La congresista republicana María Elvira Salazar (FL-27) admitió finalmente en español lo que antes solo concedía en inglés a los pundits antiinmigrantes de MAGA: su proyecto de Ley Dignidad excluye a un volumen crítico de refugiados e inmigrantes que llegaron al país en años recientes, lo que castiga de forma directa a cientos de miles de cubanos.

«Yo lo sigo diciendo… si [la persona] entró al país en los últimos cinco años tampoco puedo hacer nada», reconoció Salazar en una entrevista con el programa Al Punto de Univisión 23, el fin de semana del 4 de julio.

No es la primera vez que la representante de Miami restringe el alcance de sus gestiones en favor de quienes huyen de regímenes autoritarios o de la violencia criminal. El 17 de julio de 2025, dos días después de radicar la última versión de Dignidad ante el Congreso, trazó su línea roja en respuesta a críticas del activista ultraconservador Charlie Kirk en la plataforma X. «Las deportaciones de criminales y de todos los que llegaron bajo Biden continuarán», escribió, equiparando el destino final de delincuentes con el de refugiados legítimos. Para ponerlo simple: cientos de miles de cubanos que huyeron de Cuba, tal como lo hicieron los padres de la propia Salazar, quedarían condenados a la expulsión.

Ahora, por primera vez, lo repitió en la televisión local de Miami. Lejos de matizar sus palabras, su propio equipo de prensa procedió de inmediato a amplificarlas en las plataformas digitales de la congresista.

La admisión opera como un revulsivo para cientos de miles de cubanos con I-220A (Order of Release on Recognizance), el estatus migratorio más vulnerable frente a la política de deportaciones aceleradas de Donald Trump. Salazar los había defendido con vehemencia durante la gestión de Joe Biden; sin embargo, el retorno de Trump a la Casa Blanca atemperó su beligerancia, reduciendo su apoyo a expresiones ocasionales de aliento dentro de una calculada ambigüedad retórica y legal.

De hecho, su propia Ley Dignidad de 2025 (H.R. 4393) dividía prácticamente a la mitad a los cubanos con I-220A que hoy viven en un sobresalto migratorio: de un lado, los contemplados en la propuesta jurídica; del otro, los abandonados a su suerte.

Se estima que entre 450 mil y 500 mil cubanos fueron admitidos en el país con el I-220A durante la administración Biden. Otras decenas de miles habían recibido el mismo formulario durante el primer mandato de Donald Trump, entre enero de 2017 y enero de 2021, tras el fin de la política de «pies secos, pies mojados».

En su presentación actual, el proyecto de Ley Dignidad contempla una provisión que no incluía las versiones anteriores del 2022 y 2023: una mención explícita a los I-220A. La disposición establece que, para los efectos de la Ley de Ajuste Cubano, aquellas personas liberadas en frontera bajo una orden de reconocimiento (I-220A) antes del 31 de enero de 2023 serían consideradas sujetas a parole y, en consecuencia, elegibles para el beneficio del ajuste de estatus.

En términos prácticos: en caso de aprobación, el plan de Salazar legalizaría a unos 250 mil cubanos, mientras una cifra estimada entre 180 mil y 250 mil (que arribaron después del 31 de enero de 2023) quedarían excluidos de facto de cualquier posibilidad de regularización.

En la misma entrevista para la audiencia hispana de Univisión 23, la congresista cubanoamericana de 64 años actuó como si fuera la peor enemiga de su propio proyecto de ley. Tras recalcar que la Ley Dignidad no equivale a una amnistía ni otorga la ciudadanía, aclaró que sus beneficiarios jamás tendrían acceso al Social Security, al Medicare ni a ningún otro beneficio federal. Que estarían sujetos a sanciones e impuestos adicionales y que únicamente debían concentrarse en trabajar para ayudar a reactivar la economía. Si acaso, dijo, tendrían la oportunidad de regresar a Estados Unidos después de ir «a enterrar» a sus madres. No mencionó siquiera unas vacaciones, o el derecho a perseguir la felicidad, consagrado en la Declaración de Independencia.

