A inicios de este julio, en el contexto del tercer aniversario del estallido social del 11J en Cuba, fue anunciada la creación de Ciudadanía y Libertad, una organización que —según su directiva— centrará su trabajo en la «promoción y protección de los derechos de asociación, reunión pacífica y participación política».

«Nuestro objetivo es respaldar y proteger los derechos de los ciudadanos cubanos a asociarse libremente y reunirse pacíficamente a través de campañas de incidencia y concienciación, socialización de las limitaciones del marco legal, y el apoyo a la formación de organizaciones», declara en su web Ciudadanía y Libertad.

De acuerdo con su directora ejecutiva, la activista Carolina Barrero, no se trata de una organización partidista o con intenciones de posicionarse ideológicamente. Su misión sería incidir en la ciudadanía cubana para lograr que todas las personas puedan ejercer su derecho a participar en la vida política de la isla sin ser perseguidas o criminalizadas. A primera vista, la tarea es ciertamente muy difícil.

«La mayoría de las organizaciones cubanas civiles y de derechos humanos radican hoy fuera del país, aunque algunas tienen miembros dentro. Cuba es un país donde el Estado no autoriza la creación de organizaciones de derechos humanos de ningún tipo, y la falta de un marco jurídico enfocado en el derecho a la libre asociación así lo refleja. Su situación es diferente a la de otros regímenes autoritarios como el de Venezuela, donde sí existen organizaciones de derechos humanos que trabajan dentro del país y están oficialmente reconocidas, aunque sabemos que viven bajo acoso constante. Pero en Cuba todas las organizaciones de este tipo son, por definición, ilegales. Algunas han trabajado un tiempo dentro de la isla, pero han tenido que marcharse al exilio, como es el caso de Cubalex. Otras se han creado directamente afuera», comentó en diálogo con El Estornudo Hilda Landrove, investigadora especializada en temas de antropología política.

Para enfrentar el desafío de operar en este contexto, Ciudadanía y Libertad ha anunciado que brindará «capacitaciones y herramientas» a distintas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil con presencia en el terreno, centradas en la «comprensión del marco legal que limita y criminaliza el derecho de asociación en Cuba y la implementación de estrategias de protección comunitaria ante la represión arbitraria». Uno de sus programas diseñados con esos objetivos es Tecnología y Libertad, iniciativa que propondrá soluciones tecnológicas al limitado acceso a Internet en la isla, así como vías para burlar los continuos ataques y la vigilancia cibernéticos que aplica el régimen cubano contra activistas y defensores de derechos humanos.

Sobre la naturaleza de esta nueva organización y las estrategias específicas para alcanzar sus metas en el contexto de la sociedad civil cubana trasnacional y frente a un régimen político de índole totalitaria, El Estornudo conversa con Carolina Barrero.

¿A qué necesidades específicas responde la creación de Ciudadanía y Libertad?

CB: Lo que en la academia se conoce como «espacio cívico», aquel que permite a las personas y grupos contribuir a la formulación y aplicación de políticas que afectan sus vidas, en Cuba está cerrado, según han reconocido Civicus Monitor y las propias Naciones Unidas. Ciudadanía y Libertad se crea entonces para responder a esta necesidad específica: contribuir a la apertura del espacio cívico, así como promover y proteger los derechos civiles y políticos en la isla, que incluyen los derechos de asociación, reunión y manifestación pacífica, y participación política.

Recuerdo muchas veces en las que, en Cuba, me impidieron llegar a casa de alguien o que otras personas llegaran a la mía para reunirnos y tratar temas sobre cómo organizarnos mejor para defender nuestros derechos. De esos meses posteriores a la huelga de San Isidro y la protesta del 27N, e incluso a las protestas del 11 y el 12 de julio de 2021, también recuerdo ocasiones en las que nos golpearon en medio de la calle y nos llevaron presos por manifestarnos pacíficamente para reivindicar peticiones legítimas a las autoridades.

Todo eso sucedió porque la posibilidad de crear y registrar una organización independiente del Estado está prohibida en Cuba. Y en cualquier lugar del mundo esta posibilidad es una garantía esencial para construir una verdadera sociedad civil. Creo que la sociedad civil cubana es titánica en este sentido, ya que trabaja y existe al margen del sistema, siendo perseguida y asfixiada de manera permanente por el Estado totalitario.

¿Qué hace a Ciudadanía y Libertad una organización de derechos humanos?

Que es una organización centrada en la protección y promoción de los derechos civiles y políticos —en este caso, en Cuba— de acuerdo con lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

No apoyamos a ningún partido político ni defendemos una ideología en particular ni asumimos militancia alguna. Trabajamos para que todas las personas en Cuba puedan participar políticamente sin ser perseguidas y criminalizadas. Tampoco somos una organización de miembros, ni tenemos promotores, moderadores ni integrantes; esto quiero dejarlo muy claro. Lo que sí tenemos es un equipo de trabajo, una misión y objetivos concretos que buscamos cumplir, como mismo trabajan y se estructuran otras organizaciones de derechos humanos cubanas e internacionales. Aspiramos a impactar positivamente en la sociedad para que, de manera informada y activa, esta pueda elevar su cultura democrática y defender sus derechos de participación, asociación, manifestación y reunión.

