Tras varias semanas siendo objeto de graves acusaciones —desaparición forzosa, tortura y encarcelamiento de ciudadanos por motivos políticos—, tanto en redes sociales como en instancias de Naciones Unidas, el gobierno cubano finalmente echó mano de su arsenal mediático para defenderse. En Cuba la mayoría de los medios de comunicación, también los de mayor alcance —por lo inasequibles que aún resultan los servicios de Internet para gran parte de la población— pertenecen al Estado y responden a los intereses del único partido político autorizado a existir: el Partido Comunista de Cuba (PCC).

El periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del PCC, publicó el pasado 20 de noviembre un editorial en que acusó al gobierno estadounidense de dirigir «una nueva campaña de calumnias y descrédito contra Cuba» y de utilizar como pretexto «la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer», a quien, rápidamente, presentó como un «agente asalariado al servicio de Estados Unidos». Dijo que «[el enemigo] impulsa [dicha campaña] frente al fracaso político de intentar rendir a los cubanos con el fortalecimiento del bloqueo económico y las medidas para privarnos de combustible, y ante la demostrada capacidad de resistencia de nuestro pueblo, que celebra con optimismo el 500 aniversario de la capital».

Sin embargo, según Granma, José Daniel Ferrer no fue detenido el primero de octubre de este año en la ciudad de Santiago de Cuba por «contrarrevolucionario». Decir eso hubiera significado decir que es un prisionero político. Y sabemos que si algo saca de sus cabales a Raúl Castro, el secretario general del Partido, es que le hablen de prisioneros políticos y violaciones de derechos humanos en Cuba.

El diario oficial dijo que José Daniel Ferrer llevaba casi dos meses preso porque un ciudadano lo acusó de haberle secuestrado durante toda una noche, en complicidad con otros tres opositores, y de propinarle «una severa golpiza» que le dejó «en condiciones de ingreso hospitalario». Dijo también que el presunto agresor cuenta con «una trayectoria delincuencial» que se remonta a 1993 e incluye el desorden público y el uso de violencia física contra hombres y mujeres, y que de todo esto existen «pruebas suficientes». José Daniel Ferrer, por tanto, sería juzgado por un delito común, al igual que los otros tres implicados.

«Todas las referencias a su desaparición física», afirmó Granma, «al supuesto maltrato físico, a la tortura o a que recibe insuficientes alimentos son puras mentiras deliberadamente concebidas y orientadas por el Gobierno de Estados Unidos y su Embajada en La Habana. Ha contado con la debida atención médica, realiza ejercicios físicos regulares y, ante solicitud realizada, se le facilita asistencia religiosa». Ha contado, además, con la visita —en singular— de su esposa y de sus hijos.

El editorial fue incluso un poco más lejos. Acusó directamente a Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de concentrarse durante los últimos meses «en el fallido propósito de reclutar mercenarios, de promover la división y la confusión en nuestro pueblo, de identificar las áreas de la economía contra las cuales dirigir las medidas coercitivas, y en tratar de calumniar y desacreditar la gestión del Gobierno cubano y a la Revolución».

Esa misma noche, el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana se sumaría a la cobertura del caso de Ferrer, es decir, leería el editorial de Granma. Sería apenas el inicio de otra espectacular demostración de las facultades de la prensa estatal para hacer propaganda en lugar de periodismo.

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José Daniel Ferrer, santiaguero de nacimiento, es uno de los sobrevivientes de la Primavera Negra de 2003, la cruzada represiva emprendida por Fidel Castro que encarceló a 75 activistas políticos y periodistas independientes con sentencias de hasta 28 años de privación de libertad. Para Ferrer la fiscalía primero pidió pena de muerte. Fue condenado finalmente a 25 años.

En esa época él integraba el Movimiento Cristiano Liberación: la organización opositora dirigida por Oswaldo Payá, quien tuvo la romántica idea de recoger más de 10 mil firmas para promover cambios democráticos en la Constitución mediante una iniciativa llamada Proyecto Varela. A Payá no lo encarcelaron en 2003 por su intento de tumbar cordialmente la dictadura de Castro, pero muchas de las víctimas de la Primavera Negra estuvieron vinculadas con el Proyecto Varela.

Payá moriría en 2012 junto a Harold Cepero, miembro de su organización, oficialmente en un accidente de tráfico. Otro de los episodios controversiales que conforman la historia nacional de las últimas décadas, como la supuesta sedición del comandante Huber Matos en 1959, que le costó 20 años de prisión; la causa número 1 de 1989, que condujo al fusilamiento de Arnaldo Ochoa, Antonio La Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón, o el hundimiento del remolcador 13 de marzo, en 1994, que dejó 41 víctimas mortales, diez de ellas menores de edad.

En 2010, Raúl Castro ya había relevado en la presidencia a su hermano Fidel y se dio a la tarea de remediar o al menos atenuar la pésima reputación internacional que la Primavera Negra había ganado para Cuba. Luego de negociaciones con la iglesia católica y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Raúl Castro accedió a excarcelar a todos los prisioneros políticos del Grupo de los 75 y a mandarlos con sus familias hacia España. Algunos habían sido previamente liberados.

No podemos asegurar que a Raúl Castro lo movían entonces sentimientos de justicia, o el respeto básico a los derechos humanos y las libertades civiles y políticas. En todo caso, lo importante era deshacerse de una situación incómoda y, de paso, enviar el mensaje de que ahora Cuba estaba más dispuesta a abrirse, a cambiar, a normalizarse.

En abril de 2011 ya habían arribado 762 cubanos no deseados a España: 115 expresos políticos y 647 familiares de los mismos. Es decir, esa ola superó cuantitativamente al Grupo de los 75. Sin embargo, no todos los veteranos de 2003 accedieron a irse definitivamente de la isla. Una minoría —entre diez y quince personas— decidió quedarse. Según Martha Beatriz Roque, la única mujer del Grupo, solo nueve (ella incluida) permanecen hoy en Cuba. José Daniel Ferrer es uno de ellos.

Cuando salió de prisión en marzo de 2011, Ferrer tenía cuarenta años y suficientes ganas de seguir en la oposición interna. Las restricciones a las libertades de asociación, prensa y expresión continuaban igual de saludables que en 2003 —lo continúan estando a finales de 2019—, y para colmo él, al igual que otros, había salido bajo licencia extrapenal, lo cual significaba que la sanción impuesta no finalizaría hasta 2028 y que hasta entonces podría enfrentar limitaciones para salir del territorio nacional. Aun así, en agosto de 2011, fundó un grupo opositor en su ciudad natal: la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Hacia febrero de 2013, en un intento de unir fuerzas y «acelerar el proceso de transición pacífica hacia la democracia», UNPACU se fusionó con el Foro Antitotalitario Unido, liderado por el opositor y periodista villaclareño Guillermo Fariñas, célebre por emplear la huelga de hambre como estrategia de lucha —se le contabilizan unas 23— y por recibir el Premio Sajarov a la libertad de conciencia en 2010. Pero dicha fusión, que no encabezaron ni Ferrer ni Fariñas sino el profesor matancero Félix Navarro, otra víctima de 2003, no duró mucho. Se disolvió entre finales de 2014 y principios de 2015.

Dentro y fuera del país existen hoy decenas de organizaciones opositoras, pero la UNPACU se define a sí misma como la «organización de activismo político no violento más numerosa y activa de Cuba». (Suponemos que no toman en consideración a las «organizaciones políticas y de masas» oficiales). Según sus propios datos, cuenta con más de tres mil integrantes activos en 122 células y con 25 sedes en toda la nación. Ferrer, como su coordinador general, es una de las figuras más mediáticas de la oposición interna. En Google, si colocas sus dos nombres con su primer apellido, obtienes más de un millón de resultados de búsqueda.

Pero, en honor a la verdad, a Ferrer no se le puede considerar una amenaza seria para el poder, porque no se le puede considerar un líder nacional, ni siquiera se le puede considerar un líder con apoyo masivo a escala provincial. En Santiago de Cuba Ferrer tiene un rival importante: Lázaro Expósito, primer secretario del PCC en el territorio, quien es uno de los pocos dirigentes comunistas —si no el único— con verdadero respaldo popular debido a su gestión.

Ferrer no es un tipo simpático. Tiene cara de pocos amigos y habla como si tuviera los labios presillados. Su proyección en entrevistas o en videos de UNPACU recuerda las maneras de los militares. Personalmente, no me agrada escucharlo. Habla parecido a cualquier dirigente tradicional del Partido, de esos que se dan golpes en el pecho.

Yo me atrevería a asegurar que, en unas elecciones, Ferrer perdería frente a Expósito. Probablemente el mismo presidente Miguel Díaz-Canel, que nunca tuvo que ganarle a nadie para serlo, perdería frente a Expósito. Pero es indiscutible que Ferrer ha perseverado mucho como opositor en una región que históricamente ha sido el polvorín de las revoluciones en la isla.

