El 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo Terrones, el primer presidente de origen campesino del Perú, quiso sacarse de arriba un Congreso en su mayoría hostil, pero terminó disparándose en el pie al dar un autogolpe de Estado. Adelantándose a la discusión que habría en el Parlamento para decidir, por tercera vez, la posibilidad de «vacarlo» (destituirlo), el exmaestro rural anunció —como Alberto Fujimori en abril de 1992— su decisión de «disolver temporalmente el Congreso de la República».
Con un leve temblor en las manos que sostenían su proclama, el mandatario decretó un régimen de excepción e instauró un toque de queda para ahuyentar posibles manifestaciones. Dijo que iba a «reorganizar» el sistema de Justicia que lo investiga por presunta corrupción, y a convocar una Asamblea Constituyente. Menos de dos horas después su gobierno se derrumbó como un castillo de naipes.
Los militares no lo respaldaron, sus ministros comenzaron a renunciar, y el mismo Castillo, quien había amarrado con el gobierno de López-Obrador su asilo en la Embajada de México, fue detenido «en flagrancia» gracias a una operación conjunta de la escolta presidencial y el alto mando de la Policía. Dina Boluarte, vicepresidenta elegida en 2021 junto a Castillo, asumió como la primera mandataria del Perú, según dicta la Constitución, luego de que el Congreso determinara la vacancia de Castillo por “incapacidad moral permanente” para dirigir el país.
Lo más enigmático es que, según funcionarios cercanos a Castillo, el presidente de 53 años parecía confiado en que el Parlamento no reuniría los votos necesarios para destituirlo. Fue un bizarro epílogo para un gobernante que prometió un cambio profundo en Perú y que al cabo de 17 meses de mandato no hizo nada significativo, además de pelear con los parlamentarios, mostrarse hostil con la prensa y acumular investigaciones por corrupción contra su propia persona y su círculo íntimo.
«Ni Túpac Amaru, ni Heraud ni Vallejo ni Mariátegui hubieran alzado la voz por un pícaro que se burló de todos para saquear la hacienda pública y permitir que sus amigotes se repartieran obras y gollerías. El socialismo choro no es una doctrina, es un prontuario», expresó el columnista César Hildebrandt, tras los primeros días de protestas, sobre el respaldo al caído por una parte de la izquierda nacional e internacional.
La Fiscalía de la Nación investiga también a Castillo por el delito de rebelión, en agravio del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 346° del Código Penal.
Pero en las calles del país hay quienes creen que puede volver, y lo exigen todos los días desde su destitución. La nueva crisis hizo estallar la furia contenida en un país azotado por la peste de la COVID-19 y la sequía en los Andes, asqueado de su clase política y deseoso de un mesías.
La violencia ha cobrado víctimas fatales en provincias, donde el hoy expresidente tiene el núcleo duro de sus seguidores y sus alianzas políticas. Hasta el sábado 17 de diciembre, la Defensoría del Pueblo había reportado 20 fallecidos durante enfrentamientos entre civiles y efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Apurímac, Arequipa, La Libertad, Junín y Ayacucho. Los dos primeros muertos fueron David Atequipa Quispe, de 15 años, y Beckham Romario Quispe Garfias, de 18, durante protestas en la ciudad Andahuaylas.
Según la Defensoría del Pueblo, seis personas más perdieron la vida en accidentes de tránsito relacionados con el bloqueo de carreteras. Un niño que debía llegar a Lima para una intervención quirúrgica falleció debido al corte de vías por los manifestantes.
En la capital, tan distante de muchas maneras del resto de Perú, no se han reportado muertes, pero sí heridos y detenciones arbitrarias. «Terrible. Terrible. Eso está podrido», comenta Luis Fernando, un taxista que me lleva por la Costa Verde, donde los surfistas habituales no se enteran de que el país arde.
«Tiene que irse el Congreso y hacer nuevas elecciones generales. Pero como la política de acá está tan podrida, quien entre atrás va a hacer lo mismo», dice.
Esta ciudad de más de diez millones de habitantes respira más o menos igual que hace dos semanas, excepto en el centro histórico, donde cada tarde, y hasta la noche, hay protestas y choques con la policía. Hacia allí nos dirigimos.
«Castillo ha estado mal asesorado en todo, y se ha dedicado a llenarse el bolsillo con su familia», continúa el taxista.
«Yo no soy ni derechista ni izquierdista, porque la verdad a mí la política no me gusta. Pero todos son cortados por una misma tijera: el que sale y el que entra. Prometen un montón de cosas y, cuando llegan arriba, de lo único que se preocupan es de su bolsillo, de conseguir trabajo a la familia, a sus amigos… Y se olvidan del pueblo».
