1-¿Pudo Borrell poner fin al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba?

Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), estuvo en La Habana entre los días 25 y 27 de mayo de 2023 para atender los asuntos geopolíticos de Bruselas que competen a Cuba. Esta no fue su primera visita a la isla. De hecho, llegó a ir en tres ocasiones en menos de un año y medio cuando todavía era ministro de Relaciones Exteriores de España y su cargo actual lo ocupaba la italiana Federica Mogherini —autora de la desdichada frase: «Cuba es una democracia de partido único». Sin embargo, esta sí fue la primera vez que Borrell pisó suelo cubano como jefe de la diplomacia europea; de manera que su misión no se limitó a velar por los intereses de España —y, especialmente, de las empresas españolas con presencia en Cuba. El marco justificativo de su viaje fue el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ACDP) que el bloque continental mantiene con la nación caribeña desde 2016: un mecanismo diplomático bilateral mediante el cual, gracias a la iniciativa precisamente de España, se puso fin a las dos décadas de distanciamiento que impuso la llamada Posición Común —promovida en su momento también por España, bajo el gobierno conservador de José María Aznar. 

Desde su anuncio, el viaje causó cierto revuelo. Varias ONGs y voces de la sociedad civil cubana pidieron a Borrell —en pronunciamientos públicos y en redes sociales, vale aclarar— que aprovechara la visita para denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla y que intercediera en favor de la liberación incondicional de los centenares de presos políticos del régimen cubano. Algunos pidieron algo más que una denuncia y recomendaron que condicionara el mantenimiento del ADPC al otorgamiento de mayores libertades para el pueblo cubano. Y otros más solicitaron que activara la cláusula de derechos humanos que contiene el documento rector de este Acuerdo, la cual establece que, si una de las partes no muestra mejoras en este aspecto, la otra puede decidir de forma unilateral e inmediata la suspensión del mismo. 

Técnicamente, Borrell pudo haber optado por cualquiera de las tres opciones. De hecho, si en algún momento se hubiera apegado con rigor a la letra de este documento, es muy probable que el ADPC ahora figurara como el último fracaso entre las iniciativas de distensión con el régimen cubano que surgieron durante el deshielo obamista. Pero no ha sido así. Contra viento y marea, y a pesar de las acusaciones recibidas (como la de financiar el castrismo con millones de euros), incluso de parte de varios europarlamentarios, el jefe de la diplomacia europea ha mantenido intacto este mecanismo de acercamiento con la cúpula del poder en Cuba. 

Muchos podrían pensar que esta decisión responde a afinidades de Borrell con el régimen cubano o a la defensa de intereses personales en la isla. Incluso, puede que algunos vayan más allá e imaginen una suerte de componenda de la izquierda europea, dispuesta a no darle la espalda a La Habana para no destruir de una vez por todas el símbolo que alguna vez erigió la Revolución. Pero ninguna de estas teorías se sostiene. 

Las afinidades ideológicas con el régimen cubano dentro del Parlamento Europeo son una realidad, pero no explican por sí solas la actitud de Borrell. La izquierda europarlamentaria que considera a Cuba como un modelo de justicia social, aunque existe, está conformada por una minoría que ni siquiera cuenta con poder de decisión real en las altas esferas políticas de la Unión Europea.

Por otro lado, explicar las posturas de Borrell respecto a Cuba desde su voluntad personal también constituye un error. Como diplomático, el veterano político catalán responde a los intereses del bloque continental que representa. Esto no lo convierte en un simple mensajero, pues su criterio tiene un peso importante en la planeación de las estrategias geopolíticas de Europa, pero de ninguna manera podría pensarse que las relaciones exteriores de todo el bloque se subordinan a sus caprichos. Por supuesto, la política exterior de la UE hacia cada país u organismo interestatal se establece mediante el consenso de las 27 naciones que la integran.

Josep Borrell, en resumen, no puede anular el ADPC con Cuba si no cuenta con la aprobación de los altos cargos de la UE y de los Estados miembros del bloque.

2-¿Por qué la UE parece estar muy interesada en el desarrollo de las MIPYMES en Cuba y en contra del embargo estadounidense?

El interés de la UE en el desarrollo de las MIPYMES en la isla es genuino y se podría explicar desde dos aristas: una práctica y otra discursiva. Para entender la primera hay que partir de que este interés del bloque europeo no se limita a Cuba, sino a todos los países con que mantiene relaciones diplomáticas. 

