El concepto fundamental de la democracia representativa es que la autoridad política emana del pueblo, que ejerce ese poder de manera indirecta mediante la elección de representantes para que gobiernen en su nombre; asimismo, el sufragio de cada ciudadano tiene el mismo valor electoral. En la práctica, esta idea se convierte en quimera si el acceso a los representantes y al proceso de toma de decisiones se compra con donaciones monetarias. Los grandes donantes en Estados Unidos tienen la capacidad para financiar campañas, publicidad, organizaciones políticas y actividades de cabildeo, y por ende monopolizan la influencia sobre las prioridades de los candidatos y los partidos. Y esto es completamente legal bajo las leyes estadounidenses, e incluso ha sido reafirmado por decisiones de la Corte Suprema.

Empecemos con una anécdota: hace más de una década participé en una visita a varios congresistas con el objetivo de dialogar sobre la efectividad de la política estadounidense hacia Cuba. Estas visitas son informativas y protocolares: se comparten las ideas y se buscan puntos de coincidencia a fin de alinear los cambios buscados con los intereses de los representados por el congresista. Pero en la oficina de un congresista de Iowa nos esperaba una apertura de ojos política: el jefe de despacho (siempre es el jefe de despacho quien pone la realidad sobre la mesa) nos dijo que, en todo lo relacionado con Cuba, ellos consultaban al director de un comité de acción política (PAC) que les entregaba una donación. Y nosotros veníamos sin cheque. El mensaje estaba claro: sin un aporte sustancial de dinero para la campaña nos escucharían por pura cortesía, pero el voto ya estaba influenciado por la otra parte. 

Un PAC es una organización creada para aunar fondos de muchos donantes y hacer más impactante su efecto. Es importante hacer esta distinción: a diferencia de otras entidades de cabildeo, los PAC sí pueden hacer donaciones directas a candidatos con el objetivo de ganar elecciones. Por eso muchos grupos de cabilderos organizan por separado estas armas de recaudación.

El grupo de influencia política cubanoamericano más exitoso es, sin dudas, la Fundación Nacional Cubano Americana, cuyo líder fue Jorge Mas Canosa. Inspirada en el AIPAC, la gran organización de cabildeo judío-americana, la FNCA dominó la actividad legislativa por décadas e influyó significativamente en la ley Helms Burton, que codificó el embargo a Cuba. Si bien no era un importante donante personal, Mas Canosa era tenido como uno de los recaudadores de fondos más efectivos, alguien capaz de movilizar a los donantes a través de redes empresariales y eventos de apoyo. 

Otra agrupación relevante es el US-Cuba Democracy PAC, que contaba entre sus donantes más notables a los conocidos empresarios cubanoamericanos Remedios Díaz Oliver y Gus Machado. Este PAC demostró muy bien cómo la práctica de reunir donaciones individuales y enfocarse en un objetivo único amplifica la influencia política. Otros donantes y recaudadores muy influyentes han sido el empresario Mike Fernández y los magnates azucareros Alfy y Pepe Fanjul. Aunque la mayor parte de la influencia cubanoamericana se ha centrado en el Partido republicano, también ha alcanzado a los demócratas: los Fanjul, por ejemplo, donan a ambos partidos; Pepe, del lado republicano, y Alfy, del demócrata.

Es muy caro ser político en Estados Unidos. El costo promedio de ser elegido al Congreso es de casi tres millones cada dos años, y en los distritos más competitivos supera las decenas de millones. Los congresistas y senadores usan más de la mitad de su tiempo de trabajo en actividades de recaudación, y muchas veces pasan más de cuatro horas diarias haciendo llamadas a posibles donantes, mientras que la actividad legislativa para la cual fueron elegidos pasa a un segundo plano. Solamente en el ciclo electoral de 2025 a 2026 se recaudaron más de siete mil millones de dólares entre candidatos, partidos y comités de acción política, una cifra mayor que la ganancia anual de compañías como Mattel, Levi Strauss o Planet Fitness. Mientras que el límite para las donaciones individuales es de tres mil 500 dólares por candidato, gracias a la decisión de la Corte Suprema en Citizens United, las donaciones corporativas son ilimitadas, lo que permite la creación de instrumentos de financiación como los super PACs, los cuales hacen uso extensivo del llamado dark money —es decir, no revelan públicamente la identidad de sus donantes. Esta avalancha de dinero ahoga los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes, quienes no tienen esperanza de hacerse oír por sus supuestos representantes.

