primero a su madre, Norma Pérez, siete días antes de la fecha fijada, y luego a ella, en una visita al Correccional de Mujeres El Guatao, en la periferia de La Habana.
«Ella dice que por lo menos con el juicio va a ver la calle, porque hace un año y medio que no ve la calle, y yo le digo que cómo, si ella va a en una jaula, pero dice que por la ventanita ella ve la calle, porque en El Guatao nada más que ve monte y monte y monte», me explicó Norma Pérez el domingo en la noche, a pocas horas del gran momento.
Ninguna de las dos soñaba con una exoneración. No aspiraban a nada que no fuera una sentencia que permitiera a Sulmira trabajar y pasar a un régimen de campamento. «Hace rato me tenía cansada en las visitas: “Mamá, qué ganas tengo de que me celebren el juicio, que me celebren el juicio”. Bueno, ya. Si le celebran el juicio, salimos de esto ya. De lo malo se sale rápido».
Sulmira no logró ver la calle por una ventanita este lunes. A las siete de la mañana, la abogada informó a su madre que el juicio queda postergado para septiembre. «No dieron detalles, simplemente se suspendió y se suspendió», dijo Norma Pérez.
Ninguna de las dos, tampoco ahora, sueña con una exoneración. No reciben la noticia con esperanza, como una señal de que alguien con poder, en alguna remota oficina, se ha puesto la mano en el corazón y dedica segundos pensamientos al caso para conceder la libertad a Sulmira, sino con cansancio y desaliento. Madre e hija se encuentran en un punto en que recibir una condena parecería una bendición.
El fiscal Edward Roberts Campbells ha acusado a Sulmira Marínez Pérez de desacato y delitos contra el orden constitucional, y ha pedido para ella una sanción conjunta de diez años de privación de libertad. Según sus conclusiones, firmadas en abril de 2024, la joven de 22 años violó las leyes al seguir en redes sociales a personas con ideas contrarias al orden establecido, al recibir propuestas de la activista cubana exiliada Yamila Betancourt García para confeccionar carteles en contra del gobierno y cocteles molotov que serían empleados en acciones violentas, y al crear y asumir como avatar una muñeca negra para convocar desde el espacio virtual a protestas callejeras y publicar contenido que habría afectado la imagen del presidente Miguel Díaz-Canel.
Fueron tres las imágenes que, según la petición fiscal, Sulmira elaboró y publicó en Facebook con la intención de afectar la imagen del presidente de la República. Una en la que colocó la palabra «singao» encima de una foto de Díaz-Canel y la bandera cubana. Otra en la que dijo «te queda poco» y «abajo Canel, PV». Y otra humorística de una persona sentada de espaldas que «realizaba necesidades fisiológicas», la cual acompañó con la frase «Cuba en la calle presenta Díaz Papel».
Pero, al parecer, lo que colmó la paciencia de los oficiales del Ministerio de Interior, que no perdían pie ni pisada a la muchacha en sus cuatro cuentas de Facebook, donde era conocida como Salem por unos siete mil 690 seguidores, fueron tres posts del 10 de enero de 2023 que decían lo siguiente: «Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación[;] es pa la calle no detrás de una pantalla»; «Necesitamos organización… Corran la voz!!! Planificamos otro 11 de julio»; «Se acabóoo[:] tu 59 yo doble 2[;] esto tiene que ser masivo no podemos tirarnos ni 20 ni 30».
Esos hechos habrían justificado arrestar a Sulmira, encerrarla en Villa Marista por dos meses, bajo interrogatorio y malos tratos; acusarla de delitos contra la seguridad del Estado, y mantenerla recluida en El Guatao por más de un año en espera de juicio. Es comprensible que ni madre ni hija valoren la posibilidad de un fallo a favor de su inocencia.
Norma ha insistido, con indignación, en que su hija nunca ha recibido un dólar de nadie por decir lo que pensaba en redes sociales, y ha esgrimido como argumento la pobreza de su hogar en un edificio de microbrigada en Carretera Las Guásimas, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana. Ella, una mujer jubilada de 63 años, con una pensión de mil 500 pesos cubanos, intenta lo imposible: demostrar que su hija es inocente de unos hechos que no deberían constituir delito.
El mismo fiscal Edward Roberts Campbells dice que Sulmira Martínez Pérez «aceptó realizar distintas acciones para incitar a las personas a manifestarse públicamente, en contra del sistema social, tanto de forma verbal, por las redes, como en las calles y espacios públicos». No dice que las realizó. Dice, en tres momentos del documento, que Yamila Betancourt García «propuso» a la acusada hacer carteles, cocteles molotov y una cuenta en Facebook. No dice que Sulmira aceptó específicamente dichas propuestas, ni que estas propuestas se corresponden con las acciones que en efecto habría aceptado realizar, ni que cobró por recibir esas propuestas o por aceptar realizar acciones.
Quizás el fiscal no sabe redactar sus ideas. Quizás no eligió bien sus palabras, como mismo no supo elegir el lugar correcto de los signos de puntuación, pero lo que dice Edward Roberts Campbells es que Sulmira Martínez Pérez, una muchacha sin antecedentes penales, debería pasar diez años de su existencia tras las rejas por burlarse del presidente del país, exhortar a ejercer derechos humanos —porque manifestarse públicamente es un derecho humano— y recibir propuestas y aceptar realizar acciones que la fiscalía no precisa si realizó o no.
Norma y Sulmira, mujeres pobres y negras, saben que tienen las cartas perdedoras. Norma ha gastado diez mil pesos cubanos en contratos con dos abogados no porque crea que su hija recibirá justicia, sino porque no quiere que, en el juicio, su hija sea menos que nadie. Norma entiende que en Cuba no existe separación de poderes, que las estructuras judiciales responden a la Seguridad del Estado, que un juicio a un preso político es una obra de teatro con el final escrito de antemano por los poderosos. Pero Norma es madre. Norma quiere que, en el juicio, a Sulmira no le falte un abogado que la defienda, o intente defenderla o al menos pretenda que intenta defenderla.
El próximo 21 de agosto Norma visitará a Sulmira en El Guatao. Las visitas son cada diez días, pero ella puede ir cada 20. Para cada visita gasta entre 15 mil y 20 mil pesos en el saco con comida, medicamentos y productos de higiene que le lleva, y más 4 mil 500 pesos en un taxi. Pasarán dos horas juntas, y Sulmira pedirá a Norma una vez más que le cuente noticias de Las Guásimas, quién murió y quién nació, y volverá a hablar de sus ganas de que se celebre el juicio, como si se tratara de una fiesta, aunque sea solo para ver la calle desde la ventanita de una jaula.