Sin ciudadanía ni residencia, Salazar lo llama «status Dignidad». Nadie sabe en realidad lo que eso significa, pero sus críticos lo consideran una versión de esclavitud moderna, una réplica contemporánea de los parias e intocables del sistema de castas de la India.

Desde una perspectiva estrictamente pragmática, el proyecto para revivir la Ley Dignidad nació sin oxígeno. El entonces senador Marco Rubio fue el más encarnizado enemigo de su primera versión en 2022, mientras el legajo del 2023 tampoco sobrepasó las puertas de la oficina de Salazar en el Capitolio. Aunque la versión actual cuenta con 39 copatrocinadores entre republicanos y demócratas —apenas el 9 % de la Cámara Baja— y ha sido derivada a siete comités, permanece congelada en la fase de presentación (introduced), sin audiencias ni votaciones programadas.

Las razones del estancamiento son claras: el tema migratorio no forma parte de la agenda del liderazgo republicano, no cuenta con las simpatías de las fuerzas que dominan en el poderoso Comité Judicial de la Cámara y se necesitaría un mínimo de 60 votos en el Senado para superar el obstruccionismo parlamentario (filibuster), un umbral sumamente difícil para una reforma migratoria integral.

La plataforma independiente GovTrack.us, que rastrea el destino de proyectos de ley y el historial de votación de los legisladores, otorga a la Ley Dignidad de Salazar cero posibilidades de superar los comités y cero probabilidades de aprobación. En otras palabras, la iniciativa está destinada a morir por inanición en la Cámara, repitiendo el destino de sus dos versiones anteriores.

52 muertes en cárceles migratorias

A menos de 120 días de las elecciones de medio término, los tres congresistas cubanoamericanos de Miami han elevado el tono de ciertos reclamos migratorios, básicamente respecto a la eliminación de los programas de TPS para haitianos y venezolanos. En el caso de Haití, Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart rompieron filas con el GOP y, en abril de este año, votaron a favor de una extensión de las protecciones para sus ciudadanos. Esta misma semana Giménez dijo que una eventual devolución de 350 mil haitianos a un «estado fallido» —tras el fallo favorable de la Corte Suprema— sería «un gigantesco error» de la administración Trump.

Los tres representantes también han demandado a la Casa Blanca la extensión del TPS para venezolanos tras los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 3 mil muertos y miles de heridos. Técnicamente, argumentan, un sismo grave es razón legal suficiente para extender o redesignar el TPS para ese grupo nacional específico.

Salazar, en particular, ha tratado de alertar a la administración Trump sobre el grave inconveniente electoral que representaría para el Partido Republicano la erosión del apoyo hispano a raíz de las políticas antiinmigrantes y la persecución de ICE en territorios de alta concentración de migrantes. Pero sus críticos —grupos pro-inmigrantes, organizaciones de derechos civiles y el candidato demócrata al Congreso por el distrito 27 de Florida, Robin Peguero— la acusan de hipocresía y de traicionar a los hispanos al respaldar políticas que estigmatizan a las comunidades con elevada población migrante.

«Detrás de mí está Alligator Alcatraz, la cárcel de la infamia», dijo Peguero en un anuncio reciente grabado a la entrada del centro de detención. Peguero, un ex fiscal de Homicidios de Miami y ex miembro del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, busca desbancar a Salazar el próximo 3 de noviembre. En el anuncio criticó las declaraciones que la congresista hizo tras su propia visita a la prisión: «Comentó que ‘las jaulas estaban limpias y las camas eran suaves’; eso fue todo lo que tuvo que decir sobre este centro de crueldades».

