Aníbal Yaciel Palau Jacinto debió quedar libre este jueves 9 de julio. Pero ni familiares ni organizaciones que monitorean los Derechos Humanos en Cuba han podido confirmar la excarcelación del joven preso político, a quien el régimen condenó a cinco años de privación de libertad por salir a protestar el 11 de julio de 2021 (11J).

«Todavía no hemos confirmado que esté liberado. Por lo tanto, en lo que respecta a nosotros, sigue detenido», afirmó a El Estornudo el abogado Raudiel Peña Barrios, asociado al centro de información legal independiente Cubalex, organización de la sociedad civil que acompaña, documenta y denuncia violaciones de DD.HH en la isla.

Palau Jacinto fue sancionado con apenas 25 años de edad, y desde que se conoció su detención y posterior condena, su nombre no ha dejado de aparecer en los reclamos de liberación de los presos políticos cubanos. 

La cárcel ha sido «una batalla tras otra» tanto para él como para su madre, Layda Yirkis Jacinto Abad, una voz que ha dado cuenta de los abusos y castigos recibidos por su hijo en las prisiones de Quivicán y Melena del Sur.

En noviembre último, a pocos meses de cumplir su sanción, Aníbal Yaciel se declaró en huelga de hambre y sed, tras ser golpeado e insultado por un oficial de orden interior, cuando le reclamó el robo de sus alimentos en una de las tantas requisas a que fue sometido. Durante esa protesta, estuvo confinado en una celda de castigo tapiada, rodeado de ratas y cucarachas, según denuncia de sus familiares.    

También en 2023, tras ser trasladado de la prisión de Quivicán a Melena II, estuvo descalzo varios días a modo de protesta ante la represión en las cárceles contra los presos políticos del 11J. «Trataron de obligarlo a ponerse zapatos para poder usar su derecho a la llamada telefónica, pero renunció a esa llamada», denunció su madre, a quien las autoridades nunca le informaron cuándo su hijo fue trasladado de centro penitenciario. 

Aunque la familia de Palau Jacinto es oriunda de San José de las Lajas, él residía en Güines, Mayabeque, cuando sucedió el 11J. Layda Yirkis ha contado que su hijo salió a manifestarse de manera pacífica, al igual que miles de cubanos en más de 300 puntos documentados en todo el país. También participó de otras protestas el día 1 y ahí fue detenido de manera brutal.

«Lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y más de seis boinas negras lo atacaron por la espalda, además de oficiales de la Seguridad del Estado con palos, vestidos de civiles. Lo golpearon desde la cabeza hasta los pies, hasta perros le echaron», apuntó Jacinto Abad al medio independiente 14yMedio.

En esa ocasión, además, dijo que su hijo estuvo desaparecido durante 17 días. «Cuando escuché su voz por primera vez, me contó que había recibido maltratos, golpes y torturas», contó. 

Ninguno de esos abusos fue referido durante el juicio de Aníbal Yaciel. «En ese circo amañado que montó el tribunal le inventaron un delito de atentado que jamás cometió. De dos años que le pedían, terminó condenado a cinco de privación de libertad, aunque en mitad del juicio le habían llegado a pedir 12 años más».

Asimismo, reiteró que desde que Palau Jacinto fue encarcelado nunca ha dejado de reclamar la libertad de los detenidos por el 11J. Incluso, comentó, en la prisión de Quivicán fue uno de los que inició una huelga de hambre junto a otros presos políticos para reclamar sus derechos.

A cinco años de las mayores manifestaciones populares registradas en el país después de 1959, aún siguen vigentes los mismos patrones de represión del 11J, aunque la situación actual es más grave y compleja que entonces, con protestas más cotidianas, especialmente en forma de cacerolazos, subraya el abogado Peña Barrios.

«A pesar de este contexto, los patrones de represión se mantienen idénticos», apuntó el jurista, quien señaló que siguen las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las Brigadas de Respuesta Rápidas con civiles para reprimir a manifestantes. «También hemos verificado que continúa el patrón represivo de encarcelar adolescentes, incluso a menores de edad, que participan en manifestaciones. Otro patrón identificado es que se sigue utilizando un grupo de delitos para reprimir a personas que participan en protestas como sedición, desórdenes públicos, desacato y resistencia».