Es un gran reto lograr incidir en Cuba desde afuera de la manera en que se proponen, así como ayudar a reconstruir esa parte del tejido social que es el activismo, el cual se ha visto afectado por la migración y el exilio.

Por suerte, vivimos en un mundo en que las distancias son cada vez más cortas gracias a Internet. Esto nos permite estar en comunicación fluida con las comunidades de activistas con que trabajamos, contribuir a fortalecer sus capacidades y responder a sus necesidades específicas. En este sentido, la dualidad de tener parte del equipo fuera y parte dentro nos coloca en una posición más favorable que si todos estuviéramos dentro de Cuba.

En Ciudadanía y Libertad entendemos que la clasificación de «dentro y fuera de Cuba» para definir una organización y diferenciarla de otras en cuanto a su legitimidad y alcance es inexacta, ya que la mayoría de las organizaciones cubanas tienen parte de su estructura o algunos de sus colaboradores fuera y dentro. En un país atomizado por el éxodo masivo, esa es la única manera de operar. Quiero resaltar que todas somos organizaciones cubanas, y que la condición de registro fuera de Cuba responde también a la imposibilidad de estar registradas en la isla. Ciudadanía y Libertad trabaja para que, en un contexto de transición democrática plena, todas las organizaciones cubanas podamos estar registradas y reconocidas en Cuba. Desde luego, nosotros lo estaremos.

En su página web la organización declara que busca «contribuir al reconocimiento legal de organizaciones civiles y políticas en Cuba». Obviamente, se refiere a un reconocimiento por parte de organismos internacionales, ¿no?

Así es. Entidades como la Unión Europea, siguiendo el marco de Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, no reconocen a las organizaciones independientes del Estado cubano con la misma legitimidad que a organizaciones [oficialistas] como las FMC (Federación de Mujeres Cubanas) o la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños). Prueba de ello es que no hay comunicados oficiales y públicos que muestren reuniones de las autoridades europeas con grupos de la sociedad civil. Esta fue una de las críticas que muchos hicimos tras la visita de Eamon Gilmore a La Habana.

Trabajamos, entonces, para cambiar esta situación y generar las condiciones necesarias para una transición democrática plena y estable, donde uno de los primeros pasos será el reconocimiento de todas las organizaciones que durante la dictadura fueron prohibidas y criminalizadas.

¿En qué consiste el programa Tecnología y Libertad?

Creemos que es fundamental ofrecer a los activistas algunas herramientas para comunicarse de manera segura en medio de la vigilancia y censura constantes que sufren, como cortes de internet y mecanismos para interceptar las comunicaciones. La dictadura pone la tecnología al servicio del control; nosotros buscamos ponerla al servicio de la libertad. Con este programa tratamos de ofrecer información y recursos para contrarrestar los efectos de incomunicabilidad y aislamiento que busca la Seguridad del Estado para limitar la capacidad de los activistas de comunicarse entre sí y estar conectados a Internet.

Uno de los objetivos declarados más importantes de Ciudadanía y Libertad es reducir «la polarización y fomentar el respeto a la discrepancia política». ¿Creen que también es necesario lograrlo entre los cubanos que viven fuera de la isla? ¿Por qué es tan especial este asunto para la organización?

Luego de 65 años de cultura totalitaria, no será fácil lograr la consolidación de una cultura democrática. Como seres sociales, estamos condicionados por la persistencia de la costumbre y la repetición de hábitos y conductas sociales que, aunque cambiemos de país o de circunstancia, perviven en nosotros. Por ello, no es de extrañar que sigamos repitiendo la lógica del castrismo, aun mucho después de salir de Cuba.

Ante la pregunta de qué es lo más importante para defender una democracia —si las elecciones libres, la solidez de las instituciones, la independencia de poderes, o el estado de derecho—, te respondería que, si bien todas son indispensables, la determinante es el alcance de la cultura democrática en los ciudadanos. El respeto a la discrepancia política es uno de los hábitos y principios consustanciales a la cultura democrática, y es uno de los primeros indicadores que se resienten cuando la democracia falla. Pretendemos contribuir a mejorarlo a través de una comunicación efectiva, talleres, campañas y, sobre todo, con el ejemplo, pues todos debemos encarnar el cambio que queremos traer.

[1] PDCA es la abreviatura en inglés de «planificar, hacer, comprobar y actuar». Esta es una popular metodología cíclica de mejora continua diseñada para ayudar a las organizaciones a entender sus problemas, mejorar sus procesos y alcanzar sus objetivos.