Las operaciones de Alligator Alcatraz y otros centros de detención de migrantes también fueron defendidas en su momento por Giménez y Díaz-Balart, quienes evitaron cualquier crítica que pudiera desatar la furia de los sectores más xenófobos de MAGA. Díaz-Balart, por ejemplo, dijo que la instalación recién clausurada en medio de los Everglades no era un lugar «donde uno quisiera pasar el día», mientras Giménez negó haber encontrado condiciones «deplorables o inhumanas» en el Krome North Service Processing Center y agregó que los detenidos contaban con atención médica y áreas recreativas. «No es un hotel», dijo con una dosis de ironía.

Sin embargo, un informe de Amnistía Internacional fechado en diciembre de 2025 sostuvo que al menos cuatro de las seis muertes de inmigrantes en centros de detención de Florida ocurrieron en la cárcel que, según Giménez, no alcanza la categoría de hotel. Otro reporte conjunto de Human Rights Watch (HRW), Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South dio cuenta de tratos degradantes a los detenidos, hacinamiento severo y falta de atención médica en Krome, Broward Transitional Center y Federal Detention Center (Miami).

Aún más grave: desde enero de 2025 en adelante se ha reportado un aumento histórico de las muertes de inmigrantes bajo custodia. Al menos 52 personas fallecieron en ese período, de acuerdo con otra investigación de HRW y Physicians for Human Rights, difundida en junio de este año bajo el título «Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos».

No existe evidencia de que los congresistas de Miami hayan condenado de manera pública o exigido explicaciones a ICE sobre ninguna de las denuncias incluidas en los informes mencionados.

Tuvieron la carta ganadora y claudicaron

Durante la administración Biden, la congresista Salazar fue una de las voces más insistentes en exigir al entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la regularización de cientos de miles de cubanos con I-220A. A través de declaraciones públicas, entrevistas, audiencias congresionales y gestiones desde su oficina, Salazar presionó repetidamente a la Casa Blanca, aunque de manera infructuosa.

Con el regreso de Trump a la Oficina Oval, la presión ejercida por la congresista se diluyó. Aunque Salazar afirmó haber enviado una carta a la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para abordar la situación de los cubanos en el limbo migratorio, la gestión terminó en el silencio. Hasta el momento, el contenido de la respuesta de Noem —si es que hubo una— no se ha hecho público.

Al margen de los reclamos públicos, los congresistas de Miami tuvieron una vez en sus manos la carta ganadora para resolver, de una vez y por todas, la situación de indefensión de cientos de miles de sus compatriotas que habían huido del comunismo. En junio de 2025, durante las jornadas previas a la votación final del Big Beautiful Bill (BBB) —la ley federal de reconciliación presupuestaria que constituye el pilar económico y fiscal del segundo mandato de Trump—, Salazar, Giménez y Díaz-Balart contaban con los tres votos determinantes para la aprobación del paquete. Sin embargo, en lugar de usar esa influencia para negociar protecciones o soluciones migratorias para las comunidades cubanas y venezolanas, decidieron bajar la cabeza y alinearse con la agenda de Trump.

Ni antes ni después los cubanos con I-220A tuvieron una oportunidad mejor.

Hace unas semanas, los tres congresistas de Miami volvieron a cerrar filas. Esta vez votaron a favor de una legislación que otorgó unos $70 mil millones para financiar el Departamento de Seguridad Nacional y la ofensiva de deportaciones masivas de Trump. Con su respaldo directo, ICE recibió $38.500 millones, mientras otros $26.000 millones fueron asignados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Para entonces, ICE había convertido a Miami en la capital nacional de las detenciones de inmigrantes, con más arrestos que ninguna otra ciudad de su tamaño en Estados Unidos. Ahora las patrullas de guardias encapuchados se han incrementado todavía más. Están en vecindarios de Homestead, la Pequeña Habana, Doral, Kendall y Hialeah.

Pero nadie ha escuchado una sola palabra de Salazar, Díaz-Balart y Giménez.