«La vida es dura, no acostumbra a mimar a nadie y, 

por cada vez

que te da un respiro, recibes diez golpes. No vivimos solos y 

aislados en este mundo, eso es motivo de alegría, pero

también 

conlleva mucha responsabilidad, tenemos la

obligación de no

ser personas egoístas debemos unirnos a las

 necesidades y

objetivos de los demás.»                                                                                                                   Milada Horáková

La Marcha Cívica por el Cambio constituye uno de los principales sucesos del reciente ciclo de protestas ciudadanas y ocupación del espacio público en Cuba. Este período se inició el 11 de mayo del 2019 con la manifestación de la Comunidad LGTBQ+ en el Paseo del Prado habanero y se extendió hasta la convocatoria en análisis. En el presente artículo evaluaremos desde una mirada apegada a las ciencias sociales los costos políticos que tuvo esta convocatoria, al cumplirse un año de los sucesos. 

El escenario socioeconómico del primer semestre del 2021 en Cuba era favorable a un estallido social. Los efectos del reordenamiento económico sobre los barrios populares se hicieron cada vez más insostenibles: la falta de medicamentos e insumos médicos, el encarecimiento del precio de los productos alimenticios y la pobreza aumentaron en cuestión de meses a estándares similares al Período Especial. La vida cotidiana de la ciudadanía se precarizó aún más con la prohibición de recepción del dólar, las tiendas en monedas libremente convertibles, los cortes de electricidad y el pico pandémico. 

La conjunción de estos factores, que evidenciaron la crisis del modelo de estado totalitario, generó entre los días 11 y 12 de julio un estallido social sin precedentes en la Cuba posterior a 1959. El resultado final fue la ocupación del espacio público por miles de manifestantes en más de sesenta ciudades del país y una amplia respuesta represiva por parte de los cuerpos militares cubanos. Después del estallido social, que dejó más de mil personas detenidas, se generó un proceso de repolitización en amplios sectores poblacionales, tanto en la diáspora como en la isla.

Nacida en el clima político post 11J, la Plataforma Archipiélago se presentó como un espacio de articulación política horizontal encaminado a democratizar el Estado cubano, mediante el empleo de formas de resistencia pacífica. Esta iniciativa, que nació como un grupo de Facebook y luego se desplazó a otras redes sociales como Telegram, alcanzó en pocos meses la cifra de treinta mil usuarios en la red social de origen. La agrupación cívica se convirtió en un espacio de consenso, que logró articular a ciudadanos de diversas posturas políticas e ideológicas, tanto en su grupo de coordinación, como entre sus miembros más activos en las redes.

Archipiélago canalizó los efectos de movilización ciudadana generados después del estallido social, lo cual hizo que desde el primer momento contara con importantes niveles de apoyo entre la sociedad civil. Este respaldo se evidenció en la rápida extensión de su convocatoria a una marcha cívica para el mes de noviembre, aprovechando que las autoridades levantarían las restricciones sanitarias contra la COVID 19. La primera solicitud de manifestación se entregó el día 20 de septiembre del 2021 en el gobierno municipal de la Habana y estaba firmada por un grupo de intelectuales, artistas y activistas.

Debido a un conjunto de factores, estrategias y sucesos la Marcha no tuvo lugar. La polémica salida del país del principal líder de la plataforma, el dramaturgo Yunior García, desembocó en una crisis interna, que tuvo como efecto inmediato la renuncia de varios miembros del equipo de coordinación, la fractura de la plataforma y su ocaso político. Pero más allá de la existencia de la agrupación, se deben establecer los matices, ganancias y el efecto de repliegue que tuvo esta convocatoria para la sociedad civil cubana.

En un primer apartado podemos evaluar el costo político y social que tuvo esta iniciativa, así como los elementos organizativos que limitaron la amplificación de la convocatoria al conjunto de la ciudadanía. La Marcha Cívica por el Cambio evidenció tener en la comunicación social su gran talón de Aquiles. A sus organizadores les faltó desarrollar una campaña divulgativa constante y provista de un lenguaje asequible, que fuera entendible por los sujetos populares que ocuparon el espacio público el 11J.