Una de sus últimas movidas fue aliarse con Cuba Decide, plataforma no partidista que desde Estados Unidos lidera Rosa María Payá, la hija de Oswaldo Payá, y convocar a una manifestación, el pasado 8 de septiembre, para rechazar la represión contra la sociedad civil y la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Era día de la Virgen de la Caridad del Cobre, cuando miles de devotos peregrinan hasta su santuario en Santiago.

La cosa empezó a promoverse como la «marcha de los girasoles», porque los girasoles son las flores por excelencia de la Patrona de Cuba. En Miami se realizaría una acción simultánea, con la diferencia de que allá disponen de libertades para manifestarse en los espacios públicos. Pero, con tanto anuncio en las redes sociales, la primera en llegar a la cita fue la policía: se realizaron detenciones y todo acabó antes de empezar. Ferrer, por supuesto, estaba entre las decenas de activistas que la organización reportó como detenidos el 8 de septiembre. Esa vez lo retuvieron unas 72 horas en prisión. No duraría ni un mes en la calle.

Al amanecer del pasado primero de octubre, la sede de la UNPACU —tres viviendas, incluida la del propio Ferrer, en el reparto Mármol de Santiago de Cuba— fue intervenida mediante un operativo policial que culminó con la detención de Ferrer y otros seis activistas. En los días siguientes, la UNPACU comenzaría la campaña por su liberación —que lo define como prisionero político— y por su derecho a recibir un trato justo de las autoridades.

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El blog oficialista Santiago Arde, llevado por «una joven santiaguera de pura cepa» con «conciencia revolucionaria y fidelista», fue el primer sitio donde leí, el 11 de octubre, un trabajo sobre el caso: «¿Por qué José Daniel Ferrer García se encuentra en prisión?» El trabajo contaba la misma versión que contaría Granma cuarenta días más tarde: Ferrer agredió junto con tres hombres a Sergio García, Sergio García fue hospitalizado, Sergio García le denunció.

Se basaba en dos fotos y un video de tres minutos y 25 segundos publicados desde el 9 de octubre en el Facebook de Erlandi García, hijo de Sergio García. (Ciertamente, el perfil parece haber sido creado en específico para presentar esta acusación, y más tarde el post original fue eliminado del mismo, aunque nada de ello descalifica necesariamente la denuncia realizada en primer término). En las fotos lo único que se mostraba era un hombre en una sala de hospital, con heridas en la espalda. Y digo «un hombre» porque no puede asegurarse que se trate de la presunta víctima; la única fotografía donde sale de frente está desenfocada y el rostro no se distingue bien.

Mientras, en el video, Sergio García, quien se presenta como activista de UNPACU, declara «a Cuba y al mundo» que se siente bastante bien tras el incidente ocurrido en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer y otros «tres hermanos de lucha»; que «es algo bochornoso y doloroso», que nunca pensó que eso llegara a suceder: «ser agredido por mi propia familia». (El Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, al poner esta declaración el 27 de noviembre, suprimiría esa frase: «…por mi propia familia»).

Además, García informa que tuvo que salir de Mayarí, Holguín, como medida de seguridad, debido a ciertos rumores: «había santiagueros localizando mi vivienda, no sé con qué fin», y advierte que si algo le sucede a él o a su familia la responsabilidad sería de José Daniel Ferrer. Pero, justo aquí, a partir del segundo minuto, es cuando el video comienza a ponerse interesante, porque, lejos de dar detalles sobre el incidente, Sergio García aprovecha para reivindicar su lucha contra el régimen cubano y defender su honra de opositor:

«Quiero que sepa (Ferrer) que miedo no le tengo, ni a él ni a nadie, porque si llevo tantos años luchando, desde muy joven, es decir que ya a esta fecha no siento temor ni por él ni por nadie, y que el mundo lo sepa. Me voy a mantener luchando, me voy a mantener en la oposición hasta que muera, porque parece que este es mi destino. Pero sí quiero que el mundo sepa que mientras haya un líder abusador, prepotente y asesino, torturador…, no sé… de la forma más cruel que se pueda llamar a una persona, frente a una organización, no va a triunfar la oposición en Cuba. Porque ningún líder, pienso yo, está facultado para agredir a ningún activista, ni para humillarlo, ni para ofenderlo, ni simplemente para expulsarlo porque le dé la gana de expulsarlo, por caprichos personales, y luego desacreditarlo en las redes sociales subiendo el panfleto de que son enviados por la Seguridad del Estado, que trabajan para la policía política y esas cosas. Él tiene en sus manos muchas evidencias de mi trabajo, de toda la golpiza que he recibido por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) aquí en Cuba; trabajo que nunca ha subido, muchas denuncias que nunca han llegado a las redes sociales, no sé por qué».

Santiago Arde omitió por completo este fragmento. También sería omitido el 25 de octubre en el blog Cambios en Cuba, en el editorial del periódico Granma del 20 de noviembre y, parcialmente, en el reporte del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana del 27 de noviembre, cuyos realizadores se limitarían a incluir los calificativos que García dedicara a Ferrer.

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El gobierno de Estados Unidos no se quedó callado tras el citado editorial de Granma. El 22 de noviembre, el secretario de Estado, Michael Pompeo, condenó «las acusaciones infundadas del régimen de Castro» contra Mara Tekach y afirmó que constituían un intento de distraer la atención de la comunidad internacional respecto a la detención arbitraria del disidente José Daniel Ferrer. El alto funcionario argumentó que la labor que Tekach desarrolla en La Habana es coherente con la misión de defender los derechos humanos e impulsar la causa de la democracia en Cuba y aclaró que se trata de algo que hacen los diplomáticos estadounidenses en todo el mundo.

A propósito de Tekach, habrá que recordar que La Habana, pese a una desigual correlación de fuerzas, también ha hecho de las suyas en territorio estadounidense. Tras la expulsión en septiembre pasado de dos funcionarios de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, en Nueva York, el periodista Wilfredo Cancio se refirió en CiberCuba a más de 60 casos de diplomáticos cubanos expulsados o declarados persona non grata desde 1962 por Estados Unidos debido a «actividades nocivas a la seguridad nacional».

La nota cita a un exviceministro cubano de Relaciones Exteriores y exjefe de la Misión ante la ONU (1992-1994), así como a un exoficial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (ambos radicados fuera de Cuba), que confirmaron el uso de personal diplomático cubano para labores de inteligencia en Estados Unidos. Algo que el gobierno de la isla siempre ha justificado como un ejercicio de legítima defensa, puesto que en aquel país se han organizado acciones, incluso con participación de la Agencia Central de Inteligencia, que han atentado contra su soberanía, como la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, en 1961.

El vecino del norte —lo sabe cualquiera con un mínimo de información— tampoco es el ejemplo más feliz en cuanto a respeto de los derechos humanos. Estados Unidos registra la mayor tasa de encarcelamientos del mundo; los trabajos a que son sometidos sus prisioneros, sobre todo afrodescendientes, se consideran a menudo una forma de «esclavitud moderna», y abundan los reportes de tratos crueles y degradantes en sus cárceles. La diferencia estriba en que allá los medios —sin distinciones— pueden reportar y denunciar esas problemáticas y acceder con frecuencia a los funcionarios públicos involucrados. De igual modo, los activistas pueden asociarse libremente para reclamar justicia social y respeto de los derechos humanos universales.

En todo caso, ni el señalamiento de las diferencias entre los sistemas de Cuba y Estados Unidos, ni un repaso del conflicto histórico bilateral, arrojarían —pese al cruce de declaraciones entre gobiernos— una luz definitiva sobre lo que de veras es relevante en esta historia: establecer si un opositor político cubano acusado de agredir a un hombre en realidad se encuentra detenido por ese delito o por sus ideas y su labor políticas.

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José Daniel Ferrer, Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga, según la UNPACU, permanecieron más de 30 días desaparecidos: sin que se supiera cuál era su paradero exacto, en qué condiciones se encontraban o de qué delito se les acusaba. De los siete activistas detenidos el primero de octubre, solo cuatro fueron liberados en el curso de 72 horas.

Uno de los liberados, Sandy Ramírez, a los pocos días contó en un breve video que había declarado en contra de su líder tras ser amenazado con la cárcel por un oficial, pero que lo dicho sobre la agresión a Sergio García era mentira, que él no sabía nada de eso. Ramírez se excusó diciendo que sintió miedo. No es la primera vez que alguien denuncia haber sido coaccionado por las autoridades en Cuba para obtener declaraciones. (Recordemos el caso del político español Ángel Carromero, quien una vez fuera de la isla cambió su testimonio sobre la muerte de Oswaldo Payá).

Pero la acusación del propio Sergio García, y otras que se verán más adelante, relativas al empleo de violencia por parte de miembros de la UNPACU obligan a preguntarnos lo siguiente: ¿no pudiera Sandy Ramírez haber mentido en realidad, por miedo, tras ser liberado?

El 12 de octubre, la UNPACU y la organización española Cuban Prisoners Defenders presentaron una denuncia a nombre de José Daniel Ferrer ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para solicitar auxilio y protección. En la misma expusieron su versión de los acontecimientos, los antecedentes y las evidencias —una de las principales, el video de Sandy Ramírez.

