Ya en invierno las ramas son más delgadas que un dedo y parecen frágiles. Sin hojas y sin racimos, las parras se alinean y esperan la primavera. Cristián González, quien se encarga del viñedo Polkura, localizado en Colchagua, al sur de Santiago de Chile, apunta al cerro, a unos solitarios árboles de copas redondas entre los cultivos que delinean la ladera. Dice que así es como armaron las ramas de las parras que tiene en frente. «Como copas de vino», dice. Para que absorban la mayor cantidad de agua posible: la forma redonda permite que las partes en sombra aprovechen mejor la evaporación. 

No es la única técnica que están aplicando para ser eficientes en el uso del agua. Cada tronco tiene menos racimos. Y el piso de esta parte del viñedo parece un colchón verde: cada paso se amortigua. De hecho, esta parte del viñedo no tiene riego. La técnica se llama secano y consiste en aprovechar la lluvia, trabajando el suelo con un arado que deja bolsones por donde baja el agua. 

La búsqueda de eficiencia en el uso del agua es parte de los objetivos de esta viña; una empresa B cuyos dueños, el enólogo Sven Bruchfeld y Gonzalo Muñoz (champion de la COP 25 y fundador de TriCiclos), han establecido toda una variedad de estrategias para el cuidado del medio ambiente. Un campo de paneles solares aparece junto al camino de tierra que conduce a las parras. Además, quieren cambiar sus vehículos a eléctricos. 

Sin embargo, la cuestión del agua responde a algo que va más allá del interés particular de estos dos socios: las precipitaciones se han hecho cada vez más escasas. La sequía golpea la zona central de Chile y el desierto se está moviendo hacia el sur debido al cambio climático. 

«En el tema del agua fue al revés», reconoce Bruchfeld. A diferencia de las otras medidas para proteger el medio ambiente, que fueron voluntarias, esta fue más bien por necesidad. «Nos vimos enfrentados a la escasez hídrica y tuvimos que hacer algo al respecto», dice. 

Polkura es un ejemplo de empresa que está cambiando hacia un modelo de negocios más verde. Una empresa que, pese a estos cambios, no deja de ser rentable. 

Ahora, mientras se acerca el plebiscito para cambiar la Constitución en Chile, empresas con enfoques similares podrían obtener un importante empuje. Una Constitución «ecológica» potenciaría la inversión para impulsar los negocios sustentables y para ayudar en la transición a otros que de otro modo quedarán obsoletos. El borrador que propone la Convención Constitucional plantea una variedad de aspectos «verdes» que irían en tal sentido, pero todavía hay dudas abiertas que preocupan al mercado. 

Prevención de riesgos

Si bien hay varias definiciones para una Constitución ecológica, la mayoría comparten un elemento:  que el texto ponga entre sus principios centrales la protección al medio ambiente, reconociendo la crisis climática (producto del calentamiento global) y su vinculación con otros derechos. 

El «derecho ecológico», por definición, explica Carla Sbert, experta en esa materia de la Universidad de Quebec, en Canadá, tiene como uno de sus focos «constreñir la actividad económica dentro de límites ecológicos». Esto implicaría ciertos límites que, a primera vista, se podrían entender como un freno a la inversión, pero que, al igual que otras regulaciones ambientales, pueden tener el efecto contrario y potenciarla en base a dos aspectos: nuevas oportunidades y contención de riesgos. 

Hay un amplio consenso en que las regulaciones ambientales presentan oportunidades para un mayor crecimiento y mayor inversión. «Hoy la carbono-neutralidad potencia más empleo y crecimiento económico que la no carbono-neutralidad», dice Marcelo Mena, exministro chileno de Medio Ambiente de la Concertación (centro-izquierda) y parte del equipo programático de la candidatura del presidente Gabriel Boric. 

Un estudio del Banco Mundial, publicado en 2020, va en esta línea. Con la carbono-neutralidad, el PIB de Chile podría aumentar para 2050 un 4.4 por ciento más que el escenario de referencia. Esto, principalmente, porque se estimularían el consumo y la inversión de privados. 

El estudio fue hecho en conjunto con el gobierno de Sebastián Piñera (centro derecha) y el centro Clapes UC en medio del empuje a la descarbonización. Felipe Larraín, exministro de Hacienda de ese gobierno —en Clapes al publicarse la investigación— planteó los beneficios de la transición en el prefacio: «El no actuar de manera rápida y efectiva tendrá importantes impactos económicos y financieros, dejando a nuestra sociedad expuesta a diferentes riesgos», dice.  «Al mismo tiempo, nuevas oportunidades surgen con la transformación y transición hacia una economía baja en carbono acompañada por un uso eficiente de los recursos, la adopción de fuentes de energía limpias, el desarrollo de productos y servicios innovadores, el crecimiento de mercados amigables con el medio ambiente y la adaptación de las distintas entidades económicas y financieras al cambio climático». 