Lo que piensa Luis Fernando lo he escuchado varias veces. La gente no confía en que la política sea el camino para resolver nada en Perú. Y tienen motivos: han sido gobernados en los últimos seis años por siete presidentes, todos ellos con procesos judiciales excepto el mandatario de transición Francisco Sagasti (2020-2021).
Cuando llegamos al centro de Lima decenas de manifestantes marchan por la avenida Nicolás de Piérola, conocida popularmente como «La Colmena». Hombres con altoparlantes indican las consignas del momento: «¡Castillo no está preso, está secuestrado!»; «¡Fuerza, fuerza, fuerza… fuerza, presidente!»; «¡Esta lucha es dura, pero venceremos!».
La columna avanza por La Colmena en dirección a la avenida Abancay. La idea es seguir hasta el Congreso, y pedir su renuncia. El grupo ha crecido desde que salió de la Plaza de San Martín, pero todavía no sobrepasa el centenar de personas. Da la impresión de que las protestas en 2020 contra Manuel Merino, «presidente interino» durante cinco días, congregaron aquí más personas de un espectro social más amplio.
Ahora, aunque hay banderas Wiphala de los indígenas, predominan las rojas con una banda blanca y el icónico lápiz del partido Perú Libre. Esa agrupación, declarada «marxista-leninista», llevó al poder a Castillo, pero su líder fundador, Vladimir Cerrón, rompió formalmente con el expresidente en junio pasado.
Cerrón es médico y líder de la izquierda ortodoxa, admirador de Fidel Castro, que ha participado en eventos políticos en Cuba. No pudo postularse a la Presidencia debido a una condena por corrupción mientras era gobernador en la región de Junín.
Castillo fue la apuesta de última hora para formalizar una plancha presidencial que permitiera a Perú Libre seguir en la carrera de las elecciones generales. El triunfo por estrecho margen del exmaestro y sindicalista en unos sufragios con cerca del 25 por ciento de ausentismo. Fue una sorpresa interpretada como voto de castigo a su principal contendiente, Keiko Fujimori, la hija del exdictador preso.
Este diciembre, las elecciones de 2021 son un recuerdo muy lejano. Muchos quieren echar abajo el Congreso por el que también votaron hace menos de dos años; entre ellos los participantes en la marcha donde tomé estas fotos.
Cuando el grupo llegó a la intersección de la avenida Nicolás de Piérola con la Abancay, dobló a la izquierda y se detuvo frente a la Corte Superior de Justicia de Lima, reuniendo fuerzas para continuar hacia la sede del Parlamento. Unos 200 metros adelante se produce un breve enfrentamiento entre la policía y una avanzada de manifestantes.
El grueso del colectivo se mantuvo parado, expectante, durante unos minutos. Hay gritos de «El pueblo, unido, jamás será vencido». Las galerías de comerciantes a lo largo Abancay comienzan a bajar sus puertas corredizas. Hay cristalerías, tejidos, misceláneas de tecnología, puestos de comidas, pero por hoy no se venderá mucho más.
«Llevamos varios días así, no se puede trabajar», dice un hombre recio, de mediana edad, molesto por la conmoción de las protestas. El vendedor señala a algunas personas que están sacando adoquines y trozos de piedras del separador de la avenida.
Levantan los bloques y los tiran contra el piso, para fragmentarlos. Luego apedrean una de las entradas de la Corte Superior de Justicia. Mientras esto sucede, otros manifestantes tiran sobre el asfalto sacos de basura. Uno prende fuego, en medio de la vía, a una caja de madera con material inflamable.
La línea de policías que cortaba el paso hacia el Congreso se había acercado a menos de 100 metros y avanzaba con las escopetas de bombas lacrimógenas preparadas. Varios manifestantes lanzan piedras y los militares responden con gases.
La columna es empujada una cuadra más allá de la avenida Nicolás de Piérola, y la policía establece otro cordón impenetrable, ahora en la esquina donde está la entrada principal a la Corte Superior de Justicia. Durante media hora habrá una relativa calma, solo rota por los gritos de una anciana que increpa a los militares imperturbables, llamándolos «traidores a la Patria» y «servidores de un gobierno corrupto».
«Pasé de casualidad por aquí, pero también puedo estar dentro de la marcha. ¿Sabe por qué? Porque amo a mi Perú. Soy una ciudadana y toda la vida hemos vivido engañados», me dice la señora cuando deja de gritar a los policías.
Ella votó por Pedro Castillo, dice, «porque es un campesino, igual que nosotros: yo soy de la selva. Queremos que él regrese a Palacio, porque no ha renunciado. A la señora Dina la eligió el Congreso, no el pueblo, y ella tiene la culpa de que niños estén muriendo».