De acuerdo con el documento, las moradas de miembros de la UNPACU, entre enero y agosto de 2019, fueron asaltadas y allanadas en 31 ocasiones, mientras que el líder del movimiento, desde su salida de prisión en 2011, ha enfrentado más de cien detenciones sin cargos. Lo ocurrido ahora, señalaban, no es algo nuevo. Ferrer, junto con el activista Ebert Hidalgo, fue detenido en agosto de 2018 por una acusación de «asesinato en tentativa» de un oficial del Ministerio del Interior. Quedó libre en menos de 15 días, sin que la acusación hubiera sido levantada.

Para el 29 de octubre último, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitía una nota que expresaba «grave preocupación por la integridad física y psicológica del señor José Daniel Ferrer García» y urgía a Cuba, como Estado parte, a tomar una serie de medidas que garantizaran el respeto a sus derechos —como informar sobre su paradero y permitirle visitas de sus familiares y acceso a un abogado— antes del 12 de noviembre.

En la mañana del 7 de noviembre, Ferrer recibió por fin una visita de su esposa y sus tres hijos. Habían transcurrido 33 días desde la última vez que Nelva Ortega le había visto en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado de Versalles. Sobre Zárraga, González y Pupo no se tuvieron noticias hasta el 8 de noviembre, cuando la hermana del primero, Ana Gloria Zárraga, logró visitarlo en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, en Santiago de Cuba, y supo además que González y Pupo se hallaban prisioneros en el mismo sitio. Ninguno de estos dos había recibido visitas al menos hasta el 24 de noviembre, porque no se le conocen familiares, y las autoridades solo otorgan visitas a familiares, según explicó a El Estornudo Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de UNPACU.

El auto de imposición de medida cautelar no llegaría a manos de la familia de Ferrer, según Ortega, hasta el 15 de noviembre, aunque tendría fecha del 7 de octubre.

La visita a Ferrer derivó en una nueva denuncia. Ese mismo día la dirección de la UNPACU publicó un comunicado en el que advirtió que «al opositor le están asesinando lentamente» en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba. El comunicado, que se basa en el testimonio de Ortega sobre lo que pudo contarle su esposo y percibir ella misma en los cinco minutos que habría durado la visita, es el relato de una feria de horrores.

Sostiene, en resumen, que Ferrer perdió más de la mitad de su peso, apareció con la cara rayada y hematomas en varias zonas del cuerpo y apenas pudo abrazar a su familia debido a la pérdida de fuerza muscular; que realizó una huelga de hambre por 25 días en protesta por el mal estado del agua y los alimentos que le daban; que le ubicaron en una «celda de castigo» junto a un preso agresivo que le habría golpeado en reiteradas ocasiones y amenazado con un arma blanca; que le habían arrastrado provocándole quemaduras por fricción; que solo había recibido atención médica una vez; que le habían repetido que no saldrá vivo de ese sitio; que la visita finalizó con Ferrer rasgándose el uniforme carcelario que le habrían puesto a la fuerza para que la familia apreciara los signos de las torturas sufridas.

Después de eso era solo cuestión de tiempo que el gobierno cubano se pronunciara (aunque demoró bastante). El escándalo ya no solo incluía una acusación de desapariciones sino también de torturas. Entre los principales medios oficiales, Cubadebate rompió el hielo el 19 de noviembre; al día siguiente salió el citado editorial de Granma, y el 27, la Televisión Cubana dio «el palo periodístico» del año, que tanta polémica y parcialización ha generado.

Las acusaciones todavía van y vienen como balas en un Western. Aunque es preciso no olvidar que el gobierno dispara desde una posición privilegiada, con los sistemas judicial y mediático del país a su favor, mientras que UNPACU dispara en cierto modo —aparte de la campaña de denuncia en el exterior y en las redes sociales— con las manos atadas, pues es un grupo opositor en un país donde no existe libertad de asociación ni separación de poderes.

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Eloy Viera trabajó como abogado defensor durante siete años en Cienfuegos y La Habana, entre 2010 y 2017. Actualmente es parte del equipo de la publicación independiente El Toque, la cual, si bien posee una línea editorial diversa, en los últimos años se ha especializado en coberturas de temas jurídicos y constitucionales.

El 19 de noviembre, Viera publicó un análisis en el cual explicó que lo ocurrido tras la detención de José Daniel Ferrer, en particular con la solicitud de habeas corpus que presentara la familia del acusado en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba y que fuera rechazada en menos de 72 horas, sin que los jueces cumplieran debidamente los procedimientos establecidos en las leyes, no es una excepción sino una regla en el sistema cubano. Refiere que en el Informe rendido por Cuba en el Examen Periódico de Derechos Humanos, al que se sometiera en 2018, se documentó que los tribunales del país habían tramitado, entre 2010 y junio de 2017, un total de 156 procesos de habeas corpus, pero que apenas ocho habían sido aprobados y habían llevado a la liberación inmediata del detenido.

El habeas corpus, definido por el abogado como «el instrumento legal diseñado para la protección de los ciudadanos ante las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias», es un recurso que, considera, se encuentra en la isla desligado de los estándares internacionales del debido proceso, al igual que el diseño de gran parte del proceso penal.

Para Viera, las irregularidades apreciadas en el caso de Ferrer se deben, en gran medida, a que «en Cuba la supervisión de la legitimidad y legalidad de estas situaciones no le corresponde a un juez sino a quien tiene como principal obligación perseguir delitos y representar al Estado para lograr su juzgamiento: la Fiscalía». Lo que hicieron los jueces fue negar al implicado la posibilidad de que un tribunal «imparcial» evaluara las causales de su detención, sus circunstancias y legalidad.

Lo inusual fue que la familia de Ferrer no recibiera el auto de imposición de medida cautelar de prisión provisional hasta el 15 de noviembre, es decir, hasta 45 días después de la fecha de detención, cuando las leyes cubanas estipulan que la fiscalía debe imponerlo en un plazo de siete días a partir de la detención. ¿Y esto qué significa? Básicamente que la familia de Ferrer no podía nombrar a un abogado y que el derecho a la defensa del acusado estaba siendo violado.

«No es común, en lo absoluto, y pudo haber sido una de las razones por las cuales se dijera que el expediente había sido declarado secreto por razones de “interés estatal”, pero incluso si el expediente fue declarado secreto, no había ninguna razón para que a la familia se le notificara el auto de imposición de medida cautelar 45 días después de la detención. Que el expediente se declarara secreto solo impedía al abogado acceder a las actuaciones, a las evidencias de la fiscalía, no contactar con el detenido, solicitar una modificación de la medida cautelar o proponer pruebas a su favor, aunque fuera a espaldas de las actuaciones».

Pero, de acuerdo con Carlos Amel Oliva, hasta este 19 de diciembre, la familia no había designado a un abogado, y tampoco había ocurrido una segunda visita a Ferrer en la que pudieran consultar con él esta decisión. Para Viera, es lógica esta reserva: «cuál es la confianza que pudiera tener un opositor a la hora de contratar a un abogado de la única organización que provee servicios legales en Cuba [Organización Nacional de Bufetes Colectivos], que se identifica con el gobierno, aunque se reconozca como no gubernamental».

EE: Me genera dudas el delito por el cual se acusa a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas: lesiones. En Cuba sabemos de peleas, incluso con armas blancas, que no son procesadas. En tu experiencia, ¿qué tan frecuente era que estos casos se procesaran?

Eloy Viera: Los delitos de lesiones sí es común que se juzguen, pero sucede lo siguiente: para que un delito de lesiones se configure, las lesiones necesitan tratamiento médico. Si no tienen un efecto que implique un tratamiento médico, no constituyen un delito, simplemente pudieran quedar en el marco de un desorden público, una contravención, pero no un delito. En este caso, a Ferrer se le imputa un delito de lesiones graves, que son aquellas que dejan secuelas en las personas o ponen en peligro su vida, y lo que está diciendo la fiscalía, de acuerdo con el auto de medida cautelar, es que Sergio García tuvo que ser ingresado después de ser golpeado.

Desde mi punto de vista, a Ferrer no solo le van a imputar un delito de lesiones graves, porque desde la misma narrativa de la fiscalía se desprende que también le puedan imputar un delito de privación ilegítima de libertad, lo que se conoce como secuestro, por tanto, probablemente sí lo enjuician por este hecho en particular pudiera responder por dos delitos.

EE: ¿Bastaría con la denuncia de un ciudadano, con su palabra, para considerarlo culpable? Porque hasta ahora no se ha hecho pública otra evidencia que no sea el testimonio de Sergio García.

EV: No va a ser ni el primero ni el único caso en el cual se enjuicie y sancione a alguien con el testimonio de una sola persona, porque en los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, como abusos lascivos, corrupción de menores, violaciones, casi siempre el único testigo del hecho, como se produce en la intimidad, es la víctima del delito. Lo que sucede es que el caso de José Daniel Ferrer, por la mediatización que ha tenido, no tendrá un único testigo. Que la denuncia la formule una sola persona y que el hecho se haya cometido en contra de una única persona no quiere decir que la fiscalía presente un único testigo.