El jurista refiere, además, que es crucial destacar las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas en el contexto de las protestas que están ocurriendo hoy en el país.

La activista Salomé García Bacallao comentó a El Estornudo que se mantienen los cortes de Internet para impedir la comunicación o las denuncias de las protestas.  

Esta práctica ya tiene un carácter estructural y «dificulta la identificación de las personas detenidas», afirmó García Bacallao, quien trabaja en el monitoreo de estas acciones en Cubalex, y alerta sobre el aumento en los últimos meses, desde las negociaciones de 2025, de revocaciones de los beneficios carcelarios y la libertad condicional de varios manifestantes del 11J.

«Hemos identificado 11 revocaciones. En los casos más recientes de Denis Hernández Ramírez, Yoan de la Cruz y Yunaykis de la Caridad Linares Rodríguez todo indica que es una estrategia de represión previa al 11J. También se han registrado operativos policiales para reprimir protestas en focos que fueron activos ese día como Santos Suárez, Santa Amalia, La Güinera, Regla y Contramaestre», abunda la activista.

García Bacallao subraya que la represión continúa afectando «desmedidamente» a menores de edad en la isla. «A todos los menores penalizados les correspondería terminar su sanción, también los que estaban en libertad con otras sanciones. El caso del joven preso político, Lázaro Noel Urgellés Fajardo, sancionado siendo menor de edad por participar en las protestas del 11J, tampoco tiene sentido o justificación».

Urgellés Fajardo estuvo internado en la prisión de Valle Grande y actualmente se encuentra en la Prisión 1580, después de la revocación en enero de 2025 de la sanción de Trabajo Correccional sin Internamiento. Un reciente informe de Cubalex refiere que su caso expone cómo las autoridades cubanas emplean el sistema judicial como un mecanismo de castigo arbitrario y discrecional, además de alargar su permanencia en prisión como sanción política.

También deberían culminar en estos días las sanciones de los presos políticos Liliana Oropesa y Kevin Damián Frómeta Castro, quienes apenas tenían 20 años cuando participaron en las protestas del 11J en La Habana. 

Un reciente informe de la organización Prisoners Defenders (PD), al cierre de junio y en vísperas del quinto aniversario del 11J, ha documentado mil 306 prisioneros políticos en Cuba. En este grupo hay 40 ciudadanos que fueron detenidos siendo menores de edad. De esta última cifra, 16 permanecen privados de su libertad en prisiones y centros penitenciarios con población adulta.

Entre los nuevos presos políticos documentados figuran periodistas, creadores de contenido digital, un rapero, un pastor evangélico, dirigentes opositores, un médico, manifestantes del 11J y, además, un número especialmente elevado de menores. «El perfil de las víctimas, junto con numerosas evidencias, confirma la intención del régimen de neutralizar referentes sociales y comunitarios con capacidad para informar, movilizar o canalizar el descontento ciudadano», concluye el reporte de PD.

Este viernes, Cubalex difundió su último informe sobre la situación de los DD. HH. en Cuba, en el que subraya que junio de 2026 «estuvo marcado por la profundización de las tendencias observadas en meses anteriores: la crisis energética se combinó con una crisis hídrica y sanitaria de magnitud creciente, mientras el deterioro de las condiciones materiales de vida y el aumento del descontento social coincidieron con una respuesta estatal orientada al control, la propaganda de “estado de guerra” y la contención de la protesta».

El reporte sostiene, además, que los apagones prolongados no solo afectaron el suministro eléctrico, sino que interrumpieron el bombeo de agua potable, dificultaron la conservación de alimentos, limitaron la movilidad y comprometieron el funcionamiento de los centros de salud. «Esta situación evidencia un impacto transversal sobre el acceso al agua, la alimentación, la atención médica y otros servicios indispensables para la vida digna», destaca el análisis.

Por esta situación, señalan, se registró un nuevo récord histórico de protestas en Cuba: 253 a lo largo del mes, 20 más que en marzo, con un promedio diario de ocho. «El 19 de junio, coincidiendo con varios días consecutivos de déficit de generación eléctrica, se registraron 31 eventos de protesta en el espacio público en un día, lo que marcó un nuevo pico histórico, superando las 30 registradas el 13 de mayo, desde que Cubalex comenzó a documentarlas en 2022», puntualiza el análisis.