Aunque con diferencias entre sí, las naciones que conforman la UE siguen un modelo que permite un alto nivel de intervencionismo del Estado en la economía; sin embargo, uno de los pilares del liberalismo continúa siendo la idea de que el capital privado no solo representa un motor de desarrollo económico, sino que es uno de los garantes principales de la democracia. De tal forma, promover el emprendimiento fuera de sus fronteras significa para los europeos ayudar a la prosperidad y la democratización de otros países. Esta afirmación podría parecer ingenua, y en cierto punto lo es, pues esas ayudas no responden únicamente a la buena voluntad del Viejo Continente. Apoyar el desarrollo del capital privado fuera de sus fronteras le garantiza a la UE la existencia en otros países de actores políticos fuera del Estado que puedan ejercer presión sobre este, además de un inevitable impulso al intercambio comercial que beneficie a las empresas europeas.

La segunda arista, la discursiva, tiene que ver con los esfuerzos de Borrell en defensa del ADPC frente a actores políticos europeos que abogan por un distanciamiento diplomático con la isla. Ante ellos ha echado mano con bastante frecuencia —también en su reciente visita a La Habana— a un supuesto «avance de las reformas económicas impulsadas por el gobierno cubano». Este argumento remite a la posibilidad de una gradual democratización de la que Europa no debería mantenerse ajena si pretende sostener sus intereses y aumentar su presencia en la isla.

Durante su visita a La Habana, Borrell dedicó buena parte de sus discursos a elogiar el impulso del «emprendimiento». Que el régimen diera luz verde a la creación de MIPYMES —y que estas ya sumen unas ocho mil con reconocimiento jurídico y aporten cerca del 12 por ciento del PIB— le pareció un gran avance, digno de ser mencionado hasta el cansancio. El jefe de la diplomacia europea prometió a los representantes de la MIPYMES con que se reunió que la UE los ayudaría con recomendaciones en materia legislativa para modernizar la economía, cursos de formación de empresarios, apoyo técnico y acuerdos de financiación. De ninguna manera fueron promesas vacías. Para el siguiente año, la UE habrá gastado desde 2021 unos 91 millones de euros en materia de cooperación con Cuba a través de diversos proyectos, de los cuales 14 están relacionados con el desarrollo de las MIPYMES. 

Ante sus críticos, Borrell también suele echar mano, de manera inteligente, a la retórica antiembargo. El régimen cubano y sus aliados políticos usan este discurso para justificar la continua crisis económica en la isla, y también la falta de libertades políticas, amparada en la supuesta necesidad de un disimulado estado de excepción frente a la hostilidad de una nación extranjera. 

Borrell sabe que estos argumentos no tienen ningún peso entre la mayoría de los europarlamentarios, ni para los gobiernos de los 27 países que conforman la UE. Sin embargo, el peligro que representa la «extraterritorialidad» del embargo estadounidense para las más de 700 empresas europeas con presencia en Cuba sí que puede generar ciertas preocupaciones en Bruselas. Tal argumento ha logrado que la UE tenga como política invariable la condena al embargo; algo que directamente constituye un punto común con el régimen cubano y, por tanto, una base para mantener el diálogo. 

Una de las intenciones explícitas de Borrell, en su estrategia diplomática hacia Cuba, es no perder, bajo ninguna circunstancia, la posibilidad de dialogar con el gobierno cubano. Así, para acallar a sus detractores liberales, defensores de los intereses empresariales europeos y de la libertad de mercado como garante fundamental de los derechos políticos, su jugada más frecuente es el discurso antiembargo, siempre acompañado de la promesa de aperturas económicas —traducidas como desarrollo del capital privado— que, en sus palabras, abrirían un camino hacia la gradual democratización de la isla. 

3-¿Le preocupa en alguna medida a Borrell que se violen continuamente los derechos humanos en Cuba?

Muchos activistas cubanos han querido ver en el diplomático catalán un aliado incondicional del régimen cubano, indiferente a la situación de los presos políticos, y un vocero del discurso oficial del castrismo que vende la idea de que la isla es un paraíso seguro y próspero. Algunos cuestionaron, incluso, que durante su visita publicara un tuit donde afirmaba haber disfrutado de un pastel de guayaba y aprendido jugadas de dominó en las calles de La Habana. Sin embargo, la publicación de Borrell no justifica estos ataques, pues se trata de un gesto casi de «manual» de la diplomacia europea. Un ejemplo al azar que demuestra tal cosa puede ser el de Gautier Mignot, embajador de la UE en México, cuyo perfil de Twitter está plagado de fotos en eventos protocolares, paisajes naturales, museos y edificios coloniales, y no precisamente de notas periodísticas sobre la violencia del narco, los muchos feminicidios y los escándalos de corrupción en ese país. 