Entre los objetivos de la manifestación se encontraba la liberación de los presos políticos. La coordinadora de la Plataforma Justicia 11J, Camila Rodríguez, al día siguiente de publicitarse la convocatoria advertía: «Creo que no hay mayor urgencia que la de liberar a los cerca de 700 presos políticos que hoy están en las cárceles cubanas en pésimas condiciones de hacinamiento e higiénicos sanitarias». El desarrollo de los acontecimientos demostró que el tema de los presos políticos fue preterido por la agrupación. Como advertiría Rodríguez en su reflexión: se buscó la aprobación de la manifestación legal, deslegitimando la convocatoria popular y la necesidad de recomponer el tejido social que esta generó. Además, no se concretó por parte de la plataforma alguna alianza con los familiares del 11 J. 

El otro elemento que estuvo ausente durante el auge político de Archipiélago fue la ausencia de una estrategia política post 15 N. Esta propuesta ofrecería a la ciudadanía que se implicará en la convocatoria una hoja de ruta que trazaría los derroteros hacia el estado de derecho. La marcha en solitario anunciada por el líder de la plataforma el 14 de noviembre tuvo un efecto desmovilizador, además reforzó el ideal mesianismo político presente en el subconsciente ideológico de un segmento de la ciudadanía.

La polémica salida de Yunior García del país constituye un ejercicio de irresponsabilidad política, al ocurrir en el momento exacto en el que proponía a sus conciudadanos ocupar el espacio público y cuando sus compañeros de plataforma política se encontraban bajo asedio de la Seguridad del Estado. Este evento aún hoy permanece en un contexto de opacidad en cuanto a la triangulación de fuentes documentales y testimoniales se refiere. 

El 15N también marcó el fin del liderazgo de la comunidad artística e intelectual, en el proceso de exigencia cívica que se venía concretando desde la época del Dieshielo Obama, creando nuevas fisuras políticas entre la diáspora y el activismo in situ, que se han visto exacerbadas por el proceso de radicalización y crispación de importantes segmentos de la sociedad civil, debido a los procedimientos totalitarios del Partido-Estado cubano. Sin duda el costo político más alto del 15 N fue el efecto desmovilizador que tuvo en la sociedad civil, que entró en un ciclo de repliegue que persiste hasta el día de hoy, motivando el ostracismo, la persecución y el exilio de importantes voces dentro del activismo político. 

El 15 N, como proceso cívico, también aportó ganancias para la historia de la oposición política en Cuba. El proceso de defensa pública del derecho a la manifestación, movilizó el arco de medios independientes y las voces críticas dentro de la comunidad intelectual, quienes aportaron una serie de artículos y debates en redes sociales. El fenómeno de debate se popularizó a nivel de barrio y pasillos, concientizando a los sujetos populares sobre la necesidad inminente de conquistar el derecho a la manifestación. 

Un elemento que caracterizó a esta convocatoria fue la articulación y repolitización de la diáspora, que tuvo un primer momento en el post 11J. La solicitud de manifestación condujo a un proceso de concientización cívica, que se evidenció en las convocatorias de respaldo en aproximadamente 160 ciudades alrededor del mundo. Otra ganancia ciudadana fue el empleo de las redes sociales como forma para generar consensos políticos en torno a las problemáticas que atraviesan la vida nacional. En particular vale destacar el empleo de la red social Telegram, destinada a organizar debates públicos y la encuestadora Polis reservada para acopiar las opiniones de la ciudadanía.

La respuesta intimidatoria y represiva del Partido-Estado reforzó la visión popular de la naturaleza dictatorial del sistema político cubano, así como demostró la ineficacia de las débiles vías jurídicas recogidas en la legislación en vigor para reclamar derechos. Los sucesos de noviembre evidenciaron el agotamiento del modelo de manifestaciones lideradas por artistas, intelectuales y activistas, demostrando que Cuba ha llegado a un escenario de protestas populares similar al que hace décadas se vive en la región. Los hechos recientes han comprobado que son los sujetos populares los protagonistas de este nuevo escenario. Ellos han señalado la efectividad y el alcance de la protesta barrial autoorganizada, deconstruyendo el mito de la excepcionalidad cubana. 

La Marcha Cívica por el Cambio cerró un ciclo en la historia reciente del activismo y la disidencia en Cuba. A un año de los sucesos, se deben evaluar con mesura y sentido crítico los costos políticos de esta convocatoria, apartándose de triunfalismos y excesos, porque el camino a la democracia en nuestro país debe nacer del empoderamiento de una ciudadanía activa y la regeneración del tejido social. La Patria del futuro no puede concebirse bajo liderazgos mesiánicos, sino en clave de consensos cívicos.