A inicios de este mes, en cosa de una semana, varios periodistas independientes, de los pocos que van quedando en Cuba, anunciaron en Facebook sus respectivas renuncias a colaborar en cualquier medio de comunicación considerado «subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano». En el monocorde tono burocrático y la similitud de los textos se revela la mano que realmente los escribió, y en el silencio tras el punto final, la protesta de los supuestos autores.
Obviamente, nadie cree que fueran mensajes espontáneos. Y, obviamente, nadie debiera creer que estos representan algún tipo de humillación para esos periodistas. Es imposible humillar a las víctimas porque su propia condición, de por sí, constituye un testimonio, incluso en el silencio, del alcance y las formas en que el victimario ejerce su poder.
Eso es algo que el régimen cubano sabe muy bien. Por eso, me atrevería a decir que el objetivo de acallar estas voces críticas se había dado por cumplido antes de que leyéramos esos posts en redes sociales: en los interrogatorios, en las amenazas tejidas por la Seguridad del Estado. En todo caso, las «renuncias» públicas cumplen otra función: son una demostración de fuerza del Estado totalitario, una acción ejemplarizante y disuasoria.
Algunos han querido asociar esta oleada represiva a la reciente entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social. Sin embargo, entre ambas cosas no existe ninguna relación de causalidad o conveniencia. Que el régimen reconozca solamente a la prensa estatal y que se prohíba cualquier medio de comunicación que se exprese en su contra no ha sido novedad en las últimas seis décadas. En gran medida, la Ley de Comunicación no es sino un cúmulo de prácticas habituales del poder en Cuba llevadas al papel para hacerlas «legales» —como en los casos del Decreto Ley 370 o el Decreto Ley 35. Para una dictadura, la única manera de respetar la ley es volverla arbitraria.
Esta última oleada represiva sobre los periodistas independientes cubanos incluyó, de acuerdo con varias denuncias, el decomiso de equipos de trabajo y de dinero. El mes pasado se conoció que Magazine AM:PM, revista digital especializada en música cubana, se vio obligada a una «pausa indefinida» debido, entre otras cosas, al acoso contra director por parte de los «órganos de contrainteligencia» en la isla.
No es, por supuesto, la primera vez que asistimos a algo así. Ocurrió en 2019 y 2020. Y en 2021, a raíz de las protestas del 11 y el 12 de julio de ese año. Y también en 2022, sobre todo contra reporteros y colaboradores de elToque. Solo en el primer semestre de 2023, la organización internacional Artículo 19 registró 41 agresiones contra periodistas cubanos, comprendidas 13 detenciones arbitrarias, ocho reclusiones domiciliarias y un exilio forzado. Podríamos, incluso, contar oleadas anteriores, como la de 2010-2011, cuando el Comité de Protección a Periodistas contó al menos 18 casos de periodistas forzados al exilio, o la llamada Primavera Negra de 2003.
Detrás de las «renuncias» suele haber amenazas de todo tipo. En tales casos, el poder da a elegir a los periodistas —también a activistas y opositores— entre ser objeto de escarmiento y la muerte civil, la frustración sus planes de vida, la seguridad de sus familiares (incluida la patria potestad sobre los hijos) o, en últimas, la prisión. Por estos y otros atropellos, a muchos no les ha quedado más opción que irse de la isla. Según un informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), al menos 150 periodistas independientes se exiliaron solo entre 2022 y 2023. La cifra resulta escandalosa en un país pequeño, con pocos medios independientes y un Estado que ha reprimido cualquier tipo de disenso y crítica durante más de 60 años.
Mientras vive una de las peores crisis de su historia, Cuba se va quedando también sin gente dispuesta a contarla. El régimen se ha encargado de ello mediante la represión, pero también parece haber asumido otras medidas preventivas, como limitar el ingreso a la carrera de Periodismo. A partir de 2024, por decisión del Partido Comunista, estudiar esa licenciatura exige el cumplimiento —incluso para las mujeres, que históricamente han ocupado la mayoría de las plazas de Periodismo— del Servicio Militar Activo, lo cual se traduce en una merma considerable de la matrícula.
Pese a todo, la nación Potemkin que el régimen aspira a mantener está llena de fisuras por las que escapan las historias de un país que se cae a pedazos, y esta oleada represiva contra la prensa independiente es un esfuerzo desesperado por sellarlas. Un esfuerzo, agregaría, infructuoso; una solución a corto plazo que exige ser aplicada una y otra vez porque siempre habrá gente dispuesta a contar Cuba desde dentro.