«Se requieren más inversiones que la que hay actualmente para reemplazar la matriz energética (y dejar atrás los combustibles fósiles)», agrega Mena. «Es inversión porque permite generar empleo y tiene menos costos de operación y rentabilidad alta. Además, permite que Chile acceda a costos más baratos de energía». 

Y más allá de las nuevas oportunidades, las regulaciones ambientales son clave para prevenir riesgos que golpean las inversiones y el crecimiento. «La degradación de la biodiversidad nos genera riesgos para los negocios y, por lo tanto, si queremos que el mercado funcione, nos tenemos que hacer cargo de estos riesgos que generan incertidumbre», dice María Teresa Ruiz-Tagle, doctora en Economía Ambiental por la Universidad de Cambridge y docente en la Universidad de Chile.

Advierte que se necesitan regulaciones que ayuden a poner precios a los insumos naturales y que ayuden a tomar «decisiones correctas». «Y eso nos va a favorecer el desarrollo económico del presente y del futuro», dice. «La crisis climática y de biodiversidad tiene efectos en los mercados financieros feroces y si el mercado financiero no se hace cargo de gestionar estos riesgos, simplemente el sistema económico va a colapsar». 

Una visión que también esbozó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2021. «La crisis climática plantea un enorme riesgo financiero para los administradores de inversiones, los propietarios de activos y las empresas. Estos riesgos deben medirse, divulgarse y mitigarse», dijo.

Y Chile no está muy bien parado frente a estos riesgos. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se considera un país altamente vulnerable al fenómeno del cambio climático debido a sus bordes costeros de baja altura, sus zonas áridas, propensas a sequía y desertificación, y la susceptibilidad a desastres naturales. «A lo anterior, se le suma la fuerte dependencia que tienen las principales actividades socioeconómicas del país al clima [sic], principalmente de la disponibilidad hídrica», explican desde el Centro UC de Cambio Global.

Según un estudio de la reaseguradora Swiss Re, publicado en 2021, Chile está entre los países menos resilientes al cambio climático. Para 2048, advierte que podría perder hasta 27 por ciento del PIB, de acuerdo con un índice climático que toma elementos desde el posible impacto en la agricultura y la salud humana hasta los riesgos para el turismo y el aumento del nivel del mar. Esto dejaría al país con los niveles de producción económica de 2010, o incluso inferiores.

Solo dos en el mundo

En Polkura, el principal riesgo vino con la escasez de agua. Y las hectáreas en secano fueron solo parte de la solución. 

«Hemos perdido más del 40 por ciento del agua que teníamos disponible para regar», dice Bruchfeld. «Nosotros como agricultores somos parte del problema, por muy pequeños que seamos», reconoce. 

La pérdida de agua se fue dando con el tiempo. «Al principio iba acabándose y construimos un embalse, pero sigue y sigue bajando», dice. Al embalse sumaron un 12 por ciento de sus hectáreas en secano y tuvieron que tomar decisiones difíciles, como reducir el área plantada en 20 por ciento. 

El principal cambio, sin embargo, fue otro. En la ladera, las ramas de las parras rojas y naranjas parecen un campo de telarañas. El sol calienta pese al invierno y todavía cuelgan algunos, muy pocos, racimos de uvas secas. Cristián sale de la pequeña construcción de madera donde guardan vino y reciben a los turistas, y muestra cómo el tubito negro que sigue la línea de parras está interrumpido, junto a cada planta, por una pequeña llave. 

Explica que aplicaron un «secado parcial de raíces», es decir, un sistema de riego diferenciado que suministra agua a una planta sí y la siguiente no. La idea surgió en una investigación con la Universidad Católica, y Sven Bruchfeld reconoce que el cambio fue rápido y urgente. «No teníamos tiempo para probar. O lo hacíamos o nos tocaba arrancar la mitad de la viña», dice. 

Con esto, lograron reducir el uso de agua en casi 50 por ciento. «Después nos enteramos de que solo hay un otro viñedo en todo el mundo que ha implementado esto. Y, de haber sabido eso antes, quizá no lo habría hecho por miedo», dice. «Estas crisis son oportunidades».

La crisis climática ha llevado a cambiar al sector privado, y sus riesgos se han ido interiorizando. Incluso los reguladores financieros, como el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), están dando cada vez más importancia a estos factores.  La Red de Bancos Centrales y Supervisores por un «Enverdecimiento» del Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés) aconseja que las empresas consideren dos riesgos principales frente al cambio climático: riesgos físicos (de infraestructura) y de transición. 