Borrell también ha sido criticado —incluso durante su corta estancia en La Habana durante el pasado mes de mayo— por excluir del ADPC a la sociedad civil independiente de la isla, aun cuando el documento establece lo contrario. En vez de cumplir con las exigencias del texto, el diplomático ha preferido no entrar en conflicto con el régimen y solo aceptar en las conversaciones a representantes de organizaciones políticas y de masas relacionadas o directamente controladas con el Estado cubano. 

En Estrasburgo, Josep Borrell ha salido varias veces al paso de aquellos europarlamentarios que, pese a sus promesas de aperturas económicas y su discurso antiembargo, exigen que se amenace con romper el ADPC si la dictadura cubana no libera a los presos políticos. Ya sin más cartas disuasorias bajo la manga, el catalán suele usar argumentos poco sólidos y éticamente cuestionables como decir que «Cuba no es el único país de partido único». Pero la verdad es que, más allá de su cinismo, tiene razón, pues la diplomacia europea mantiene relaciones —aunque con ciertas reservas— con otros países donde no se respetan los derechos humanos.

Dado que el aumento de la represión política y las violaciones de derechos humanos en Cuba ofrecen motivos suficientes para romper el ADPC, y dan argumentos a quienes, desde el Parlamento Europeo, exigen «mano dura» con el régimen cubano, podría asegurarse que esas sí son cuestiones que preocupan a Borrell. Ciertamente, esta no es la única razón, ya que el diplomático europeo, aun con una visión maquiavélica de la política, es un socialista de vieja guardia; de manera que sus valores son totalmente contrarios a los de cualquier dictadura totalitaria. 

Por si quedan dudas acerca de esto último, he aquí un fragmento de una de sus intervenciones durante su reciente visita a La Habana, donde, además, prometió la llegada a Cuba en noviembre próximo de Eamon Gilmore, representante especial de la UE para asuntos de Derechos Humanos —algo que no debió ser del agrado del régimen:

[Cuba y la UE] tenemos modelos políticos diferentes y eso, inevitablemente, nos lleva también a tener diferencias en lo que respecta a los conceptos de los derechos humanos —su concepción teórica, su aplicación práctica— y en las libertades fundamentales. […] Y en este sentido hemos discutido, y quiero yo aprovechar esta ocasión para remarcar que los derechos de las personas, los derechos humanos, lo que llamamos libertades políticas —que incluyen los derechos a las manifestaciones pacíficas, la elección de los gobiernos de forma libre y democrática— están en el corazón de los valores sobre los cuales se ha construido la Unión Europea y a eso le damos una dimensión prioritaria en nuestras relaciones internacionales. Sobre eso hemos hablado y sobre eso hemos expresado nuestra voluntad de seguir discutiendo, aprovechando la base jurídica que nos da este Acuerdo para —entre otras cosas— analizar la situación creada antes, durante y después de las manifestaciones y detenciones del pasado mes de julio del 2021.

Sin embargo, la realpolitik exige que las simpatías y los rechazos queden a un lado si no tributan a intereses geopolíticos concretos. Es por ello que a la UE parece preocuparle las violaciones de derechos humanos en unos países y en otros no. Quizás no haya mejor ejemplo que el de Bielorrusia, un país que hace de frontera entre el bloque europeo y su enemigo ruso. En repetidas ocasiones, Borrell ha mostrado preocupación por las violaciones de derechos humanos en esa nación, especialmente porque el régimen dictatorial de Aleksandr Lukashenko es un aliado económico, político y militar de Putin. Y, aunque Cuba también ha intentado figurar como un aliado del Kremlin, en Bruselas consideran mucho más peligrosa una alianza prorrusa cercana geográficamente que un enclave a miles de kilómetros, en una pequeña isla del Caribe. Borrell no ha vacilado en los últimos años a la hora de usar contra Bielorrusia las mismas estrategias que usa Estados Unidos en su política hacia Cuba: apoyo a la sociedad civil independiente (incluido apoyo financiero) y sanciones económicas que contribuyan a la desestabilización de Bielorrusia. Tampoco le ha importado que dichas sanciones afecten a la población de a pie, lo cual llegó a justificar con la siguiente analogía: «Como saben ustedes, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos». En otras palabras, el bloque europeo, como cualquier Estado u organismo interestatal, se debe antes a sus problemas e intereses geopolíticos que a la salvaguarda de los derechos humanos de terceros. 

4-¿Qué importancia tiene Cuba en los planes geopolíticos de la UE?