«El pueblo no debe darle obediencia [a Dina Boluarte], la policía no debe darle obediencia, porque no la ha nombrado el pueblo. Castillo para nosotros sigue siendo nuestro presidente”, agrega la señora.
De alimentar esta narrativa se ha encargado el exmandatario detenido, y los colaboradores que quedan de su lado, a través de cartas manuscritas, que todavía firma como «Presidente Constitucional», y numerosos tuits en su cuenta oficial. Pese a alegar que estaba «incomunicado», y que se vulneran sus derechos fundamentales, la Defensoría del Pueblo ha corroborado que Castillo recibió 139 visitas durante sus primeros cinco días de arresto.
Otro sector entre quienes protestan no pide la excarcelación de Pedro Castillo —quien en noviembre tenía una aprobación de solo el 31 por ciento—, sino el adelanto de las elecciones para salir del Congreso actual.
Durante una concentración en el Parque Universitario, también en Abancay, un joven intervino y mostró su rechazo al autodenominado «presidente del pueblo».
«Pido cambios de fondo que garanticen que no se elijan los de siempre», dice. «Yo no estoy aquí por un traidor, por una persona [Pedro Castillo] que dijo que no se iba a quitar el sombrero, y se lo quitó. No estoy aquí por el Congreso, pero tampoco por una persona que dijo que iba a ganar salario de profesor, y nunca ganó salario de profesor. Por una persona que tuvo la oportunidad de cambiar la Constitución y esperó hasta el final, ¡amañadamente!».
Sus palabras caen como un cubo de agua fría en el grupo y la gente comienza a corear consignas favorables a Castillo, mientras algunos reprenden al imprevisto disidente. Hay quien lo acusa de «provocador» e intenta echarlo de la protesta, pero la policía y otros manifestantes evitaron que el altercado se extendiera.
Mientras Castillo se victimiza, el Congreso de la República se aferra al tiempo de su legislatura y hecha leña al fuego de la crisis política. El viernes 16 de diciembre no se lograron los votos necesarios para aprobar un adelanto de elecciones generales para 2023. Los legisladores de Perú Libre y Bloque Magisterial (grupo castillista que se escindió del partido de Cerrón) presionan para que se incluya en esa reforma la consulta sobre una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente.
«¿Cómo esperar reformas del sistema político de un Congreso donde la mayoría no hace vida partidaria?», cuestiona en un tuit Martín Hidalgo, fundador de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio.
De acuerdo con el periodista, el 28 por ciento de los 130 congresistas actuales no estaba afiliado al partido que hoy representa al momento de postularse. El 47 por ciento de los 130 se afilió en 2020 solo para cumplir el requisito. Para muchos de ellos se trata de extender lo más posible su tiempo en el Parlamento.
La animadversión hacia los legisladores fue evidente en otra protesta que presencié en la Plaza de San Martín. Allí, un operador político de Perú Libre arengaba a la multitud para que “cierren ese Congreso de bandidos, prostitutas y violadores”.
Stephanie Rosas, profesora de inglés que se auto convocó a la manifestación, me dijo que ella estaba allí para «defender el derecho a la democracia de todos los peruanos», invocando «el Artículo 46 [de la Constitución], de insurgencia popular contra un gobierno que no nos representa, usurpador».
«No defiendo al presidente Castillo, pero sí defiendo que sea todo correcto y justo», explica. «No estoy a favor del gobierno de Castillo; sin embargo, estoy a favor de las nuevas elecciones y de que el Congreso se disuelva. Desde el 2016 tenemos un Congreso usurpador, que no deja trabajar a ningún gobierno, y estamos en 2023 casi y seguimos con lo mismo».
La conversación con la maestra quedó interrumpida cuando un pequeño grupo de manifestantes, pese al rechazo de otros, comenzó a tirar piedras contra el cordón policial que impedía el paso hacia la avenida donde se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones. El contingente de la PNP respondió con una andanada de bombas lacrimógenas y avanzó para tomar la Plaza San Martín, lo que provocó heridos de ambas partes.
Amnistía Internacional declaró haber recibido, desde la declaración del estado emergencia a nivel nacional, el 15 de diciembre, «numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura».
A pesar del aumento de la violencia en las protestas, Dina Boluarte no muestra intenciones de dimitir, mientras que el Congreso aplaza el momento de nuevas elecciones. La furia está lejos de apagarse.
En cuanto a Pedro Castillo, todo parece haber terminado para él. Ingresó el viernes en el penal de Barbadillo, donde deberá cumplir una sanción de 18 meses de prisión preventiva mientras sea procesado por «rebelión» y «conspiración». Ahora comparte techo con Alberto Fujimori, el gobernante autoritario que un día pretendió imitar.