Y preocuparse por estos elementos parece ser un buen negocio. El mercado latinoamericano de bonos (deuda de empresas y gobiernos) sostenibles experimentó un crecimiento significativo durante 2021: alcanzó los 45 mil millones de dólares, según Fitch Ratings, más del triple que en 2020. Esta clasificadora de riesgo espera que el crecimiento continúe «a medida que los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) desempeñen un papel más importante en las decisiones de inversión de los participantes del mercado».

A nivel global, los activos financieros que siguen mandatos de ASG han adquirido cada vez más relevancia y han demostrado ser rentables. Ya representaban el 46 por ciento de todos los activos bajo administración en 2021, y se proyecta que para 2024 superen el 50 por ciento, según un estudio de Deloitte citado por la revista Barron´s. Y en la década de 2012 a 2021, los fondos enfocados en ASG fueron más rentables que los de gran capitalización en Estados Unidos, según evidencia un estudio de Morningstar Direct citado por la misma revista. 

Pero, si están surgiendo estas innovaciones en el mundo privado, con empresas B como Polkura multiplicándose y cada vez más inversionistas preocupados por criterios ambientales, ¿por qué se necesitaría entonces un cambio constitucional?

Las empresas B y las compañías con criterios medioambientales todavía están lejos de ser la norma, y Ruiz-Tagle, de la Universidad de Chile, afirma que hay una sobrevaloración del presente en la forma de hacer negocios. «Y esta Constitución tiene que hacerse cargo, entender que la naturaleza es parte del sistema de vida y gestionar los riesgos que significa», agrega. 

El exministro Mena plantea otro punto. Advierte que la Constitución del 80 (la actual en Chile, impuesta en dictadura) podía ser una traba para el avance de regulaciones ambientales y la transición. «Actualmente hay varios elementos del marco jurídico complejos», apunta. Y da un ejemplo: «La descarbonización, que prohibiría la venta de combustibles fósiles, en el marco jurídico actual, podría acusarse de inconstitucional, porque inhibe la capacidad de realizar una actividad económica. Por eso el cierre de termoeléctricas actual es voluntario», dice. «Y eso no tiene que ver solamente con derechos, sino que también [con] cómo se distribuyen los poderes del Estado». 

«Una Constitución tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y considerar la variable ecológica como un elemento de la inversión», sostiene Cristian Salas, director ejecutivo del Centro de Cambio Global UC. «La anterior Constitución no lo consideraba y se limitaba a que las empresas produzcan utilidades; una Constitución nueva debería prevenir que esas utilidades no generen externalidades negativas». 

Según Pilar Moraga, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, lo que busca el borrador legislativo es reestablecer un equilibrio que, a su juicio, no existe en la Constitución actual. 

«En la Constitución del 80 se priorizaba el derecho a la propiedad y el libre ejercicio de la actividad económica sobre otros como el de vivir en un ambiente libre de contaminación», dice. «El nuevo texto busca equilibrar esa situación». 

El complejo equilibrio

El borrador que propone la Convención Constitucional podría impulsar estos cambios y eliminar las restricciones de la Constitución del 80. No obstante, presenta varios elementos abiertos que preocupan en el mercado. 

«No hay duda alguna de que la preocupación por el medio ambiente ha ido ganando mucha fuerza a nivel mundial», dice Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. «La propuesta constitucional se hace cargo de ello, de manera ciertamente más marcada en relación a otras experiencias en el mundo». Señala, sin embargo, que es importante que no «inhiba el desarrollo de proyectos que cumplen estrictamente las normas ambientales y compensen externalidades negativas». 

Para David Falcón, director de Cambio Climático y Sostenibilidad de Deloitte, la propuesta de Constitución tiene un timbre «más verde» que la legislación ambiental actual. Es un borrador que, a su juicio, generaría cambios significativos en la institucionalidad, más basada entonces en principios preventivos y precautorios. «Podría generar espacios de cierta incertidumbre en esta materia, que pueden repercutir en las inversiones», advierte.

Sus dudas se centran en elementos como que, de aprobarse el texto, se amplíe el número de tribunales de tres a nivel nacional a uno por región, y que se cree una defensoría de la naturaleza. «Potencialmente podría generar también un espacio adicional de interpretación de los principios preventivos y precautorios», dice. «Esto también podría traer incertidumbre en su aplicación y podría generar retraso a las inversiones». 

A esas dudas se suma el concepto de «naturaleza», según el abogado y exfiscal del ministerio de Medio Ambiente, Jorge Andrés Cash. «Desde un punto vista normativo, lo que protege el ordenamiento jurídico es el “medio ambiente”, y, por tanto, de no existir una ley que desarrolle y norme el concepto de naturaleza, quedará a la jurisprudencia especializada y a la Corte Suprema la tarea de determinar la idoneidad de la acción para cada caso particular», dice. «Esto introduciría elementos que muy probablemente dilatarán más la decisión final del caso y profundizarán la incertidumbre en distintos sectores». 