Para la UE el valor de Cuba es, en cierto punto, simbólico. Esto ha sido un logro de la diplomacia del régimen, pues ciertamente el bloque continental no podría consolidar sus relaciones con América Latina si mantuviera una política de hostilidad hacia la isla. Aunque, hay que decirlo, Cuba ya no representa una llave para entrar en conversaciones con otros países latinoamericanos —como lo fue durante la llamada «marea rosa»—, sino más bien un punto de conflicto que debe ser resuelto antes de acercarse a potencias económicas como México y Brasil, cuyos gobiernos actuales respaldan de un modo u otro el castrismo. Además, de cara a los intereses de la UE en la región, este sería el peor momento para entrar en conflicto con la isla, pues esta ostenta la presidencia pro témpore del Grupo 77+China y puede facilitar un diálogo —o al menos no impedirlo— de Europa con este amplio grupo de naciones. 

Cuba es solo un pequeño actor dentro de la actual estrategia geopolítica de la UE, que busca aumentar su influencia en América Latina justo cuando sus relaciones con Rusia y China no son las mejores. Quizás no haya momento más propicio que este, pues España, a través de la figura de Borrell, dirige la diplomacia europea, y España también asumirá próximamente la Presidencia de la UE; de modo que ahora solo se están estableciendo las bases de sus planes geopolíticos. Vale aclarar que este énfasis en España no es fortuito: el bloque continental europeo sigue una regla no escrita según la cual las exmetrópolis establecen el rumbo de las relaciones diplomáticas con sus excolonias. 

Para entender las razones de esta estrategia geopolítica pensada a largo plazo, debemos remontarnos a la primera década de los dos mil, cuando Rusia y, sobre todo, China aumentaron considerablemente su presencia en América Latina gracias a los gobiernos de izquierda de la llamada marea rosa. China, de hecho, se fortaleció económicamente como nunca antes mientras se convertía en el principal destino de las exportaciones de materias primas de América Latina. 

Europa también teme que sus enemistades políticas la golpeen económicamente, como ocurrió con los cortes de gas que aplicó Putin en respuesta a las sanciones contra su país tras la invasión a Ucrania. Además, necesita de materias primas para mantener sus industrias y el nivel de consumo de su población. Toda esta situación ha vuelto a Europa dependiente del comercio con China. América Latina podría representar más que una alternativa. 

Una nueva y poderosa alianza entre la UE y América Latina sería sumamente beneficiosa para ambas regiones. Pensemos, por ejemplo, que Europa está a la cabeza de la agenda verde a nivel global y que ha prometido una transición energética de la industria automotriz; por tanto, necesita mucho litio para la fabricación de autos eléctricos. Argentina, Chile y Bolivia concentran más de la mitad de las reservas mundiales registradas de ese elemento, y Bolivia, que contempla la posibilidad de desarrollar una industria automotriz de «coches ecológicos», necesita inversores confiables. América Latina, además, puede ganar no solo un comprador privilegiado de materias primas, sino grandes inversiones en sus industrias y sus programas sociales —algo que podría resultar muy llamativo para los gobiernos progresistas de la región—, así como ayudas en cuestiones medioambientales, desarrollo científico y lucha contra el crimen organizado, asuntos estos que no han sido muy relevantes para sus dos principales socios comerciales actuales, China y Estados Unidos. 

El despliegue diplomático europeo en América Latina no solo involucra a Josep Borrell, sino a la misma presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, quien para julio de 2023 ya habrá realizado una gira por Brasil, México, Argentina y Chile, los países más grandes y con mayor potencial económico de la región. Europa apuesta a limitar las influencias china y rusa en nuestro continente, y para ello ha aprobado un paquete de inversiones en América Latina al cual solo España ha aportado unos nueve mil 400 millones de euros. La gira de Von der Leyen, asimismo, prepara el terreno para el encuentro que más adelante acogerá Bruselas entre los jefes de Estado de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), algo que no ocurre desde hace ocho años y que sentará bases de acción para la próxima presidencia del bloque europeo. 

Borrell se inclina por una diplomacia multirateralista en que Cuba resulta una carta bajo la manga que podría servir de mediadora con regímenes aislados como los de Venezuela, Nicaragua e, incluso, la propia Rusia. Borrell sabe también que el régimen sostiene el discurso de intransigencia política hacia lo interno, mientras que la diplomacia cubana actual, de cara al mundo, navega en todas las aguas en busca de alguna migaja: ya sea en forma de «apoyo» frente al embargo de Estados Unidos o de «ayudas solidarias» y otros financiamientos a través de «acuerdos de cooperación». 