Hay testigos que no pueden declarar con relación al hecho, porque a lo mejor el hecho se produjo en la intimidad, como pudo haber sido este, que teóricamente se produjo al interior del domicilio de Ferrer, y no lo presenciaron, pero podrían corroborar el carácter violento del acusado y que conductas como esas las ha reproducido en otras ocasiones. Serían testigos circunstanciales, que aportarían al tribunal elementos para romper la duda razonable que pudiera existir con relación a si el acusado acometió un delito de este tipo o no.

EE: En el contexto de Cuba, donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen al Estado y obedecen al Partido Comunista, ¿puede interpretarse como violación del debido proceso una cobertura mediática que presenta a José Daniel Ferrer como culpable sin haber ido a juicio?

EV: Evidentemente la cobertura de los medios oficiales ha sido contraria al principio de presunción de inocencia y contraria al principio del debido proceso, porque la Constitución reconoce que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y no se demuestra lo contrario hasta tanto no sea judicializada con una sentencia firme, hasta que no se agoten todos los recursos que tiene la persona para combatir la sentencia. Y este es el mismo argumento que se ha utilizado para (Luiz Inácio) Lula da Silva, que incluso fue condenado en una segunda instancia. Por tanto, lo que están haciendo los medios es contrario al debido proceso y es la muestra más clara de que José Daniel Ferrer no está siendo sometido a un proceso sin vicios.

Basta una oración muy significativa del editorial de Granma: «Sobre todo esto existen pruebas suficientes». Los únicos que pueden decir si las pruebas son suficientes para determinar la responsabilidad de una persona son los jueces que lo van a sancionar. Mover todo el aparato mediático en ese sentido lo único que hace es presionar a unos jueces que no se sienten independientes, que de hecho no son independientes porque la judicatura no es completamente independiente, y desconocer los derechos de José Daniel Ferrer.

EE: ¿La familia de Ferrer podría demandar por eso a los medios?

De acuerdo con la normativa vigente, la familia podría demandar a los medios quizás por una posible afectación del derecho moral de José Daniel Ferrer, porque no solo se vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que se habla de otros cargos que, en primer lugar, no le son imputados. Porque a él no le ha sido imputado «mercenarismo». Eso es una afectación del derecho al honor de una persona. Ahora, no podrían ser los familiares; tendría que ser el propio José Daniel Ferrer, la persona afectada, quien interponga la demanda, y para eso tendría que hacer un poder desde la prisión.

EE: En la situación en que se encuentran Ferrer y los otros activistas encausados, ¿a cuántas visitas habrían tenido derecho desde sus detenciones?

EV: Un detenido que está en prisión provisional tiene muchos más beneficios que una persona que ha sido sancionada; el régimen de visita y de disciplina es diferente. No te puedo decir cuál es porque el reglamento disciplinario de prisiones es una norma interna, secreta, del Ministerio del Interior, a la cual nosotros no tenemos acceso. No puedo decirte si es cada 15 días, si es cada 21 días, pero lo cierto es que quienes están en prisión provisional tienen un tratamiento diferente a los sancionados. Están en un destacamento aparte y tienen un régimen de visitas y de comunicación diferentes; eso te lo puedo decir.

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La denuncia de Sergio García no es la única de su tipo sobre la que hay noticias. El 19 de noviembre, Cubadebate reprodujo una «Cronololgía de actos violentos del delincuente José Daniel Ferrer», publicada antes por el blog oficialista Cambios en Cuba, en la cual se reportan otros siete casos que habrían tenido lugar entre 2013 y 2018. Los nombres de las supuestas víctimas son: Liudmila Cedeño, Prudencio Villalón, Ernesto Jiménez, Yusmila Reyna Ferrera, Roberto Ayala, Liettys Rachel Reyes e Yriade Hernández.

A los pocos días, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders y representante de la UNPACU para la Unión Europea, publicó dos videos que cuestionaban las afirmaciones realizadas por la prensa estatal. En el primero, cuatro de las supuestas víctimas de la «Cronología…» alegaron que nunca habían sido agredidas o violentadas por José Daniel Ferrer. Dos de ellas, Yusmila Reyna Ferrera y Liettys Rachel Reyes, son exparejas del supuesto agresor y madres de dos de sus hijas, mientras que las otras, Liudmila Cedeño e Yriade Hernández, son exactivistas de UNPACU.

En el segundo, Larrondo mostró de lejos la sentencia que el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, había impuesto a Ferrer en 2003, y destacó que en ella los jueces reconocieron que al sentenciado no le constaban antecedentes penales hasta ese momento y, además, que nunca había incurrido en manifestaciones violentas porque aspiraba a «ser ministro» algún día; todo lo cual contradice la versión de Granma sobre una trayectoria delincuencial que databa de 1993.

Sin embargo, Larrondo tergiversó el contenido de la sentencia y omitió información relevante. Es cierto que en ella se lee que hasta 2003 Ferrer no contaba con antecedentes penales, pero no es cierto que no le atribuyeran entonces manifestaciones violentas.

Un fragmento de la sentencia dice así: «al momento de cometer los hechos se encuentra desvinculado laboralmente, se caracteriza por ser una persona problemática con sus vecinos y hasta con su propia familia llegando a maltratar físicamente a su madre cosa esta que aún realiza. Estuvo involucrado en reiteradas ocasiones en riñas, fue militante de la UJC [Unión de Jóvenes Comunistas], comienza a tener ideas contrarias al socialismo a partir del año 1997, intelectualmente arroja un coeficiente de inteligencia que lo sitúa en los límites bajo de inteligencia con pobre adaptación al medio, de ostentación de una intelectualidad y de aspiración por encima de sus aspiraciones reales [supongamos que quisieron decir capacidades] reales, surgiendo dentro de él la [sic] interés de ser un ministro luego de la supuesta caída de la Revolución y el Socialismo en Cuba, y su trabajo lo encamina sobre esa base, a pesar de tener una personalidad agresiva, simula un actuar diferente por los propósitos que lo alientan y no les [sic] constan antecedentes penales».

El Estornudo contactó con Larrondo para averiguar si había un error en la copia de la sentencia a la que había tenido acceso, pero Larrondo facilitó un enlace a un sitio que reproducía el mismo texto consultado antes. Cuando se le preguntó, vía WhatsApp, por qué había omitido en el video la información que mostraba a Ferrer como una persona violenta, Larrondo no ofreció respuestas satisfactorias.

Primero, dijo que la periodista debía leer bien la sentencia; cuando a continuación se le copió en la conversación el fragmento aquí citado, no dijo mucho más. Larrondo insistió en defender el hecho de que, antes de 2003, Ferrer no tenía antecedentes penales, y luego vino lo extraño: eliminó todos sus mensajes en la conversación de WhatsApp y bloqueó toda vía de comunicación.

Es posible que en la redacción del fallo se exageraran los hechos, o se mintiera, pero lo que resulta evidente es que Javier Larrondo manipuló deliberadamente su contenido en el reciente alegato a favor de José Daniel Ferrer. Eligió solo aquella información que servía para refutar al gobierno cubano y encubrió la que hubiera podido comprometer al acusado. Por tanto, la credibilidad de los dos videos de Cuban Prisoners Defenders, en especial tras el comportamiento escurridizo de Larrondo, queda seriamente afectada.

De la cronología de marras aún quedan tres nombres: Prudencio Villalón, Ernesto Jiménez y Roberto Ayala. Que cuatro personas nieguen haber sido agredidas por Ferrer no demuestra que las otras no lo hayan sido. El Estornudo intentó, de todas formas, comunicarse a través de sus perfiles en Facebook con esas cuatro personas —tres de las cuales residen actualmente en Estados Unidos—, con el fin de verificar sus testimonios, pero solo Yusmila Reyna Ferrera, o alguien con acceso a su cuenta, vio los mensajes enviados, lo cual no sirvió de mucho porque no respondió.

Con quienes sí lograríamos hablar es con Prudencio Villalón, quien confirmaría haber sido agredido por dos activistas de UNPACU bajo las órdenes de Ferrer, y con dos testigos directos de la agresión a Roberto Ayala.

***

Para la UNPACU, la historia del secuestro y la golpiza a Sergio García es «una fabricación de la policía política». Su versión sostiene que Sergio García, quien es o solía ser un miembro de la organización, sufrió un accidente en una moto-taxi el 21 de septiembre, luego de que le pidieran «que se retirara de la sede porque había tenido problemas de indisciplina» y se fuera a su casa, en Mayarí, Holguín. Carlos Amel Oliva dijo a El Estornudo que Sergio García había violado las reglas de convivencia durante esos días de visita en la sede, y que el 20 de septiembre último había salido y regresado muy embriagado, algo que no está permitido, aunque le autorizaron a pasar esa noche.