Y justamente la incertidumbre es la principal vía por la que se puede afectar la inversión, aseguran desde Credicorp Capital. «Consideramos de suma importancia que la implementación de los artículos medioambientales sea clara, ajena a ambigüedades y estable en el tiempo», dicen. «En efecto, en un contexto de incertidumbre, los datos muestran una baja inversión esperada para los próximos años», indica la corredora. 

Pero no son necesariamente pesimistas. «Consideramos que el texto tiene el potencial de permitir un desarrollo con un menor impacto en el medioambiente, lo cual se podría materializar si los artículos y el marco institucional garantizan estabilidad, certeza regulatoria y derechos de propiedad», dicen. «Si este es el caso, la inversión, no en el corto plazo, podría retomar una senda saludable». 

Falcón, de Deloitte, tampoco ve necesariamente un panorama negro. Pese a que advierte que son cambios significativos, aclara que no es muy diferente a lo que tienen países OCDE. «El gran desafío es saber implementar y equilibrar las regulaciones para cumplir con la protección al medio ambiente y el dinamismo económico», dice. Una advertencia que también hace Lehmann, de BCI, quien cree que será clave ver cómo se aterrizan los principios en leyes específica.  «Es necesario definir un marco que concilie las inversiones responsables con el cuidado del entorno», dice.

Y, pese a todo, hay otros elementos del borrador que, a juicio de algunos, podrían ayudar a la inversión. Verónica Delgado, abogada y académica de la Universidad de Concepción, reconoce que todo cambio constitucional produce incertidumbre, pero cree que varias de las normas propuestas podrían entregar certezas. «Si las decisiones se tienen que tomar de forma participativa se puede evitar conflictos», dice. «Si se escucha a las personas de manera temprana, puede llevar a las empresas a hacer cambios antes de embarcarse en el proyecto». 

Un ejemplo de normas que podrían generar más confianza, dice Delgado, son las de ordenamiento territorial, que permitirían a gobiernos regionales, de forma participativa, definir si es posible realizar actividades productivas en algunos territorios. «Si el Estado te dice que están dadas las condiciones en un lugar particular, eso es una gran certeza», dice. 

Para Salas, del Centro de Cambio Global UC, los principios ecológicos que plantearía la nueva Constitución son «adecuados», y por ahora no ve ningún elemento que afecte a la inversión. Pero comparte que el probable golpe a la inversión estaría en cómo se aplique en las políticas públicas. «Hay elementos que necesitan una buena bajada para ver si tienen o no una consecuencia», dice. «Hay que ver en la práctica cómo se aplica y qué rol tendría el Estado». 

Todavía falta definir el modo en que se implementarían de los cambios en los derechos de agua. Un elemento que podría afectar a industrias que van desde la minería hasta los viñedos, como Polkura. La transición aprobada por el pleno de la Convención establece que los derechos de agua pasarían a denominarse «autorizaciones de uso» en cuanto entre en vigor el nuevo texto. Seguirán las mismas reglas que establece hoy el Código de Aguas, pero esto será solo hasta que se apruebe un proyecto de ley que regule esta materia. 

En peligro de extinción

Subiendo el cerro en Polkura, cuando se terminan las líneas de parras, el clima cambia. Un bosque nativo se levanta en la parte superior y, solo con estar bajo su sombra, la temperatura cae varios grados y la humedad entra en las fosas nasales. Cristián rodea el bosque, como lo ha hecho cientos de veces, y busca los restos de una astromelia que, ya entrado el inverno, ha perdido sus hojas y sus pétalos. La encuentra, se agacha, y la muestra. Se ve frágil. El tallo seco podría romperse y el óvulo es solo una bola negra del tamaño de una canica. Podría pasar desapercibida, y de hecho así lo hizo por un buen tiempo. 

Solo tras un estudio de biodiversidad realizado en el viñedo descubrieron esta astromelia, que está en peligro de extinción. Cristián muestra fotos en que se ve florecida, como esperan que vuelva a estar en primavera. Sus pétalos rosados son casi transparentes y tiene las puntas de un amarillo intenso y de un rosado mucho más duro. «Esto nos genera una oportunidad infinita de cuidar esa flor», dice Sven Bruchfeld. 

Esta flor y todo el viñedo están ahora en riesgo por la escasez hídrica, pero Bruchfeld no cree que la solución se limite al borrador constitucional. «Esto va más allá de la Constitución», dice. «A mí me da lo mismo quién es el dueño del agua. Lo que me importa es cómo la usamos y cómo nos hacemos parte de solucionar el problema en que estamos metidos».