5-¿El acercamiento entre Cuba y Rusia puede cambiar las relaciones diplomáticas con la UE?

En el recuento de su visita a Cuba, Borrell reconoció haber abordado «temas geopolíticos» con el gobierno cubano, y recalcó con un «obviamente» que hablaron de la invasión rusa a Ucrania. Pero no dio pista alguna sobre los términos en que se llevó a cabo esa conversación, ni de los acuerdos establecidos. Sí dejó claro que la UE espera una condena de Cuba al expansionismo de Rusia y lanzó algún que otro guiño en torno al acelerado viraje prorruso del régimen cubano. 

Quiero señalar que muchos actores internacionales dicen que quieren la paz. ¿Y saben quién quiere más la paz que nadie? Los ucranianos. Ellos quieren la paz, la necesitan. Pero paz no significa rendición. No queremos que Ucrania se convierta en la segunda Bielorrusia, un nuevo satélite de Rusia que está intentando recrear esferas de influencia colonial como un imperio del siglo XIX.

La diplomacia cubana en el último año ha dado un giro prorruso que se evidencia en las visitas a Moscú de Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios cubanos, así como a La Habana de Serguéi Lavrov (canciller ruso), Dmitri Chernishenko (viceprimer ministro), Viacheslav Volodin (líder de la Duma), Boris Titov (comisionado del presidente para derechos empresariales) y Maxim Oreshim (ministro de Desarrollo Económico de Rusia, considerado el arquitecto del actual modelo económico ruso y de los contraataques de este país tras las sanciones impuestas por Occidente a raíz de la invasión a Ucrania). Antes de estos viajes, Rusia ya había mostrado intenciones de retomar la alianza con Cuba, o al menos eso parece ahora cuando se piensa en la considerable reducción de la deuda del país caribeño con el Kremlin y en las ayudas brindadas durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19 en la isla. 

El instituto Stolypin ha ideado un plan para reestructurar la economía cubana; uno que, por supuesto, respalda los intereses económicos y geopolíticos rusos en la isla. Tal apoyo se materializaría en los rubros energético y militar, así como mediante la exportación de alimentos, el arrendamiento en usufructo de tierras cubanas, el aumento del turismo ruso y la habilitación de operaciones de bancos rusos en el país caribeño (se habla incluso de permitir transacciones en rublos). 

En realidad, poco favor se hace Cuba al seguir las directrices de una potencia acorralada como Rusia, que no solo ahora es blanco de las sanciones de Occidente, sino que —aun poseyendo todas las condiciones para convertirse en una superpotencia en términos económicos y de desarrollo humano (sí lo es en varios aspectos, como el militar, aunque no ha quedado bien parada en su última contienda)— tiene un amplio sector de población en la pobreza, y un PIB hasta hace poco similar al de Italia, una nación mucho más pequeña, infinitamente menos rica en recursos naturales. 

Estos vínculos con Rusia exponen aún más las intenciones de la cúpula de poder cubano de constituirse como una élite oligarca. En todo caso, resulta poco probable que el gobierno cubano entienda conveniente el aislamiento que podría resultar de una alineación absoluta con los intereses del Kremlin (por lo pronto se abstuvo de sumarse a la condena internacional en la ONU contra la invasión a Ucrania). Como hemos visto, la diplomacia cubana bien puede asimilar la «recolonización» rusa a la par que aceptar las ayudas de Europa, siempre y cuando esta última siga las pautas que tan bien conoce Borrell. 

El diplomático catalán no disimuló en La Habana sus deseos de «rescatar» a Cuba de la influencia rusa e insistió públicamente en que la UE, si el régimen lo acepta, podría ser ese asesor económico que necesita la isla: «La UE ofrece un modelo socioeconómico o sociopolítico basado en la búsqueda de una sociedad equitativa, en la sostenibilidad económica y social que pone a los ciudadanos en el centro del proceso de toma de decisiones y que prioriza sus derechos individuales y colectivos», declaró.

Borrell trae como oferta la socialdemocracia europea a una dictadura que rechaza los principios democráticos más básicos y que ve con mejores ojos la reproducción del modelo oligárquico ruso. No parece que su propuesta vaya a ser aceptada. 

De momento, y aunque incomode, el diplomático catalán y la UE están dispuestos a tolerar este giro prorruso de la élite cubana. Resulta más aceptable la influencia del Kremlin en una pequeña isla improductiva del Caribe que poner en peligro sus planes estratégicos de acercamiento a América Latina.