Supieron del «accidente» —según cuentan en un video Nelva Ortega y Carlos Amel Oliva— a través de la esposa de Sergio García, llamada Maribel Cabreja, quien a fines de septiembre habría realizado una llamada telefónica a la sede de UNPACU en la que relató a Ortega que la policía política estaba presionando a su esposo para que este atribuyese las lesiones sufridas en el accidente a Ferrer y a otros activistas que pernoctaban en la sede. De esta conversación telefónica en específico no se conservan pruebas.

Oliva dice que luego de las detenciones del primero de octubre, previendo que se acusara a Ferrer de haber agredido al activista holguinero, decidió llamar por teléfono a la esposa de este y pedirle que contara lo que antes había contado a Ortega, con el fin de grabarla. En el audio, divulgado poco después de las detenciones, se escucha a una mujer que reconoce llamarse Maribel Cabreja y que confirma la versión del accidente:

(…)

Carlos Amel Oliva: Mire, oiga para acá, yo quería preguntarle algo. Usted… me dijo una persona que había llamado acá y había narrado que la Seguridad estaba presionando a Sergio para que Sergio, las lesiones que sufrió en el accidente, nos las achacara a… que aquí en la sede le habían golpeado. ¿Fue así?

Mujer: Así mismo.

Carlos Amel Oliva: ¿Así mismo fue? ¿Y me pudiera decir más o menos cómo fue, qué pasó cuando él llegó allá?

Mujer: No, eso… él me dijo que él había tenido un accidente en un motor; llegó aquí pero, como al otro día empezó con dolor y dolor y dolor, no pudo ya aguantar más y tuve que llevarlo para el hospital. Lo metieron en terapia hasta que se tuvo que ir de terapia, como a los cuatro días, por la infección que había allí en esos momentos.

Carlos Amel Oliva: Entonces, ¿cuándo la policía detiene a Sergio y le presiona para que nos acuse?

Mujer: El mismo día que ingresó.

Carlos Amel Oliva: Ah, ¿lo fueron a ver al hospital?

Mujer: Sí.

Carlos Amel Oliva: Lo fueron a ver al hospital. ¿Y allí qué pasó?

Mujer: Esa gente no salía de allí. Todo el tiempo metida ahí, ahí, ahí arriba de él.

Carlos Amel Oliva: Ya. ¿Él se negó? ¿Sergio se negó?

Mujer: Sí.

Carlos Amel Oliva: Ya, ya, es decir, él no ha acusado, él no ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso.

Mujer: No.

(…)

Oliva declaró a El Estornudo que con Sergio García no logró hablar por teléfono porque se encontraba adolorido y le resultaba molesto ir hasta el sitio donde se hallaba el teléfono público; que así le dijo Maribel Cabrejo, aunque esto en específico no sale en la grabación.

A la pregunta de por qué nadie de UNPACU fue hasta la residencia de Sergio García, Carlos Amel Oliva respondió que el mismo primero de octubre, en horas de la madrugada, el activista Ebert Hidalgo había intentado hacerlo, porque pretendían averiguar sobre el estado de García y ayudarle con algunos recursos, pero que Ebert Hidalgo fue detenido varios kilómetros antes de llegar a su destino. Luego ocurrió la llamada que Oliva grabó y otra llamada que no grabó, en la que Maribel Cabrejo habría dicho que su esposo se encontraba con unos familiares en Matanzas. Hasta el presente, Oliva no ha vuelto a saber de esa familia.

El abogado Eloy Viera cree que la defensa podría proponer esta grabación como prueba a favor de Ferrer, pero contempla la posibilidad de que antepongan múltiples excusas del otro lado para rechazarla. Las principales limitaciones estarían, por un lado, en la inexistencia de una institución independiente que certificara la validez de dicha grabación, porque en Cuba solo el Ministerio del Interior tiene facultades investigativas criminalísticas, por lo que tendrían que ser sus expertos quienes evaluaran la grabación, y por otro lado, en la posibilidad de que el expediente estuviera declarado secreto por razones de «interés estatal», con lo cual la defensa tendría que esperar a que la causa se abriera a juicio para acceder a su contenido y revisar las pruebas de la fiscalía.

Aunque no deberían existir razones para declarar secreto el expediente de una persona acusada de un delito común.

***

Prudencio Villalón, 62 años, cuenta que el problema con Ferrer se produjo a finales de 2013 porque este quería dividir a la organización opositora Damas de Blanco en Santiago de Cuba para llevarse a sus activistas a sus filas, y un día lo puso a elegir: o él o ellas. Villalón había sido uno de los fundadores de UNPACU, pero trabajaba desde antes junto a las Damas de Blanco. Él quería pertenecer a ambos grupos.

A la semana, ocurre el incidente: dos muchachos de la UNPACU que Villalón conocía, Rubislandis Ávila y Roilán Álvarez, le abordan en la entrada de Mangos de Baraguá y le dicen que él tiene una laptop que pertenece a Ferrer y Ferrer la quiere de vuelta. Villalón replica que la laptop que carga pertenece a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y que no les entregará nada. Ahí empiezan a forcejear. Los muchachos quieren obligarle a que vaya a rendir cuentas a Ferrer. Llaman por teléfono a Ferrer y le dicen algo así como «aquí lo tenemos». Villalón se niega a irse con ellos, intenta defenderse, se resiste, pero los muchachos lo golpean con ganas, le quitan la laptop y se echan a correr.

Villalón asegura que los pasajeros de una guagua fueron testigos de lo que pasó, porque sus agresores habían bajado de esa guagua cuando lo vieron a él, en la calle, y que luego en la misma guagua lo llevaron a un policlínico. Supone que si nadie intervino fue porque sus agresores le acusaban de tener algo que no era suyo. O quizá nadie estaba para meterse en una bronca ajena. Luego presentó una denuncia en la policía contra Ávila y Álvarez, y los encarcelaron, pero al mes la retiró porque varios «hermanos de lucha» le persuadieron de que sería lo mejor.

La UNPACU, que no pasó por alto este suceso, en noviembre de 2013 difundió en sus redes un video en el que un grupo de activistas, todos hombres, presionan a Prudencio Villalón para que retire la denuncia: uno de los dos detenidos se encontraba supuestamente en huelga de hambre y su vida corría peligro. Los hombres alegan que la historia de la agresión no es cierta y catalogan a Prudencio Villalón como una persona «sin ningún escrúpulo», de baja moral, «sin valores éticos». Le llaman «esperpento inmoral» y lo acusan de haberles robado. También dejan claro que, si el prisionero declarado en huelga de hambre moría, él sería responsable.

El final es una joya. Uno de los activistas, dirigiéndose a Villalón, dice: «Yo te exhorto a que si tú no eres agente de la Seguridad del Estado lo demuestres, y la mejor muestra que vas a dar de eso, Prudencio, es retirando la acusación contra estos dos hermanos, porque el daño tú se lo estás haciendo a la causa a la que tú dices servir».

Pero Villalón no le guarda rencor a Ferrer, aunque nunca escuchó unas disculpas de su parte. La última vez que se comunicó con Ferrer fue por teléfono, y le dijo: «Si no cambias se puede poner todo muy peligroso para la oposición en Cuba». Eso cuenta; a seis años de los hechos. Luego vino a trabajar en La Habana, hasta que hace par de años se desvinculó del activismo por problemas familiares. No obstante, aclara, sigue siendo opositor. «Yo he sido opositor toda la vida».

***

El «reportaje» de once minutos sobre el caso de José Daniel Ferrer que transmitió el 27 de noviembre el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, sirvió para dos cosas. Primero: para dar un ejemplo de lo que jamás un medio riguroso, que se respete a sí mismo, pero que sobre todo respete a su audiencia, debería publicar. Segundo: para que la mayoría de los cubanos, que no dispone de otras vías informativas, se quedara con la peor imagen posible de José Daniel Ferrer.

El material tergiversa contenidos, omite información pública relevante, carece de fuentes y de balance entre las mismas, y como si todo esto no fuera suficiente, trata como culpable a un ciudadano que aún no ha sido sometido a juicio y lo acusa, sin evidencias, de un delito por el que no está en prisión. Además, gran parte de su contenido se encuentra disponible en Internet desde hace meses o años: no es nuevo ni original.

La persona o el equipo que elaboró el audiovisual se conformó, por ejemplo, con agarrar un video casero —el de Sergio García— que ronda por Facebook desde el 9 de octubre, picotearlo chapuceramente para evitar que los espectadores supieran que la presunta víctima se identificaba como opositor político y que acusaba de abuso físico no solo a Ferrer sino también a la policía cubana, y ensamblarlo en un relato lleno de artimañas. Con ello quizás se logró la aprobación de los censores, pero también se dañó la credibilidad de una de las fuentes más importantes en esta historia.

El silenciamiento de los audios originales, superponiendo la voz en off del periodista, en la mayoría de los fragmentos de videos donde aparece Ferrer —el de la visita de su familia a la prisión de Aguadores el 7 de noviembre, el de Ferrer sentado a una mesa junto a seis hombres encapuchados, y el de Ferrer portando un supuesto fusil de asalto— constituye otra obvia manipulación. Ningún espectador pudo saber de qué se hablaba en cada uno de esos pasajes. En cambio, sirvieron para reforzar en la figura del detenido una imagen de hombre violento y mentiroso.