La industria que compra el gobierno a base de donaciones es el cabildeo —conocido como lobbying—, el cual también constituye una parte institucionalizada del sistema político. Empresas, sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones ideológicas contratan cabilderos para influir en leyes, regulaciones y decisiones de los gobiernos federal y estatal. Esta influencia comprada no solo se ejerce mediante contactos preferentes con representantes, sino que incluye la redacción de propuestas legislativas, el financiamiento indirecto de campañas y la producción de campañas mediáticas diseñadas para moldear la opinión pública. Los cabilderos muchas veces suplantan la función legislativa, al escribir, de hecho, las leyes que presuntamente regularán los sectores económicos o intereses políticos que ellos mismo representan. Muchos exfuncionarios públicos, exrepresentantes, y parte de sus equipos de trabajo, acaban trabajando para firmas de cabildeo: un fenómeno conocido como «puertas giratorias». Esto crea una clase política exclusiva en la cual unos años de servicio público se traducen en lucrativas carreras privadas gracias al uso de las conexiones y la experiencia para vender acceso a políticos. En 2023, un estudio encontró que más de 460 excongresistas se habían convertido en cabilderos.

Las industrias que más dinero invierten en cabildeo son la farmacéutica, la tecnológica, la financiera, la energética y la de seguros. La primera de ellas gasta cientos de millones de dólares al año para dictar políticas relacionadas con precios de medicamentos, patentes y programas públicos como Medicare. El sector financiero también ejerce enorme influencia; por ejemplo, borrando las regulaciones y restricciones impuestas por la ley Dodd-Frank tras el colapso financiero de 2008 y el rescate de la banca por parte de los contribuyentes. Las grandes empresas tecnológicas, como Google, Meta o Amazon, han incrementado enormemente su gasto en cabildeo, apoderándose de las políticas sobre privacidad de datos, regulación antimonopolio, moderación de contenido e inteligencia artificial. Las compañías petroleras también invierten grandes sumas para derogar regulaciones ambientales.

El impacto de los donantes y el cabildeo en la política norteamericana va más allá del Congreso, extendiéndose a las ramas judicial y ejecutiva. Aunque no es legal hacer cabildeo directamente sobre jueces, hay maneras de ejercer influencia mediante contribuciones de campaña en los estados (como la Florida) donde los jueces son elegidos por voto popular, o bien, sobre las decisiones jurídicas, mediante la financiación de centros de estudios (think tanks) y la participación directa de grupos de interés que presentan opiniones amicus curiae ante los tribunales. El mayor ejemplo reciente de cómo esta presión moldea la jurisprudencia estadounidense es la Federalist Society, dirigida por el estratega Leonard Leo, quien fue la mayor influencia para la nominación de los magistrados Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. 

En cuanto al Ejecutivo, el cabildeo directo ha aumentado durante la presidencia de Donald Trump debido a su propensión a gobernar mediante órdenes ejecutivas y su constante recaudación de donaciones, lo que hace que grandes intereses busquen comprar los resultados de tales disposiciones. Por ejemplo, grandes compañías petroleras presionaron exitosamente para flexibilizar regulaciones ambientales, ampliar permisos de perforación y retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, mientras que grandes empresas agrícolas e industriales obtuvieron excepciones o subsidios compensatorios durante las guerras arancelarias, algo a lo que no tienen acceso los pequeños granjeros y exportadores. Uno de los mayores ejemplos de la influencia de donantes sobre el presidente es la multimillonaria israelí-americana Miriam Adelson, quien donó más de 100 millones a la campaña presidencial y ha prometido 250 millones para una hipotética (e inconstitucional) tercera campaña, garantizándose así un acceso exclusivo al mandatario y un poder desmedido sobre la política norteamericana con respecto a Oriente Medio.

La combinación de donaciones y cabildeo es profundamente nociva para la democracia representativa. No importa qué partido esté en el poder o a qué político se le dé el voto, todos participan igualmente en este sistema corrupto. Cuando las prioridades del gobierno se venden a los intereses de grandes donantes y sectores poderosos, se erosiona la confianza pública en las instituciones democráticas, se demuestra que el acceso al poder político depende más del dinero y no de la supuesta igualdad cívica, y las acciones del gobierno se convierten en rentabilidad de la inversión. Todo esto sucede al amparo de la polarización política y la distracción que suponen las guerras ideológicas sobre temas marginales (el aborto, la diversidad e inclusión, las armas de fuego), que enmascaran una realidad apolítica: el gobierno está a la venta, solo que a un precio inalcanzable para el ciudadano común.