El debate sobre la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano ocupa en estos días a cierta parte de nuestra comunidad en Estados Unidos,...

El pasado 24 de junio, el activista y científico cubano Oscar Casanella acudió a su audiencia final de asilo político en la Corte de Inmigración de Miami, y luego de varias horas de sesión, desde la mañana hasta la tarde, el juzgado no emitió ningún veredicto. Según trascendió a través de sus abogadas, Kenia García y Eliany Aquiles, la jueza emitirá por escrito la decisión final el próximo 11 de julio, luego de recibir un sumario o resumen del caso por parte de la defensa.

La restricción para los cubanos, que no afecta a residentes permanentes ni a quienes ya optaron por la ciudadanía estadounidense, pero probablemente sí a personas con visados aún vigentes, suspende específicamente la emisión de las visas B-1, B-2, B-1/B-2, para turismo y negocios, y F, M y J, académicas, estudiantiles y becas.

Entre cientos de miles de cubanos que hoy permanecen con estatus migratorio irregular en Estados Unidos, hay activistas políticos y opositores en el exilio (y también familiares suyos) —como Lázaro Yuri Valle Roca, exprisionero de conciencia, o Daniela Patricia Ferrer Reyes, hija de José Daniel Ferrer— que temen especialmente un retorno obligatorio al país natal.

En pleno fuego cruzado de órdenes ejecutivas y decisiones en las cortes respecto a la legitimidad de la actual política migratoria, activistas políticos cubanos que no han podido ajustar su estatus en el país norteño tienen ante sí un panorama de incertidumbre.

En Cuba hay más de mil presos políticos, los hospitales no tienen médicos ni medicinas y el salario mínimo equivale a seis o siete...