Las imágenes de la visita de la familia a la prisión de Aguadores no bastan para demostrar que Ferrer, González, Pupo y Zárraga no pasaron más de 30 días «desaparecidos», ni para demostrar que no fueron sometidos a tratos crueles o degradantes. Contradicen parcialmente el testimonio de Nelva Ortega, sobre todo, cuando dice que su esposo apenas podía abrazarle, pero sugieren que es cierto que la primera visita, en efecto, no ocurrió hasta el 7 de noviembre, y no logran rebatir las denuncias acerca de signos de maltrato físico, pues las imágenes filmadas secretamente son de pésima calidad y no se detalla el rostro del detenido.

¿Por qué no se entrevistó ni a una de las personas directamente implicadas? ¿Por qué no se mencionaron las restricciones legales para asociarse y manifestarse políticamente en Cuba o los recientes pronunciamientos de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional? ¿De qué manera las imágenes de una visita de una funcionaria estadounidense a un ciudadano cubano prueban que este es «agente asalariado al servicio de Estados Unidos»? ¿Dónde están los documentos que les vinculan financieramente o al menos las declaraciones incriminatorias del propio acusado o de algún representante del gobierno estadounidense? ¿Dónde quedó el respeto del principio de presunción de inocencia, que implica considerar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales? ¿Acaso el Noticiero Estelar es un tribunal?

Pero la gran revelación de esa noche fue un fragmento de video en que José Daniel Ferrer golpea su cabeza cuatro veces contra una mesa en una sala de interrogatorios y, a continuación, según confirman subtítulos, grita: «Quiñones me está metiendo». Hubo quienes se impresionaron con este hallazgo periodístico, quienes creyeron que se trataba de un doble, porque la filmación es de mala calidad y no permite distinguir con certeza su rostro, y quienes lanzaron las interrogantes obvias: ¿Qué pudo haber ocurrido antes de que golpeara su cabeza contra la mesa? ¿Qué pudo haber ocurrido después? ¿Qué tiempo llevaba en ese sitio y con qué fin?

El letrado Eloy Viera dice que no se atrevería a afirmar si en este caso fue legal o ilegal que se haya filmado al detenido varias veces sin su consentimiento, pero sí afirma que durante mucho tiempo se ha intentado que todo el proceso penal cubano se filme, por una cuestión de transparencia, porque sería la constancia más clara de que se cumplen las garantías de los acusados. Pero nunca se ha conseguido establecer esa práctica.

«No se permite, ni a los abogados, tomar fotografías de los expedientes», sostiene Viera. «Puedo decirte que yo, por sacar una computadora en un juicio, casi soy sancionado. No estoy hablando de una cámara de televisión. Y para que una cámara pueda entrar en un tribunal tiene que ser autorizada por el presidente del Tribunal Supremo. Con esto te digo que no es común en lo absoluto que se filme un juicio; por tanto, qué vamos a hablar de un interrogatorio».

Para Viera, la filmación del aparente interrogatorio a Ferrer permite dos lecturas fundamentales:

«La primera es que, si se trata de un delincuente común, y tú habitualmente no filmas un interrogatorio de ningún delincuente común, ni lo ofreces como una garantía, ¿por qué lo haces en este caso? Evidentemente estás buscando una garantía que pueda ser redituable políticamente. La segunda es que el instructor, sabiendo que se está grabando y que lo que necesita es dejar un recuerdo gráfico, no hace absolutamente nada para impedir la autoagresión, y es una responsabilidad de las autoridades que tienen bajo custodia al detenido impedir las autoagresiones, porque son indisciplinas graves y pueden acarrear otras consecuencias».

En los días que siguieron al 27 de noviembre, diversos medios y activistas se dieron a la tarea de desarmar, parte por parte, el «Frankenstein» del Noticiero Estelar. No había que ser demasiado sagaz. Bastaba con hurgar un poco en las redes sociales y en las publicaciones de los últimos años para descubrir cuánto se había manipulado la información difundida. Por ejemplo, los fragmentos de video de los hombres encapuchados y del supuesto fusil de asalto.

Este último corresponde a una crítica que hiciera Ferrer en 2016 acerca de la lucha armada como método para «lograr el cambio que Cuba necesita», a raíz de una propuesta que le habría hecho un agente, en 2002, de alzarse en la Sierra Maestra.

Por otro lado, la escena de los encapuchados corresponde a un encuentro que sostuvo Ferrer en julio de 2018 con miembros de la supuesta «Banda de los 63», durante el cual estos revelan que habían sido contratados por Aurora Sánchez Gutiérrez —suponemos que sea Aurora Sancho Gutiérrez, periodista independiente que lleva años acusando a José Daniel Ferrer de abuso de poder— para secuestrar y torturar a opositores. Al parecer, los hombres de rostros cubiertos se arrepienten y deciden sumarse a la causa de UNPACU.

Sin embargo, la polémica sobre los encapuchados no acaba ahí. Si se hurga todavía más en las redes sociales es posible localizar al menos cuatro testimonios, correspondientes a julio y agosto de 2018, que colocan en entredicho las versiones de Ferrer y sus partidarios. En videos respectivos, tres jóvenes aseguran, ahora sin ocultar sus identidades, haber sido parte de aquellos encapuchados, pero insisten en que la Banda de los 63 no existe o, más bien, que nunca existió. Todo no habría sido más que pura ficción.

Uno de los tres muchachos, cuya voz es bastante similar a la voz del protagonista del video de Ferrer y la Banda de los 63, se identifica como Enmanuel Claramunt y precisa que Ferrer le daría 30 dólares a él y a sus amigos si participaban en un montaje «para darse publicidad en la prensa», porque no tenía «noticias». Solange de la Caridad Claramunt, ex miembro de UNPACU y de las Damas de Blanco en Santiago, y madre de Enmanuel, fue quien compartió los videos en Facebook. El perfil permaneció activo apenas durante un mes y parece haber sido abierto en concreto para realizar esas denuncias, aunque esto no prueba que sea falso.

Solange de la Caridad Claramunt también grabó su testimonio y lo colgó en YouTube. Dijo que José Daniel Ferrer se había aprovechado de «los problemas mentales» que presentaba su hijo y, casi al final, agregó: «yo sí estoy dispuesta a luchar por los derechos de este país, para que todo el mundo tenga libertad de expresión, y todo, pero no utilizando a una banda de muchachos, a que hablen cosas y cuentos y mentiras y patrañas que no son».

En esa época, Julio Antonio López era activista de UNPACU y realizaba guardias en la sede dos veces por semana. Uno de los días en que estuvo de guardia, la Banda de los 63 se volvió real: tres de los muchachos del video de los encapuchados acudieron a la sede con tubos en la mano para reclamar a Ferrer que les pagara lo que les había prometido. «Qué pasa», dijo López a El Estornudo, «que la UNPACU dejó de ser organización para convertirse en una agencia publicitaria, y necesitaba en ese momento buscar noticias».

Hasta hace pocos días, el video de la supuesta Banda de los 63 contaba con más de 54 mil visualizaciones.

***

El caso de Roberto Ayala salió a la luz en octubre de 2016. YouTube, una vez más, fue la plataforma de denuncia. En un video publicado a través de un canal llamado Machete Producciones, que no cuenta con ninguna otra entrada, Roberto Ayala acusó a José Daniel Ferrer de haberle propinado, en la sede de la UNPACU, «una golpiza salvaje, brutal» junto con otros cinco hombres, entre quienes habrían estado Yriade Hernández —aquella otra supuesta víctima de la «Cronología…» que luego negaría serlo—, Zaqueo Báez y Roilán Zárraga.

Ayala había ido a hablar con su líder para denunciar a Víctor Campa, coordinador de la organización en el municipio Palma Soriano. Según Ayala, Campa lo había agredido a él y a otro activista y se estaba apropiando de recursos que debía repartir. Su cita con Ferrer se había programado para ese día en la tarde noche. Le acompañaban Paula Aracelis Girón, su esposa en ese momento; la hija de esta, una niña de nueve años, y otra pareja, Yanet Díaz y Osmay Vázquez, que eran miembros de UNPACU y pretendían transmitir quejas similares.

Esta era la segunda vez que irían a tratar el asunto de Víctor Campa. Dos días atrás habían estado en la sede con igual propósito y Ferrer les había pedido que lo reprogramaran.

Osmay Vázquez, Roberto Ayala, Yanet Díaz y Paula Aracelis Girón formaban parte de UNPACU desde hacía varios años. En Palma Soriano —según Vázquez en entrevista con El Estornudo— eran de las caras más visibles de la oposición: ponían carteles en sitios públicos, participaban en marchas, promovían los principios políticos que compartían.

Entre 2013 y 2016 cada uno sufrió más de 200 detenciones, calcula Vázquez. Había semanas en que les detenían tres veces, por su activismo, pero también les detenían en la calle sin motivos aparentes.

«Nosotros lo que estábamos haciendo era intentar resolver la situación que enfrentábamos en Palma Soriano, porque todo se iba de control», explica Vázquez.

El día de la cita, pasadas las once de la noche, después de esperar varias horas para entrevistarse con su líder, Yriade Hernández y Ayala comienzan a discutir afuera de la sede. Hernández ofende verbalmente a Ayala: le dice «incapaz», que debería seguir el ejemplo de Osmay Vázquez, que creó una célula en su municipio, y demostrar su valor. Ayala responde que él no tiene que demostrar nada, que en las redes sociales constaba todo lo que él hacía. Hernández entonces propone que suban —es una casa de dos plantas— para analizar las cosas con Ferrer y terminar la discusión.

Abajo quedan Yanet Díaz, Paula Aracelis Girón, la niña y más personas. En la sede, de acuerdo con Vázquez, ese día había entre veinte y treinta activistas de distintas zonas. Ayala y Vázquez confían en que, en presencia de su líder, las cosas se aclararán. La esposa de Hernández, Maylin Isaac, también está presente y sube con ellos, porque había intervenido en la discusión.

Vázquez no entiende bien qué fue lo que pasó luego. Dice que tan pronto subieron y llegaron a una especie de sala donde se impartían cursos y se realizaban reuniones, Hernández y Ayala se fueron a las manos.

Con la bulla que se arma, Ferrer sale de la habitación en la que se encontraba, seguido de dos hombres que Vázquez nunca antes había visto. Ferrer no pregunta nada, suelta un palo que llevaba en la mano, va sobre Ayala y le aplica una técnica por detrás: lo tumba al suelo y lo inmoviliza sujetándolo por el cuello y las piernas.

Vázquez se encuentra ahora sentado en un sillón. Los hombres que nunca antes había visto le bloquean por el frente y por un costado. Uno le advierte que no interfiera, que la cosa no es con él.

El cuerpo de Ferrer se encuentra debajo del cuerpo de Ayala, el cuerpo de Ayala está listo, expuesto, para recibir los golpes. Ferrer dice: «Yriade, golpéalo». Y Hernández lo golpea todo lo que quiere.

Martha Beatriz Ferrer, hija del líder, entra y se lleva el palo que Ferrer había dejado a un lado. También están en la vivienda otros dos hijos de Ferrer (Fátima Victoria y José Daniel) y Liettys Rachel Reyes, su esposa en ese entonces.

La esposa de Hernández baja. Aparecen Zaqueo Báez y Roilán Zárraga. Alguien apaga la luz.

Hernández se cansa o se aburre de dar patadas y piñazos a Ayala, y los otros hombres lo relevan.

«Yo no sé cómo no se murió, porque (Ferrer) prácticamente lo tenía asfixiado», dice ahora Vázquez.

Todos terminan. Se cansan o se aburren de dar patadas y piñazos, y José Daniel se quita de encima ese peso muerto que debió haber sido el cuerpo de Roberto Ayala. Lo sienta en una silla, como si fuera un muñeco, y se pone a darle galletas.

«Pero duro», aclara Vázquez, pasados más de tres años.

Ayala tiene un ojo hinchado, bota sangre. Pide que no le den más. Casi ruega que no le den más. Y le siguen dando. Seis o siete «galletas» en total.

Ferrer deja de golpear cuando Paula Aracelis Girón, desesperada, fuerza la puerta de la sala, entra a la escena y se pone a gritar que paren. Abajo había quedado su niña dando gritos bajo el cuidado de Yanet Díaz.

Entonces Ferrer sujeta a Girón y le tapa la boca con una mano. Girón pierde el conocimiento. Ferrer intenta reanimarla y no lo logra. Luego Vázquez se la lleva escaleras abajo y la reanima con alcohol. Paula Aracelis Girón estuvo unos cinco minutos ida del mundo.

«Lo que se vivió fue algo tan de terror, tan de terror, que ni la represión que hemos vivido por la dictadura fue tan grande como la de ese momento», asegura Vázquez.

Si no pusieron una denuncia formal ante las autoridades fue porque sintieron temor tanto a la furia de Ferrer como a las burlas de las autoridades cubanas: «(Ferrer) lo mismo te golpea él que manda a que te golpeen», dice Girón, en entrevista con El Estornudo.

«Días después», cuenta la mujer, «él nos mandó un muchacho que tiene problemas mentales, que ahora está cumpliendo prisión, para que nos cayera a puñaladas a Ayala o a mí. ¿Adónde íbamos a ir nosotros? Si aquí el régimen lo primero que nos iba a decir era “quién los manda a ustedes a meterse en eso”».

En videos de abril, mayo y junio de 2017 Girón y Ayala refirieron que activistas de la UNPACU —identificaron, en particular, a Roberto Almaguer— les habían ofendido y amenazado en lugares públicos, incluso delante de la hija.

«Ese hombre no tiene piedad con nadie» dice Girón. «Un líder no hace eso de golpear a sus activistas. Si sus activistas reciben golpes del régimen y reciben golpes del líder, ¿adónde vamos a parar?».

En un video compartido por el ex preso político guantanamero Abel López, quien fuera activista de UNPACU, José Daniel Ferrer cuenta, con orgullo, cómo enfrentó «al difamador y calumniador Roberto Ayala»: «(…) como no me gusta, ni quiero ser político a lo tradicional, quien generalmente al peligro manda al subordinado, y como me gusta estar en la vanguardia, cuando mayor es el peligro ahí quiero estar con los míos, lo saqué de aquí a puñetazos. Agredió aquí a un coordinador de la organización, y me tomé el problema para mí y lo saqué de aquí a puñetazos».

Después de ser sacado «a puñetazos» de la sede, Ayala apenas podía sostenerse en pie por sí mismo; los otros tres activistas se lo llevaron casi a cuestas. Caminaron, poco a poco, unos tres kilómetros, mientras la niña que no paraba de llorar. No iría a ningún hospital en la ciudad de Santiago esa madrugada para no tener que lidiar con la policía; no iría a atenderse hasta el día siguiente, ya en Palma Soriano, y allí no diría nada sobre lo ocurrido.

Vázquez recuerda que, un mes después de la golpiza, Ayala todavía echaba coágulos de sangre.

«Decir la verdad nos va a hacer libres», dice Vázquez. «Creo que permitir que José Daniel se salga con la suya sería convertirse en cómplice. Tampoco estoy de acuerdo con como el régimen lo está tratando, fíjese. Como opositor, quisiera que fuera juzgado por los delitos que cometió».

***

Hay un aspecto de esta historia sobre el cual no se ha dicho mucho, pero que no debería pasarse por alto: José Daniel Ferrer se encuentra todavía bajo licencia extrapenal con una sentencia (2003) que no termina hasta 2028. Ahora, ¿cómo influye o podría influir esto en su proceso?

Eloy Viera explica que «el hecho de que Ferrer sea beneficiario de una licencia extrapenal lo convierte oficialmente en una persona incompatible con el régimen penitenciario, pues solo se concede ese beneficio a personas que, por cuestiones de salud temporales o definitivas, no pueden permanecer recluidas. Su reclusión actual demuestra que las autoridades lo consideran una persona con las condiciones de salud necesarias para permanecer detenido, por tanto, debieron haberle revocado la licencia extrapenal y haber dispuesto que concluyera la extinción de su sanción en un establecimiento penitenciario. Lo que sucede es que políticamente la revocación de esa licencia extrapenal sería en extremo inconveniente».

EE: ¿En qué sentido?

EV: Primero, implicaría rememorar la Primavera Negra y su nefasto significado histórico para la justicia cubana y, segundo, reconocer que la solución que le dieron en 2011 a los procesados que permanecían recluidos fue política y no legal, o sea, reconocer que aquella causa estaba motivada políticamente, lo que convertiría a todos en presos políticos y no comunes. La influencia legal podría ser mucha, pero políticamente no creo que estén dispuestos a disponer de ese caudal.

EE: En un juicio, ¿esto cómo podría afectar los intereses del acusado?

EV: En la cuantificación de la sanción. Si el tribunal lo usa como referente puede disponer una sanción conjunta e imponerle una única sanción, con lo que le corresponda por este delito y lo que le falte por cumplir de la sanción que le fuera impuesta en 2003.

EE: Es decir, tendría que cumplir lo que le queda de la sentencia de 2003 en prisión.

EV: Claro, si consideran que esa es una sanción válida, como lo es, tendría que cumplir eso que le falta y esto nuevo. Daría lugar a una sanción que ronda los 15 años. Y en su condición de reincidente no podría aspirar a la libertad condicional hasta que no cumpliera tres cuartas partes de la sanción.

EE: Hacerle cumplir esa sentencia, sería revertir en alguna medida las negociaciones de hace casi una década con la iglesia católica y el gobierno español.

EV: Ese es el tema, que esas negociaciones fueron políticas, y no se les dio una salida legal. La salida legal en ese entonces hubiese sido un indulto a todos los implicados. Y no se hizo. Por eso te digo que pueden olvidarse de esa sanción, como han hecho hasta ahora, pero legalmente no deberían hacerlo.

EE: Aunque se han olvidado solo hasta cierto punto, porque a quienes quedan en Cuba con licencia extrapenal le han restringido sus movimientos.

EV: Porque quienes están sometidos a licencia extrapenal, como siguen cumpliendo una sanción, tienen que estar sometidos al control de un juez de ejecución. Por eso digo que no puede descartarse como una variable ahora, porque si entienden que el costo político es asumible, lo harán; aunque yo creo que no, sobre todo después del pronunciamiento del Parlamento Europeo del pasado 28 de noviembre, porque, según la resolución que aprobaron, lo que ha pasado con Ferrer puede considerarse una violación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba que podría conllevar a su suspensión.

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Con Roberto Ayala y Prudencio Villalón no acaban las denuncias contra José Daniel Ferrer. En redes sociales es posible localizar otros videos que recogen los testimonios de Emenelio Céspedes, Rafael Molina y Tomás Núñez, todos activistas de UNPACU hasta el momento de sus respectivos incidentes.

Emenelio Céspedes, en 2015, contó que él era secretario de una célula, pero se había visto obligado a renunciar porque presenciaba «falta de respeto, indisciplina, robo», y que, un tiempo después de su renuncia, José Daniel Ferrer lo mandó a buscar. «Allí fui acorralado por José Daniel, Ovidio (Martín), Vladimir, Yriade y Belkis Cantillo. Y Miralles. Allí me amenazaron; no se cansaron de decirme chivato, que yo estaba cooperando con la Seguridad del Estado».

Céspedes, en su testimonio, sostuvo que lo que él denunciaba entonces venía sucediendo desde antes. «Y como eso: robo, estafa, maltrato, lo mismo verbal que físicamente. Porque José Daniel Ferrer García se nombra un líder pacífico, pero el que es pacífico no le da golpe a nadie. Incluso a mí, ese día, después de amenazarme, me empujó contra la pared, y me hacía así en el pecho, y me dijo con estas palabras: que él no me caía a mí a pingazos por consideración a mi hermana Rebeca Céspedes Hernández, que está en el exilio, que está en Nueva York, y que, si yo no me ponía de acuerdo con él, él me iba a poner en Internet. Tú no puedes hablar de una dictadura, si tú estás implantando una que está peor. Entonces está desacreditando todos los partidos que hay en Cuba. Para él, el único partido que existe y que sirve es la UNPACU; eso es una forma de ser un dictador».

En 2019, en YouTube, en el canal de Aurora Sancho Gutiérrez, apareció el testimonio de Rafael Molina: un audio muy breve en el que se escucha a un hombre narrar que Ferrer le golpeó y que quiere cobrar venganza arrojándole mierda y picándole la cara. Molina confirmó a El Estornudo que quien habla en el audio es él, que la agresión ocurrió, que Ferrer sí le tiró «una galleta» delante de su esposa, Sucel Medina. Pero advirtió que no sabe cómo ese audio, que debe corresponder a una conversación telefónica, acabó en YouTube, y que la foto suya con la cual se acompaña, en la que aparece con un ojo hinchado, no guarda relación con el episodio narrado.

La causa de la agresión, dice Molina, fue que él empezó en el Partido Nacionalista Cubano —organización con sede en Estados Unidos— y había formado algunas divisiones en Las Tunas, Holguín y Guantánamo.

También en 2019, Tomás Núñez denunció haber sido discriminado por su orientación sexual y agredido verbalmente por Ferrer. Según Núñez, Ferrer le dijo que era mejor que estuviera preso que en la calle, porque preso daría más noticias. A partir de ese momento, decidió apartarse de UNPACU.

Luis Antonio López, Osmay Vázquez, Yanet Díaz, Rafael Molina y Tomás Núñez forman parte hoy de la Alianza Democrática Oriental, organización opositora fundada desde 2004, que coordina el ingeniero y periodista guantanamero Rolando Rodríguez.

En UNPACU, de acuerdo con declaraciones de ex miembros, cada vez quedan menos personas. En 2017 Roberto Ayala dijo que ya no contaba con tres mil activistas, que posiblemente no contaba ni con 300. «Aquí en Palma Soriano, que había ciento y pico, hoy no llegan a 30 activistas», precisó. A finales de 2019, Vázquez dice que, en Palma Soriano, no deben quedar más de cinco.

Vázquez lamenta el desenlace que ha tenido UNPACU, porque hubo una época en la que «aquello era una bendición», pero cree que los grupos opositores tienen que ser democráticos y pacíficos. «A nosotros nos caen a golpes y tenemos que poner las manos atrás, porque si no, nos acusan de desacato».

«Ya hemos sufrido mucho», dice. «Yo no tengo prácticamente nada. A mí me han hecho la vida talco. Y aun así sigo luchando por la libertad y la democracia de este país».

El Estornudo preguntó a Carlos Amel Oliva sobre la posición de UNPACU frente a las denuncias formuladas por Prudencio Villalón, Emenelio Céspedes, Roberto Ayala, Yanet Díaz, Osmay Vázquez, Paula Aracelis Girón, Rafael Molina y Tomás Núñez. La respuesta fue que todas esas personas habían sido expulsadas de la organización por una misma razón: «descubrimos que pasaban información al Departamento de la Seguridad del Estado».

Con respecto al video donde José Daniel Ferrer cuenta haber sacado a Ayala de la sede «a puñetazos», Oliva dijo que «existe el derecho a la legítima defensa y que ese derecho incluye repeler proporcionalmente cualquier ataque a la integridad física y moral del individuo».

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En marzo de 2016, durante la visita a Cuba del entonces presidente estadounidense Barack Obama, Raúl Castro tuvo que enfrentarse a la prensa internacional. Las preguntas que le formularon, desde luego, fueron incómodas. Un periodista de CNN, Jim Acosta, le preguntó por qué en Cuba había prisioneros políticos y por qué no los soltaba, y luego, la periodista de NBC Andrea Mitchell le preguntó sobre el futuro de las relaciones entre ambos países, dadas las diferencias existentes en la interpretación de temas como la democracia y los derechos humanos.

Raúl Castro se exasperó, en especial con la primera interpelación. Respondió al periodista de CNN: «Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre, o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos, y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche, van a estar sueltos. Ya».

Más adelante, a la periodista de NBC: «(…) En las instituciones, ya reconocidos, hay 61 instrumentos internacionales, etcétera. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo, cumplen los 61 derechos humanos y civiles esos señalados ahí, en su conjunto? ¿Qué país los cumple todos? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno. Ninguno. Unos cumplen unos, otros cumplen otros, y entre esos, estamos nosotros. De esos mencionados, 61 son, Cuba cumple 47; habrá otros que cumplan más, y muchos que cumplen menos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos; eso no es correcto».

Tras esas declaraciones de Raúl Castro, varios medios internacionales se apuraron a ofrecer nombres de ciudadanos cubanos encarcelados por motivos políticos. BBC Mundo reseñó que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización no gubernamental independiente, ofreció 89 nombres. Todos esos reportes fueron impecablemente ignorados.

Incluso Ben Rhodes, entonces asesor adjunto para la seguridad nacional de la Casa Blanca, aclaró que Estados Unidos durante dos años y medio había estado compartiendo listas de presos políticos con las autoridades cubanas, pero que la réplica había sido que esas personas se encontraban en prisión por otros delitos. Es lo que pasa cuando no se politizan los derechos humanos: los ciudadanos encarcelados por ejercer los derechos a las libertades de asociación, prensa o expresión no son considerados luego prisioneros políticos.

A finales de agosto pasado, Amnistía Internacional publicó un breve informe en que reconoció la existencia de cinco «presos de conciencia» en Cuba, a quienes define como «personas encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos». Todos pertenecen a grupos políticos opositores; dos de ellos, a UNPACU. Pero, semanas después, a su listado se sumaría el nombre del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, sentenciado a un año de privación de libertad.

El informe también señalaba la posibilidad de que la cifra fuera mayor, debido al «estrecho control que las autoridades cubanas continúan ejerciendo sobre la abogacía y la judicatura», y a la falta de acceso al país. Cuba es el único país de las Américas que no permite la entrada a dicha organización. No obstante, el pasado 22 de noviembre Amnistía Internacional solicitó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel que le permitiera ingresar a Cuba para observar y monitorear el juicio al líder de UNPACU.

Para la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional la cifra de prisioneros políticos en Cuba es mucho mayor. Hasta junio de 2018, había documentado 120 casos y, al final del año, había registrado casi dos mil 900 detenciones por razones políticas —una estadística bastante esperanzadora con respecto al año anterior, que había cerrado con más de cinco mil 100.

Si de algo ha sido culpable José Daniel Ferrer hasta ahora es de oponerse al gobierno en un país donde es ilegal oponerse al gobierno. El proceso al que ha sido sometido y las campañas mediáticas que lo defienden o lo incriminan solo prueban que, por común que sea el delito que se le imputa, él no es un prisionero común. Si se encuentra en prisión por sus ideas o por haber agredido a una persona, sigue siendo una cuestión no resuelta del todo, pero lo que parece evidente es que son mínimas las garantías para que esa cuestión se resuelva con justicia.